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Se aceleran las concesiones y operaciones especulativas a medida que se acercan las elecciones.
Diagonal, Madrid / Valencia⎮28/04/15⎮Edición impresa
A finales de 2014 y principios de 2015, las encuestas arrojaban los mejores resultados para Podemos y los peores para el PP y el PSOE. Ciudadanos todavía no había hecho su aparición espectacular como árbitro de cualquier gobierno y el “caso Monedero” aún no había puesto límites al crecimiento de Podemos. El cambio de ciclo político parecía más cercano y generalizado que nunca.
En esos días los Presupuestos Generales del Estado para 2015 tomaban aire para insuflar la mitad de presupuesto del Ministerio de Fomento a las obras del tren de alta velocidad –un 48% más que el año anterior–, precisamente cuando la paralización de las obras del AVE entraba con fuerza en la agenda política.
Al mismo tiempo, los planes urbanísticos más contestados por el movimiento vecinal, como las operaciones especulativas lanzadas a marchas forzadas por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, o la modificación del plan urbanístico en el barrio de Gràcia, en Barcelona, saltaban obstáculos legales y materiales en una carrera contrarreloj en un año marcado por las elecciones municipales, autonómicas y generales. Una entrega de patrimonio público “que hipoteca a los siguientes gobiernos”, afirma Vanesa Valiño, del Observatori Desc. De la misma forma que hipoteca a las siguientes generaciones la “venta a precio de saldo” de vivienda pública a fondos buitre que han efectuado ayuntamientos con necesidad de liquidez como los de Madrid y Barcelona. Una política que esta investigadora define como “pan para hoy y hambre para mañana”.
La privatización de la gestión del agua o de la sanidad pública, en especial en Valencia y Madrid, con contratos blindados por décadas, había vivido un empujón con la excusa de que la gestión privada ahorraría costes en tiempos de crisis. La gestión pública para “favorecer intereses privados” es cualquier cosa menos nueva, pero, según afirma a Diagonal Eduardo Mangada, exjefe de Urbanismo de Madrid con el PSOE, “este proceso se ha acelerado en los últimos meses ante la inminencia de unas elecciones que indican que va a cambiar el signo político del Ayuntamiento”.
Joan Ribó: “El PP quiere asegurar los contratos a las empresas del Ibex 35 con el próximo cambio de gobierno”
Una incertidumbre que también viven los populares en la Comunidad Valenciana. “El PP da por perdidas las elecciones, pero quieren seguir decidiendo aunque dejen el Gobierno”, dice aDiagonal Mónica Oltra, portavoz adjunta de Compromís, en referencia al intento de prorrogar antes de las municipales las concesiones a la sanidad privatizada en la comunidad. Joan Ribó, concejal de Compromís en Valencia, confirmaba los motivos detrás de tanta prisa por licitar, inaugurar y prorrogar: “El PP quiere asegurar los contratos a las empresas del Ibex 35 con el próximo cambio de gobierno”.
En la ciudad de Barcelona, donde las encuestas sitúan el partido de Ada Colau en un ajustado primer lugar, los partidos que han gestionado hasta ahora la ciudad “están realmente asustados”, dice Vanesa Valiño. Desde Barcelona en Comú, Eloi Badia, número 12 de la lista, identifica que hay un “gran interés en este 2015: cuantos más contratos, mejor, de forma que se pase el poder de decisión de la ciudadanía y la Administración pública a los consejos de administración de las empresas”.
Un espacio de pugna
Pero no todos los intentos de dejar todo “atado y bien atado” han dado resultado, como demuestra la operación especulativa sobre la torre Deustche Bank en el barrio de Gràcia, que ha quedado aplazada hasta después de las elecciones ante la oposición que despertaba entre las asociaciones de vecinos, cuenta Valiño. “Están asumiendo parte de las demandas para darse legitimidad”, resume esta investigadora del Observatori Desc. Algo semejante –denuncia Antonio Gómez, de CAS Madrid– ocurre con las críticas emitidas desde filas socialistas a políticas del PP que los socialistas apoyaron o impulsaron como los desahucios exprés o los hospitales público-privados a través de la aprobación de la Ley 15/97.
Tampoco resultan tan fácil de atar las cosas en Navarra, donde el descalabro de Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha situado a esta comunidad a las puertas de un cambio político. “Lo que pasa es que están tan débiles que no atinan, tienen mucho miedo, se lo hemos metido también”, dice Patxi Zamora, de Kontuz, una asociación que ha contribuido de forma especial a este descalabro. A través de un grupo de investigación periodística y trabajo en los tribunales, Kontuz ha conseguido sentar en el banquillo a cinco de los seis presidentes forales que ha tenido Navarra. Y a través de grandes movilizaciones, como la de marzo de 2014 en la que participaron 35.000 personas y toda la oposición política, también ha logrado que “nadie pueda decir que no sabía qué estaba pasando” en la Caja de Ahorro de Navarra y la trama de corrupción que afectaba a los principales partidos de la comunidad, explica Zamora.
Por si quedaban dudas, “Navarra no es Suiza”, dice Zamora. “Aquí, UPN y el PSOE llevan gobernando juntos decenios y han dejado la comunidad como un erial para generaciones, han intentado privatizar todo, y eso será una de las cosas que habrá que cambiar. El sistema está totalmente blindado y es muy difícil darle la vuelta. Si viene gente que haga las cosas más o menos bien tenemos claro que vamos a tener que ejercer algún tipo de desobediencia para que las cosas cambien”, defiende Zamora.
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De los 368 millones que suman los contratos adjudicados por la Comunidad de Madrid en 2015 fueron para empresas relacionadas con la financiación ilegal del PP.
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Millones es la partida prevista para 2015 para las obras de la presa de Castrevido (Burgos), a cargo de FCC. Las obras se pararon por tres años tras la muerte de cuatro trabajadores.
El Caso Bárcenas y la devolución de favores
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz daba por cerrada, a través de un auto hecho público en marzo, la investigación sobre los papeles de Bárcenas. Aunque el juez exculpaba, provisionalmente, a las decenas de empresarios implicados en la financiación ilegal del partido, sí daba como “indiciariamente probado” que sus donaciones sirvieron para financiar de forma irregular las campañas del PP para las elecciones catalanas de 2003 y 2008, generales y andaluzas de 2004, y europeas de 2004.
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