Después de tres años de los terribles sucesos del Madrid Arena, ninguna institución ni cargo político alguno ha dimitido y las deficiencias siguen estancadas, al tiempo que las familias de las jóvenes fallecidas claman justicia.
El 1 de noviembre de 2012, las adolescentes Katia Esteban Casielles (18 años), Rocío Oña (18), Cristina Arce (18), Belén Langdon (17) y María Teresa Alonso (20) hallaron la muerte durante la celebración de una multitudinaria fiesta en el pabellón Madrid Arena de Madrid capital.
El exceso de aforo debido a la venta incontrolada de entradas —se vendieron 22.835 cuando el aforo no debía superar las 10.620 personas— desencadenó una serie acontecimientos que destaparon graves deficiencias en la organización del evento por parte de los promotores, las empresas de seguridad contratadas y el Ayuntamiento de Madrid, responsable de la infraestructura y de la planificación de la seguridad a través de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos (Madridec), que quebró en 2013 dejando un agujero de 400 millones de euros, y debido a lo cual nadie dimitió ni asumió responsabilidades políticas.
Tres años después de la tragedia, el recinto sigue teniendo problemas de seguridad pese a que continúa albergando eventos. El control del número de personas que acceden a las instalaciones es una de las deficiencias más importates: aún no hay un sistema que funcione correctamente para evitar el sobreaforo. Para intentar que no haya más problemas, el Consistorio gobernado por Ahora Madrid anunció el pasado viernes que controlará directamente la venta de entradas (algo que hasta el momento hacía el promotor privado) y habilitará el control digital de las entradas.
Las instalaciones presentan además carencias de cámaras de vigilancia y de una enfermería en condiciones, según El Mundo. Por este motivo, se instalará a Samur-Protección Civil en el exterior en los grandes eventos.
Por si fuera poco, además, Madrid Arena no tiene licencia de funcionamiento. Este hecho ha sido denunciado por Isabel de la Fuente, madre de una de las fallecidas (Cristina Arce), que ha recogido más de 40.000 firmas en poco más de una semana solicitando el cierre de las instalaciones hasta que no se subsanen las deficiencias de seguridad.
Para juzgar las responsabilidades personales de lo ocurrido, está pendiente la celebración de un juicio , que arranca el próximo 12 de enero y se extenderá cinco meses, con 15 personas imputadas a las cuales se les acusa de cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y treinta delitos de lesiones por imprudencia.
Sin embargo, el responsable directo de esa tragedia es Miguel Ángel Flores, el "administrador de hecho" de la empresa que gestionaba el evento que actuó "movido por un claro ánimo de enriquecerse", dice el fiscal. Flores, en libertad tras pagar una fianza de 200.000 euros, parece que se ha sumergido en un nuevo e importante proyecto empresarial, según El Mundo. Después de ser uno de los empresarios de ocio nocturno más destacados de la capital, el promotor de la fiesta del Madrid Arena ha sido el elegido por el holding empresarial Grupo Alonso para convertirse en la piedra angular de un nuevo proyecto que pretende revitalizar 33.000 metros cuadrados en la parte superior de la estación de Chamartín, donde Flores ya abrió con éxito Macumba o DGreen.
Como vemos, la historia de siempre; coger a unos pocos cabezas de turco, mientras los verdaderos responsables políticos y empresariales quedan impunes.
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