Colombia sin paz y ahogada en sangre
Colectivo de Colombianos refugiados en Asturias Soldepaz Pachakuti
Mañana se firmarán con carácter definitivo los Acuerdos entre las FARC y el gobierno colombiano. Eso esperamos quienes estamos cansados de la violencia y preocupados porque se está exterminando con impunidad a la dirigencia social que ha sobrevivido a la guerra.
Las FARC aceptaron modificar el Acuerdo firmado en agosto. El gobierno de Juan Santos hizo de portavoz de los opositores cuyos puntos de vista fueron incorporados en un 75%, sin embargo los consideran “retoques insuficientes” y no aprueban el nuevo acuerdo con lo que la unanimidad se convirtió en un imposible político.
Los jefes del NO, defensores del narco latifundismo, insisten en evadir el impuesto predial y se niegan a devolver las tierras que usurparon con violencia, se oponen a que la dirigencia de las FARC esté en el Congreso de la República con voz y sin voto, se oponen a que los Acuerdos entren a formar parte de la legalidad, rechazaron la presencia de jueces extranjeros que no puedan controlar en el tribunal pactado, se erizan con el reconocimiento de la equidad de género porque “genera confusiones”. De fondo buscan la impunidad para miembros de la fuerza pública y políticos como el expresidente Álvaro Uribe Vélez responsable de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la tropa bajo su mando y para los que exigen sin haber sido juzgados “la libertad y la restitución de su honra.”
En medio de este enredo Colombia continúa lejos de vivir en paz. No hay garantías para la vida de la dirigencia social. Los enemigos de las aspiraciones de paz han desatado este año un plan de exterminio impune que ha costado la vida a 71 personas (30 desde el mes de agosto) en el que además han ocurrido 30 atentados y continúan los hostigamientos, el desplazamiento forzado y hay 279 amenazas de muerte en diferentes regiones del país. El objetivo de este terror sistemático son dirigentes sociales, activistas por la paz, personas defensoras de los Derechos Humanos, dirigentes de organizaciones campesinas y militantes del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, de la Unión Patriótica y del Congreso de los Pueblos.
No hay garantías. Estos crímenes recuerdan el genocidio en la década de los 80s y 90s contra opositores políticos militantes de los partidos de izquierda Unión Patriótica, A Luchar y Frente Popular. Muchas de estas muertes y el terror desatado están ocurriendo en el entorno de las zonas de concentración guerrillera acordadas entre el gobierno y las FARC. Es evidente que el gobierno no está persiguiendo a los grupos paramilitares llamados Autodefensas Gaitanistas, Urabeños, Rastrojos, Ejército Anti restitución de Tierras, Águilas Negras, etc., cuya presencia en todo el territorio nacional ha sido denunciada con insistencia por las organizaciones sociales colombianas y cuyas ubicaciones precisas en amplias zonas fueron reportadas al gobierno colombiano por la 12 Delegación Asturiana de Verificación del estado de los Derechos Humanos en marzo del presente año.
El gobierno colombiano tampoco controla a los sectores del Ejército y de la Policía enemigos de la solución negociada a la guerra y que actúan como aliados de los sectores políticos que sabotean los Acuerdos de La Habana socios de los narco-paramilitares que quieren reventar el proceso de paz con las FARC y bloquear indefinidamente el inicio de las conversaciones con el ELN.
Las movilizaciones sociales de estos días exigen garantías para el derecho a la vida, acabar con los grupos paramilitares, cese de la impunidad, refrendación e implementación inmediata de los acuerdos firmados con las FARC porque nos están matando.
Por culpa de las élites que se enriquecen con la guerra Colombia corre el riesgo de ahogar en sangre el anhelo de millones de personas que queremos la Paz.
Las FARC aceptaron modificar el Acuerdo firmado en agosto. El gobierno de Juan Santos hizo de portavoz de los opositores cuyos puntos de vista fueron incorporados en un 75%, sin embargo los consideran “retoques insuficientes” y no aprueban el nuevo acuerdo con lo que la unanimidad se convirtió en un imposible político.
Los jefes del NO, defensores del narco latifundismo, insisten en evadir el impuesto predial y se niegan a devolver las tierras que usurparon con violencia, se oponen a que la dirigencia de las FARC esté en el Congreso de la República con voz y sin voto, se oponen a que los Acuerdos entren a formar parte de la legalidad, rechazaron la presencia de jueces extranjeros que no puedan controlar en el tribunal pactado, se erizan con el reconocimiento de la equidad de género porque “genera confusiones”. De fondo buscan la impunidad para miembros de la fuerza pública y políticos como el expresidente Álvaro Uribe Vélez responsable de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la tropa bajo su mando y para los que exigen sin haber sido juzgados “la libertad y la restitución de su honra.”
En medio de este enredo Colombia continúa lejos de vivir en paz. No hay garantías para la vida de la dirigencia social. Los enemigos de las aspiraciones de paz han desatado este año un plan de exterminio impune que ha costado la vida a 71 personas (30 desde el mes de agosto) en el que además han ocurrido 30 atentados y continúan los hostigamientos, el desplazamiento forzado y hay 279 amenazas de muerte en diferentes regiones del país. El objetivo de este terror sistemático son dirigentes sociales, activistas por la paz, personas defensoras de los Derechos Humanos, dirigentes de organizaciones campesinas y militantes del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, de la Unión Patriótica y del Congreso de los Pueblos.
No hay garantías. Estos crímenes recuerdan el genocidio en la década de los 80s y 90s contra opositores políticos militantes de los partidos de izquierda Unión Patriótica, A Luchar y Frente Popular. Muchas de estas muertes y el terror desatado están ocurriendo en el entorno de las zonas de concentración guerrillera acordadas entre el gobierno y las FARC. Es evidente que el gobierno no está persiguiendo a los grupos paramilitares llamados Autodefensas Gaitanistas, Urabeños, Rastrojos, Ejército Anti restitución de Tierras, Águilas Negras, etc., cuya presencia en todo el territorio nacional ha sido denunciada con insistencia por las organizaciones sociales colombianas y cuyas ubicaciones precisas en amplias zonas fueron reportadas al gobierno colombiano por la 12 Delegación Asturiana de Verificación del estado de los Derechos Humanos en marzo del presente año.
El gobierno colombiano tampoco controla a los sectores del Ejército y de la Policía enemigos de la solución negociada a la guerra y que actúan como aliados de los sectores políticos que sabotean los Acuerdos de La Habana socios de los narco-paramilitares que quieren reventar el proceso de paz con las FARC y bloquear indefinidamente el inicio de las conversaciones con el ELN.
Las movilizaciones sociales de estos días exigen garantías para el derecho a la vida, acabar con los grupos paramilitares, cese de la impunidad, refrendación e implementación inmediata de los acuerdos firmados con las FARC porque nos están matando.
Por culpa de las élites que se enriquecen con la guerra Colombia corre el riesgo de ahogar en sangre el anhelo de millones de personas que queremos la Paz.
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