Hace 6 meses un medio digital soltaba lo que, según decía a bombo y platillo, era toda una primicia contra Podemos y Pablo Iglesias: El líder de la formación morada había cobrado de Venezuela a través de un paraíso fiscal. La afirmación estaba respaldada por un presunto documento del Euro Pacific Bank, del paraíso fiscal de las Islas Granadinas.
El director del mismo, el periodista Eduardo Inda, incluso había declarado a sus colegas de profesión que estaba “encantado” con la denuncia que el aludido anunció que iba a interponer contra él y su medio.
Tan seguro estaba el polémico Inda que, en ‘La Sexta Noche’ esa misma semana se refirió a Iglesias como “Rodrigo Iglesisas” o “Pablo Rato”, acompañado de un alegato victorioso en el que adelantaba que si la demanda se presentaba en un juzgado “se la vamos a ganar”.
Comunicado del banco
Casualmente, ese mismo sábado y antes de la emisión del programa, tal y como informó ELPLURAL.COM el asunto dio un giro inesperado para el periodista. El Euro Pacific Bank, entidad de la que supuestamente habría salido el documento de ingreso del dinero pagado por Venezuela, emitía un comunicado en el que indicaba que dicho extracto era falso.
Pues bien, a pesar de la seguridad de Inda en sus manifestaciones sobre esta factura de 272.325 dólares que, claro está, relacionaba con la financiación presuntamente irregular de Podemos, parece que la cosa no está tan clara, a tenor de lo que ha publicado ‘Público’.
Maniobra procesal. Este digital indica que la maniobra diseñada por Eduardo Inda y su abogado para, posiblemente, dilatar el juicio -el periódico dice que “al periodista no le gusta que la justicia actúe con celeridad” porque esa rapidez es una de sus alegaciones- y cambiar al juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 84 de Madrid, José Manuel Delgado Seoane, pasaba por solicitar su recusación.
Otras medidas
Como consecuencia de ello, el juez encargado de conocer el asunto ha elevado un escrito a sus superiores para que determinen si el comportamiento del abogado de Inda es susceptible de sanción disciplinaria, además de las medidas que puedan aplicarse al propio periodista como recurrente puesto que, según recoge Público, “esta recusación se ha planteado con mala fe, sin causa justificada y con la única finalidad de excluir al juzgador de ser el encargado de resolver el procedimiento, conforme a la ley”.
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