Protejamos a quienes denuncian la corrupción política

En 2007, Ana Garrido denunció el caso Gürtel (PP) en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, del que era empleada. Como recompensa, consiguió ser acosada laboralmente y amenazada, y perdió su trabajo. La han sometido a un calvario judicial que, para colmo, se ha tragado sus ahorros. Este pasado mes de agosto vendió sus cosas y tuvo que alquilar su casa para no perderla. Hoy vive de prestado. Esta es su historia.

Itziar González denunció el caso Hotel del Palau y la corrupción urbanística asociada a los alojamientos turísticos. ¿Su premio? Recibió amenazas de muerte, vivió un año y medio con escolta y se fue 4 años al paro. Maite Carol era la interventora del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. Perdió su trabajo por hacer su trabajo, que era denunciar ilegalidades que se traducían en robo de dinero del pueblo. ¿La trama que denunció? El caso Pretoria (PP, PSC y CiU). Y tanto la acosaron que tuvo que interponer una querella para defenderse.

Fernando Urruticoechea lleva 30 años en la administración y es uno de los funcionarios españoles que más casos de corrupción ha denunciado. Interventor de varios municipios, ha presentado denuncias en varios de ellos por corrupción. En el caso de Castro Urdiales, denunció cientos de irregularidades que han supuesto que los tres últimos alcaldes del pueblo estén imputados (PP, PSOE y Partido Regionalista Cántabro). Actualmente, como consecuencia de sus decenas de informes de irregularidades en sus dos últimos destinos profesionales de los ayuntamientos de Crevillent y Orihuela, afronta nuevas penalidades, entre las que está un proceso judicial de 'demanda al honor': en él le reclaman una indemnización de 150.000 euros (casualmente, de una empresa cuyas prácticas denunció).

Albert Gadea y Carlos Martínez también han sacrificado sus vidas por denunciar la corrupción.

Tal como refleja el documental “Corrupción: el Organismo nocivo”, estas personas no son héroes sino ciudadanos con principios, como tú y como yo, y como la mayoría de los españoles. Ana, Itziar, Maite, Fernando, Albert y Carlos son solo algunos nombres entre las muchísimas personas que han visto sus vidas deshechas por defender lo nuestro, el dinero de todos y la dignidad de la sociedad española. En cualquier otro país tendrían una calle a su nombre; en España sufren un calvario y se dejan la salud y el dinero que no tienen en procesos judiciales, mientras que a los presuntos corruptos les pagamos su defensa, casi siempre, con dinero público.

Es el mundo al revés. Y quiero pedirte que le demos la vuelta. No mires hacia otro lado. Esto pasa porque tú y yo lo permitimos. Pero podemos y debemos cambiarlo. Ana, Itziar, Maite, Fernando, Albert y Carlos merecen que se les aplauda, se les reconozca públicamente su contribución y se les proteja. Y necesitamos que los futuros denunciantes y testigos de corrupción denuncien con garantías y sabiendo que no sufrirán un castigo por ser honrados y valientes.

La corrupción es el segundo problema que más nos preocupa a los españoles, según el CIS. Y sería el primero si no tuviéramos el drama gigante del paro. Por eso es hora de unirnos y ponernos las pilas contra la corrupción, pues solo así daremos paso a una nueva etapa limpia, en la que el dinero público se use para dar servicio a los ciudadanos y no sea robado por los corruptos. Firma esta petición para que consigamos un Estado de Derecho y salgamos del Estado del revés. Aplaudamos a quienes #denunciancorrupción.

Pidamos a los candidatos a Presidente del Gobierno de los principales partidos que se comprometan a hacer, si gobiernan, una normativa que proteja a quienes denuncian la corrupción política. Son los expertos y los políticos quienes deben desarrollarla al detalle, pero estas son algunas de las medidas que dicha normativa debería incluir:

1. Protección de su intimidad:

• Proteger especialmente las comunicaciones personales (por email, móvil), e investigar de oficio cualquier injerencia.
• Inclusión del denunciante, en caso de solicitarlo, y de testigos, en el programa de protección de testigos.
• Que se permita la denuncia anónima para casos de corrupción de representantes públicos.  

2. Defensa Jurídica:

• El denunciante y el testigo deben tener derecho a una asistencia jurídica gratuita en los procesos que puedan ser derivados de su condición de denunciante o testigo: denuncias por acoso, amenazas, injurias, calumnias, etc…
• Los procesos judiciales en los que esté inmerso el denunciante o testigo (acoso, calumnias, injurias…) deberían ser tratados como juicios exprés (similar a los juicios por violencia de género). La dilación en el tiempo es una forma más de desgaste psicológico, económico, etc. Es intolerable que el ciudadano que denuncia la corrupción de su país sea hostigado mediante acoso, desprestigio, persecución, etc., y que esté sometido a ello durante años, a modo de castigo.

3. Protección de su integridad física:

• Protección de seguridad, en el grado que sea necesario, en los casos que se estime oportuno.  

4. Estabilidad laboral:

• Al igual que en mujeres embarazadas, se debe considerar nulo el despido de un denunciante o testigo de corrupción política durante el tiempo que dure el proceso judicial en el que se vea inmerso y, si se demuestra que el denunciante tenía razón, que se le proteja el tiempo que sea necesario (en Estados Unidos, se les protege de por vida).
• En caso de despido, que sea el empleador el que deba demostrar que no echa al trabajador por ser denunciante de corrupción, como ocurre en los casos de discriminación laboral por razón de sexo.

5. Atención psicológica y médica, si el denunciante lo considerara necesario, dada la presión a la que se ve sometido.

El artículo 33 de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, que España ratificó en 2003, recomienda desarrollar la protección a testigos de corrupción mediante una norma de carácter nacional. Sin embargo, 12 años después ningún gobierno de nuestro país lo ha hecho aún. 

Es el momento de que los candidatos a Presidente del Gobierno se comprometan a dar protección, amparo, apoyo y reconocimiento a los denunciantes y testigos de corrupción política si llegan al Palacio de la Moncloa. Los ciudadanos que denuncian se juegan mucho por su país; la sociedad debe agradecérselo y transmitir así que nuestra democracia premia estas conductas ejemplares e impide que las personas honradas se conviertan en víctimas de los corruptos.