¿Qué pasará con el precio de la electricidad?
Ladislao Martínez López
Fue el propio Rajoy quién hizo
pública la subida del precio de la electricidad para el primer trimestre
de 2014. La secuencia de acontecimientos es digna de comentar. Primero
se anunció una subida del 11% debido al sorprendente resultado de la
última subasta CESUR de 2013, después se produjo una queja
gubernamental, una intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia (CNMC), la posterior anulación de la subasta y una
propuesta de la Comisión atendida por el Gobierno. Resultado, una subida
del 2,3% para el primer trimestre del año que corresponde con el límite
inferior propuesto. Todo ello en un contexto de enfrentamiento entre el
Ministro de Industria y las grandes eléctricas motivado por la retirada
en el último momento de más de 3.000 millones de euros de los
presupuestos Generales del Estado que tenían como fin eliminar el
déficit de tarifa de 2013… ¡y el mismo día en que se publica en el BOE
la nueva ley eléctrica (Ley 24/2013) que pretendidamente acabaría con la
posibilidad de incurrir en nuevos déficit por encima del 2% de las
cantidades totales recaudadas en el negocio eléctrico!.
El Gobierno ha vendido su intervención como un pulso contra las grandes compañías en defensa de los usuarios eléctricos. Pero la situación dista de ser clara y mucho menos definitiva.
Hay que precisar que la subasta CESUR es una subasta de futuros que, aunque implica pequeñas cantidades de energía, sirve para fijar la parte liberalizada o “del mercado” del precio de los usuarios de la Tarifa de Último Recurso (TUR). Ni se trata del precio total de la electricidad de esos usuarios -a ello hay que sumarle el coste de las actividades no liberalizadas conocida como “peajes”- ni todos los usuarios eléctricos están acogidos a esta tarifa.
Según datos de la orden de peajes de agosto de 2013, a la TUR están acogidos 17,2 millones de usuarios, mayoritariamente domésticos, con una potencia contratada de menos de 10 kW. Sólo estos contratos se veían directamente afectados por la subasta. Existen además otros 9,7 millones de usuarios, que aunque tienen las mismas características de potencia contratada, y que por tanto podrían acogerse a la TUR, están atendidos en el mercado liberalizado. Y además están los restantes usuarios que tienen más potencia contratada, sea a baja tensión -mayoritariamente pequeña industria y sector servicios- que totalizan 1,7 millones de contratos, sea a alta tensión -casi 110.000 contratos, fundamentalmente del sector industrial y grandes servicios-.
De los 237 Teravatioshora (TWH) que se preveía consumir en nuestro país en 2013, sólo 41,3 TWH lo eran bajo la TUR. Como se ve la subasta sólo afectaba directamente a menos de 1/5 de la electricidad consumida, aunque representa casi ¼ de la facturación total e implica al 60% de los contratos. Hay no obstante un buen número de contratos de usuarios de baja potencia contratada referenciados indirectamente a la TUR.
Es falso por tanto, como han proclamado distintos miembros del PP y sus voceros comparsas, que esta medida se haya adoptado en defensa de la competitividad de las empresas, ya que éstas pagan la electricidad al precio que tienen establecido con sus comercializadoras y no están afectadas (salvo excepciones) por la subasta. Si es cierto que la mayoría de los usuarios domésticos verán con alivio que el precio de la electricidad de este primes trimestre será significativamente menor que el anunciado.
¿Estuvo manipulada la subasta?. La versión de la gran patronal eléctrica es que los precios del mercado durante 2013 han sido inusitadamente bajos por la excelentes condiciones eólicas e hidráulicas y la baja demanda. A ello añaden que en los días previos hubo poca producción eólica y que se debieron usar centrales de gas que ahora adquieren la materia prima a precios más altos, ya que abandonaron los contratos “tomar o pagar” por el poco uso de las centrales. Dado que la mayor parte de esos contratos son secretos, aunque la explicación no suena irracional, no tienen otro aval que su palabra. En mi opinión había buenas razones para esperar una subida del precio del mercado por las razones que ellos esgrimen, pero hubo con total seguridad sobreactuación interesada y muy probablemente acuerdo para provocar una subida mayor de lo razonable. Los precios del mercado diario de los días previos a la subasta fueron desmesuradamente altos y la retirada temprana de parte de la producción ofrecida, así como la escasa participación de sus comercializadoras en la puja, son indicios más que razonables. A ello hay que añadir el hecho de que las comercializadoras de las 5 grandes empresas son las únicas que ofrecen la TUR, por lo que si los precios efectivos de la electricidad durante el trimestre son menores que el supuesto, los márgenes de comercialización crecen de forma importante.
Dos comentarios se están repitiendo con inusitada unanimidad. La primera es que la subasta CESUR es un mecanismo demasiado fácil de manipular y que debería sustituirse por un procedimiento más seguro. Un severo varapalo a posteriori para la ya extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE), que en julio de 2012 emitió un informe, solicitado por la Secretaría de Estado de la Energía, avalando este método de fijación de precios. Se analizaron entonces las subastas 15 y 16. En mayo de 2013 la CNE indicó no obstante que existían anomalías en el mercado mayorista que incrementaba los precios a medida que se acercaba la fecha de las subastas que fijan el precio de la tarifa y los sobrecostes por servicios de ajuste y restricciones técnicas.
El segundo es señalar la flagrante contradicción del gobierno, que hasta dos días antes defendía la transparencia de estas subastas y parecía querer profundizar en la liberalización, que había tramitado la nueva ley eléctrica (24/2013) con el objetivo declarado de evitar incurrir en nuevos déficit… y que interviene abruptamente en el proceso cuando se siente traicionado por las grandes eléctricas, a las que siempre había defendido. Se repite así lo ocurrido con el gobierno del PP en el que Rodrigo Rato controlaba la economía, cuando, tras promulgar la ley eléctrica 54/97, que teóricamente liberalizaba el sector, se decidió que el precio de ésta no podía subir más del 2% anual, inaugurando así la creación de los sucesivos déficit de tarifa que han marcado la política de los sucesivos gobiernos.
Uno de los riesgos de la decisión adoptada es que los 48,48 euros/megavatiohora (€/MWH) de producto base y los 56,27 de punta, resulten insuficientes para cubrir los costes de comercialización. Para eso en el Real Decreto Ley que sirve de base para la fijación de los nuevos precios (RDL 17/2013 de 27 de diciembre) se establece literalmente que “los desvíos entre el precio reconocido en la TUR y el precio del mercado son reconocidos en la fijación del precio de la TUR del ejercicio siguiente “. O en román paladino, una nueva creación de déficit, trimestral en este caso. Si la predicción gubernamental se queda corta, la subida se aplaza brevemente.
Porque mirando al día después de este enmarañado asunto, los datos básicos son los siguientes. El año 2013 terminará con un déficit que superará los 3.000 millones de euros, lo que representa cerca del 8 % del total de costes reconocidos (sin impuestos ni alquiler de contadores). Unos 22.000 millones de euros en peajes de acceso y 18.000 millones de euros de la parte liberalizada. Si a ello se añade que la ley 24/2013 no permite un déficit anual superior al 2%... o se suprime la ley recién estrenada, o se diseña un mecanismo para eliminar el déficit. En un artículo reciente señalé (http://vientosur.info/spip.php?arti...) que sólo cabían dos soluciones: o recortar derechos reconocidos o subir los ingresos, ambas medidas difíciles de adoptar. Señalaba también mi temor a que al Gobierno se le caiga más temprano que tarde la capa de paladín de los derechos de los usuarios eléctricos y que los costes vuelvan a recaer sobre los que suele: los productores de energías renovables y los consumidores domésticos de electricidad.
Me gustaría comentar alguna alternativa para eliminar el problema, para probar que existen diversas salidas a esta encrucijada. Se podría por ejemplo realizar una quita a los tenedores de deuda eléctrica o una merma en los intereses reconocidos. Según la orden de peajes de agosto, en 2013 se destinan a tal fin 2.300 millones de euros. Si a los inversores en renovables, que debieron endeudarse y que arriesgaron con tecnologías novedosas, de bajo impacto ambiental e intensivas en mano de obra, se les recortaron a posteriori derechos, no entiendo porque no puede hacerse lo mismo con quienes se limitaron a poner su dinero a la búsqueda del beneficio.
Debería también cambiarse el mercado mayorista para eliminar la sobrerretribución para tecnologías como la hidroeléctrica ya amortizada y la nuclear.
No tiene tampoco ninguna justificación mantener la subasta CESUR con su reconocido carácter inflacionista en el mecanismo de fijación de los precios.
Sobra también la ayuda del Estado de casi 750 millones de euros a una interrumpibilidad que no es en modo alguno necesaria. En definitiva, toca que paguen ahora quienes más se han beneficiado en el pasado, para convertir en cierta la afirmación, tantas veces repetida por el Gobierno en diferentes terrenos, de que se reparten equitativamente los costes de la reforma.
El Gobierno ha vendido su intervención como un pulso contra las grandes compañías en defensa de los usuarios eléctricos. Pero la situación dista de ser clara y mucho menos definitiva.
Hay que precisar que la subasta CESUR es una subasta de futuros que, aunque implica pequeñas cantidades de energía, sirve para fijar la parte liberalizada o “del mercado” del precio de los usuarios de la Tarifa de Último Recurso (TUR). Ni se trata del precio total de la electricidad de esos usuarios -a ello hay que sumarle el coste de las actividades no liberalizadas conocida como “peajes”- ni todos los usuarios eléctricos están acogidos a esta tarifa.
Según datos de la orden de peajes de agosto de 2013, a la TUR están acogidos 17,2 millones de usuarios, mayoritariamente domésticos, con una potencia contratada de menos de 10 kW. Sólo estos contratos se veían directamente afectados por la subasta. Existen además otros 9,7 millones de usuarios, que aunque tienen las mismas características de potencia contratada, y que por tanto podrían acogerse a la TUR, están atendidos en el mercado liberalizado. Y además están los restantes usuarios que tienen más potencia contratada, sea a baja tensión -mayoritariamente pequeña industria y sector servicios- que totalizan 1,7 millones de contratos, sea a alta tensión -casi 110.000 contratos, fundamentalmente del sector industrial y grandes servicios-.
De los 237 Teravatioshora (TWH) que se preveía consumir en nuestro país en 2013, sólo 41,3 TWH lo eran bajo la TUR. Como se ve la subasta sólo afectaba directamente a menos de 1/5 de la electricidad consumida, aunque representa casi ¼ de la facturación total e implica al 60% de los contratos. Hay no obstante un buen número de contratos de usuarios de baja potencia contratada referenciados indirectamente a la TUR.
Es falso por tanto, como han proclamado distintos miembros del PP y sus voceros comparsas, que esta medida se haya adoptado en defensa de la competitividad de las empresas, ya que éstas pagan la electricidad al precio que tienen establecido con sus comercializadoras y no están afectadas (salvo excepciones) por la subasta. Si es cierto que la mayoría de los usuarios domésticos verán con alivio que el precio de la electricidad de este primes trimestre será significativamente menor que el anunciado.
¿Estuvo manipulada la subasta?. La versión de la gran patronal eléctrica es que los precios del mercado durante 2013 han sido inusitadamente bajos por la excelentes condiciones eólicas e hidráulicas y la baja demanda. A ello añaden que en los días previos hubo poca producción eólica y que se debieron usar centrales de gas que ahora adquieren la materia prima a precios más altos, ya que abandonaron los contratos “tomar o pagar” por el poco uso de las centrales. Dado que la mayor parte de esos contratos son secretos, aunque la explicación no suena irracional, no tienen otro aval que su palabra. En mi opinión había buenas razones para esperar una subida del precio del mercado por las razones que ellos esgrimen, pero hubo con total seguridad sobreactuación interesada y muy probablemente acuerdo para provocar una subida mayor de lo razonable. Los precios del mercado diario de los días previos a la subasta fueron desmesuradamente altos y la retirada temprana de parte de la producción ofrecida, así como la escasa participación de sus comercializadoras en la puja, son indicios más que razonables. A ello hay que añadir el hecho de que las comercializadoras de las 5 grandes empresas son las únicas que ofrecen la TUR, por lo que si los precios efectivos de la electricidad durante el trimestre son menores que el supuesto, los márgenes de comercialización crecen de forma importante.
Dos comentarios se están repitiendo con inusitada unanimidad. La primera es que la subasta CESUR es un mecanismo demasiado fácil de manipular y que debería sustituirse por un procedimiento más seguro. Un severo varapalo a posteriori para la ya extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE), que en julio de 2012 emitió un informe, solicitado por la Secretaría de Estado de la Energía, avalando este método de fijación de precios. Se analizaron entonces las subastas 15 y 16. En mayo de 2013 la CNE indicó no obstante que existían anomalías en el mercado mayorista que incrementaba los precios a medida que se acercaba la fecha de las subastas que fijan el precio de la tarifa y los sobrecostes por servicios de ajuste y restricciones técnicas.
El segundo es señalar la flagrante contradicción del gobierno, que hasta dos días antes defendía la transparencia de estas subastas y parecía querer profundizar en la liberalización, que había tramitado la nueva ley eléctrica (24/2013) con el objetivo declarado de evitar incurrir en nuevos déficit… y que interviene abruptamente en el proceso cuando se siente traicionado por las grandes eléctricas, a las que siempre había defendido. Se repite así lo ocurrido con el gobierno del PP en el que Rodrigo Rato controlaba la economía, cuando, tras promulgar la ley eléctrica 54/97, que teóricamente liberalizaba el sector, se decidió que el precio de ésta no podía subir más del 2% anual, inaugurando así la creación de los sucesivos déficit de tarifa que han marcado la política de los sucesivos gobiernos.
Uno de los riesgos de la decisión adoptada es que los 48,48 euros/megavatiohora (€/MWH) de producto base y los 56,27 de punta, resulten insuficientes para cubrir los costes de comercialización. Para eso en el Real Decreto Ley que sirve de base para la fijación de los nuevos precios (RDL 17/2013 de 27 de diciembre) se establece literalmente que “los desvíos entre el precio reconocido en la TUR y el precio del mercado son reconocidos en la fijación del precio de la TUR del ejercicio siguiente “. O en román paladino, una nueva creación de déficit, trimestral en este caso. Si la predicción gubernamental se queda corta, la subida se aplaza brevemente.
Porque mirando al día después de este enmarañado asunto, los datos básicos son los siguientes. El año 2013 terminará con un déficit que superará los 3.000 millones de euros, lo que representa cerca del 8 % del total de costes reconocidos (sin impuestos ni alquiler de contadores). Unos 22.000 millones de euros en peajes de acceso y 18.000 millones de euros de la parte liberalizada. Si a ello se añade que la ley 24/2013 no permite un déficit anual superior al 2%... o se suprime la ley recién estrenada, o se diseña un mecanismo para eliminar el déficit. En un artículo reciente señalé (http://vientosur.info/spip.php?arti...) que sólo cabían dos soluciones: o recortar derechos reconocidos o subir los ingresos, ambas medidas difíciles de adoptar. Señalaba también mi temor a que al Gobierno se le caiga más temprano que tarde la capa de paladín de los derechos de los usuarios eléctricos y que los costes vuelvan a recaer sobre los que suele: los productores de energías renovables y los consumidores domésticos de electricidad.
Me gustaría comentar alguna alternativa para eliminar el problema, para probar que existen diversas salidas a esta encrucijada. Se podría por ejemplo realizar una quita a los tenedores de deuda eléctrica o una merma en los intereses reconocidos. Según la orden de peajes de agosto, en 2013 se destinan a tal fin 2.300 millones de euros. Si a los inversores en renovables, que debieron endeudarse y que arriesgaron con tecnologías novedosas, de bajo impacto ambiental e intensivas en mano de obra, se les recortaron a posteriori derechos, no entiendo porque no puede hacerse lo mismo con quienes se limitaron a poner su dinero a la búsqueda del beneficio.
Debería también cambiarse el mercado mayorista para eliminar la sobrerretribución para tecnologías como la hidroeléctrica ya amortizada y la nuclear.
No tiene tampoco ninguna justificación mantener la subasta CESUR con su reconocido carácter inflacionista en el mecanismo de fijación de los precios.
Sobra también la ayuda del Estado de casi 750 millones de euros a una interrumpibilidad que no es en modo alguno necesaria. En definitiva, toca que paguen ahora quienes más se han beneficiado en el pasado, para convertir en cierta la afirmación, tantas veces repetida por el Gobierno en diferentes terrenos, de que se reparten equitativamente los costes de la reforma.
No hay comentarios:
Publicar un comentario