En la izquierda se
ha abierto un debate sobre el modelo de Estado que debemos defender, alrededor
de tres aspectos: la lucha por la
República, el “ordenamiento territorial” (autonomías o
federalismo), y el derecho de autodeterminación de las “nacionalidades
históricas”: Cataluña, País Vasco, Galicia. Este debate no cae del cielo. La
aguda crisis económica, política y social que asola al Estado español ha puesto
patas arriba la estabilidad del régimen político surgido de la Transición.
Un debate necesario
Izquierda Unida, específicamente, plantea impulsar “un proceso
constituyente”, un cambio de régimen político con la convocatoria de una
Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución que plasme el nuevo
modelo de Estado que aspiramos a construir.
Desde Lucha de Clases defendemos
una República basada en los derechos democráticos más avanzados, que incluya el
derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas, pues la única
unión que nos interesa es la unión voluntaria de los pueblos que conforman el
Estado español. Sin embargo, creemos imposible alcanzar este objetivo
manteniendo las estructuras económicas del sistema capitalista – la gran propiedad
privada – y su aparato de Estado – judicatura, altos funcionarios, policía –
que nutren y sustentan a las fuerzas reaccionarias, sociales y represivas, que
se oponen al progreso y bienestar de la mayoría de la sociedad.
La soberanía popular no puede reducirse a un puñado de derechos
políticos escritos en un papel; debe completarse con la propiedad colectiva,
democráticamente gestionada, de las palancas fundamentales de la economía y de
los recursos naturales.
Por tanto, la lucha por una república democrática debe vincularse con
la lucha por la transformación socialista de la sociedad.
La Transición
Hay dirigentes de IU que justifican un nuevo “proceso constituyente”
porque, dicen, se incumplió la
Constitución del 78, cuyos contenidos eran buenos ¡Qué
ingenuidad conmovedora!
El régimen franquista – con sus jueces, militares y policía – nació
para defender, a sangre y juego, los intereses de los empresarios y
terratenientes. Por eso, para amplios sectores de las masas obreras y
populares, la lucha contra la dictadura franquista no era solo por democracia.
Era parte de una lucha más amplia, contra el capitalismo y por el socialismo.
Lamentablemente, los dirigentes del PSOE y del PCE de entonces carecían
de una perspectiva socialista de lucha y tampoco confiaban en los trabajadores
para impulsar este objetivo. Consecuentemente, pactaron una “transición
ordenada hacia la democracia” con los sucesores del franquismo, que frustró las
expectativas revolucionarias de los trabajadores y de la juventud. A cambio de
derechos democráticos constitucionales formales – conquistados realmente en las
calles y fábricas – se permitió a la burguesía mantener su dominio sobre la
sociedad con la propiedad sobre los grandes bancos, monopolios y latifundios.
35 años después queda claro que, en el capitalismo, ninguna
Constitución burguesa puede asegurar a las masas trabajadoras derechos
democráticos y sociales permanentes.
Cómo luchar por la República
También debemos advertir contra cierta mitificación de la República. Nos
convendría bien, para ello, estudiar la experiencia de 1931-1936.
Los trabajadores y campesinos buscaban en la República la
satisfacción de sus reclamos sociales: condiciones de vida decentes, tierra,
extirpar el atraso y el analfabetismo. Pero los capitalistas y terratenientes
querían simplemente un cambio cosmético para contener el descontento popular
ante la aguda crisis económica de aquellos años y el descrédito de la monarquía
alfonsina.
Los sucesivos gobiernos republicanos fueron incapaces de resolver las tareas
democráticas pendientes: reforma agraria, desarrollo industrial, modernización
de la sociedad, separación de la
Iglesia y el Estado, democratización del ejército, liberación
de Marruecos, y solución del problema nacional catalán y vasco. Consumar estas
tareas era incompatible con el mantenimiento del capitalismo porque la
burguesía española estaba soldada al viejo orden reaccionario.
Los trabajadores y campesinos pobres tendieron instintivamente desde el
primer momento a traspasar los límites del capitalismo para resolver sus
problemas. Pero las direcciones obreras del PSOE, PCE, CNT, POUM, en diferentes
momentos y circunstancias, frustraron dichas tentativas revolucionarias.
La incapacidad para vincular la construcción de una república
verdaderamente democrática con la transformación socialista de la sociedad
terminó en la sangrienta derrota de 1939 y en la dictadura franquista.
Por eso, una república burguesa reproduciría los mismos problemas e
injusticias sociales que sufrimos actualmente bajo la monarquía juancarlista –
o que sufren las repúblicas de Portugal y Grecia, por ejemplo. Conduciría a la
desmoralización, al desprestigio del régimen republicano y a un nuevo triunfo
de la reacción. Una república consecuentemente democrática sólo puede tener existencia,
por tanto, como república socialista.
¿Autonomismo o federalismo?
El carácter plurinacional del Estado español es el resultado de un
proceso complejo. El atraso histórico del capitalismo español impidió integrar
armónicamente territorios y poblaciones diversas. Como resultado, Cataluña,
Euskadi y Galicia vieron reprimidos sus derechos nacionales, su lengua y
cultura, especialmente durante el franquismo. Ahora, la política reaccionaria
del PP ha agravado la situación.
Las burguesías catalana, vasca y española utilizaron siempre el
problema nacional para disputarse condiciones ventajosas particulares para la
explotación de “sus” obreros y el pago de impuestos, mientras actuaban unidas
contra los obreros del conjunto del Estado. Ahora, el PP y el sector más
centralista de la burguesía española utilizan la crisis y los recortes para
limitar los gastos y vaciar de contenido algunas competencias de las
autonomías. Esto ha agravado el enfrentamiento, particularmente con Cataluña,
donde sectores de la burguesía nacionalista están agitando posiciones
independentistas.
En la izquierda se plantea como alternativa un Estado federal, que
realmente no diferiría mucho del actual Estado de las Autonomías, aparte del
reconocimiento del carácter de nación a Cataluña, Euskadi y Galicia – que
apoyamos – y el disfrute de alguna competencia más.
Independientemente de eso, debemos defender enfáticamente los mismos
derechos sociales, acceso a jubilaciones, sanidad, educación, transporte,
vivienda, etc. en todo el territorio del Estado. Y advertimos que ninguna
Constitución republicana ni Estado federal podrán evitar las tensiones y
contradicciones nacionales, engendradas por el capitalismo, debido al afán de
lucro burgués, las crisis y los recortes sociales.
Una Federación Socialista de Nacionalidades Ibéricas
Bajo la divisa de un programa socialista y el reconocimiento del
derecho de autodeterminación para Cataluña, País Vasco-Navarra y Galicia, sería
perfectamente posible unir a la clase obrera de todo el Estado en una lucha
común contra la burguesía española y las burguesías nacionalistas, para
proceder a la expropiación de las mismas bajo la gestión democrática de la
clase obrera. Sería perfectamente posible establecer, junto con un Portugal
socialista, una Federación socialista de nacionalidades ibéricas, en pie de
igualdad, que planificara democráticamente en común sus recursos productivos
para hacer avanzar y progresar a todos los pueblos que forman actualmente la
península ibérica, manteniendo el máximo grado de autonomía para los asuntos
administrativos y culturales de cada una de ellas y para desarrollar y aplicar
dicha planificación en cada nacionalidad y región.
Tal
federación socialista no sería un fin en sí mismo, sino la antesala de una
revolución socialista europea que conformaría los Estados Unidos Socialistas de
Europa, como prólogo a una Federación Socialista Mundial, sin más fronteras
nacionales que dividan y enfrenten a la humanidad.
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