Panamá: expropiación de Sacyr y nacionalización de las obras de ampliación del canal
por Olmedo Beluche
C
GUPC ha recibido a la fecha 76.4% de los fondos comprometidos, pero
sólo ha garantizado el 65% de las obras en la nuevas esclusas. Otros
cálculos, como el del abogado Sidney Sitton, establecen que ya ha sido
pagada por la ACP a GUPC la TOTALIDAD de la obra a punta de adelantos.
El 20 de enero de 2014 se cumple el
plazo impuesto por el consorcio Grupo Unidos Por el Canal (GUPC),
encabezados por la española Sacyr, para suspender las obras de la
ampliación del Canal de Panamá si la Autoridad del Canal de Panamá
(ACP) no se compromete a pagarles 1.600 millones de dólares de
sobrecostos, que equivalen al 50% de lo pactado originalmente. Amenaza
que ya ha sido cumplida en gran medida, ya que se informa que las obras
se desarrollan a un tercio de su capacidad y que más del 70% de la
fuerza laboral ha sido despedida.
El interés nacional de Panamá
obliga a la Junta Directiva de la ACP a tomar medidas urgentes, que
debieron tomarse desde el 1 de enero cuando se hizo pública la amenaza
de GUPC: decretar la expropiación de las empresas en cuestión y nacionalizar las obras de construcción del tercer juego de esclusas.
Cualquier dilación o salida intermedia sólo significará mayor daño a la
economía panameña y un drenaje de fondos del canal hacia los bolsillos
de un grupo empresarial que actúa al filo de la ley.
Jorge Quijano, actual administrador de
la ACP, se ha tomado la molestia de explicar en detalle el conflicto con
GUPC a los gremios empresariales como la Cámara de Comercio y la
Asociación de Ejecutivos de Empresa (APEDE), pero manteniendo en la
oscuridad al resto de la nación panameña, en particular a los gremios y
organizaciones de la clase trabajadora. Esta actitud no es de extrañar,
pues la Junta Directiva de la ACP está controlada y responde a los
intereses de grupos empresariales y partidos políticos de la burguesía,
estando los sectores populares carentes de cualquier representación en
ella.
Por intermedio del presidente de la
Cámara de Comercio se conoce que Quijano informó que el problema de
Sacyr es que se encuentra "sin flujo de caja", "sin liquidez", es decir,
está descapitalizada. De lo que pareciera colegirse que si la ACP le
tira una toalla se resuelve el problema de la liquidez, el problema
sería establecer el tamaño de la toalla.
Los panameños que saben sumar y restar se preguntan ¿Cómo es esto posible? Si
la ACP le ha adelantado 2.831 millones de dólares de los 3.118 millones
pactados en el contrato de 2009 (¿en cuantos negocios te pagan por
adelanto?). O sea, GUPC ha recibido a la fecha 76.4% de los fondos
comprometidos, pero sólo ha garantizado el 65% de las obras en la nuevas
esclusas. Otros cálculos, como el del abogado Sidney
Sitton, establecen que ya ha sido pagada por la ACP a GUPC la TOTALIDAD
de la obra a punta de adelantos. Aún así, a la fecha, GUPC debe
a subcontratistas, al menos, 238 millones de dólares, pero piden 1.600
millones más para terminar. Como decimos en Panamá: ¡Qué huevo!
Lo que está sucediendo es que Sacyr ha
utilizado sus ingresos de la ampliación canal para tapar los enormes
déficits que han llevado a la empresa al borde la quiebra. Por eso es
que está descapitalizada. Déficit de Sacyr que llegaba a los 20.000
millones de dólares en 2008, antes del contrato con ACP y que la Junta
Directiva del canal no podía ignorar cuando les concedió el contrato.
Y, digámoslo, porque seguro está
relacionado: antes que la empresa panameña Constructora Urbana S.A.
(CUSA), de la familia (lejana dice él) del entonces administrador de la
ACP, Alberto Alemán Zubieta, liderara la creación de GUPC.
El presidente de Sacyr hasta 2011, Luis
del Rivero, es un típico financista de esos que la crisis de 2007-2008
ha puesto en evidencia: un sinvergüenza involucrado en toda clase de
jugarretas financieras, todas fallidas, pero costosas, no para él, sino
para la empresa y sus accionistas: intentos por copar la directiva de
BBVA, de adueñarse de la francesa Eiffage y de Repsol ("Así, así, así
gana Sacyr", Javier G. Cuesta, El Mundo, 2/1/2013).
En 2011, Luis del Rivero fue sacado de
la directiva de Sacyr al ser imputado por pagar 200 mil euros en
sobornos al financista del Partido Popular (partido de Mariano Rajoy,
primer ministro actual), Luis Bárcenas (preso actualmente) para obtener
un contrato para una filial en Toledo. ¿Algo tendrá que ver esto en el
interés de la ministra de Fomento española para apersonarse hasta Panamá para defender los intereses de Sacyr?
En fin, que se está tratando con una
pandilla de sinvergüenzas, el que lo dude que mire la cara y los actos
de Manuel Manrique, buen amigo de Luis del Rivero y actual director de
Sacyr, además aparente amigazo del actual ministro de Turismo panameño a
quien atendió en un viaje misterioso a Madrid poco antes de tomar
posesión Ricardo Martinelli.
Que empresarios internacionales pretendan "hacer su agosto" a costa del Canal de Panamá
no es nada nuevo, y viene sucediendo desde el siglo XIX, cuando
empezaron las obras del llamado "Canal Francés", con el robo de fondos
de miles de accionistas franceses por los administrativos de la Compañía
Universal (que vinieron a "hacer su Panamá") y que derivó en la cárcel para el hijo de Fenand de Lesseps y otros.
Para no mencionar el negociado
posterior, dirigido por el abogado neoyorkino William N. Cromwell por el
que un poderoso grupo empresarial hizo un buen negocio con la
separación de Panamá de Colombia y la
imposición del Tratado Hay Bunau Varilla. Ni qué decir de los beneficios
obtenidos por EE UU con el canal mientras Panamá recibía una cifra risible.
Por esa razón, desde el Movimiento Popular Unificado (MPU) hemos propuesto los siguiente:
1. No dar ninguna confianza a la Junta Directiva de la ACP ni a su administrador
porque no representan los genuinos intereses de nuestro pueblo y porque
han actuado de espaldas al país incluso en la aprobación del contrato
de marras con GUPC;
2. No pagar un centavo más a GUPC y exigir la nacionalización de las obras
y la expropiación de los bienes de Sacyr y sus socios a la vez que el
pago de la garantía depositada en una aseguradora europea;
3. Que la ACP continúe las obras con asesoría de ingenieros expertos nacionales e internacionales;
4. Exigir una Comisión
Independiente con representación de los sectores populares que estudie
lo sucedido, establezca si hubo dolo y defina el curso de acción;
5. Modificar el Título
Constitucional que rige a la ACP para que su Junta Directiva esté bajo
control obrero y nacional y no responda intereses pecuniarios de la
oligarquía panameña.
Panamá, 18 de enero de 2014.
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