La Candidatura de Unidad Popular es un espacio político en el que buscamos una alternativa al sistema capitalista con la finalidad de que seamos soberanos a la hora de decidir respecto a todo aquello que nos afecta. Creemos que en el marco autonómico actual, el de las instituciones tal cual las conocemos, el margen de actuación política es limitado y nos encontramos que cuando se quiere avanzar en derechos sociales y políticos, se nos coarta cualquier posibilidad para tener capacidad de decisión. Nosotros defendemos la independencia, el derecho a la autodeterminación para conseguir la República Catalana, dado que en el actual escenario en que nos encontramos hay determinados derechos que no están garantizados.
Por otra parte, para la CUP los ejes básicos de nuestro proyecto político son la liberación nacional y social y de género.
¿Cuáles son esos derechos?
En primer lugar el de la autodeterminación y luego siguen el derecho a la libre expresión, a manifestarnos, a la vivienda, a una salud pública que funcione realmente, al acceso a suministros básicos. Entendemos que para llegar a ese punto debemos romper con el marco actual y buscar alternativas que vayan más allá de los límites estatutarios y constitucionales. En las actuales circunstancias todo está pensado desde el poder para favorecer intereses corruptos, de multinacionales, de entidades bancarias, etc., y para nosotros es importante avanzar con un proyecto que ponga adelante a la comunidad por sobre los indivíduos y que podamos ir gestando esa alternativa que buscamos.
¿Qué organizaciones componen la CUP?
Lucha Internacionalista, Endavant, la Crida Constituent, Poble Liure y muchísimas asambleas locales que se ven representadas a través de asambleas territoriales que acaban tomando decisiones en el marco del Consejo Político. Además tenemos un Secretariado Nacional que gestiona las decisiones que se toman en el Consejo Político.
La CUP en esta última parte del proceso catalán ha tenido una actuación importante y singular ya que han provocado cierta radicalización de lo que se venía dando hasta ahora, provocando que un sector de la burguesía representada por Artur Mas diera un paso al costado y en su lugar surgiera la figura de Carles Puigdemont. Cuando ocurrió esto se dieron discusiones en vuestra organización sobre las tácticas a seguir y finalmente se impuso la actual que está poniendo en jaque al gobierno español. ¿Esta situación les ha producido desgaste interno o al contrario, han crecido como nucleamiento político?
Nosotros siempre tomamos decisiones en base a debates y reflexiones políticas buscando resultados positivos para nuestros ejes estratégicos. En lo que hace al proceso actual, si bien hubo algunas divergencias, estas son muy sanas y como tal las afrontamos. El 27 de septiembre de 2015 cuando se realizaron las elecciones, se plantearon casi como plesbicitarias, «si o no» al proyecto independentista. Allí no se consiguió todo el soporte que creíamos que era necesario y entonces ponemos sobre la mesa un instrumento de radicalidad democrática que es el referendum para poder ejercer el derecho de autodeterminación. El Estado español negó esa propuesta y la propia gente se lo tuvo que autotutelar. Para liderar este proyecto, nos propusimos que sea alguien que no tuviera relación con ningún caso de corrupción política, que además fuera alguien que en los gobiernos anteriores no hubiera propiciado recortes en materia de derechos sociales. Por último intentamos desligar el proceso soberanista de un nombre y una persona concreta, con la finalidad que responda a la voluntad popular. En ese caso logramos despegar de la figura de Artur Mas, cuyo partido estaba siendo financiado de manera ilegal y con dinero «negro» y propusimos a Junts per Catalunya que reconozcan estos hechos, que reparen el daño causado y que pongamos sobre la mesa garantías de no repetición ya que entendemos que la corrupción es algo endémico del propio sistema.
Así se llegó al 1 de octubre pasado donde el pueblo en la calle reivindicó su derecho a votar por la independencia, protagonizando una jornada histórica. ¿Según vuestro punto de mira ese dia significa un punto de inflexión, tiene fuerza fundacional?
Por supuesto, en este caso nosotros intentamos ejercer un derecho tan fundamental como es el de la autodeterminación, y nos encontramos con una negativa sistemática por parte del Estado español. Ese día, fue la propia gente que a través de la organización popular consiguió hacer efectivo el instrumento del referéndum. Este ejercicio de desobediencia masiva que se produjo el 1 de octubre es una herramienta política muy necesaria para garantizarnos como pueblo estos derechos que se nos están negando. Por lo tanto, entendemos que esta vía unilateral ejercida por las grandes mayorías del pueblo de Catalunya fue el que puso en jaque al Estado español, al régimen del 78 (la continuación de la dictadura a través del pacto de la Moncloa) y estos 40 años en los que nunca hemos tenido la posibilidad de decidir sobre cuestiones esenciales. Lamentablemente, la coalición Junts pel Sí (formada por Esquerra Republicana de Catalunya y el PdeCat) no confiaron en el poder de movilización popular y se produjeron algunos hechos desmovilizadores. Nos encontramos por ejemplo, que el 10 de octubre, cuando se tenía que proclamar la independencia, se dio un paso atrás, pero no solo eso, cuando el 3 de octubre se hizo una huelga general convocada por el sindicalismo combativo, determinadas fuerzas políticas junto con el sindicalismo amarillo desvirtúaron esa medida de fuerza y la conviertieron en una «parada del país». La diferencia es que una es con el consentimiento de la patronal y la otra es una medida de lucha combativa que se hace sin pedir permiso a nadie.
¿Por qué crees que ocurre esto en un momento tan decisivo como el actual?
Porque parece que hay factores que intentan acallar este conflicto social o bajar la movilización al ver que se está perdiendo el poder de control desde la politica institucional y que es el pueblo el que está empujando a las instituciones a rendirse a esta voluntad popular. Esos días se consiguió en las calles darle credibilidad a la consigna «el pueblo manda, el gobierno obedece».
¿El pueblo está desgastado en esta pelea por estas idas y vueltas de los dirigentes, o hay decisión de seguir batallando?
Nosotros estamos poniendo de manifiesto que hay que ser muy firmes y tener en claro que la política no solo se hace desde las instituciones, y esa no es la línea que algunos dirigentes están siguiendo. Al final se puede producir cansancio de proponer y que no te respondan, pero eso es también interesante porque de esta manera se desdibuja el mito de la democracia delegativa. Lo que uno quiera lograr se lo tiene que trabajar desde diferentes ámbitos políticos y nunca abandonar la calle. Puede haber cierto desgaste pero a la vez tenemos que entender que somos nosotros mismos los que vamos a conseguir los derechos que nos niegan.
¿Cómo ven la figura de Carles Puigdemont y el futuro próximo en el que debe investirse al presidente de Gobierno, sobre todo teniendo en cuenta las amenazas vertidas por el gobierno español?
Para nosotros hay que seguir avanzando en construir la República, ampliar los derechos sociales e impulsar el proceso constituyente que nos tiene que llevar a elaborar la Constitución del nuevo país. Tiene que ser un proceso vinculante. Debemos trazar entre todos y todas qué marco de relaciones políticas y sociales queremos construir. ¿Qué ha sucedido? La hoja de ruta que llevaba la coalición Junts pel Sí, planteaba que en 18 meses se conseguiría la independencia «de la ley a la ley», esperando que el Estado español estuviera dispuesto a dialogar y además se tenía gran confianza en la Unión Europea en su actuación como árbitro, pero todo esto quedó en nada. Por eso decimos que hemos llegado a un punto de inflexión y que la única manera sincera de materializar la República es mediante la desobediencia al marco constitucional y estatutario actual.
Pero el gobierno español responde en todo momento con represión y leyes coercitivas…
Así es, el gobierno español aplica el articulo 155 y suspende el mínimo autogobierno que poseía Catalunya, y lo hace en el mismo momento en que se estaba avanzando en democracia. Además mandó a prisión a los miembros de la mesa del Parlament y a varios dirigentes. Además, nos encontramos con parte del Gobierno en el exilio y también se priva de la libertad a dos miembros de instituciones sociales catalanas de mucho peso, como son la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural. Coincidentemente con esos hechos represivos, Rajoy convoca a elecciones en base a las prerrogativas que le ofrece el artículo 155 que le otorga al gobierno español la capacidad de decidir en todos los ámbitos de Catalunya. En ese momento hubo quienes planteaban la restitución de las instituciones y al marco autonómico. Nosotros, por el contrario, dijimos que no habíamos venido al Parlament a pasar de una autonomía suspendida a una autonomía subordinada. Parece ser que las otras dos fuerzas políticas están intentando atacar al artículo 155 para volver a lo anterior, en vez de aplicar políticas que vayan más allá del marco estatutario. Como CUP hacemos una propuesta política de gobierno, en base a lo que llamamos «Decretos de la dignidad» y lanzamos unas medidas muy concretas que son las necesarias para recuperar esta capacidad de decisión.
¿Cuáles son esas medidas?
En primer lugar creemos que es muy importante recuperar para el sector público determinados sectores estratégicos, como infraestructura, la energía, el agua, el gas, la red de comunicaciones, un modelo de sanidad 100% público en el que no puedan entrar los intereses privados, que la educación sea en base a una red única y que no exista el sostenimiento de la escuela privada en base a fondos públicos. También estamos hablando que después de las barbaridades cometidas como la compra de entidades bancarias por 12 mil millones de euros (como Catalunya Caixa) y la vendió a 1.200 millones de euros, es fundamental expropiar todos aquellos pisos que están vacíos y en manos de entidades bancarias y garantizar un derecho tan básico como es el de la vivienda. También tenemos encima de la mesa tres planes de choque, uno, respecto a la pobreza y sus efectos, y como revertir esa situación. Hablamos de un salario mínimo interprofesional, una renta garantida y otras medidas similares. Por otra parte, un plan respecto a la violencia de género, y proponemos la creación de un observatorio que otorgue ayudas a las mujeres que están sufriendo estos abusos. Y por último propugnamos un plan de medidas contra la corrupción. En base a estas medidas, avanzar y enfrentar el status quo actual con más desobediencia masiva si intentan interponerse a lo que el pueblo desea. De allí que emplazamos a las otras fuerzas que dicen querer la República, que debatamos si tienen otra alternativa a la que nosotros estamos presentando.
¿Realmente, ven ese marco posible?
No, no lo vemos. No hay posibilidad de diálogo con el gobierno español, tampoco es real hablar de independencia «de la ley a la ley». El único marco posible es que todos los actores sociales nos pongamos de acuerdo en ir más allá de estos límites constitucionales y para ello debemos construir una República. Esta instancia no va ser edificada solamente desde el Parlament o la Generalitat. Por eso queremos que nos expliquen nuestros aliados cómo piensan encarar esta legislatura, si va a ser solamente volver al marco en que estábamos antes o si entre todos y todas vamos a impulsar políticas sociales valientes. Actualmente el debate político debería ser de fondo, pero está centrado más en el hecho de si el presidente puede venir o no, o si pueden o no votar quienes están en prisión, que en impulsar una acción política concreta. Porque ya sabemos que la espiral represiva condiciona a esta última, y lo que estamos intentando es que no quede postergada por este proceder del estado.
¿Qué ocurre con la otra mitad de Catalunya que vota al unionismo español?
Para nosotros no se trata de una u otra mitad, todas las medidas que estamos impulsando están pensadas para la mayoría popular trabajadora. Actualmente, el sistema capitalista va encaminado a proteger los intereses de una elite muy pequeña que se está enriqueciendo a costa de la miseria de todos nosotros. Es importante explicar muy bien que este proyecto de construcción de la República Catalana va asociado a la emancipación social y queremos garantizar derechos fundamentales para todo el pueblo. Sin embargo, hay determinados partidos políticos de derecha, como el PP y Ciudadanos, que se han empeñado en vender un relato mediático para fomentar esta fractura social y para poner en evidencia que el proyecto independentista olvida a la mitad de la población. Es totalmente al revés, ya que la fractura social es la reforma laboral que impulsaron ellos en su momento y que permite al empresario, de forma unilateral, cambiar las condiciones de trabajo de sus asalariados. Estamos hablando de partidos que no se han posesionado contra los abusos bancarios, o los deshaucios. Nos referimos también a casos de corrupción y de clientelismo a la hora de externalizar determinados servicios públicos. Si esta sociedad está fracturada es porque está partida por una situación de pobreza extrema que el capitalismo y sus seguidores en el gobierno español vienen fomentando desde hace décadas. Para enfrentar ese modelo es que el pueblo grita en las calles: «Somos República» y nosotros nos esforzaremos que el camino avanzado no se frustre.
Entrevista realizada por Carlos Aznárez.
24 de enero de 2018
28 ene. (hace
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