El preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas comienza con estas palabras: "Nosotros, el pueblo de las Naciones Unidas". Por lo tanto, la tarea de proteger y garantizar los intereses colectivos de los pueblos, el bienestar universal, corresponde a la ONU —y más exactamente a los Estados aliados que firmaron esa carta el 20 de junio de 1945, en San Francisco—. Pero, actualmente, esos intereses se ven atacados por doquier por la clase de los plutócratas, la de los Warren Buffet. A los Estados les quitaron su capacidad normativa y su eficacia. De alguna manera lograron que los tenedores del capital financiero mundializado los hayan derrotado.
Mi más reciente combate, el que llevé contra los fondos buitre en las Naciones Unidas, ilustra esta realidad de forma paradigmática. Miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde 2008, confieso no ser, ni por un instante, neutro en mi trabajo. Los derechos humanos son un arma formidable en manos de aquellos que quieren cambiar el mundo, aliviar los sufrimientos del otro, vencer a los depredadores. Y progresar en ese combate supone formar alianzas.
El pueblo de los países pobres se mata trabajando para financiar el desarrollo de los países ricos. El Sur financia al Norte, y especialmente, a las clases dominantes de los países del Norte. El medio de dominación más poderoso es actualmente el servicio de la deuda. Los flujos de capitales Sur-Norte tienen excedentes en relación a los flujos Norte-Sur. Los llamados países "pobres" pagan anualmente a las clases dirigentes de los países ricos mucho más dinero del que reciben de ellas, ya sea como inversiones, préstamos, ayuda humanitaria o la llamada ayuda al "desarrollo". El servicio de la deuda mantiene a los pueblos en la esclavitud y saquea sus recursos.
Este expolio aún se vio agravado, durante estas últimas décadas, con la aparición de los fondos buitre, llamados así por su característica de rapaces y carroñeros. Son fondos de inversiones especulativas, registrados en los paraísos fiscales y que están especializados en la compra de deudas, que desde hace largo tiempo se venden por debajo de su valor nominal, con el fin de obtener máximos beneficios. Estos fondos especulativos son propiedad de individuos extremadamente adinerados que se cuentan entre los más terribles depredadores del sistema capitalista. Logran disponer de botines de guerra de miles de millones de dólares. Comandan batallones de abogados capaces de abrir procedimientos en los cinco continentes, durante diez o quince años, si fuese necesario.
Los fondos buitre matan. Os damos un ejemplo: en 2002, y debido a una sequía espantosa, el hambre provocó la muerte de decenas de miles de seres humanos en Malawi. De los 11 millones de habitantes de ese país del sudeste de África, 7 millones se encontraban gravemente subalimentados. El Gobierno era incapaz de ayudar a las víctimas porque algunos meses antes había tenido que vender en el mercado los stocks de reserva de maíz (¡40.000 toneladas!) para pagar a un fondo buitre. Ese fondo había obtenido de un tribunal británico la condena de Malawi a pagar varias decenas de millones de dólares.
El editorialista del Financial Times, Martin Wolf, quien no es realmente lo que se puede llamar un revolucionario, sin embargo, escribió: "It is unfair to the real vultures to name the holdouts such since at least the real vultures perform a valuable task", o sea: "Dar el nombre de buitres a esos fondos es un insulto a los buitres, ya que éstos desempeñan una valiosa tarea". Y tiene razón: los buitres limpian los esqueletos de los animales muertos en las sabanas y evitan de ese modo la difusión de epidemias…
Bajo el impulso de Argentina, una de las víctimas de los fondos buitre, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió al Comité Asesor, por su resolución 27/30 del 26 de septiembre de 2014, un informe que responde a esta doble pregunta: "¿En qué medida y de qué manera las actividades de los fondos buitre violan los derechos económicos sociales y culturales de los pueblos agredidos? Llegado el caso, ¿qué nueva norma del derecho internacional habría que crear para acabar con esas actividades?".
Fui nombrado relator del Comité para responder a esa doble interrogación. Raramente en mi vida trabajé tanto como durante esos dos años: 2014 y 2015. Entregué mi informe el 15 de febrero de 2016. En el mismo explicaba que las actividades de los fondos buitre contravienen por definición la regla de la buena fe presente prácticamente en las legislaciones de los Estados de todo el mundo. Como testimonio, el ejemplo del código civil suizo: "Todas las personas tienen el deber de ejercer sus derechos y de ejecutar sus obligaciones según las normas de la buena fe. El abuso manifiesto no está protegido por la ley".
El Palacio de las Naciones en Ginebra, y la ONU en general, están plagados de espías. Todos los servicios secretos del mundo, sobre todo aquellos ligados a las grandes potencias, escuchan las conversaciones mejor protegidas, fotocopian documentos, pagan a funcionarios y actúan bajo la máscara de la diplomacia acreditada. Nada más normal, por lo tanto, que los agentes de los servicios occidentales (y otros) hayan estado informados de la más breve de mis conversaciones y del desarrollo de todas mis sesiones de trabajo.
La votación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estaba prevista para la sesión de septiembre de 2016. En la fortaleza de la embajada estadounidense de Pregny [cantón de Ginebra], a algunos centenares de metros del Palacio de las Naciones, sonó la alarma. Nuestros enemigos eran perfectamente conscientes de que se arriesgaban a una derrota. Conocían mis recomendaciones. Sabían que, muy probablemente, éstas serían aprobadas por el Consejo.
Entonces nuestros enemigos cambiaron de táctica, abandonaron el terreno de las Naciones Unidas y se replegaron en otra, ancestral, menos complicada y bien comprobada: la corrupción. Las elecciones tuvieron lugar en diciembre de 2015. El candidato designado por la coalición de izquierda, que debía proseguir el combate contra los fondos buitre, era el favorito según todas las encuestas. Pero finalmente fue derrotado por un político local de derecha. Éste había gastado sumas astronómicas para ganar la elección. Ni bien asumió su cargo, el nuevo presidente de Argentina, Mauricio Macri declaraba querer pagar sin retardo todas las demandas provenientes de los fondos buitre. ¡Y eso fue lo que hizo!
La prosperidad de los fondos buitre ilustra de manera caricaturesca el poder de la plutocracia. La acumulación de las mayores riquezas en manos de unos pocos, y por consiguiente la desigualdad que deriva, es posible gracias a la eliminación de la normativa estatal, la abolición del control a los bancos, la institución de monopolios privados, la proliferación de paraísos fiscales, etc. Dicha desigualdad conduce inexorablemente a la destrucción de la relación de confianza entre los ciudadanos y sus dirigentes. Cuando los Estados se debilitan y los oligarcas sin fe ni ley gobiernan el planeta, cuando un orden criminal sustituye al Estado de derecho, ¿Quién podría tener todavía la pretensión de proteger el bien público y el interés general?
Como escribe el sociólogo alemán Jürgen Habermas: "El desalojo de la política por el mercado se traduce en el hecho de que el Estado nacional pierde progresivamente su capacidad de recaudar impuestos, estimular el crecimiento y garantizar mediante esas medidas las bases esenciales de su legitimidad, no obstante esa pérdida no está compensada por ningún equivalente funcional […]. Enfrentados al riesgo de ver fugarse los capitales, los gobiernos nacionales se comprometen en una carrera loca hacia la desregulación para la disminución de costes, de donde resultan beneficios obscenos y diferencias inéditas entre los salarios, el crecimiento del desempleo y la marginación social de una población pobre siempre en aumento. A medida que las condiciones sociales de una amplia participación política son destruidas, las decisiones democráticas, aun adaptadas de un modo formalmente correcto, pierden su credibilidad".
Habermas plantea, siguiendo su razonamiento, la cuestión de transferencia de la soberanía: ¿Existen instituciones interestatales, capaces de tomar el relevo de los Estados debilitados y asumir la protección del bien público? Habermas piensa sobre todo en Europa. No estoy de acuerdo con él. Me parece evidente que la Unión Europea (UE) no puede aspirar al título de "democracia continental".
Tal como está organizada actualmente —y cualesquiera que hayan sido las ambiciones de sus fundadores— la UE es esencialmente un organismo de clearing, de coordinación y de potenciación de los intereses de las compañías transnacionales privadas. Numerosos signos lo acreditan, comenzando por el hecho de que la Comisión Europea esté, en la actualidad, presidida por Jean-Claude Junker, que asume hasta la caricatura su papel de buen servidor del capital transnacional. De 2002 a 2010, el hombre fue al mismo tiempo primer ministro de Luxemburgo, su ministro de Finanzas y presidente del Eurogrupo. En sus funciones negoció 548 acuerdos fiscales secretos, llamados tax rulings, con numerosas sociedades multinacionales bancarias, comerciales, industriales y de servicios. Esos tax rulings, como se les llama púdicamente, apuntan a favorecer la evasión fiscal.
Escribo estas líneas mientras centenares de miles de refugiados huyen de las carnicerías de las guerras de Siria, Irak y Afganistán. El 28 de julio de 1951 los Estados del mundo ratificaron la convención relativa al estatuto de los refugiados, llamada Convención de Ginebra, con la que se creó un nuevo derecho humano universal: el derecho de asilo. Quienquiera que esté perseguido en su país de origen por razones políticas, religiosas o raciales tiene el derecho inalienable de atravesar las fronteras y de presentar una demanda de protección y de asilo en un Estado extranjero. Pero, en estos momentos la Unión Europea está liquidando ese derecho. Se erigen muros, se impide que hombres, mujeres y niños que huyen de la tortura, la mutilación y la muerte puedan presentar una demanda de asilo. Habermas está equivocado. Evidentemente la UE no cumple la función de guardiana transestatal del bien público.
¿Qué pasa con la ONU? ¿Actúa mejor en esa cuestión?
Para abordar esas cuestiones, quiero colocarme bajo la autoridad de Antonio Gramsci y de su "optimismo de la voluntad". Ciertamente la ONU no va bien. También es cierto que uno se cruza en su sede con personajes infernales, detestables o malhechores. Y luego está esa legión de taciturnos burócratas, parásitos con salarios más que generosos. Toda esa gente, en la sombra, timorata, eternamente indecisa. Sin embargo, en su seno también se activan numerosas mujeres y hombres respetables, valientes y obstinados.
La ONU se mantiene potencialmente como la única fuente viva de la normalidad internacional. En sus predicaciones, a Lacordaire le gustaba citar esa evidencia, enunciada en El contrato social de Jean-Jacques Rousseau: "Entre el débil y el fuerte, es la libertad que oprime y la ley la que libera". Sí, los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos siempre serán el horizonte de nuestra historia, la utopía que guía nuestros pasos.
Unas últimas palabras sobre los fondos buitre. José Martí hacía esta constatación: "La verdad, una vez despierta, no vuelve a dormirse jamás". Paul Singer, a la cabeza de varios fondos buitre, ganó ciertamente contra el pueblo argentino y contra muchos otros pueblos de África, Asia y el Caribe. Pero él y sus semejantes fueron sacados de las sombras, puestos en evidencia. Se creó conciencia. Bajo las brasas acecha el fuego. Un día, otros llevarán el combate más lejos.
Jean Ziegler es sociólogo, miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es también autor de numerosas obras, entre las cuales: Los nuevos amos del mundo y aquellos que se resisten (Ed. Destino, 2003), El imperio de la vergüenza (Taurus, 2006); El odio a Occidente (Ed. Península, 2010) o Destrucción masiva (Ed. Península, 2012).
Traducción del francés por Griselda Piñero.
Fuente: https://elsaltodiario.com/fondos-buitre/naciones-unidas-plutocracia-contra-pueblo
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