Patrimonio Nacional reconoció en 2017 el derecho de los denunciantes a trasladar los restos
Un total de 12 personas con familiares enterrados en Cuelgamuros han denunciado al Prior Santiago Cantera Montenegro, abad del Valle de los Caídos por negarse a exhumar los restos de los hermanos Lapeña tal y como dictaminó un juzgado hace a casi tres años.
En 2015, Purificación Lapeña, nieta y sobrina nieta de los fusilados inició un procedimiento por la vía civil en el juzgado de la localidad madrileña de El Escorial que terminó dándole la razón para poder exhumar los restos de sus familiares. Ante el incumplimiento del fallo judicial por parte de las autoridades de la abadía, la familia Lapeña volvió a pedir amparo en junio de 2017 a Naciones Unidas por vulneración reiterada del derecho a la tutela judicial efectiva para exhumar los restos de los fusilados.
En junio de 2017, Patrimonio Nacional dirigió una resolución a la abadía benedictina reconociendo el derecho de los denunciantes a trasladar los restos de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás, y de las peticiones de exhumación de Pedro Gil Calonge y Juan González Moreno. Patrimonio Nacional también resolvió que se trata de una sepultura de cementerio público y no religioso.
En las denuncias, se acusa al Prior administrador de la Abadía de Santa Cruz, de la comisión de un delito de atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos y de la resistencia y desobediencia.
En la causa, llevada por el abogado Eduardo Ranz, se pide que se condene al Prior a “disculparse cristianamente y civilmente con las víctimas del franquismo; a que sea condenado a realizar trabajos de exhumación a pie de fosa; a entrevistarse con familias víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista; así como a estar presente en una entrega de restos mortales a las familias represaliadas”.
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