Por qué un proceso constituyente y no una reforma constitucional (I)
Con el 34 aniversario de la Constitución Española (CE) se ha abierto públicamente en España, y con gran apoyo mediático, el debate para abordar la reforma que la Constitución de 1978 necesita. ¿Reforma constitucional o proceso constituyente? ¿Y por qué ahora? Ya estamos inmersos en un proceso constituyente antisocial y antidemocrático. Sin reconocimiento explicito para marginar de su debate a la ciudadanía, y con el objetivo claro de adaptar las normas supremas de las legislaciones de los diferentes Estado-nación a las nuevas condiciones de acumulación del capital en un sistema-mundo capitalista agónico que irremediablemente camina hacia su autodestrucción, agotamiento financiero, decadencia global y expansión parasitaria que devora y destruye el medioambiente y pone en peligro de supervivencia a la propia humanidad. Es un proceso mundial, aunque dentro del Estado-nación Reino de España las oligarquías económicas y sociales dominantes quieran reducirlo a una cuestión doméstica y de simple confrontación dialéctica bipartidista que les permita desnaturalizar el verdadero y necesario debate.
Las tres funciones esenciales que ha de cumplir toda Constitución, y que ya no cumple en España la de 1978 ni ninguna de las europeas integradas en la zona euro por los cambios que se han producido, son:
- Dar legitimidad a todos los Poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) y en todos los ámbitos territoriales (Admón. Central, Autonómica y Local)
- Configurar el Estatuto de ciudadanía, con los derechos y deberes individuales, de participación política, social y económica. La soberanía reside en esta ciudadanía.
- Ser la Ley suprema que consagra el Estado de Derecho. Ningún Poder de Estado está sobre la Constitución.
Los derechos y deberes de la ciudadanía son violentados día tras día. Derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, educación, pensión y a la protección en el desempleo, que son amparados constitucionalmente por el segundo párrafo del Art. 10 de la CE que incorpora la Declaración de los Derechos humanos, y que, en mi opinión, entra en franca contradicción con la modificación introducida en el Art. 135 en la medida en que los hace inviables. La soberanía en la práctica ha dejado de residir en la ciudadanía.
La última encuesta del CIS destaca que el 52,5% de la ciudadanía española está insatisfecha con la CE y que más de dos tercios lo están con el funcionamiento de la democracia en España. Una comunidad se basa en el consentimiento de quienes la integran y se convierte en ingobernable sin este ya que pierde toda legitimidad. Hemos sido la ciudadanía quienes hemos abierto este debate en las asambleas del 15M, con la exigencia de Democracia Real Ya, en diciembre de 2011 en Sevilla, en el primer encuentro estatal en Cádiz el 17 y 18 de marzo y en Madrid el 13 de octubre de 2012. En la ponencia política y los debates abiertos para la X Asamblea estatal de IU la necesidad de un proceso constituyente es uno de los puntos esenciales, incorporando al mismo a un partido con representación en las instituciones y gobernando en ayuntamientos y Comunidades autónomas. Y es en este contexto donde hay que responder a la pregunta de por qué ahora se habla de la necesaria reforma constitucional, que obviaron incluso cuando la hicieron con la modificación exprés del Art. 135 en pleno agosto de 2011 y en menos de quince días. Lo abren sólo para intentar controlar su alcance y contenido cuando este proceso ya es imparable. Fernando Moreno Bernal. ATTAC Andalucía en Cádiz.
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