La corrupción toca techo en el Estado español mientras los españoles se empobrecen en la peor de las miserias y pagan cada vez más impuestos, les recortan y pierden sus derechos fundamentales y se les aporrea, se les tortura, se les reprime policiacamente y se les priva de su más santo derecho a protestar contra un gobierno que es una sangría para los ciudadanos, donde las clases pudientes se forran cada día y se hacen multimillonarios con corrupciones, con sueldos de infamia, con sobresueldos, comisiones, dinero negro etc. Hace falta una Asamblea Constituyente con urgencia, para que con nuevas reglas de juego, podamos construir una verdadera democracia, y poder salir de este infierno.

La corrupción toca techo y el empobrecimiento general se hace insoportable. El tinglado se cae

Andrés Martínez Lorca, Rebelión

Desde mayo de 2010 en que el entonces presidente Zapatero abrió la veda de los recortes masivos, no ha habido semana en que los gobernantes de turno, antes del PSOE y ahora del PP, hayan dejado de cercenar los derechos sociales, los salarios y las inversiones públicas. Y todo para salvar a los bancos, culpables de la crisis económica. Una mezcla de resignación y de autoengaño ha llevado a muchos a la pasividad ante la voracidad insaciable del capital financiero y los desmanes constantes de sus intermediarios en el poder político. Buena parte de la culpa recae en la mentira oficial de “los brotes verdes” pregonada por Elena Salgado, exministra “socialista”de Economía y Hacienda y actual consejera de Endesa en Chile, y en la falaz promesa de “la luz al final del túnel” repetida un mes sí y otro también por don Guindos, actual ministro de Economía, exconsejero de Endesa e ideólogo de FAES. En paralelo a la sistemática destrucción de lo público planificada por los organismos de la Unión Europea y el FMI, y aplicada con rigor por ministros y consejeros autonómicos, se va destapando cada día la olla de la corrupción. Señalemos sólo los últimos casos que han saltado a la luz pública: imputación de Carlos García Revenga, extesorero del Instituto Nóos (creado por el duque de Palma, Iñaki Urdangarín) y ligado a la Casa Real desde hace 20 años como secretario y asesor de las infantas (el palacio de la Zarzuela guarda todavía un embarazoso silencio y la infanta Cristina acaba de declarar que “estaba muy afectada” por ello); descubrimiento por la Audiencia Nacional de una cuenta bancaria abierta en Suiza por Luis Bárcenas, extesorero del PP y exsenador por este partido, cuyo saldo llegó a alcanzarla cifra de 22 millones de euros; imputación de Manuel Bustos, alcalde “socialista” de Sabadell por cohecho y tráfico de influencias en la denominada Operación Mercurio; sentencia condenatoria emitida por la Audiencia de Barcelona que declaró la responsabilidad civil subsidiaria de Unió Democrática de Cataluña (UDC), presidida por el diputado democristiano Durán y Lleida, en el Caso Pallerols al constatar que hubo "aportaciones directas al partido".
Para no alargarnos más y morir no de indignación sino de aburrimiento, indiquemos que, de acuerdo a cálculos fidedignos, más de 300 políticos españoles están imputados en casos de corrupción a lo largo y ancho del territorio del Estado. Según un reciente despacho de la agencia Europa-Press, los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la administración y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno, como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales. Además, se están llevando a cabo investigaciones sobre la gestión de distintas entidades financieras, como Bankia o la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), de cuyos consejos de administración formaban parte diversos políticos.
Las acusaciones de corrupción alcanzan de lleno a la dirección del PP
Tras la difusión de las andanzas de Bárcenas por tierras de Suiza y Argentina como un aparente inversor de éxito y un señalado evasor de capitales beneficiado por la reciente amnistía fiscal, en contra de lo que declaró en su momento Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, conocemos hoy en una meritoria exclusiva del diario El País las cuentas manuscritas de los tesoreros del PP desde el año 1990 al 2008. La práctica totalidad de la cúpula de este partido de la derecha española, incluido el actual jefe de gobierno, Mariano Rajoy, estaría implicada en el cobro de importantes cantidades de dinero sólo anotadas en unas cuentas secretas. También están apuntadas las aportaciones al PP de conocidos empresarios, en especial del sector de la construcción tan ligado al llamado “pelotazo del ladrillo”, es decir, a la galopante y protegida especulación inmobiliaria que contribuyó de manera decisiva a la ruina del país.
La negación rotunda de tales corruptelas por parte de la dirección del PP no hace sino arrojar más dudas sobre este siniestro episodio que raya en lo incalificable por su gravedad. Sólo el presidente del Senado, Pío García Escudero, ha reconocido que su anotación era correcta aunque él habría devuelto el supuesto préstamo. Podríamos hacernos algunas preguntas al respecto. Si están tan seguros, ¿para qué van a realizar una auditoria interna y externa de su contabilidad? ¿No se reconocieron en vía judicial las irregularidades cometidas en el pasado por el extesorero del PP Rosendo Naseiro, aunque se acabó dando carpetazo al proceso sólo por defectos de forma? ¿Por qué el único condenado hasta ahora en el Caso Gürtel ha sido el juez Garzón que investigó la trama? Si Luis Bárcenas actuó correctamente y no hubo ni financiación irregular, ni sobresueldos en dinero negro, ¿por qué reniegan ahora de su extesorero y lo tratan como a un apestado, después de haber tenido despacho en la sede de Génova hasta hace una semana?
No puede admitirse que en una pirueta de cara a la galería el propio PP garantice su honestidad con una auditoría encargada por ellos o mediante una comisión parlamentaria que, controlada por ellos mismos, eche tierra al asunto.
Ante la extrema gravedad de las acusaciones, la ciudadanía tiene derecho a exigir una actuación rápida y a fondo por parte de los tribunales de justicia así como un debate sobre el tema en el pleno de la Cámara de Diputados, tal como ha pedido con toda razón el diputado de IU Cayo Lara. De no ser así, el gobierno debe dimitir y convocar elecciones generales para que el pueblo haga frente a un doble enemigo interno: una política económica que aplasta a las clases populares y una corrupción generalizada que socava las bases del sistema democrático.
La transición política del franquismo a la monarquía borbónica ha mostrado en los últimos años su esterilidad y agotamiento. El tinglado levantado con esmero por los poderes fácticos y apoyado sin escrúpulos por algunos pretendidos dirigentes de izquierda, se cae a pedazos de arriba abajo. Los trabajadores, los jóvenes, los campesinos, los jubilados y hasta las clases medias y los pequeños empresarios están hartos de la palabrería de un régimen que no respeta su propia Constitución y de unos polìticos que en su inmensa mayoría sólo sirven los intereses creados de los poderosos.
Antes de que sea demasiado tarde y arda la ira popular, el poder judicial y el parlamento, cada uno en su ámbito, tienen que cumplir con su deber constitucional y atajar sin contemplaciones la raíz misma del mal social y político que ahoga a la sociedad en su conjunto, “caiga quien caiga” como dijo María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, en un alarde retórico sin pensar en aplicarse ella misma la receta.