¿Pude existir el capitalismo sin corrupción? Sólo los beneficiarios del sistema puede creerlo.

¿Puede existir el capitalismo sin corrupción? Sólo los beneficiarios del sistema pueden creerlo

Escrito por Beatriz García   

En estos días hemos asistido a la explosión del caso Bárcenas, la trama de corrupción desvelada desde las páginas de El Mundo y El País, en la que se apoyaba la supuesta financiación ilegal del PP en los últimos veinte años, así como el cobro de sobresueldos de dinero negro procedente de empresarios, especialmente contratistas, por parte de miembros de la más alta dirección del partido, incluido el presidente del gobierno Mariano Rajoy. Todo esto se desprende de los ya famosos papeles de Luis Bárcenas (el que fuera tesorero del PP durante 18 años hasta su implicación en el caso Gürtel) filtrados a la prensa, en los que se recoge la supuesta contabilidad “B” del PP. La veracidad de estos documentos cobra mayor fuerza cuando algunos dirigentes del PP, como García Escudero, Jaime Ignacio del Burgo o Santiago Abascal Escuza han reconocido como ciertos los apuntes contables en los que aparece su nombre. Pero, ¿es el caso Bárcenas un hecho aislado, o refleja algo más sobre lo que la corrupción  representa dentro del funcionamiento habitual del sistema capitalista?

Poder económico y poder político; dos caras de la misma moneda

En su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo, Lenin aborda un hecho incuestionable a la luz de la crisis actual, que el Estado capitalista y los gobiernos representan directamente los intereses de los grandes monopolios económicos, en los que el capital industrial se encuentra totalmente fusionado con el capital financiero. Lenin recurre a una cita del economista alemán Jeidens para subrayar esta verdad: “la unión personal de los bancos y la industria se completa con la unión personal de ambos con el gobierno. Los puestos en los consejos de administración son confiados voluntariamente a personalidades de renombre así como a algunos funcionarios del Estado, los cuales pueden proporcionar no pocas facilidades en las relaciones con las autoridades…”.
Basta observar la carrera profesional de la mayoría de los miembros más destacados de los distintos gobiernos que se han sucedido en los últimos años, tanto socialdemócratas como de derechas, para evidenciar los vínculos directos entre el poder económico y el político. Personas que, cuando terminan sus servicios en el aparato del Estado, pasan a ocupar posiciones de mando en las grandes empresas privadas, revelando la fusión completa del aparato estatal con los grandes monopolios. Algunos ejemplos procedentes de las filas socialdemócratas son: Felipe González en Gas Natural, Javier Solana en Acciona, Elena Salgado y Pedro Solbes en Endesa. Por parte del Partido Popular, igual: José María Aznar en Endesa, Ángel Acebes en Iberdrola, Ana Palacio en HC Energía, Eduardo Zaplana y Rodrigo Rato en Telefónica… Una lista que asciende a centenares de nombres.  Las empresas dominan a través de sus testaferros.

Volviendo al caso Bárcenas, los papeles hechos públicos hasta ahora señalan que hasta 7,5 millones de euros, fueron entregados al PP en donativos de empresarios. Echando un vistazo rápido podemos ver, por ejemplo, la relación directa entre los donantes que aparecen y las concesiones para la construcción de hospitales, encargados por los gobiernos del PP a distintas constructoras. En esta lista de donantes aparecen, entre otros, Luis de Rivero, presidente entre 2004 y 2011 de Sacyr Vallehermoso; Juan Miguel Villar Mir, ministro durante el franquismo y actual presidente de la constructora OHL; o José Mayor Oreja, hermano de Jaime Mayor Oreja, el que fuera ministro de Interior en el gobierno de Aznar, y presidente de FCC. Estos tres donantes aportaron, según los recibos encontrados, 1.075.000 euros; sin embargo, los cobros que estos tres donantes obtuvieron de canon por las concesiones hospitalarias que lograron a treinta años, ascienden a 1.767,6 millones de euros. En total, las constructoras reseñadas en la lista Bárcenas tenían al menos ¡¡6.600 millones de euros en obra pública en los años de las donaciones!!.

Lo que el caso Bárcenas pone sobre la mesa es precisamente ese saqueo constante de las arcas públicas por parte de multinacionales que imponen su poder económico utilizando el poder político como brazo ejecutor. Lo que en esta ocasión aparece como un escándalo “ilegal”, es lo que “legalmente” se produce un día tras otro dando lugar a negocios espectaculares de las grandes empresas con los administradores del dinero público a través, por ejemplo, de la privatización de la sanidad y la educación pública, del pago de cientos de miles de millones de euros en el pago de intereses de la deuda, o, simplemente de la licitación de miles de concursos a empresas privadas de todo tipo.

Los testaferros del capital en el gobierno, en todo caso, actúan ahora con mayor impunidad si cabe. Lo ocurrido con el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, que dimitía recientemente como consejero de Unilabs, la empresa que bajo su mandato consiguió la gestión de los análisis clínicos de Madrid tras la privatización, impulsada por él mismo, de dicho servicio, es un claro ejemplo. Igual que las decisiones políticas de privatización de hospitales en Madrid o Castilla- La Mancha, adoptadas por Ignacio González y Cospedal respectivamente, que pueden hacer ingresar a la multinacional CAPIO, primer operador privado de la salud pública española y cuyos beneficios provienen ya en un 70% de dinero público de las CCAA, la friolera de 400 millones de euros anuales.

¿Se puede regenerar “democráticamente” el Estado capitalista?

Marx y Engels se refieren en El Manifiesto Comunista al gobierno del Estado como  “una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”. Los grandes bancos y los monopolios tienen lazos muy estrechos con los gobiernos nacionales y están íntimamente relacionados con el Estado que los protege, subvenciona y les proporciona importantes mercados para sus productos.

Los últimos casos de corrupción no hacen más que desnudar esta realidad que la burguesía intenta que pase totalmente desa-percibida, para así salvaguardar de forma más eficaz sus intereses como clase. A la burguesía le gusta parapetarse en instituciones con apariencia neutral, pero escándalos como el del Caso Nóos y la reciente imputación de Carlos García Revenga, secretario de las Infantas, por su presunta implicación en la trama liderada por Iñaki Urdangarín y Diego Torres, a través de la cual captaban y posteriormente desviaban fondos públicos, llaman la atención sobre lo que realmente representan las instituciones fundamentales del Estado para la defensa de los intereses del capital, y su entrelazamiento completo.

 
Este carácter de clase del Estado es el que convierte en imposible que, lo que viene siendo una parte inherente del funcionamiento del capitalismo, se pueda solventar con “medidas de control” que puedan tomar las propias instituciones capitalistas. Parlamento, órganos judiciales… De hecho, el famoso Tribunal de Cuentas, mencionado hasta la saciedad por los miembros del PP en las últimas semanas para así tratar de justificar que su contabilidad se ajusta a la ley, está formado por consejeros designados por los propios partidos políticos y especialmente por aquel que cuenta con la mayoría en el Parlamento. Así se entiende que, entre los miembros de este “alto” Tribunal figure Manuel Aznar López, hermano de José María Aznar. Pero por si esto fuera poco, el Tribunal de Cuentas analiza las finanzas de los partidos a cinco años, ¡y los delitos prescriben a los cuatro años! El propio Ubaldo Nieto, expresidente del Tribunal de Cuentas, ¡aparece como donante del PP en las notas contables de Bárcenas!

Otro tanto sucede con la llamada Ley de incompatibilidades, que obliga a los miembros del gobierno y los altos cargos de la administración del Estado a hacer públicos sus bienes y patrimonio, exige dedicación exclusiva al cargo político, y establece limitaciones patrimoniales; pero los límites de esta Ley son evidentes partiendo de la base de que se acepta que se tengan intereses privados en el sector vinculado a su cargo público, y que además la declaración de bienes y patrimonio tiene el carácter de voluntario en el caso de las parejas o cónyuges.
No falta tampoco quien desde la derecha, concretamente Cospedal, propone demagógicamente que los parlamentarios no tengan salario y vivan de su actividad profesional. Esto lo dice la misma Mª Dolores de Cospedal que cobra al año 240.000 euros por ser secretaria general del PP y por ser presidenta del PP en Castilla-La Mancha. Que nadie se lleve a engaño. Detrás de estas propuestas está el intento de hacer de la representación política un coto exclusivo de las élites, como sucedía en la España del siglo XIX, en la que solo los grandes propietarios podían ser electos parlamentarios o concejales. Y es esto precisamente lo que, de una u otra forma, la derecha pretende, vetar la política a la clase trabajadora y garantizar de hecho el poder para quienes controlan la economía de manera más directa, como sucede en EEUU, donde con la medida aparentemente democrática de que las donaciones para las campañas electorales son públicas, se ha legalizado de hecho la presión de los lobbys que financian con cantidades multimillonarias a los dos grandes partidos.
La única manera de luchar contra la dictadura del capital financiero y su dominio de la política, contra la podredumbre de las instituciones y la corrupción generalizada, no es apelando a una supuesta “regeneración democrática” impulsada, parece ser, por los mismos partidos que aceptan a pies juntillas las reglas del capitalismo. La vía es otra: luchar de manera consciente y organizada para acabar con el poder de los grandes monopolios, expropiando a la banca, a las multinacionales, poniendo las palancas fundamentales de la economía bajo el control democrático de la mayoría de la población; y poner fin a una representación política que es un fraude antidemocrático, sustituyéndola por la democracia directa, socialista, en la que todos nuestros diputados y concejales sean elegibles y revocables en todo momento, y en la que ningún representante pueda tener un salario mayor al salario medio de un trabajador. El ser social determina la conciencia, y no se puede defender ni representar a la clase trabajadora, a la mayoría de la sociedad, viviendo como un burgués, o siéndolo directamente.