[Los gobiernos del capital protegen a los suyos] España ha indultado a 42 condenados por torturas y a 214 por malversación desde 1996

La Fundación Ciudadana Civio ha puesto en marcha El Indultómetro, una página web en la que todas y cada una de estas medidas de gracia concedidas desde 1996 están clasificadas, pormenorizadas y a disposición de quien quiera consultarlas.

Las polémicas que acompañan a los indultos más sonados (Sáenz, los cuatro mossos condenados por torturas, el reciente al conductor kamikaze) suelen venir de la mano de recuentos, balances y números más o menos metódicos y más o menos rigurosos. La base con la que trabajar no es la mejor del mundo: la única información que tenemos sobre los indultos es el Real Decreto firmado para cada uno de ellos y publicado en el BOE. Su recuento, análisis y clasificación no es tarea fácil. Hasta ahora. La Fundación Ciudadana Civio ha puesto en marcha El Indultómetro, una página web en la que todas y cada una de estas medidas de gracia concedidas desde 1996 están clasificadas, pormenorizadas y a mano para que cualquier ciudadano interesado pueda conocer y bucear entre los datos de una manera rigurosa.
La web permite realizar búsquedas por delitos y por comunidades autónomas para descubrir, por ejemplo, que entre los 10.158 indultos que se cuentan desde 1996, 65 son a condenados por delitos de prevaricación, 214 por malversación de caudales públicos (15 de los penados lo fueron en Cataluña y 13 en la Comunidad Valenciana, por ejemplo), 42 por tortura, 168 por homicidio y 31 por asesinato (ya sea consumado o en grado de tentativa). La búsqueda por comunidades autónomas, además de ubicar las sentencias de los agraciados y así poder estrujar un poco más los datos, desvela -en la categoría otros- que 37 de los indultados durante estos 16 años habían sido sentenciados en el extranjero.
Entre los delitos que más han recibido la prerrogativa de gracia se encuentran los robos (2.527) y los delitos contra la salud pública (2.853), los mismos que lideran los ránkings de sentencias condenatorias. Pero también han reservado un lugar para los delitos menos comunes, para agrupar aquellos casos que más titulares provocaron. Ordenados y contextualizados de forma cronológica, van del indulto a Vera y Barrionuevo hasta el que se concedió al conductor que, circulando en dirección contraria, acabó con la vida de un hombre.
El gráfico, que abarca los gobiernos de Aznar, Zapatero y Rajoy, permite detectar los dos picos más abultados: en 1998 se concedieron 1.582 indultos y en el año 2000, gracias al indulto masivo a 1.328 presos -entre los que se encontraba el juez Javier Gómez de Liaño- se otorgaron 1.744 medidas de gracia, el récord absoluto. Ambas cifras corresponden a la época de gobierno de José María Aznar.
La ley no exige a los gobernantes que justifiquen o argumenten la concesión de este derecho. El único requisito en aras de la información pública pasa por publicar un Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que incluye el nombre del indultado; la condena y cuándo y donde fue dictada; si el indulto es parcial, total o una conmutación por otra pena menor; y las condiciones que, en la mayoría de casos, implican que el agraciado no cometa ningún delito doloso en un plazo concreto de tiempo. Los responsables del proyecto, Juan Elosua y David Cabo, escurren esa información escasa, aislada y poco reutilizable para crear la primera base de datos utilizable sobre el tema. La base de datos, el buscador y los gráficos permiten visualizar los indultos totales por año, los concedidos para un tipo de delito concreto, así como acceder a la fuente original, la publicación del Real Decreto en el que se firmó la concesión de la gracia.
No es la primera vez que Civio. una organización sin ánimo de lucro que trabaja por fomentar la transparencia y la apertura de datos, pone en marcha un proyecto para acercar informaciones complejas a la ciudadanía de una manera clara. Esta fundación está detrás de proyectos como ¿Dónde van mis impuestos?, España en llamas y, junto a Access Info Europe, ha puesto en marcha la plataforma Tu derecho a saber, que permite a cualquier persona lanzar una pregunta a las administraciones públicas.