Embargo por derechos humanos: la
perversión mediática del quid
pro quo en el diálogo
Cuba-EEUU
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José Manzaneda, coordinador de Cubainformación.- Pocos periodistas en la
gran prensa escrita española superan la arrogancia, ignorancia y odio contra la
Revolución cubana de la redactora del diario ABC Carmen Muñoz (1). En un
reciente texto, titulado “El embargo y los derechos humanos, los grandes
obstáculos de las relaciones Cuba-EEUU”, analizaba dicho proceso de diálogo,
que acaba de cumplir un año (2). Con una conclusión explícita: “Los pasos de
Obama para relajar restricciones no han tenido la respuesta correspondiente de
Castro”.
El ABC hacía así una defensa de la llamada diplomacia “quid pro quo” –es
decir, ceder para obtener cesiones- que Cuba debería practicar, como lo está
haciendo –nos dice- EEUU (3). Pero este esquema negociador se aplica solo en
relaciones internacionales equilibradas, simétricas. ¿Qué sanciones –qué
bloqueo- impone Cuba a empresas o ciudadanos estadounidenses? ¿Qué territorio
ocupado –qué “Guantánamo”- tiene Cuba en EEUU? ¿Con cuántos millones financia
Cuba a medios de comunicación, partidos o candidatos “disidentes” en EEUU para
imponer un orden constitucional socialista (4)?
La tesis del ABC es la de la ultraderecha más rancia: EEUU solo debería
aflojar el cerco económico a la población de la Isla, si el Gobierno cubano
cambia su ordenamiento político interno. “El mayor obstáculo –nos dice la
periodista Carmen Muñoz- es la insistencia de Castro en que su país `no
renunciará a (sus) principios e ideales (…)´, mientras Obama reitera: `siempre
defenderemos los derechos humanos y los valores universales que apoyamos en
todo el mundo´”. Es obvio: el régimen que ha invadido o atacado 149 países, que
tiene hoy la mayor población carcelaria del mundo, que ha practicado de manera
legal la tortura en los últimos años (5), cuya policía da muerte a dos personas
al día (6), y donde 125 personas fallecen –también cada día- por no existir un
sistema gratuito de salud pública… no solo tiene la monumental caradura de
presentarse como el valedor de los derechos humanos en Cuba. Además, cuenta con
un ejército de periodistas mercenarios en todo el mundo –como Carmen Muñoz- que
repiten sus mentiras y defienden sus barbaridades.
Para ello, esta redactora cita a “observadores” o “analistas”, una suerte de
jueces imparciales anónimos. Nos dice, por ejemplo, que en el diálogo hay
“mejor voluntad por parte estadounidense que cubana, (según) coinciden
distintos observadores”. O que “distintos analistas consideran al régimen
(cubano) como único responsable de la situación económica del país y el embargo
una excusa para su inmovilismo”.
Y cuando conocemos el nombre de estos “analistas”, todos –sin excepción- son
representantes del establismenth bipartidista estadounidense (7).
Aunque siempre con una clara preferencia: la ultraderecha militarista de Miami.
Es el caso de Jaime Suchlicki, director del Instituto de Estudios Cubanos y
Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, sufragado –igual que la
“disidencia” cubana- con millones de dólares de los fondos federales (8), y que
defiende a ultranza el poderío militar de EEUU en el mundo (9).
Mientras los medios españoles sigan siendo propiedad de los grandes
capitales –bancarios, inmobiliarios y de otros sectores- periodistas como
Carmen Muñoz seguirán llevando a la opinión pública –sin oposición alguna- un
mensaje perverso: que EEUU tiene derecho a intervenir en la política de Cuba y
de otros países del mundo (10). Todo seguirá igual mientras no existan leyes
que amparen el derecho a la comunicación de quienes –precisamente por
denunciarlo- siguen sufriendo la censura de sus opiniones (11).
¿Habrá alguna fuerza política española con la suficiente valentía para
encarar, de una vez por todas, este debate?
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