El rey Felipe VI, condecorado en Arabia Saudí. EFE
“Si no lo hacen unos, lo van a hacer otros”, aseguraba el ministro de Economía, Luis de Guindos, el pasado mes de enero en defensa de la estrategia comercial de España y sus acuerdos con las petromonarquías del Golfo. Por esas mismas fechas, una semana después de que diera inicio la controvertida última visita del rey Felipe VI a Riad, De Guindos admitía abiertamente que ignoraba “las circunstancias específicas de Arabia Saudí en derechos humanos”. Y, lo que es todavía peor, que éstas pesaban poco o nada en el diseño de la llamada diplomacia económica de los Gobiernos del PP.
A todos los efectos, las afirmaciones del ministro eran una descripción casi perfecta de la lógica contradictoria que ha animado la actividad exterior de la Casa Real y la política comercial española durante las últimas legislaturas, basada –a imitación de la franquista– en el cortejo sistemático de las peores dictaduras del planeta y en la búsqueda de oportunidades de negocio en entornos geoeconómicos abiertamente hostiles a las formas más básicas de respeto a los derechos humanos, con especial predilección por el Magreb, Oriente Próximo y, mucho más recientemente, Asia Central.
Al igual que hicieran Aznar, Zapatero o, mucho antes, Franco, los gobiernos de Rajoy y la Casa Real no han reparado en medios –ni en escrúpulos– con la esperanza de ganar contratos cuestionables para España, siempre en el nombre de esos mismos razonamientos de que lo que es bueno para el empleo no debería ser puesto en entredicho con objeciones de tipo humanitario.
Los amigos del Golfo
Las tres últimas visitas oficiales del reinado del rey emérito fueron, por este mismo orden, a Omán, Bahrein y Arabia Saudí, a donde ha regresado en varias ocasiones tras su retiro. Siete veces en total fueron visitados oficialmente los amigos wahabitas de Riad por Juan Carlos I, y muchas más el resto de vecinos de la península arábiga. Fueron con diferencia, los más frecuentados por el monarca.
Hasta el mismo día de hoy, Arabia Saudí ha seguido ocupando un lugar preferente en las agendas de la diplomacia económica de Margallo y del actual ministro, Alfonso Dastis. Lo que se halla en juego ahora es la adjudicación de la construcción de cinco corbetas a la empresa española Navantia. En última instancia, esta cuestión ha dividido incluso a los responsables de Podemos, cuya candidatura de Cádiz defiende abiertamente la concesión de ese contrato, en contra del criterio general de su partido y de otras formaciones como ERC o la CUP.
Tampoco la franquista tradición de cortejar a las monarquías absolutas del golfo Pérsico fue recuperada para España por los gobiernos populares. El presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero terminó su mandato concediendo en 2011 el collar de Isabel la Católica -una de las tres mayores distinciones civiles otorgadas por España- al jeque de Qatar Hamad Bin Khalifa al Thani y a la jequesa Mozhah Bint Nasser.
A nadie se le escapó en su día que esta distinción creada por Fernando VII para "premiar la lealtad acrisolada y los méritos contraídos en favor de la prosperidad de aquellos territorios" les fue otorgada a los jeques de Qatar a cambio de su compromiso de invertir 3.000 millones de euros en el país. Visto de ese modo, ese era, a juzgar por Zapatero, el precio en el mercado de la condecoración, de acuerdo a la cotización a la baja, en plena recesión, de 2011.
Durante ese mismo año, un informe elaborado por el CNI alertaba de que seis eran los principales países árabes que patrocinan a las comunidades de musulmanes españoles: Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos. Ese tipo de advertencias nunca disuadieron a los gobernantes españoles de modificar su posición respecto a los opulentos dictadores de Oriente.
Cheque en blanco
El principal problema que el Centro Nacional de Inteligencia detectó en aquel momento fue la total falta de control sobre esos flujos financieros. En otras palabras, ni los saudíes ni el resto de mecenas magrebíes y wahabitas tuvieron siempre claro a quién daban su dinero. Ni los gobiernos socialistas, primero, ni el Partido Popular, después, pusieron entonces sobre la mesa de sus negociaciones económicas bilaterales con Arabia Saudí o Qatar el controvertido asunto de la financiación de las comunidades islámicas españolas, pese a que se sabía ya con absoluta certeza los vínculos y simpatías de ambos países con diferentes grupos de salafistas yihadistas. Por aquellas fechas comenzó a emitir desde Madrid la cadena Córdoba TV, gracias al dinero de otro wahabí de Arabia, y con las bendiciones del PP.
El collar y la gran cruz de Isabel la Católica fueron también concedidas por España en 1981 a otros cuatro miembros de la familia real y los gobiernos de Bahrein, EAU y Arabia Saudí. Otra distinción civil -la de la Orden de Carlos III- fue concedida en 2008 al sultán Bin Abdul Aziz al-Saud, príncipe heredero de Arabia Saudí, y al jeque Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, emir de Dubái y vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos. Tres años antes, en 2005, le había sido otorgada al actual rey de Marruecos, Mohammed VI, y en 1981, al rey saudí Jalid bin Abdel Aziz. En enero de este año, fue Felipe VI quien se inclinó, con respeto reverente, ante el rey de Arabia Saudí para recibir la máxima distinción que otorga ese país.
La Real y Distinguida Orden Española de Carlos III -la más importante de cuantas existen- fue establecida por el monarca homónimo mediante real cédula del 19 de septiembre de 1771 con el lema latino Virtuti et merito, con la finalidad de condecorar a aquellas personas que hubiesen destacado especialmente por sus buenas acciones en beneficio de España y la Corona. A juicio de socialistas y populares, no hay duda de que los saudíes y sus vecinos salafíes las merecen, sin perjuicio de que todos esos miembros de las dinastías absolutas de cuya amistad se vanagloria el rey emérito hayan sido partícipes de crímenes equiparables a los cometidos por el Estado Islámico.
En el peor de los casos, la perversidad intrínseca de la agenda exterior de buena parte de los estados occidentales ha prestado espléndidas coartadas a los gobiernos españoles para salir de pesca por las leoneras más sórdidas de poder autoritario del planeta. Una mano lava la otra.
En Inglaterra cayó la popularidad del príncipe Harry y su novia por ir a una estación de esquí en el dictatorial Kazajistán
Hace algo más de un mes, el dictador kazajo Nursultán Nazarbáyev pasó a formar parte de la lista de tiranos condecorados por Españadurante un acto organizado en Astaná, capital de Kazajistán. Fue la presidenta del Congreso, Ana Pastor, la que entregó personalmente al dictador el collar de la Orden de Isabel la Católica en nombre de Felipe VI, quien se la había concedido el 23 de junio.
A principios de 2014, el príncipe Harry de Inglaterra y su entonces novia Cressida Bonas fueron el blanco de las críticas de los tabloides británicos, tras una escapada romántica a una estación de esquí kazaja. Ni siquiera llegaron a entrevistarse con ningún miembro del Gobierno y, sin embargo, su popularidad cayó en picado porque sus compatriotas no entendían que hubieran elegido el territorio de una de las peores dictaduras del Asia Central para sus escarceos románticos.
Nada de eso sucedió en España el mes pasado, de modo que el zar kazajo Nazarbáyev –otro recordman mundial de las violaciones de derechos humanos– recibió la distinción en loor de multitudes, sin que una sola voz española se alzara en contra de semejante decisión. Lo cierto es que la concesión del collar era la culminación de una larga y meditada estrategia de apertura comercial española a los países más oprimidos por poderes autoritarios del Asia Central, inaugurada por un ministro socialista.
"Hay que agradecer el acercamiento a los buenos oficios de Juan Carlos I y a su amistad con Nazarbayev"
En efecto, no fue el popular García-Margallo, sino Miguel Ángel Moratinos quien emprendió hace ahora diez años una visita por Uzbekistán y Kazajistán que terminó sentando las bases de las futuras relaciones españolas con los déspotas de las estepas asiáticas. "Hay que agradecer el acercamiento a los buenos oficios de Juan Carlos I y a su amistad con Nursultan Nazarbayev", dijeron en su día los comentaristas monárquicos de la época, asumiendo de ese modo que la principal función del rey es flirtear con los villanos.
Además de a Narzabayev, Moratinos cortejó durante su primera visita a Asia Central, en junio de 2011, al despiadado autócrata bielorruso Alexandr Lukashenko y al uzbeko Islam Karimov, fallecido en septiembre de 2016, y, durante 27 años, cabeza visible de un régimen acusado de torturar, intimidar y asesinar a disidentes políticos.
Medalla del Mérito Civil para el tirano uzbeko Karimov
Seis mil quinientos opositores fueron encarcelados por el régimen de Karimov y alguno fue incluso cocinado vivo. Entre 10.000 y 100.000 mujeres fueron esterilizadas hasta abril de 2012 mientras miles de niños eran forzados a trabajar en campos de algodón, lo que no fue óbice para que, también Karimov –incluido por la ONG Freedom House entre “lo peor de lo peor” de los villanos mundiales– recibiera el collar del Mérito Civil, una distinción creada en 1926 por el bisabuelo del rey de España (Alfonso XIII) para premiar "las virtudes cívicas de los funcionarios al servicio del Estado”.
Cierto es que semejante distinción le fue concedida trece años después de que accediera al cargo, en 2003, pero a juzgar por las visitas que los distintos dirigentes españoles realizaron más tarde a su país, ningún gobierno posterior consideró retirarle el collar a Karimov. Al fin y al cabo, Uzbekistán pagó 38 millones de euros por los dos Talgo 250 que, desde 2011, operan entre Tashkent y Samarkanda, a los que hay que añadir los 600 millones más que Mariano Rajoy se trajo para España en 2013 de su viaje a Astaná (Kazajistán). Todo ese dinero bien vale dos medallas.
Entre los mandatarios internacionales a los que se les ha otorgado el Collar o la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil instituida por Alfonso XIII se hallan igualmente Sadam Hussein (collar, 1978); el ministro de Interior de Marruecos, Mohamed Hassad (gran cruz, 2015); y seis miembros de las casas reales de Kuwait, Abu Dhabi, Dubai y Emiratos Árabes Unidos (2008). Esta arraigada costumbre del Ministerio de Asuntos Exteriores español tiene su origen, en realidad, en el franquismo, que también otorgó siete distinciones del Mérito Civil a miembros de la realeza saudí, en el periodo comprendido entre 1962 y 1974, periodo durante el que comenzó a fraguarse la amistad de Juan Carlos I con las monarquías del Golfo. Durante ese mismo año, un informe elaborado por el CNI alertaba de que seis eran los principales países árabes que patrocinan a las comunidades de musulmanes españoles: Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos. Ese tipo de advertencias nunca disuadieron a los gobernantes españoles de modificar su posición respecto a los opulentos dictadores de Oriente.
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