El 24 de marzo de 1980 le abatió un francotirador, de un disparo en el corazón, mientras oficiaba misa en la capilla del Hospital Divina Providencia de San Salvador. El asesinato de Óscar Arnulfo Romero perpetrado por “escuadrones de la muerte” no sólo representó uno de los grandes ejemplos de la barbarie ultraderechista, sino que abrió el camino a la guerra sostenida en El Salvador entre 1980 y 1992, con decenas de miles de muertos y desaparecidos. El pasado 15 de agosto se cumplió el centenario del nacimiento de Monseñor Romero.
Las palabras de su última homilía dominical, un día antes del asesinato, se han repetido en infinitos medios: “En nombre de Dios, en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, que cese la represión”. Pero no ocurrió así. Una semana después del magnicidio, durante los funerales de Romero estalló una bomba frente a la catedral de San Salvador, donde se congregaban entre 50.000 y 100.000 personas según las fuentes. A la explosión siguieron disparos, atropellamientos, heridos y muertos. El Informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, publicado en 1993, refiere entre 27 y 40 víctimas mortales y más de 200 heridos.
Nacido en Ciudad Barrios (departamento de San Miguel) el 15 de agosto de 1917, ordenado sacerdote en Roma y arzobispo de San Salvador desde febrero de 1977, este cura vinculado a los pobres denunciaba en las homilías las violaciones de los derechos humanos. En la misa del 23 de marzo hizo mención a un reciente paro laboral en el área metropolitana de San Salvador, organizado por la Coordinadora Revolucionaria de Masas; fundada en enero de 1980, en la Coordinadora se integraban organizaciones como el Frente de Acción Popular Unificada, el Bloque Popular Revolucionario o el Movimiento de Liberación Popular.
El paro contó con notable seguimiento en la ciudad y en el campo, pero el Gobierno respondió -entre otras medidas- con los patrullajes urbanos y el tiroteo de la Universidad de El Salvador; Monseñor Romero explicó al auditorio de feligreses que al menos diez obreros resultaron muertos en las fábricas por la protesta y tres trabajadores de la Alcaldía aparecieron sin vida, tras resultar detenidos por la Policía de Hacienda. El mismo día, agregó Óscar Arnulfo Romero, se produjeron otras muertes, entre 60 y 140 según las fuentes. “El paro representó un avance en la lucha popular y fue una demostración de que la izquierda puede paralizar la actividad económica del país”. Ciertamente la Coordinadora cometía errores, explicó el arzobispo, pero ello se debe a que son “perseguidos, masacrados y dificultados en sus labores de organización”.
El 17 de febrero de 1980 Romero dio cuenta de una carta que le dirigió a James Carter, presidente demócrata de los Estados Unidos entre 1977 y 1981. En la misiva señalaba su preocupación por el hecho de que la presidencia estadounidense pudiera apoyar la “carrera armamentista” en El Salvador con asesores y equipos militares; según informaciones periodísticas, se trataría de entrenar a tres batallones en logística, comunicaciones e inteligencia. El religioso afirmaba que las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad salvadoreños “en general sólo han recurrido a la violencia represiva, produciendo un saldo de muertos y heridos mucho mayor que los regímenes militares recién pasados”. Pero aclaró que no estaba en contra de la institución de las Fuerzas Armadas.
El nueve de marzo, en otra de las homilías, el discurso de Romero fue todavía más directo. Las víctimas, que aumentaban a diario, mostraban el objetivo de “extinción violenta de todos aquellos que no estén de acuerdo, desde la izquierda, con las reformas propuestas por el Gobierno y propiciadas por Estados Unidos”. Entre otros ejemplos, el estudiante Rogelio Álvarez, quien murió tras las torturas y ser detenido “ilegalmente” por civiles. O el profesor José Trinidad Canales, acribillado a balazos; o los cuatro campesinos muertos, tras un ataque militar, en Cinquera (departamento de Cabañas). Además de la nómina de represaliados, también Óscar Arnulfo Romero reprodujo sus palabras ante el pontífice Woktyla: “En mi país es muy peligroso hablar de anti-comunismo porque el anticomunismo lo proclama la derecha, no por amor a los sentimientos cristianos sino por el egoísmo de cuidar sus intereses egoístas”.
En mayo de 1980 el militar Roberto D’Aubuisson fue apresado en una finca, junto a un grupo de militares y civiles por la presunta responsabilidad en el crimen. El informe de la Comisión de la Verdad señala a D’Aubuisson, exmayor y fundador en 1981 del partido derechista ARENA (Alianza Republicana Nacionalista), como sujeto que dio la orden de asesinar a Romero. Vinculado al paramilitarismo y a los “escuadrones de la muerte”, fue presidente de la Asamblea Constituyente de El Salvador en 1983 y diputado de la Asamblea Legislativa durante siete años. En el registro se hallaron armas y documentación que implicaban al grupo con la muerte de Óscar Romero y la financiación de los “escuadrones”.
Sin embargo, el informe resalta que ni D’Aubuisson ni sus cómplices fueron llevados ante el poder judicial. Que el intento de asesinato del juez Atilio Ramírez Amaya, asignado para la investigación judicial, tenía como fin que no se resolviera el caso. O que la Corte Suprema de El Salvador desempeñó un rol activo en impedir la extradición desde Estados Unidos del excapitán Saravia, otro de los militares implicados (en mayo de 2017 un tribunal de El Salvador reabrió el proceso contra Saravia, único acusado por el crimen del arzobispo; se anuló de este modo el sobreseimiento judicial ordenado en 1993). Tampoco los policías que en su día se personaron en la capilla, donde se produjo el magnicidio, mostraron diligencia alguna en la recopilación de pruebas.
El nueve de marzo de 1980 monseñor Romero dedicó el ritual a la evocación de Mario Zamora Rivas, Procurador General de Pobres asesinado el 22 de febrero. Al día siguiente se encontró tras el púlpito un maletín con una bomba, que no estalló. La derecha en todas sus variantes, gubernamental, civil y militar, tenía a Óscar Arnulfo Romero en el punto de mira. Era un “subversivo”. El informe de la Comisión de la Verdad recoge artículos de prensa que se hacen eco de estas acusaciones. Así, en un artículo del periódico derechista “El diario de Hoy” de El Salvador (febrero de 1980) se le califica como un arzobispo “demagogo y violento, que estimuló desde la catedral la adopción del terrorismo”; en otro texto del mismo periódico se dice que es conveniente “que la Fuerza Armada empiece a aceitar sus fusiles”.
Cuando se produjo el asesinato de Romero, regía los destinos del país la Segunda Junta de Gobierno, con el coronel Arnaldo Majano como presidente; le sucedió en la presidencia José Napoleón Duarte, a partir de diciembre de 1980, con quien empezó a caminar la Tercera Junta de Gobierno. A finales de 1980 se formó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
¿En qué contexto se produjo el asesinato de Romero? La Comisión de la Verdad registró más de 22.000 denuncias de violencia “grave” entre enero de 1980 y julio de 1991, de las que más de un 60% correspondían a ejecuciones extrajudiciales, el 25% a desapariciones forzadas y en el 20% de los casos se denunciaron también torturas. El 85% de los testimonios imputaron las violaciones de derechos humanos a agentes del estado, “escuadrones de la muerte” y paramilitares. Socorro Jurídico Cristiano “Arzobispo Óscar Romero” contabilizó la muerte de 7.916 campesinos en 1981. La Comisión No-Gubernamental de Derechos Humanos de El Salvador informó en noviembre de 1981 de que en el lugar conocido como “El Playón”, podían visibilizarse las masacres, detenciones arbitrarias y desapariciones de los últimos meses: allí se habían arrojado los cadáveres de más de 400 personas. La Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES) dio cuenta de la ejecución de 136 maestros en el primer semestre de 1981.
Socorro Jurídico Cristiano “Arzobispo Óscar Romero” denunció el número de víctimas entre la población civil. 11.903, en 1980; otras 16.266 en el año 1981; y 5.962 víctimas, en 1982. Pero además de los balances estadísticos, es posible trazar un memorial de las masacres. En la de El Calabozo (agosto 1982), en el departamento de San Vicente, el ejército asesinó a más de 200 personas con el pretexto de “limpiar” la zona de guerrilleros. En el caserío El Mozote del departamento de Mozarán (diciembre de 1981) la cifra de campesinos asesinados podría alcanzar los 900; y en la masacre de Sumpul (Chalatenango), en mayo de 1980, el ejército de El Salvador y grupos paramilitares abatieron a no menos de 300 civiles desarmados (unos meses después el presidente José Napoleón Duarte afirmó que se trataba de “guerrillas comunistas”). Óscar Arnulfo Romero pensaba de otro modo: “Éste es el pensamiento fundamental de mi predicación: nada me importa tanto como la vida humana”.
La muerte de Romero no fue la única sufrida por religiosos. En diciembre de 1980 fueron violadas y asesinadas por agentes de la Guardia Nacional de El Salvador tres monjas norteamericanas y una misionera laica. En “El miedo a la democracia” (Crítica, 1991), el lingüista y politólogo Noam Chomsky afirma que los medios de comunicación en intelectuales “ignoraron en gran medida el asesinato del arzobispo Romero, que no mereció siquiera un editorial en The New York Times”. Chomsky reproduce las informaciones del sacerdote católico Daniel Santiago en la revista jesuita América, sobre las acciones de la Guardia Nacional salvadoreña y el efecto del adiestramiento militar por parte de Estados Unidos; por ejemplo, una mujer campesina que encontró, al retornar al hogar, a su madre, hermana y tres hijos decapitados. Úteros extirpados con los que se cubrían las caras de las víctimas o genitales mutilados e introducidos en la boca, se utilizaban como estrategia de intimidación.
El intelectual estadounidense recuerda el panorama siniestro de la época: fuerzas armadas que iniciaban la recluta a partir de los 13 años, y enseñaban rituales de las SS, incluidas las violaciones. Además, en ocasiones “el partido ARENA en el gobierno denominaba ‘ejército de salvación nacional’ a los escuadrones de la muerte; los miembros de este partido (incluyendo al presidente Cristiani) prestaban juramento de sangre al ‘líder vitalicio’, Roberto D’Aubuisson”, explica Chomsky. Casi una década después de la muerte de Óscar Romero, militares salvadoreños asesinaron en la sede de la Universidad Centroamericana en San Salvador a Ignacio Ellacuría y otros cinco jesuitas, además de una trabajadora del centro y su hija.
Las palabras de su última homilía dominical, un día antes del asesinato, se han repetido en infinitos medios: “En nombre de Dios, en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, que cese la represión”. Pero no ocurrió así. Una semana después del magnicidio, durante los funerales de Romero estalló una bomba frente a la catedral de San Salvador, donde se congregaban entre 50.000 y 100.000 personas según las fuentes. A la explosión siguieron disparos, atropellamientos, heridos y muertos. El Informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, publicado en 1993, refiere entre 27 y 40 víctimas mortales y más de 200 heridos.Nacido en Ciudad Barrios (departamento de San Miguel) el 15 de agosto de 1917, ordenado sacerdote en Roma y arzobispo de San Salvador desde febrero de 1977, este cura vinculado a los pobres denunciaba en las homilías las violaciones de los derechos humanos. En la misa del 23 de marzo hizo mención a un reciente paro laboral en el área metropolitana de San Salvador, organizado por la Coordinadora Revolucionaria de Masas; fundada en enero de 1980, en la Coordinadora se integraban organizaciones como el Frente de Acción Popular Unificada, el Bloque Popular Revolucionario o el Movimiento de Liberación Popular.
El paro contó con notable seguimiento en la ciudad y en el campo, pero el Gobierno respondió -entre otras medidas- con los patrullajes urbanos y el tiroteo de la Universidad de El Salvador; Monseñor Romero explicó al auditorio de feligreses que al menos diez obreros resultaron muertos en las fábricas por la protesta y tres trabajadores de la Alcaldía aparecieron sin vida, tras resultar detenidos por la Policía de Hacienda. El mismo día, agregó Óscar Arnulfo Romero, se produjeron otras muertes, entre 60 y 140 según las fuentes. “El paro representó un avance en la lucha popular y fue una demostración de que la izquierda puede paralizar la actividad económica del país”. Ciertamente la Coordinadora cometía errores, explicó el arzobispo, pero ello se debe a que son “perseguidos, masacrados y dificultados en sus labores de organización”.
El 17 de febrero de 1980 Romero dio cuenta de una carta que le dirigió a James Carter, presidente demócrata de los Estados Unidos entre 1977 y 1981. En la misiva señalaba su preocupación por el hecho de que la presidencia estadounidense pudiera apoyar la “carrera armamentista” en El Salvador con asesores y equipos militares; según informaciones periodísticas, se trataría de entrenar a tres batallones en logística, comunicaciones e inteligencia. El religioso afirmaba que las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad salvadoreños “en general sólo han recurrido a la violencia represiva, produciendo un saldo de muertos y heridos mucho mayor que los regímenes militares recién pasados”. Pero aclaró que no estaba en contra de la institución de las Fuerzas Armadas.
El nueve de marzo, en otra de las homilías, el discurso de Romero fue todavía más directo. Las víctimas, que aumentaban a diario, mostraban el objetivo de “extinción violenta de todos aquellos que no estén de acuerdo, desde la izquierda, con las reformas propuestas por el Gobierno y propiciadas por Estados Unidos”. Entre otros ejemplos, el estudiante Rogelio Álvarez, quien murió tras las torturas y ser detenido “ilegalmente” por civiles. O el profesor José Trinidad Canales, acribillado a balazos; o los cuatro campesinos muertos, tras un ataque militar, en Cinquera (departamento de Cabañas). Además de la nómina de represaliados, también Óscar Arnulfo Romero reprodujo sus palabras ante el pontífice Woktyla: “En mi país es muy peligroso hablar de anti-comunismo porque el anticomunismo lo proclama la derecha, no por amor a los sentimientos cristianos sino por el egoísmo de cuidar sus intereses egoístas”.
En mayo de 1980 el militar Roberto D’Aubuisson fue apresado en una finca, junto a un grupo de militares y civiles por la presunta responsabilidad en el crimen. El informe de la Comisión de la Verdad señala a D’Aubuisson, exmayor y fundador en 1981 del partido derechista ARENA (Alianza Republicana Nacionalista), como sujeto que dio la orden de asesinar a Romero. Vinculado al paramilitarismo y a los “escuadrones de la muerte”, fue presidente de la Asamblea Constituyente de El Salvador en 1983 y diputado de la Asamblea Legislativa durante siete años. En el registro se hallaron armas y documentación que implicaban al grupo con la muerte de Óscar Romero y la financiación de los “escuadrones”.
Sin embargo, el informe resalta que ni D’Aubuisson ni sus cómplices fueron llevados ante el poder judicial. Que el intento de asesinato del juez Atilio Ramírez Amaya, asignado para la investigación judicial, tenía como fin que no se resolviera el caso. O que la Corte Suprema de El Salvador desempeñó un rol activo en impedir la extradición desde Estados Unidos del excapitán Saravia, otro de los militares implicados (en mayo de 2017 un tribunal de El Salvador reabrió el proceso contra Saravia, único acusado por el crimen del arzobispo; se anuló de este modo el sobreseimiento judicial ordenado en 1993). Tampoco los policías que en su día se personaron en la capilla, donde se produjo el magnicidio, mostraron diligencia alguna en la recopilación de pruebas.
El nueve de marzo de 1980 monseñor Romero dedicó el ritual a la evocación de Mario Zamora Rivas, Procurador General de Pobres asesinado el 22 de febrero. Al día siguiente se encontró tras el púlpito un maletín con una bomba, que no estalló. La derecha en todas sus variantes, gubernamental, civil y militar, tenía a Óscar Arnulfo Romero en el punto de mira. Era un “subversivo”. El informe de la Comisión de la Verdad recoge artículos de prensa que se hacen eco de estas acusaciones. Así, en un artículo del periódico derechista “El diario de Hoy” de El Salvador (febrero de 1980) se le califica como un arzobispo “demagogo y violento, que estimuló desde la catedral la adopción del terrorismo”; en otro texto del mismo periódico se dice que es conveniente “que la Fuerza Armada empiece a aceitar sus fusiles”.
Cuando se produjo el asesinato de Romero, regía los destinos del país la Segunda Junta de Gobierno, con el coronel Arnaldo Majano como presidente; le sucedió en la presidencia José Napoleón Duarte, a partir de diciembre de 1980, con quien empezó a caminar la Tercera Junta de Gobierno. A finales de 1980 se formó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
¿En qué contexto se produjo el asesinato de Romero? La Comisión de la Verdad registró más de 22.000 denuncias de violencia “grave” entre enero de 1980 y julio de 1991, de las que más de un 60% correspondían a ejecuciones extrajudiciales, el 25% a desapariciones forzadas y en el 20% de los casos se denunciaron también torturas. El 85% de los testimonios imputaron las violaciones de derechos humanos a agentes del estado, “escuadrones de la muerte” y paramilitares. Socorro Jurídico Cristiano “Arzobispo Óscar Romero” contabilizó la muerte de 7.916 campesinos en 1981. La Comisión No-Gubernamental de Derechos Humanos de El Salvador informó en noviembre de 1981 de que en el lugar conocido como “El Playón”, podían visibilizarse las masacres, detenciones arbitrarias y desapariciones de los últimos meses: allí se habían arrojado los cadáveres de más de 400 personas. La Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES) dio cuenta de la ejecución de 136 maestros en el primer semestre de 1981.
Socorro Jurídico Cristiano “Arzobispo Óscar Romero” denunció el número de víctimas entre la población civil. 11.903, en 1980; otras 16.266 en el año 1981; y 5.962 víctimas, en 1982. Pero además de los balances estadísticos, es posible trazar un memorial de las masacres. En la de El Calabozo (agosto 1982), en el departamento de San Vicente, el ejército asesinó a más de 200 personas con el pretexto de “limpiar” la zona de guerrilleros. En el caserío El Mozote del departamento de Mozarán (diciembre de 1981) la cifra de campesinos asesinados podría alcanzar los 900; y en la masacre de Sumpul (Chalatenango), en mayo de 1980, el ejército de El Salvador y grupos paramilitares abatieron a no menos de 300 civiles desarmados (unos meses después el presidente José Napoleón Duarte afirmó que se trataba de “guerrillas comunistas”). Óscar Arnulfo Romero pensaba de otro modo: “Éste es el pensamiento fundamental de mi predicación: nada me importa tanto como la vida humana”.
La muerte de Romero no fue la única sufrida por religiosos. En diciembre de 1980 fueron violadas y asesinadas por agentes de la Guardia Nacional de El Salvador tres monjas norteamericanas y una misionera laica. En “El miedo a la democracia” (Crítica, 1991), el lingüista y politólogo Noam Chomsky afirma que los medios de comunicación en intelectuales “ignoraron en gran medida el asesinato del arzobispo Romero, que no mereció siquiera un editorial en The New York Times”. Chomsky reproduce las informaciones del sacerdote católico Daniel Santiago en la revista jesuita América, sobre las acciones de la Guardia Nacional salvadoreña y el efecto del adiestramiento militar por parte de Estados Unidos; por ejemplo, una mujer campesina que encontró, al retornar al hogar, a su madre, hermana y tres hijos decapitados. Úteros extirpados con los que se cubrían las caras de las víctimas o genitales mutilados e introducidos en la boca, se utilizaban como estrategia de intimidación.
El intelectual estadounidense recuerda el panorama siniestro de la época: fuerzas armadas que iniciaban la recluta a partir de los 13 años, y enseñaban rituales de las SS, incluidas las violaciones. Además, en ocasiones “el partido ARENA en el gobierno denominaba ‘ejército de salvación nacional’ a los escuadrones de la muerte; los miembros de este partido (incluyendo al presidente Cristiani) prestaban juramento de sangre al ‘líder vitalicio’, Roberto D’Aubuisson”, explica Chomsky. Casi una década después de la muerte de Óscar Romero, militares salvadoreños asesinaron en la sede de la Universidad Centroamericana en San Salvador a Ignacio Ellacuría y otros cinco jesuitas, además de una trabajadora del centro y su hija.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario