Amnistía Internacional presentó en el País Vasco el informe sobre el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de tortura

14/09/2017

El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, se reunió ayer con el lehendakari Urkullu en Gasteiz para presentarle el informe de esta organización sobre el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de tortura, y también para dar su aval a la ley vasca de abusos policiales que busca reparar a los afectados por malos tratos. El Tribunal Constitucional decidirá en cuestión de semanas si mantiene la suspensión de varios artículos de la norma, recurrida por el Gobierno español por entender que invade sus competencias o que persigue dictar culpabilidades sin juicio previo.

Beltrán fue ayer claro al respecto. “Es un momento clave para las víctimas de abusos policiales, y en concreto de la tortura, porque el Tribunal Constitucional debate si se puede acometer una reparación integral de estas víctimas”, dijo el director de AI, que transmitió al lehendakari que “es importante la iniciativa de presentar esta ley, de visibilizar a las víctimas de la tortura, de reconocer que hubo casos durante muchos años”, y también su preocupación “por los obstáculos del Gobierno central, que ni investiga ni permite la reparación”.

El informe presentado ayer a Urkullu fue finalizado el 1 de agosto, antes de conocer las alegaciones del Gobierno vasco al recurso de la Administración española, pero en todo caso en Amnistía Internacional coinciden con los argumentos expuestos por Lakua para defender la legitimidad y la legalidad del texto aprobado por el Parlamento Vasco. “No se puede argumentar la división de competencias en el Derecho interno de un país para dejar sin reparación a las víctimas”, dijo Beltrán, quien también aseguró que “pueden combinarse las investigaciones judiciales con mecanismos de reparación integral como los que plantea la Ley de abusos policiales; no hay ninguna contradicción, la investigación judicial y la reparación mediante mecanismos no judiciales contribuyen a la reparación”.

Además, afirmó, en virtud del Derecho internacional “no es necesario identificar los responsables” de dichos abusos, y es, de hecho, obligada la reparación “aunque no se haya podido investigar en sede judicial”.

Por ello insistió varias veces Beltrán en el “momento clave” que se vive en la actualidad con el recurso pendiente de resolución, porque “hay una ley sobre la mesa que podría avanzar en la visibilización sobre la tortura en un lugar como el País Vasco, donde se ha dado en buena medida”. Con su aplicación “se empezaría un proceso de reparación”, y sin embargo “el Gobierno central la recurre y no ofrece alternativa”. En todo caso, “al margen de lo que indique el Tribunal Constitucional, el delito de tortura es un delito, mal recogido en Código Penal, y es obligación del Estado investigarlo; no lo dice solo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino en 2016 el propio Tribunal Supremo”. Aun en la hipótesis de un fallo contrario a las tesis del Gobierno vasco, “eso no disminuiría la obligación del Estado y habrá que buscar otros mecanismos”, señaló Beltrán.

En el informe entregado ayer al lehendakari, y que se remitió además al ministro de Justicia, Rafael Catalá, a quien AI también ha pedido una reunión, se aborda el tema de los torturados, “víctimas invisibilizadas después de años de sufrimiento” y que además han tenido que ver cómo “se ha indultado a prácticamente un tercio de los pocos agentes condenados”, explicó el director de la organización.