Por la libertad de expresión, por la democracia y el derecho a decidir. Pedro Casas. Rebelión
Un grupo de personas de diversos ámbitos de la sociedad madrileña, se está agrupando en las últimas semanas bajo el rótulo de Madrileñ@s por el Derecho a Decidir, con objeto de promover en Madrid el debate y apoyo a este derecho que consideran esencialmente democrático.
En un texto que han difundido con el título Por qué apoyar en madrid un referéndum de autodeterminación, con ocasión del convocado en Catalunya para el 1 de octubre, afirman que “no hay un ejercicio más democrático que llamar al pueblo para que libre y pacíficamente se exprese sobre su futuro, y por ello, desde una convicción profundamente democrática, es lo que corresponde apoyar en cualquier lugar. Defendemos por ello este referéndum, porque también exigimos que la población sea consultada sobre los necesarios cambios políticos y sociales que hay que introducir en el sistema del 78 surgido de una transición tutelada”.
En dicho texto, que está siendo apoyado por escritores, filósofos, catedráticos, activistas sociales y sindicales de Madrid, consideran que “las multitudinarias manifestaciones de los últimos años o la participación de más de 2 millones de personas en la consulta del 9 de noviembre de 2014, muestran claramente el apoyo popular de este proceso, como confirman también todas las encuestas que cifran en torno a un 80% la población que se muestra favorable a la realización de dicha consulta para decidir libremente su futuro y su relación con el estado español, dándose este apoyo tanto entre las posiciones favorables o contrarias a la posible independencia”.
Con estas motivaciones, este colectivo convocó un acto titulado “En Madrid por el Derecho a Decidir” en la sala Terneras del complejo Matadero. Nada más darse a conocer, la Falange y el PP salieron al tiempo y en el mismo lugar amenazando contra la celebración del acto (los primeros con pintadas de “muerte al independentismo” y los segundos con presiones y recursos).
El juez D. José Yusti Bastarreche de la sala contencioso-administrativo de Madrid, de trayectoria franquista, no necesitó ni tres horas para dictar un auto que anulaba la cesión que el Ayuntamiento de Madrid había hecho del espacio a los organizadores. Dicho juez ni se molestó en pedir opinión a la parte demandada antes de emitir su auto-“ritaria” decisión, y además contra este auto no cabe recurso, tan sólo unas alegaciones.
En relación con el recurso y auto judicial merece la pena destacar dos aspectos que afectan al estado de derecho y libertades que pensábamos que disfrutábamos.
Dice el recurso: “.. si lo que los convocantes del acto pretenden es reivindicar el derecho a decidir, es indiferente que lo hagan antes o después, precisamente, del uno de octubre, ya que ningún perjuicio se les deriva de una fecha u otra, y sin embargo es esencial para ellos que sea antes del uno de octubre, porque lo que se pretende es reivindicar la celebración de la consulta, e incitar a la participación”. Lo que pretende el PP (y ha conseguido) es que la justicia module políticamente los derechos fundamentales de libertad de reunión y expresión, según la conveniencia del momento.
El juez de Madrid se permite enmendar la plana al mismísimo Tribunal Constitucional (TC) cuando en su auto declara ilegal una ley (de referéndum catalán) que dicho tribunal solamente ha suspendido cautelarmente. Y declara que “no es posible que un acto que abiertamente se dirige contra lo dispuesto en la Constitución y las resoluciones del TC pueda contar con el apoyo de un municipio” lo que significa que no se pueden expresar opiniones contrarias a lo que la ley regula: Estado de excepción sin declarar.
Ante este atropello judicial los convocantes del acto han mostrado su decisión de mantenerlo el mismo día en un lugar alternativo, ya no sólo por el derecho a decidir, sino también por la libertad de expresión y por la democracia.
La reacción de la sociedad madrileña no se ha hecho esperar frente a este atropello, y son multitud las personas que se están haciendo eco de un acto cuya expectación se ha multiplicado por causa de este atropello político y judicial, ya que lo que está en juego no sólo es la posibilidad de que los catalanes puedan ejercer su derecho a decidir, sino que todos los ciudadanos del estado español podamos ejercer nuestros más elementales derechos democráticos.
Antes de que ETA parase en su actividad armada, el Estado afirmaba que sin violencia se podía hablar de todo; poco tardaron en encarcelar a los que promovieron el cese de la actividad armada. En Cataluña el proceso se está llevando en términos pacíficos y democráticos, y el Estado se niega a hablar y negociar. Y en Madrid (y en otras ciudades) ya ni siquiera podemos juntarnos y hablar de estas cosas entre nosotr@s. Nos están poniendo muchos barrotes, de los que a veces no somos conscientes hasta que decidimos movernos y nos chocamos con ellos.
Termina el texto dado a conocer por los organizadores del acto, “No caeremos en la trampa del enfrentamiento entre los pueblos, porque se trata de ejercer los derechos democráticos de unos y otros. Apoyaremos por tanto cuantas acciones sean necesarias para defender este ejercicio democrático y pacífico, y rechazamos cuantas medidas de veto e imposición se pretendan implementar”.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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