La crisis de España como marco de acumulación del capital
El derecho de España contra los derechos de los pueblos
1. Introducción
2. Nacimiento, esplendor y decadencia histórica
3. Escuela de Salamanca y controversia de Valladolid
4. Felipe II y el nacionalismo español «prudente»
5. Los Austrias menores y la ruptura en la clase dominante
6. La casa de Borbón y la guerra contra los pueblos
7. La casa de Borbón y la represión de los pueblos
8. La dinámica de las contradicciones y sus formas
9. Bibliografía básica consultada
1. Introducción
Este texto tiene dos objetivos que en realidad son uno solo. El más inmediato es contextualizar el debate sobre Sobinaries, drets i autodeterminació que está a la orden del día en todas partes aunque de forma inmediata en el Principat de Catalunya; y el mediato, el de ayudar a la elaboración colectiva de una alternativa internacionalista de las naciones oprimidas por los Estados español y francés.
Al menos desde 2014 existía la propuesta algo borrosa entonces para que diversas fuerzas revolucionarias avanzásemos en la crítica radical del imperialismo en su conjunto pero sobre todo en la forma concreta que más nos destroza, la de los Estados español y francés. Dentro de esta dinámica el 24 de julio de 2017 se firmó el Manifiesto internacionalista de Compostela y el pasado 22 de agosto del mismo año el documento Con Catalunya y su derecho inalienable a la independencia nacional . Ni terrorismo yihadista ni terrorismo imperialista , ambos a libre disposición en la red.
Hace unos días se propuso un debate también en Catalunya sobre el sugestivo y crucial tema de Sobinaries, drets i autodeterminació. Bien mirado, el debate profundiza hasta las raíces de la crisis actual del Estado español, la más grave de todas las que históricamente han afectado al marco geoestratégico material y simbólico de acumulación de capital que denominan España. No es cierto que la crisis actual sea la del llamado «régimen del 78», esta es la forma político-institucional externa de las débiles bases del Estado español desde el fin del Medievo.
Lo que vuelve a estar en cuestión, o si se quiere en el punto de mira de la dialéctica como negación radical de lo existente, al menos para la minoría comunista, es la viabilidad histórica de España como espacio geoestratégico de acumulación ampliada de capital. Esta crisis estructural ha emergido de nuevo –nunca ha desaparecido del todo– porque el capitalismo mundial acelera la periferización del Estado multiplicando su dependencia. Semejante retroceso continuado desde el siglo XVII, que se intensifica como tenencia objetiva en la actualidad, genera nuevas y más graves diferencias y oposiciones en su bloque de clases dominante y en los partidos políticos que le representa, pero especialmente agudiza las contradicciones entre el marco estatal de acumulación o España, superado objetivamente, y las naciones trabajadoras oprimidas, contradicción que forma parte a su vez de la contradicción irreconciliable entre el capital y el trabajo que también se libra dentro de los pueblos oprimidos.
Simplificar tan simplonamente la aceleración de la obsolescencia del marco estatal de acumulación, reduciéndola a simple crisis de «legitimidad democrática» del «régimen del 78», decir que hay que abrir una nuevo «proceso constituyente» y avanzar en el «destituyente», etcétera, sin bajar a la sala de calderas que pierden presión por sus junturas, esta superficialidad solo beneficia al poder establecido ya que suaviza la hondura del problema, genera expectativas reformistas, oculta elaborar una estrategia de largo alcance basada en el internacionalismo y en la certidumbre de que ninguna opresión será superada mientras perdure la propiedad privada de las fuerzas productivas, mientras que el bloque de clases dominante se crea propietario de las clases y naciones explotadas.
Desde el siglo XV, por poner una fecha en la que ya se vislumbran algunas problemáticas que iremos viendo, fueron desarrollándose contradicciones que, en sinergia y respondiendo al agotamiento del imperio español, dieron cuerpo a la crisis estructural desde mediados del siglo XVII a comienzos del siglo XVIII. La destrucción de la Corona de Aragón y sobre todo Catalunya, más en concreto Barcelona, fueron el punto álgido de aquella crisis: no es casualidad que ahora sea Barcelona el punto álgido de su vuelta a escena en el capitalismo del siglo XXI.
Entonces chocaron dos derechos antagónicos, por un lado el de la Casa de Borbón como representante del absolutismo que buscaba compaginar los privilegios señoriales con los intereses de una burguesía cobarde y timorata, comparada con la holandesa e inglesa, por otro lado el de la Casa de los Habsburgo que mal que bien se había granjeado el apoyo de las fuerzas nacionales preburguesas de los Països Catalans y de Aragón, que defendían sus derechos históricos desde una perspectiva municipalista y de debates en cortes mucho más cercana a la experiencia inglesa que al verticalismo versallesco.
El debate sobre Sobinaries, drets i autodeterminació muestra cuánta razón tenía Marx al decir que cuando dos derechos chocan, decide la fuerza, y cuánta razón tenía Trotsky al decir aquello de que el Estado es el monopolio de la violencia, idea de la que se apropió Weber para desnaturalizarla, y, por no reiterarnos, cuánta razón tenía Mao al decir que el poder nace del fusil. Naturalmente, nos referimos a las contradicciones históricas, no a las divagaciones idealistas de la sopa ecléctica y del engrudo reformista del foucaultismo, laclausismo, negrismo, etc., de la «leal oposición de su Majestad».
Es la fuerza, el poder, la que decide el resultado de la incompatibilidad entre el derecho de España y el derecho del pueblo catalán y de todos los pueblos. La trágica experiencia del Imperio católico así lo había demostrado con mucha anterioridad. En el violento conflicto mantenido en sus dos fases, del siglo XIII al XV, y del XV al XVIII, la potencia vencedora, la que ahora se llama España, impuso sus derechos porque tenía más armas, muchas de ellas fabricadas por la burguesía vasca, tal como lo reivindicó con sinceridad inhumana el Cardenal Cisneros. Ahora sucede lo mismo, no nos engañemos, pero con la diferencia de que además de las armas de guerra, el Estado tiene las armas económicas, de propaganda y de manipulación, de cerco económico y financiero…
Cualquier debate sobre Sobinaries, drets i autodeterminació tiene que enfrentarse a esta realidad y ayudar a responder a esta pregunta: ¿cuáles son nuestras armas, nuestros poderes? Uno muy importante es el de la teoría, el conocimiento crítico de la realidad: el arma de la teoría y el poder de la praxis. Es su unidad la que cimenta el debate inmediato sobre Sobinaries, drets i autodeterminació y el debate mediato sobre los objetivos del internacionalismo, sus estrategias y sus tácticas.
2. Nacimiento, esplendor y decadencia histórica
La segunda ofensiva cristiana contra al-Ándalus comenzó alrededor de 1227 y concluyó en 1262 con la destrucción de casi la totalidad de la muy superior cultura musulmana, el expolio de sus riquezas, la esclavización directa o indirecta de sus habitantes. Las mezquitas fueron derruidas o convertidas en iglesias, las lenguas árabes y judías marginadas o prohibidas. Ingentes latifundios fueron entregados como premio por los reyes a una reducidísima clase de incultos y sucios guerreros ennoblecidos. Como veremos, ya desde entonces las coronas de Castilla y Portugal eran «Estados depredadores».
De todos los reinos existentes en la península entre los siglos XIII y comienzos del XV, el mejor posicionado geoestratégicamente a medio plazo era el de Castilla y León formado en 1230, siguiéndole Portugal. Entre ambos se libra una áspera pugna inter imperialista por el control de Granada y la zona noroccidental de África, incluidas las islas Canarias, Azores y otras. Les seguía la Corona de Aragón, que se había formado en 1137, pero de manera tan descentralizada entre las tres cortes, Aragón, València y Catalunya, que llegado el momento decisivo a comienzos del siglo XVIII no podría responder con la misma centralidad de mando que la lograda por Felipe V.
Desde mediados del siglo XIV, sobre todo en el norte de Italia, en Florencia, etc., se extendían los choques entre nuevas fuerzas sociales y viejas estructuras de dominación que constreñían el crecimiento de las fuerzas productivas. También desde mediados del siglo XIV Catalunya va entrando en una crisis múltiple: demográfica, pestes, producción agraria, gran debilidad de la lucha campesina comparada con su fuerza en el siglo XIII y fortalecimiento del poder señorial, retroceso del comercio, caída de precios y deflación, y, por no extendernos, agudización de todas las contradicciones de manera que para la mitad del siglo XV se había recuperado la lucha campesina –las remensas– y estalla la guerra civil en 1462 y 1472 entre los bandos partidario del rey de Aragón en defensa de la nobleza y grandes comerciantes, o Biga, y el bando de Busca, los intereses populares, campesinos, burguesía urbana de Barcelona para mantener sus derechos municipales en un momento de expectativas de crecimiento económico.
La guerra civil catalana fue parte del choque que se inicia de manera irreversible a finales del siglo XV entras las fuerzas expansivas del joven capitalismo, a las que les faltaba aún el poder político-estatal, y los cada vez más estrechos márgenes de tolerancia del Medievo, como quedó claro en la rebelión de los Irmandiños de 1467-1469 en Galiza, una de las más fuertes de la península, que no consiguió derrotar del todo el nacionalismo medieval de los Irmandiños, de manera que pocos años después los reyes llamados Católicos consiguió el terrible sometimiento del pueblo galego conocido con el nombre de Doma y castración de Galiza, que lo dice todo. Castilla no podía dejar que existiera una facción de la nobleza con apoyo popular y burgués dispuesta a unirse con Portugal, así que la decapitó. Y anuló la oficialidad de la lengua galega, que además era la lengua culta en buena parte de la península, lo que aceleró la victoria del castellano sobre todas las demás.
Por esos mismos años, los límites del feudalismo ante la ascendente burguesía urbana causaron la Guerra de Bando en Vascongadas, que fue una especie de «pequeña revolución burguesa» sin la cual no se entienden los Fueros Vascos. En este contexto la pujante industria del hierro, armas, barcos, pesca y comercio rechazó en 1481 la propuesta de Castilla para que participara en la guerra contra el turco. Los informes negativos de los dos enviados castellanos sobre los vascos decía que «los moradores de aquella tierra son gente sospechosa» porque defienden sus libertades colectivas. Las negociaciones fueron arduas y al final se llegó a un acuerdo: Castilla obtuvo barcos de guerra y la industria vasca siguió creciendo potente sin merma para los derechos del país.
La expansión castellana necesitaba armas, barcos, técnicos en navegación, etc., también para apoderarse de las islas Canarias, antes de que lo hiciera Portugal, y para asfixiar por mar al reino de Granada. La conquista de las islas fue dura y salvaje entre 1478 y 1496, exterminando a su población. A la vez, en lo que quedaba de al-Ándalus el pequeño reino independiente de Granada debía pagar exorbitantes tributos a Castilla dedicando casi la totalidad del resto de sus recursos al ejército para retrasar en lo posible la segura invasión castellana que se produciría entre 1482 y 1492. Pero casi de inmediato continuó la resistencia con formas de «bandolerismo social», de prácticas religiosas y culturales clandestinas, etc.
En estos siglos: «Portugal y Castilla eran, predominantemente, Estados depredadores que vivían de los recursos de la España musulmana»: para fines del siglo XV el 2 o el 3% de la población poseía el 97% de la tierra. Fue en 1492 cuando Nebrija explicó que lengua castellana e Imperio católico iban unidos. La persecución contra los moriscos, muchos de los cuales fueron esclavizados, y contra judíos e indios, se legitimaba mediante el racismo de la «pureza de sangre».
Muy probablemente la burguesía armera vasca estuviera al tanto de las necesidades que tenía Castilla de barcos, las aprovechó para subirle los precios y mantener las libertades de los territorios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, que habían mantenido un estatus fluctuante entre el reino de León y el de Nafarroa, creado en 824. Castilla y Aragón tenían pactado desde el siglo XI el reparto de Nafarroa. En 1200 lograron arrancarle grandes territorios mediante la guerra y la negociación con las noblezas, aprovechando una situación de debilidad navarra. La nobleza conservó sus derechos incluido el de pernada, que dos siglos más tarde sería una de las causas de una fuerte rebelión popular. No fue hasta 1512 cuando comenzó la invasión definitiva realizada con una superioridad aplastante de medios y con una política cercana a la liquidación. A pesar de ellos, con altibajos e intentos fallidos de reconquista, la guerra se prolongó hasta la derrota última en Amaiur en 1521. La conquista fue facilitada por la traición interna de un sector de la nobleza de Nafarroa vendida al invasor porque así aumentaba mucho sus propiedades, también fue facilitada por el apoyo prácticos de tropas de las clases dominantes sobre todo de Gipuzkoa, que actuaban aliadas con el imperialismo porque este le suponía un inacabable mercado en el que vender sus productos, mientras que el Estado vasco de Nafarroa era pequeño y pobre. Ignacio de Loiola, fundador de la Compañía de Jesús, a la que volveremos por su papel en el mantenimiento del Imperio, fue uno de los invasores.
Comuneros, villanos, forajidos, homicianos, bandoleros, perayles, boneteros, freneros, celemineros… estos son algunos de los calificativos que daban los cronistas oficiales a las masas urbanas y campesinas que impulsaban la revolución de las Comunidades en Castilla y algunas otras zonas del reino en 1520-1521. Sus reivindicaciones e ideas difusas, pero moldeadas y llenas de contenido por los valores de una burguesía enfurecida, dieron a las acciones del pueblo comunero un contenido «radicalmente amenazador» para el orden establecido, y de aquí la extrema dureza de su exterminio porque, por ejemplo, la alta nobleza, la Iglesia y la Inquisición, el mismo Carlos I, no podían aceptar las tesis sobre el bien común, la libertad, el derecho a la rebelión, el principio del consentimiento popular, etcétera.
Desde hacía algunos años se oían quejas contra la corrupción y desidia del Consejo Real, contra el subdesarrollo económico como efecto del enriquecimiento de unos pocos y de las empresas extranjeras, contra la prepotencia de los consejeros flamencos del rey Carlos I, que al principio no sabía castellano, contra las trabas para crear negocios… Este movimiento aunaba al pueblo, despreciado por los cronistas, con la mediana nobleza y con la nueva burguesía comercial. La alta nobleza, la burocracia eclesial y la Inquisición se pasaron al bando de Carlos I, decidiendo la suerte de la revolución que fue aplastada en Villalar en 1521.
La depredación social fue una característica de todos los imperialismos desde Sumeria, pero con el tránsito del feudalismo al capitalismo adquirió características nuevas que se expresaban en la acumulación por desposesión, componente básico de la acumulación originaria de capital. Los reinos de Castilla y Portugal estaban esquilmando al-Ándalus, zonas de África, las Indias y zonas de Europa: una de ellas fue Roma, la supuesta Ciudad Santa o también llamada por los albigenses «la puta de Babilonia», saqueada por el imperial ejército de los católicos Habsburgo en 1527.
Desde la década de 1480 la burguesía de Castilla mantenía un esfuerzo expansivo, chocando frecuentemente con los reaccionarios poderes medievales. La derrota comunera de 1521 fue un golpe demoledor que envalentonó a la reacción medieval y arrasó las ideas progresistas para las condiciones de los siglos XVI y XVII que había crecido al amparo de la movilización general, todo lo cual precipitó el agotamiento burgués para la mitad de ese siglo XVI. A partir de ahí y conforme se suceden las bancarrotas, la burguesía va quedando arrinconada por el poder de la alta nobleza y de la Iglesia y la creciente influencia de la Inquisición que obturan cualquier intento de avance socioeconómico y cultural. Hay que tener en cuenta que, como ha dicho Pierre Vilar: «El imperialismo es también un hecho político […] en Castilla, hacia 1600, el feudalismo entra en agonía sin que exista nada a punto para reemplazarle».
En esta cita aparece la razón de la decadencia histórica del Imperio y luego de la Monarquía borbónica hasta el presente, con los muy cortos tiempos de las dos repúblicas. No incluimos a una hipotética «constitución democrática» desde 1978 como fase específica desde los siglos XIII y XV porque allí donde hay democracia no hay monarquía y, ahora, desde hace más de ocho centurias las clases y pueblos explotados seguimos bajo una monarquía. Los débiles intentos de crear un capitalismo estatal libre de las ataduras feudales, que son mucho más que interesadas supervivencias monárquicas, han fracasado una y otra vez por la simple razón de que los sucesivos bloques de clase dominante han comprendido siempre que su supervivencia depende de esa santa alianza entre primitivismo feudal y cobardía burguesa protegida por el Estado y su nacionalismo.
3. Escuela de Salamanca y controversia de Valladolid
Antes de que la agonía fuera irreversible, se hicieron notar los efectos ideológicos de tanta efervescencia socioeconómica y política, tanto contraste cultural y filosófico entre tres grandes corrientes religiosas y la arrolladora entrada de la filosofía aristotélica, tantas innovaciones cotidianas provocadas por las noticias del resto del mundo y por los efectos sísmicos del dinero y del valor de cambio en sociedades en las que todavía el valor de uso y formas de intercambio simple regían muchas áreas de la cotidianeidad: acordémonos de Quevedo y su crítica del «poderoso caballero don dinero».
Recordemos que en 1499 el Cardenal Cisneros, arriba citado, creó la universidad de Alcalá de Henares y que el igualmente citado Nebrija, ideólogo del imperialismo cultural, era y es tenido como filósofo humanista. Estos dos ejemplos son suficientes para mostrar cómo la formación de la cultura oficial era inseparable de los intereses del poder, de la centralización estatal. La fundación de la Compañía de Jesús –«La araña negra» según Blasco Ibáñez– fue creada en 1534 como el instrumento por excelencia de la Contrarreforma tridentina: de este modo la Inquisición y los jesuitas se complementaban en la aplicación del terror material y moral.
La Escuela de Salamanca irrumpe en esta situación, lo que explica tanto su mérito como su límite y pronta caducidad. Sus logros iniciales fueron tremendos dadas las barreras insalvables de la época: elaboró los rudimentos de la ideología burguesa del derecho natural, de origen del poder del rey y de sus relaciones con el poder del pueblo, de la soberanía de los Estados y de su capacidad para declarar la guerra justa o injusta, de los primeros impactos de la economía mercantil y de la necesidad del «arbitrio» para controlar sus efectos negativos y para guiarla en la medida de lo posible, etc. La Escuela de Salamanca escribía acerca de la soberanía y el derecho sentada sobre los cadáveres de las luchas, masacres y torturas arriba vistas.
La Escuela de Salamanca, que se atrevió a decir que el poder del rey no venía directamente de dios sino que de alguna forma dependía de la voluntad del pueblo, había llegado al límite de la crítica posible en la época del tomismo anterior a la revolución científica del siglo XVII, adaptándolo a las necesidades de una elite culta y humanista que debía justificar su privilegiada forma de vida sin retroceder al feroz derecho medieval que, por ejemplo, fue combatido por motines populares y protoburgueses en tierras vascas, gallegas, andaluzas, etc., en el siglo XV si no antes, pero sin mancharse con las atrocidades españolas en Nuestra América y en otros lugares. Lo mismo sucedió en el intento de suavizar la explotación de las Indias en la famosa Controversia de Valladolid de 1550-1551 en la que chocaron dos visiones opuestas: la utópica que pedía el respeto de las naciones indias porque eran capaces de gobernarse a sí mismas y la imperialista que sostenía que debían ser gobernadas desde España porque eran incapaces de hacerlo por ellas mismas.
La figura del «protector de Indias» y algunas decisiones imperiales para detener el genocidio que estaba en marcha, así como las tesis de la Escuela de Salamanca, pueden utilizarse propagandísticamente para intentar avalar la idea del origen católico-español de los «derechos humanos». Pero una vez conquistado México, los invasores se lanzaron por toda Mesoamérica «como los godos tras el saqueo de Roma». La cristianización obligatoria bajo pena de tortura y muerte empezó de forma sistemática en 1525. Mientras que las religiones de Mesoamérica eran muy tolerantes, admitiendo que cada colectivo y persona adorase las diosas y dioses que quisiera, el cristianismo era autoritariamente monoteísta, bajo pena de excomunión con lo que esa condena acarreaba. Muchas de las expediciones llevaban por delante piaras de cerdos para que avisaran de posibles emboscadas y para que se comieran hasta las raíces de los sembrados para someter por hambre a los pueblos. En 1550 Carlos I obligó a los habitantes de las Indias a que se hispanizaran y aprendiesen castellano, y en la década de 1570 la Inquisición prohibió obras en lenguas nativas.
Dejando de lado los delirios fantasiosos sobre el milagroso origen hispano de los «derechos humanos», lo que sí es cierto es que no pudieron frenar el endurecimiento de la explotación, la tendencia imparable a la centralización administrativa en contra de los derechos de los pueblos, el fortalecimiento del poder del terror material y simbólico de la Inquisición, y sobre todo el deslizamiento de la economía imperial hacia las crisis.
Las buenas intenciones de la Escuela y de la Controversia de Valladolid también fueron barridas por el creciente poder de la Inquisición, mimada por Felipe II que la consideraba como un instrumento decisivo para el fortalecimiento del Imperio católico en el mundo: desde 1558 se agudizaron las tensiones entre Aragón y Castilla porque la primera se oponía al poder inquisitorial, tensiones que pasaron a ser conflictos graves en Catalunya. Los intereses centralizadores de Castilla iban unidos al poder de la Inquisición, no solo para luchar contra las herejías y el librepensamiento, sino también para imponer la lengua española. Hubo violentos ataques contra la Inquisición en Valencia en 1567, en Murcia y Mallorca en 1568 y en Catalunya en 1569. Este mismo año, Felipe II afirmó que sin la labor de la Inquisición en el imperio abundarían los herejes y el Estado español se encontraría más «damnificado».
La represión del librepensamiento, la censura editorial y los controles en la importación de libros, endurecida desde 1558-1559, afectaban a las lenguas catalana, aragonesa y vasca por su continuidad fronteriza con el reino de Francia. Cuando Felipe II supo en 1565 que había estudiantes navarros, aragoneses y catalanes en la ciudad francesa de Toulouse, mandó que los expatriaran al imperio, y en 1568 prohibió formalmente a los aragoneses que salieran a estudiar fuera. Pero la Inquisición se siguió quejando de que libros impresos en castellano y euskara cruzaban las porosas fronteras vascas provenientes de la calvinista Ginebra y los inquisidores en Catalunya también advertían de la facilidad del contrabando de libros prohibidos. La represión del pensamiento, que contradecía la esencia de la Escuela de Salamanca, empobrecía la producción cultural y reducía la cantidad y calidad de las imprentas. Felipe II sufrió este creciente atraso cuando en 1575 quiso montar la biblioteca de El Escorial teniendo que recurrir, paradójicamente, al extranjero.
4. Felipe II y el nacionalismo español «prudente»
Las aportaciones económicas de la Escuela de Salamanca no evitaron las bancarrotas de 1557 y 1575 que solo fueron el anuncio de la crisis económica que estalló en 1580 cuando el imperio parecía más fuerte que nunca. La derrota de la invasión de Inglaterra en 1588 aceleró el declive y la bancarrota de 1596, y este retroceso explica el tratado de paz de Vervins de 1598 por el cual Felipe II reconoce tanto su incapacidad para dominar al reino de Francia, como la realidad del independentismo de los Países Bajos y de la superioridad naval inglesa.
Conforme se hundía la economía, Felipe II centralizaba más el poder imperial: en 1552 y 1567 ordenó ubicar en Simancas los archivos nacionales de Aragón e Italia junto a los de Castilla. Otra medida de Felipe II fue crear un servicio de inteligencia unificado que le permitía conocer los planes de sus enemigos para adelantarse y abortarlos. Las tablillas mesopotámicas ya hablan de los servicios de inteligencia. Felipe II tenía a su disposición el extenso sistema informativo de la Iglesia católica que se perfeccionaría aún más en el Concilio de Trento, pero le era insuficiente. Por la lógica misma del poder basado en la propiedad privada, información y planificación actúan de la mano. Los masivos y efectivos sistemas de información de la Iglesia y del Estado actuando conjuntamente en lo ideológico y con mucha frecuencia en lo práctico han sido y son una pieza clave en la formación del nacionalismo imperialista español y en el debilitamiento de las identidades de los pueblos oprimidos, excepción hecha de reducidas minorías de cristianos.
Felipe II estaba al tanto del insufrible malestar del pueblo morisco provocado por las represiones crecientes que sufría, como la ley de 1567 que fue un verdadero hachazo que generó la sublevación de las Alpujarras de 1568 como justa violencia defensiva. El llamado «rey prudente» persiguió sin piedad a cada uno de los moriscos sublevados. Tras expulsar de sus tierras a miles de ellos, las repobló con alrededor de 50.000 campesinos del antiguo reino de León con lo que lograba dos cosas: desnacionalizar esas zonas rebeldes de al-Ándalus, suprimiendo todo resto de cultura musulmana, y acabar con toda posibilidad de tensiones campesinas en la zona noroeste de la península al dar trabajo como colonos ocupantes a miles de campesinos potencialmente peligrosos en su país de origen.
En 1580 entró a cañonazos en Portugal para asegurar el dominio español, aplastó con extrema brutalidad la resistencia calle a calle y casa a casa del pueblo lisboeta durante días, y desde el Portugal ocupado Felipe II redactó un decreto en el que por primera vez se utilizaba el término «Hespaña» en singular, cosa que nadie había hecho antes. En realidad desde ese siglo XVI muchos autores castellanos empezaron a identificar Castilla con «España». De hecho, entre 1430 a 1580 Castilla dominaba «por la fuerza expansiva del número», porque su población era dos veces y media superior a la de Andalucía oriental o Catalunya. Con respecto a la Corona de Aragón, a mediados del siglo XVI la superioridad de Castilla era enorme: le cuadruplicaba en extensión y le quintuplicaba en población, más concentrada además; tenía una única ley y un único gobierno, mientras que la Corona de Aragón tenía tres Cortes y era mucho más descentralizada; y Castilla controlaba la totalidad del saqueo de las Indias, del comercio y de la representación internacional.
El contraste entre la apariencia de poder imperial y la realidad de empobrecimiento y retroceso estalló a partir de 1589 cuando se sucedieron graves motines en los ejércitos imperiales por impago de sueldos. En Catalunya varias de las contradicciones sociales adquirían la forma del llamado «bandolerismo social», grupos de supervivencia fuera de la ley, perseguidos como «criminales», pero que contaban con redes de apoyo popular. Ante la extensión de esta resistencia popular, además de otros problemas, un conocido fraile pidió en 1589 a Felipe II que anulara los fueros e impusiera las leyes castellanas. Se debate sobre hasta qué punto aquella persona representaba a un sector significativo de la clase dominante, dispuesta a ceder en su soberanía catalana para asegurar sus propiedades bajo la protección del ejército castellano. El rey no respondió a la petición porque todavía era fuerte el «austracismo», es decir la forma de gobierno central que respetaba aun a regañadientes un mínimo suficiente de derechos nacionales de los pueblos para así administrar mejor el imperio que, según se creía, estaba llamado a catolizar el mundo.
Desde 1590 estallaron una serie de revueltas y represiones que golpearon con mayor fuerza a la Corona de Aragón con torturas y ejecuciones públicas en Zaragoza y recortes en sus libertades. Hay que decir que en ese año Felipe II había provocado deliberadamente a los aragoneses al nombrar un castellano como virrey, en contra del fuero que decía que el virrey debía ser aragonés. Las protestas más conocidas se dieron en Sicilia entre 1590-1591, en Messina y Nápoles en 1592 y hasta en Quito, capital de Perú, en ese mismo año. La situación portuguesa empeoró hasta llegar a un grado en el que para 1596 los choques violentos entre los ocupantes castellanos y el pueblo portugués se producían casi a diario, según un testigo de la época.
Dos años más tarde, en 1598, moría Felipe II que no era un «hombre de grandes ideas», siendo coronado Felipe III, primero los «Austrias menores». Felipe III, Felipe IV y Carlos II han sido definidos como «pobres hombres» que delegaban sus decisiones en nobles, siendo la mayoría de ellos «mediocres intrigantes». El cambio de corona no supuso mejora alguna en el trato de los pueblos explotados. La riqueza increíble acumulada en al-Ándalus durante varios siglos de esplendor, prácticamente había sido transferida en su totalidad a la clase dominante castellana y a la Iglesia, pero ni la represión brutal de las Alpujarras, ni el repoblamiento, garantizaban la paz del opresor. Temiendo que los moriscos estrechasen lazos con los turcos para reforzar su derecho incuestionable a la autodefensa frente a la opresión, la Corona expulsó de la península entre 1609 y 1614 a un millón de musulmanes. Las ganancias para la alta nobleza y la Iglesia fueron grandes en un primer momento, pero al poco tiempo empezaron las consecuencias quienes contrataban la muy formada mano de obra campesina y artesana morisca al caer la calidad de la producción.
El pusilánime Felipe III dejaba pudrirse la corrupta política imperial y su declinante economía cediendo el poder a validos como el Duque de Lerma que intentó evitar guerras ruinosas, limitar algunos derechos de la nobleza, reducir el empobrecimiento social creciente, etc., pero que no dudó en utilizar sus cargos para enriquecerse al máximo en un contexto de traición e intriga, corrupción, nepotismo y simonía institucionalizadas, destacando especialmente sus desfalcos inmobiliarios durante el traslado de la capital del reino de Madrid a Valladolid en 1601 y que le convirtieron en el hombre más rico del imperio español. El imperio estaba oficialmente regido por un rey que delegaba su gobierno en un duque que, para enriquecerse ilegalmente, delegaba gran parte de su poder en un valido de confianza.
La situación económica a comienzos del siglo XVII era relativamente buena pero dependía de la regular llegada de la plata expoliada en Nuestra América. Si las remesas se retrasaban y se multiplicaban los gastos, podía sobrevenir una crisis además, según estudios del clima, entre 1600 y 1715 hubo una mini glaciación por la disminución de las manchas solares con efectos devastadores sobre la producción agropecuaria provocando sucesivas hambrunas con las tensiones sociales correspondientes. Luis XIV se ganó la confianza de París al ser coronado en 1638 porque mandó repartir pan para combatir el hambre. Se discute también si la proto industrialización en esta época fue un intento de superar la dependencia agropecuaria de los caprichos del clima.
En el caso español, la depredación de al-Ándalus y de los judíos fueron dos métodos muy rentables de enriquecimiento hasta finales del siglo XV, luego asegurada a lo largo del siglo XVI por el vaciamiento de los recursos de las Indias. Y desde inicios del siglo XVII se continuó presionando a los judíos para que pagasen sumas inmensas, como fue el caso de los 410 judíos portugueses que entre 1602-1604 negociaron el perdón mediante el pago de 1.860.000 ducados más el gran valor de los regalos hechos a los ministros. La expulsión de los moriscos en 1609 también fue rentable en un primer momento para las arcas del reino. Todos los métodos eran válidos con tal de sacar ducados.
Pero la política económica de Felipe III era ruinosa a medio plazo porque ni las remesas de Indias, ni el expolio de los judíos, ni los impuestos y otras medidas como la deflación y la manipulación de la plata, etc., rendían lo suficiente para mantener un sobregasto creciente y dilapidador. Al morir en 1621 el imperio necesitaría alrededor de cuatro años, hasta 1625, para pagar su deuda, y la guerra iniciada contra Holanda en ese año exigía más y más sacrificios e impuestos, tarea a la que se lanzó el Conde Duque de Olivares quien en una carta al nuevo rey Felipe IV en 1624 le explicó que su objetivo era convertirle en el rey de «España». El valido, empleaba ya el singular de «España» según había empezado a hacer cuarenta y cuatro años antes Felipe II desde la bombardeada Lisboa, como hemos visto.
Además de otras medidas, Olivares ideó tres grandes vías para salir de la crisis y unificar «España» según el criterio austracista todavía vigente aunque cada vez más recortado: uno era forzar a los reinos y territorios a que pagasen más a la Hacienda real, otro era que pagasen y dedicasen más tropas autóctonas al fortalecimiento militar y, el tercero, tomado en 1628 era reforzar el método de la «venta de gracia», que permitía que fueran las elites dominantes de cada zona las que se quedaran con parte de los impuestos recaudados por ellas en nombre de la Corona. Era un método que facilitaba la corrupción y el despilfarro, pero que así mismo facilitaba que al menos una parte de la recaudación llegase a la Corona; era un método común, también aplicado por Richelieu, incluso en sus ejércitos, y expresaba la fase de tránsito de la descentralización de la nobleza a la centralización del absolutismo. Pero un efecto directo de este método era que facilitaba la aparición del bandolerismo social, forma de autodefensa de sectores populares sobreexplotados.
Pese a las limitaciones de las leyes de Olivares, ya para entonces era claro que Hacienda, Ejército, Cultura y Estado formaban una unidad, y en los noventa años siguientes quedaría definitivamente demostrada su efectividad con la conquista de Barcelona en 1714, la destrucción de los derechos catalanes y el salto cualitativo en la incipiente unificación nacional-burguesa de «España» como posible espacio material y simbólico de acumulación de capital. Que la posibilidad no fracasase y se convirtiera en probabilidad, y luego ésta en realidad presente, este proceso inseguro dependía de la dialéctica de las luchas de clases y nacionales, también internacionales.
5. Los Austrias menores y la ruptura en la clase dominante
Cuando la unificación militar-estatal se intentó aplicar en 1625 surgieron resistencias en casi todas partes, pero sobre todo en Catalunya, Valencia, las Illes y Aragón, dentro de la península. La oposición se siguió expresando en 1626 y 1632. Fue en este proceso de tensionamiento creciente que estalló la guerra con Francia en 1635 que, en lo que ahora nos atañe, tendría al menos tres grandes consecuencias: la primera fue condicionar negativamente a medio plazo la capacidad económica y militar el imperio al perderse el derecho de tránsito por Valtelina, derrota aceptada en el tratado de Milán de 1637 que rompía el vital corredor que comunicaba la rica y productiva Flandes con la península cruzando los Alpes, el denominado «Camino español». Recordemos que el puerto de Amberes todavía seguía siendo el principal nudo comercial de Europa noroccidental en el que confluían redes desde las Américas, Europa del nordeste y sureste, África y el Índico.
La segunda fue la expansión del nacionalismo católico castellano que, tras la liquidación del ideal comunero, tuvo espacio para crecer ya sin obstáculos. Era un nacionalismo viejo que se plasmaría en la trinidad de: «evangelizar, civilizar, españolizar». Su base social era, en primer lugar, la nobleza guerrera que durante la «reconquista» se apropiaba de inmensos terrenos.
No nos alargaremos en citas sobre la identificación entre lengua castellana y dios, que de algún modo también se argumentó en otras lenguas y culturas. Nos centraremos en el siglo XVII: en 1619 se sostuvo que era el pueblo elegido por dios, e incluso en 1625 el Conde Duque de Olivares declaró que «Dios es español» agradeciéndole victorias militares, etcétera. Con una visión mucho menos fanática en lo religioso, Quevedo decía en base al materialismo geográfico de la época que el clima hacía a los españoles tener buenos usos y costumbres, y ser leales y obedientes hacia el rey, mientras que negros e indios eran perezosos por el calor y flemáticos por el frío los alemanes.
Pero una de las razones de la obediencia hacia el rey español hay que buscarla en «el alto grado de militarización de la población desde la reconquista». Otro historiador no ha dudado en afirmar que: «Los extranjeros son así fundamentalmente los enemigos, que con sus taras y defectos permiten ensalzar, por oposición, las virtudes y superiores cualidades de los españoles». Militarización social con las leyes de leva militar de 1496 en Castilla, inquisición cultural y trasfondo estatal depredador… eran las bases del nacionalismo preburgués del Imperio. Hay que admirar, viendo este panorama, a quienes pese a todo defendieron valores y culturas progresistas en esta Castilla en la que nunca se apagó el rescoldo comunero.
Es cierto que todos los poderes cristianos, en mayor o menor medida se apropiaban de dios, enfrentándolo a los demás gobiernos. Pero desde 1635 esto se plasmó abiertamente contra la población francesa en la península no solo en la xenofobia cultural, sino también con persecuciones físicas. Felipe IV azuzó la xenofobia práctica antifrancesa apelando a la identidad católica, defensora de la justicia, contraria a los pactos de los franceses ateos, criminales e impíos con cualquier enemigo de España. Desde finales del siglo XV Francia había buscado expandirse por Italia chocando con las posesiones e intereses de Castilla, estableciéndose desde entonces una pugna abierta o soterrada por la hegemonía europea, pero estas tensiones históricas así como el rechazo a lo francés en el pueblo provocado por la Corona no debilitaban las relaciones de toda índole entre las élites de ambos Estados, de manera que debe hablarse de una manipulación descarada para movilizar al pueblo para que muriera en la guerra ocultándole las buenas relaciones entre las clases dominantes.
Una muestra de que dios empezaba a dudar sobre si era español y en qué grado, fue que permitió que Olivares fuera depuesto en 1643 por las intrigas de la nobleza no tanto por la marcha de la guerra sino porque las tibias reformas de Olivares querían regular sus privilegios. Aunque la derrota final en la guerra y el humillante Tratado de Wetsfalia de 1648 demostraron que dios no era español, o que lo era muy poco porque una de las escasas victorias que concedió al Imperio fue la derrota de la sublevación catalana de 1640, sí es cierto que el nacional-catolicismo español insiste en su origen divino. Sin duda, la Inquisición tuvo mucho que ver en el arraigo de tanta irracionalidad en el nacionalismo imperialista español.
Y la tercera fue el conjunto de revueltas y sublevaciones que estallaron o se endurecieron más a raíz del empeoramiento de la explotación imperial necesaria para sufragar una guerra masivamente rechazada. Frente a un poder putrefacto, estallaron movimientos secesionistas y batallas sociales en casi todo el imperio en las décadas centrales del siglo XVII: Portugal –ya en 1638 se sublevó la ciudad de Évora siendo masacrada–, y los Países Bajos lograron la independencia después de duras guerras de liberación que no podemos detallar aquí, en las que las mujeres arcabuceras tuvieron un papel decisivo en algunos momentos. Pero fracasaron la Revuelta de la sal en Bizkaia en 1634, Catalunya en 1640, Andalucía en 1641, Nápoles y Sicilia en 1647, Nafarroa y Aragón en 1648, por citar las más conocidas. De todas ellas, la catalana es la que ahora nos interesa.
La guerra dels segadors de 1640 es el nombre que se da a la sublevación que resistió en Barcelona hasta 1652. Como hemos visto, desde 1625 Catalunya retrasó todo lo que pudo sus obligaciones militares con Castilla: en 1638 se negó a enviar tropas autóctonas a Gipuzkoa contra los franceses. Sin embargo, el ejército catalán sí tuvo que defenderse cuando los franceses invadieron el Principat, sufriendo la derrota de Salses en 1639 con un costo de 7.000 muertos y la liquidación del 25% de la nobleza del país. Fue una entrada obligada en la guerra defensiva, pero con un fuerte rechazo a los abusos, atropellos y destrucciones que cometía el ejército imperial oficialmente «aliado» sobre la población catalana que, además, pagaba los costos de su mantenimiento y ponía muchos de los muertos.
La sublevación estalló en abril de 1640 en un inicio contra el ejército imperial pero se extendió pronto contra las clases ricas catalanas a las que acusaban de traidoras. El pueblo ejecutó al virrey español y asaltó edificios relacionados con la administración del poder y de la propiedad. Hay que destacar la participación de las mujeres en estas luchas. Para el verano de 1640 la sublevación se había convertido en revolución social. Madrid preparó otro ejército para entrar el Catalunya. Cogido entre dos fuegos: el ataque del Imperio y la revolución interna, la Diputació pidió ayuda a Francia en enero de 1641, deponiendo a Felipe IV como Conde de Barcelona para darle el título a Luis XIII. Las tropas catalanas y francesas, ahora aliadas, derrotaron el ataque del Imperio,
La suerte del conflicto cambió bruscamente al sumergirse Francia en la guerra interna de la Fronda, desde 1648, entre grandes familias nobles y la Casa de Borbón que tuvo que dejar de ayudar a Barcelona en un momento en el que surgían tensiones cotidianas entre franceses y catalanes, debilitando mucho la defensa. En 1650 la peor epidemia de peste del siglo causó 36.000 muertos solo en Barcelona. En 1651 Felipe IV, al tanto de esa triple debilidad, sitia Barcelona y la conquista después de un año de resistencia, en 1652. Sabedor del poder económico de Catalunya, de la conciencia social y nacional de su pueblo trabajador y de la conciencia nacional burguesa de su clase dominante, decidió respetar en 1653 sus fueros aunque ligeramente reducidos.
Pero el incremento de las arcas reales gracias a la mayor explotación de los Països Catalans y Aragón no logró detener la crisis del imperio español: en lo económico las bancarrotas de 1647, 1652 y 1666; en lo militar, la derrota de Rocroi de 1643 y la derrota ante Portugal en 1656 que son la parte externa del «desmoronamiento interno»; y en lo político la derrota total en el Tratado de Wetsfalia de 1648 y en el Tratado de los Pirineos de 1659 mediante el cual la Corona española cedió al reino de Francia una quinta parte del territorio y de la población de los Països Catalans. La crisis latente del sistema aparecía como crisis real, manifiesta, cuando estallaban motines populares que entre 1647 y 1652 se sucedieron en Andalucía, especialmente en Córdoba y Granada.
La incapacidad económica, militar y política era tal que el imperio español no pudo romper el bloqueo marítimo inglés entre 1656 y 1659, año en el que por fin arribó la flota de América con gran cantidad de plata que, empero, se dilapidó improductivamente como siempre. La bancarrota de 1666 mostró la gravedad del «cáncer monetario» que asfixiaba al Imperio. La alta nobleza y la Iglesia –un poder terrateniente enorme– hacían y deshacían a su gusto: no debe extrañarnos, por tanto, que en 1677 se propusiera en las Cortes de Aragón la supresión de la «potestad absoluta de la nobleza», una propuesta revolucionaria por las perspectivas que podría abrir, que también mostraba el antagonismo creciente entre los derechos parlamentarios aun sobrevivientes en algunas naciones y el poder fáctico español que necesitaba intensificar su centralismo.
La vida política del Conde de Oropesa es un ejemplo de la estulticia y corrupción política: sus reformas desde 1680 podrían haber insuflado nueva vida a la Corona, pero las envidias y egoísmo de la nobleza las hicieron fracasar y le obligaron a dimitir de sus cargos teniendo que ir al destierro, muriendo en 1708, cuando la Guerra de Sucesión iniciada en 1701 asolaba Europa, siendo una verdadera guerra mundial por la hegemonía en Europa y, sobre todo, por el control de los inmensos recursos de América mediante el control de la Corona española.
6. La casa de Borbón y la guerra contra los pueblos
La muerte de Carlos II en 1700 sin dejar descendencia dio paso al reinado de Felipe V, que fue el detonante de una crisis total del bloque de clases dominante en el Estado que venía agravándose desde la catástrofe de Wetsfalia de 1648; crisis que a su vez reflejaba un choque frontal en Europa entre dos modelos imperiales opuestos: el de Casa de Borbón y el de la Casa de los Habsburgo. Durante este medio siglo, la clase burguesa había incrementado su poder en Europa. Para entonces la Escuela de Salamanca era ya un legajo de papales olvidados en un armario. La cultura española, castrada por la Inquisición y el atraso, no podía dar a luz mentes como las de Hobbes, Spinoza, Locke y otros que sobre la base de Bodin fueron capaces de desarrollar la filosofía de la resistencia y la ideología del derecho y la soberanía, del límite del poder del Estado, de la propiedad burguesa, etc., en sus interpretaciones particulares porque vivían la lucha entre burguesías en ascenso, dispuestas a muchos sacrificios, y el feudalismo en retroceso dispuesto a todos los crímenes para mantener su poder.
La Casa de Borbón terminó imponiendo un Estado con un único ejército, una única lengua, un único sistema fiscal, una única política económica, un único sistema represivo, etc., tal como se desarrollaban en Francia obteniendo el esplendor y poder del absolutismo versallesco. A grandes rasgos, Castilla se hizo borbónica no sin dudas al principio porque, además de otros factores como la represión del ideal comunero desde 1521 por ejemplo, también se había desarrollado el nacionalismo imperial que deseaba reaparecer como gran potencia tras el hundimiento de 1648; además, la ideología de obediencia al Rey y la influencia autoritaria de la Inquisición facilitaron el apoyo a la Casa de Borbón; por otra parte, el desprestigio de los «Austrias menores» por su corrupción e inutilidad, responsables de las continuas bancarrotas y caos económico no podía contrarrestar la fama de eficacia borbónica.
Se ha dicho con cierta base que la Casa de Borbón consiguió el apoyo de las llamadas clases medias y de la pequeña nobleza en el centro peninsular para frenar el poder de la Iglesia, de la alta nobleza y de la Inquisición. El atraso tecnocientífico «difícil de superar» del Imperio era innegable y las clases medias pagaban sus consecuencias cuando querían abrir nuevos negocios. El ejemplo de la decisiva producción de armas es aplastante: muchas y las mejores debían comprarse en el extranjero y aunque el famoso «secreto sueco» de la fundición de calidad fue utilizado en Cantabria, el atraso seguía sin superarse. La industria armamentista vasca sufría el estrangulamiento de tener que adquirir las llaves de percusión y otras piezas de calidad en Francia. El apoyo de la burguesía vasca a la Casa de Borbón tenía algo o bastante que ver con sus negocios industrial-armamentísticos, el papel de los puertos de mar, en la necesidad de adquirir tecnología francesa. Los borbones respetaron las leyes vascas durante unos años porque también dependían de su industria. Sea como fuere, París obtuvo enormes concesiones de Madrid.
Por su historia y estructura económica, los Països Catalans resultaron relativamente beneficiados en la segunda mitad del siglo XVII, a pesar del centralismo en ascenso de Carlos II que reinó en 1665-1700. Más que en Aragón, en los Països Catalans se había desarrollado una burguesía comercial muy activa gracias, entre otras cosas, a los avances en la técnica textil. Las relaciones mercantiles con el Mediterráneo y con las antiguas posesiones del Reino de Aragón facilitaron el crecimiento. Esta burguesía iba rompiendo sus lazos ideológicos con el imperio español en la medida en que este le seguía negando el acceso al comercio de las Indias. Además, el nacionalismo español no olvidaba que el pueblo catalán se había sublevado en 1640, por lo que vigilaba atentamente el auge del ideario catalanista en su burguesía y en su pueblo trabajador. Bajo estas presiones los Països Catalans desarrollaron efectivas formas casi paralelas de autogobierno fáctico.
Por ejemplo, en los 35 años de su reinado Carlos II nunca convocó las Cortes catalanas, torpedeando su accionar con el «derecho real» de prohibir a determinadas personas que no eran de su agrado a que participaran en los listados de insaculación de cargos catalanes, limitando así mucho la efectividad del Parlament. Fue esta política la que aceleró en València el estallido de la Segona Germania en 1693 contra el empobrecimiento y la explotación, y contra los abusos del centralismo de Madrid, y que en 1702 en las Cortes de Aragón debatieran de nuevo contra los privilegios de la nobleza. Por su parte, la respuesta catalana fue crear la Conferència del Comuns de 1703 para administrar ágilmente los intereses de las clases y capas propietarias –los «ciudadanos honrados»–, y de otras instituciones muy efectivas. La reacción del nuevo rey Felipe V desde Madrid fue aplicada por el virrey Velasco en 1704-1705 enseñando lo que ya empezaba a ser el centralismo borbónico, entre otros objetivos para reprimir la precipitada rebelión de 1704.
Por fin, en 1705 la mayoría de aragoneses y catalanes se posicionaron contra el Borbón y a favor de la Casa de Austria porque esta no atacaba tanto sus derechos nacionales. La propaganda nacionalista española falsea y ridiculiza la eficacia administrativa y las garantías civiles de los sistemas forales que, en líneas generales, limitaban el poder real, los privilegios de la nobleza y el terror moral y físico de la Inquisición; también reducían los impuestos, regulaban las tasas de salida y entrada de mercancías, y garantizaban al pueblo una influencia más cercana y casi directa al poder foral sobre todo en las hambrunas y crisis de abastecimientos por acaparación privada del grano y otros alimentos y productos necesarios, obligando al poder bajo presión de masas a prohibir el acaparamiento e imponer precios baratos; además las «constituciones», los fueros, las «leyes viejas», etc., controlaban sus propias unidades militares y podían negarse y se negaban a participar en guerras extranjeras.
Estas características explican por qué las naciones periféricas del Estado español defendieran tan desesperadamente sus leyes propias: porque sabían por experiencia que eran mejores, más justas y más democráticas –en el sentido preburgués de la época de entre las dos oleadas revolucionarias burguesas triunfantes– que las que imponía la Casa de Borbón por derecho de conquista. También explican el importante papel desempeñado por las mujeres en esa defensa, tanto que solo muy tarde, en verano de 1715, Felipe V empezó a perdonar a las mujeres austracistas por su «desafección o disidencia».
Tras la victoria del borbón en la batalla de Almansa de 1707 el centralismo destrozó los derechos de Valencia. Aragón todavía resistió hasta la derrota de Villaviciosa en 1710. El arzobispo de Zaragoza pidió a Felipe V que impusiera directamente la ley castellana, liquidando la aragonesa. Los pueblos conquistados sufrieron una política que tenía «un fuerte contenido punitivo». La guerra fue inclinándose a favor del centralismo borbónico, en buena medida gracias al ejército francés, y a pesar de los intentos catalanes de reconquistar Valencia con un desembarco coordinado con una sublevación campesina. Hubo un flujo de refugiados valencianos y aragoneses hacia el Principat para seguir luchando por sus derechos nacionales, sociales, culturales.
Felipe V dejo claro en el artículo XIII del Tratado de Utrecht de 1713 que una cosa era la amnistía que pensaba conceder presionado por las potencias extranjeras, pero que Barcelona y los territorios aún libres de los Països Catalans estarían bajo la ley castellana, como ya lo estaba el resto. Los defensores de Barcelona se enteraron por algún vericueto de este artículo XIII y decidieron resistir hasta el final.
7. La casa de Borbón y la represión de los pueblos
En la Barcelona resistente de 1713-1714 se publicaron textos en los que se pedía al pueblo castellano que recordara los derechos que le habían arrancado brutalmente al perder la guerra de los Comuneros en Villalar en 1521, hundiéndole en la explotación, mientras que Catalunya aún conservaba esos mismos derechos que se habían practicado en 1701 y 1705 en las Cortes, la Diputació y los municipios «que daban voz al “hombre común”». Las y los barceloneses eran conscientes de esa especie de continuidad histórica porque, en las condiciones de 1713-1714, revivían en su contexto los mismos problemas esenciales del pueblo comunero castellano de dos siglos antes: derechos, autodeterminación desde la base y soberanía colectiva dentro del contexto sociohistórico objetivo, es decir, en el caso castellano la sociedad estamental minada por una incipiente burguesía y en el caso catalán la decadente sociedad estamental desbordada por una burguesía fuerte.
El andamiaje administrativo-institucional construido en los Països Catalans y en Aragón, demostró su solidez democrática en los muy duros momentos de decidir con votaciones sucesivas si se resistía al invasor o se claudicaba ante él. No fue una dirección política vertical, impuesta desde arriba a un pueblo obediente, sino un proceso muy horizontal para las condiciones de su época, desde luego cualitativamente mejor que el autoritarismo absolutista dominante entre las dos oleadas de revoluciones burguesas triunfantes, la de mediados del siglo XVII y la de finales del siglo XVIII. Del mismo modo, la dirección de la guerra defensiva y la excelente preparación de la oficialidad del ejército de Catalunya eran inseparables de esos métodos de autogobierno soberano que el pueblo catalán se había dado a sí mismo en base a su derecho a la libre determinación en la fase histórica anterior a la segunda oleada de las revoluciones burguesas. Sin esta base de participación es incomprensible entender la existencia de entre 20.000 y 30.000 soldados profesionales en 1705-1713, es decir, el 6% de la población catalana, una proporción comparable a la militarizada Suecia de Gustavo Adolfo.
Los invasores quedaron sorprendidos por la decisión de lucha del pueblo catalán. Creían que la apabullante demostración de fuerza realizada el 25 de julio de 1713 frente a las murallas de Barcelona por un ejército borbón de 20.000 soldados sería suficiente para que, aterrado, se rindiera. Pero Barcelona resistió más de un año. La dura fiscalidad y las atrocidades y crímenes del ocupante borbón contra la población que vivía fuera de Barcelona, fueron tales que desde finales de ese año y enero de 1714 estallaron motines y aparecieron guerrillas que para primavera de 1714 formaban una especie de ejército de extramuros de 4.000 soldados. La eficiencia de la soberanía preburguesa catalana se demostró en estos momentos críticos no solamente armando un ejército, sino también una flota que garantizaba los suministros desde Mallorca y otros puertos.
Pero las llamadas «Dos Coronas» de la Casa de Borbón, sumaban demasiados recursos frente a la heroicidad catalana, sobre todo en artillería, poliorcética e ingeniería militar lo que permitió a los invasores acercarse mucho a las murallas sufriendo muy pocas bajas. La suerte estaba echada. Una muestra de la raigambre del sentimiento nacional preburgués del pueblo lo encontramos en la mitad de la batalla desesperada del 11 de septiembre de 1714: en una brecha crítica abierta por la artillería franco-española los defensores se reorganizaron alrededor de la bandera de Santa Eulalia, patrona de Barcelona, contuvieron el ataque y contraatacaron hasta taponar la brecha. Las enseñas y banderas que simbolizaban el sentimiento nacional preburgués estuvieron al frente de los desesperados contraataques de una masa de guerra formada por soldados y por civiles armados de cualquier modo.
Ese último día el monasterio de San Pedro fue reconquistado once veces por los catalanes que al mediodía volaron una parte y se atrincheraron en ella por última vez. Los defensores sabían que Lleida y Xàtiva habían sido masacradas por el borbón, con escenas espantosas, y aprovecharon la oferta de rendición sin saqueos ni muertes hecha por el mando atacante, para salvar las vidas y las casas de la población civil, o de lo contrario la población sería pasada a cuchillo. La negociación fue realizada por Berwick que contravino las órdenes del rey no se sabe si para evitar una posible desbandada de su ejército agotado por la resistencia popular, o para facilitar la entrada de la caballería invasora por las estrechas calles de la ciudad.
Pero la caída de Barcelona y de la fortaleza de Cardona una semana más tarde no supuso el fin automático de la guerra porque Palma de Mallorca resistió hasta julio de 1715 y, a otra escala, se organizaron guerrillas catalanistas en los Pirineos durante al menos una década. Durante la guerra, decenas de miles de personas tuvieron que escaparse de los Països Catalansy de Aragón para no ser encarceladas o asesinadas. El rey borbón acabó con sus derechos aplicando el más fuerte derecho de conquista del Imperio, empezando en el acto un proceso de desnacionalización gradual. Catalunya fue sobrecargada de impuestos en comparación a los que pagaba Castilla, pero en realidad fue la Corona de Aragón –Valencia, las Illes, Aragón y Catalunya– la que, desde su derrota y ocupación militar desde 1707-1714, llenó el agujero fiscal español con la sobreexplotación económica. El Imperio necesitaba urgentemente cualquier aporte de fondos para taponar dos brechas mortales: el orden interno y la seguridad marítima. Ambas necesitaban dinero, mucho dinero, que fue sacado de la derrotada Corona de Aragón, además de otras formas y métodos. El preámbulo del decreto de Nueva Planta de enero de 1716 dejaba claro que la ley española impuesta se basaba en el derecho de conquista, lo mismo que dejó bien claro el ejército fascista español cuando logró conquistar Bilbao en 1937.
En orden interno se aseguró aumentando la movilidad del ejército para que pudiera trasladarse rápidamente por el Estado reprimiendo cualquier protesta: nada menos que 14.000 hombres a caballo y 59.000 a pie, una proporción de caballería muy alta para la época. En cuanto a la marina, la crisis era tal que tras la Guerra de Secesión dependía de la flota francesa para garantizar la llegada de la plata de Nuestra América. Debía, por tanto, construir una armada nueva o todo se hundiría. La experiencia burocrática del Borbón, su centralización extrema, fue aplicada en el Estado desde 1717 para crear la Marina de Guerra. Sin la sangría económica del aplastado Reino de Aragón, semejante recuperación imperialista hubiera sido mucho más difícil.
Para concluir, hemos dicho anteriormente que Hacienda, Ejército, Cultura y Estado formaban ya una unidad en el siglo XVII que se reforzaría en el XVIII. Hemos hablado del expolio fiscal de los Països Catalans y de Aragón para fortalecer el Estado y el Ejército español. Nos falta la Cultura: de la misma forma en que la aristocracia y la joven burguesía valenciana empezó a abandonar el uso del catalán al ser derrotada la rebelión de la Germania en 1520-1522 contra la nobleza, rebelión popular que se extendió a Mallorca, después de 1714 la burguesía catalana también giró hacia la lengua española. En ambos casos se trata de la necesidad de las clases dominantes de distanciarse del pueblo trabajador, de su cultura y lengua, para acercarse a las del ocupante. Decidido a extender no solo la lengua y la cultura española, Felipe V fundó en 1738 la Real Academia de la Historia para fijar la visión políticamente correcta de la historia española pero «con bastante ineficacia, por cierto». Y el rey Carlos III prohibió imprimir libros en euskera en 1766 y en 1768 ordenó que en Aragón se actuase y se enseñase en castellano.
8. La dinámica de las contradicciones y sus formas
Los escasos intentos habidos en el Estado para impulsar un capitalismo con alta productividad del trabajo, con una política clara de subsunción real de las clases trabajadoras mediante una permanente modernización tecnocientífica, de modo que la inevitable resistencia obrera nunca diera el salto a la lucha política por la toma del poder, y con una deliberada integración de las burguesías de los pueblos oprimidos en un sistema democrático-burgués flexible e integrador, dentro de lo relativo de estos términos, tales intentos, además de haber sido muy pocos siempre han sido rápidamente cortocircuitados por la fiereza reaccionaria y la estulticia conservadora que vertebra el espinazo del bloque de clases dominante en el Estado.
Desde ese siglo XVIII en el que la crisis del feudalismo no encontró como salida el desarrollo de una forma «moderna» del modo de producción capitalista, sino a un engendro corrupto, violento y orgulloso de su ignorancia, desde entonces se han repetido una y mil veces determinadas crisis que apenas varían en su esencia aunque sí en sus formas. Pese a los puntuales y fugaces esfuerzos de acelerar y racionalizar el sistema productivo, social, cultural y político español para recortar distancias y reintegrarlo en la cada vez más distante cabeza hegemónica del capitalismo, ahora mismo nos golpea el torbellino de contradicciones que estallaron desde la mitad del siglo XVII hasta su definitivo triunfo reaccionario a comienzos del siglo XVIII.
Unos intelectuales que flotaban en las nebulosas de sus abstracciones, creyeron que la crisis de finales del siglo XIX era la definitiva porque, de rebote, insuflaría vida en el «alma española». El reaccionario Maeztu lloriqueó diciendo: «Me duele España», y ese sufrimiento derechista desencadenó una cadena de brutalidades fascistas que siguen atormentando la conciencia de los vivos y pudriendo el interior del sistema capitalista. Tal vez desesperado, Ortega y Gasset dijo aquello de que «España es el problema, Europa es la solución». Pero Europa no ha sido la solución pese a las promesas de ayuda, sino uno de los verdugos.
El atraso histórico en la productividad del trabajo y la indiferencia ensoberbecida hacia la ciencia y la técnica; la corrupción estructural, el amiguismo y el orgullo medieval por el corporativismo clientelar; el desprecio racista del nacionalismo gran-español y católico hacia las lenguas y culturas de los pueblos que oprime y el incumplimiento sistemático de los acuerdos pactados con las burguesías «regionales»; y la tendencia congénita, casi inquisitorial, hacia el recurso fácil a las soluciones represivas y violentas cuando las clases y naciones explotadas desbordan la flaca tolerancia del poder.
Las cuatro características descritas, que interactúan entre sus múltiples matices hasta formar una totalidad concreta vigente en cada crisis histórica, nos remiten en sus diversos inicios y con sus velocidades y autonomías relativas a finales del siglo XV. Esa totalidad concreta descrita nos conduce definitiva e irreversiblemente a la mitad del siglo XVI en adelante. En ese devenir, provocaban sucesivos estallidos de violencias varias, siendo las decisivas las que se expresaban en forma de guerras convencionales. Eran violencias decisivas porque, según sus resultados, fortalecían tendencias evolutivas reaccionarias o progresistas, especialmente las primeras.
A nivel estatal vencieron las reaccionarias y por eso el capitalismo resultante se caracteriza por las contradicciones arriba resumidas que, por ser estructurales, o mejor decir genético-estructurales, impiden ya definitivamente la «modernización» del capitalismo español. Las fuerzas reaccionarias dominantes en el bloque de clases en el poder sienten no solo como un ataque a su propiedad ese intento de «modernización», que también lo es, sino que encima se sienten ofendidas e insultadas en su cínica moral nacional-católica y de esta mezcla de orgullo herido y bolsa amenazada resurge siempre su añorante necesidad infantil de un padre protector, sea un rey o un dictador, o ambas cosas.
Pero el reformismo, sea blando o duro, no puede imaginar otra alternativa que no sea la de mantener lo esencial de la nación española, aunque sea recurriendo al imposible metafísico de la «nación de naciones» dentro del sistema capitalista. Y no puede hacerlo porque su sistema cognitivo está cimentado en el nacionalismo español.
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2. Nacimiento, esplendor y decadencia histórica
3. Escuela de Salamanca y controversia de Valladolid
4. Felipe II y el nacionalismo español «prudente»
5. Los Austrias menores y la ruptura en la clase dominante
6. La casa de Borbón y la guerra contra los pueblos
7. La casa de Borbón y la represión de los pueblos
8. La dinámica de las contradicciones y sus formas
9. Bibliografía básica consultada
1. Introducción
Este texto tiene dos objetivos que en realidad son uno solo. El más inmediato es contextualizar el debate sobre Sobinaries, drets i autodeterminació que está a la orden del día en todas partes aunque de forma inmediata en el Principat de Catalunya; y el mediato, el de ayudar a la elaboración colectiva de una alternativa internacionalista de las naciones oprimidas por los Estados español y francés.
Al menos desde 2014 existía la propuesta algo borrosa entonces para que diversas fuerzas revolucionarias avanzásemos en la crítica radical del imperialismo en su conjunto pero sobre todo en la forma concreta que más nos destroza, la de los Estados español y francés. Dentro de esta dinámica el 24 de julio de 2017 se firmó el Manifiesto internacionalista de Compostela y el pasado 22 de agosto del mismo año el documento Con Catalunya y su derecho inalienable a la independencia nacional . Ni terrorismo yihadista ni terrorismo imperialista , ambos a libre disposición en la red.
Hace unos días se propuso un debate también en Catalunya sobre el sugestivo y crucial tema de Sobinaries, drets i autodeterminació. Bien mirado, el debate profundiza hasta las raíces de la crisis actual del Estado español, la más grave de todas las que históricamente han afectado al marco geoestratégico material y simbólico de acumulación de capital que denominan España. No es cierto que la crisis actual sea la del llamado «régimen del 78», esta es la forma político-institucional externa de las débiles bases del Estado español desde el fin del Medievo.
Lo que vuelve a estar en cuestión, o si se quiere en el punto de mira de la dialéctica como negación radical de lo existente, al menos para la minoría comunista, es la viabilidad histórica de España como espacio geoestratégico de acumulación ampliada de capital. Esta crisis estructural ha emergido de nuevo –nunca ha desaparecido del todo– porque el capitalismo mundial acelera la periferización del Estado multiplicando su dependencia. Semejante retroceso continuado desde el siglo XVII, que se intensifica como tenencia objetiva en la actualidad, genera nuevas y más graves diferencias y oposiciones en su bloque de clases dominante y en los partidos políticos que le representa, pero especialmente agudiza las contradicciones entre el marco estatal de acumulación o España, superado objetivamente, y las naciones trabajadoras oprimidas, contradicción que forma parte a su vez de la contradicción irreconciliable entre el capital y el trabajo que también se libra dentro de los pueblos oprimidos.
Simplificar tan simplonamente la aceleración de la obsolescencia del marco estatal de acumulación, reduciéndola a simple crisis de «legitimidad democrática» del «régimen del 78», decir que hay que abrir una nuevo «proceso constituyente» y avanzar en el «destituyente», etcétera, sin bajar a la sala de calderas que pierden presión por sus junturas, esta superficialidad solo beneficia al poder establecido ya que suaviza la hondura del problema, genera expectativas reformistas, oculta elaborar una estrategia de largo alcance basada en el internacionalismo y en la certidumbre de que ninguna opresión será superada mientras perdure la propiedad privada de las fuerzas productivas, mientras que el bloque de clases dominante se crea propietario de las clases y naciones explotadas.
Desde el siglo XV, por poner una fecha en la que ya se vislumbran algunas problemáticas que iremos viendo, fueron desarrollándose contradicciones que, en sinergia y respondiendo al agotamiento del imperio español, dieron cuerpo a la crisis estructural desde mediados del siglo XVII a comienzos del siglo XVIII. La destrucción de la Corona de Aragón y sobre todo Catalunya, más en concreto Barcelona, fueron el punto álgido de aquella crisis: no es casualidad que ahora sea Barcelona el punto álgido de su vuelta a escena en el capitalismo del siglo XXI.
Entonces chocaron dos derechos antagónicos, por un lado el de la Casa de Borbón como representante del absolutismo que buscaba compaginar los privilegios señoriales con los intereses de una burguesía cobarde y timorata, comparada con la holandesa e inglesa, por otro lado el de la Casa de los Habsburgo que mal que bien se había granjeado el apoyo de las fuerzas nacionales preburguesas de los Països Catalans y de Aragón, que defendían sus derechos históricos desde una perspectiva municipalista y de debates en cortes mucho más cercana a la experiencia inglesa que al verticalismo versallesco.
El debate sobre Sobinaries, drets i autodeterminació muestra cuánta razón tenía Marx al decir que cuando dos derechos chocan, decide la fuerza, y cuánta razón tenía Trotsky al decir aquello de que el Estado es el monopolio de la violencia, idea de la que se apropió Weber para desnaturalizarla, y, por no reiterarnos, cuánta razón tenía Mao al decir que el poder nace del fusil. Naturalmente, nos referimos a las contradicciones históricas, no a las divagaciones idealistas de la sopa ecléctica y del engrudo reformista del foucaultismo, laclausismo, negrismo, etc., de la «leal oposición de su Majestad».
Es la fuerza, el poder, la que decide el resultado de la incompatibilidad entre el derecho de España y el derecho del pueblo catalán y de todos los pueblos. La trágica experiencia del Imperio católico así lo había demostrado con mucha anterioridad. En el violento conflicto mantenido en sus dos fases, del siglo XIII al XV, y del XV al XVIII, la potencia vencedora, la que ahora se llama España, impuso sus derechos porque tenía más armas, muchas de ellas fabricadas por la burguesía vasca, tal como lo reivindicó con sinceridad inhumana el Cardenal Cisneros. Ahora sucede lo mismo, no nos engañemos, pero con la diferencia de que además de las armas de guerra, el Estado tiene las armas económicas, de propaganda y de manipulación, de cerco económico y financiero…
Cualquier debate sobre Sobinaries, drets i autodeterminació tiene que enfrentarse a esta realidad y ayudar a responder a esta pregunta: ¿cuáles son nuestras armas, nuestros poderes? Uno muy importante es el de la teoría, el conocimiento crítico de la realidad: el arma de la teoría y el poder de la praxis. Es su unidad la que cimenta el debate inmediato sobre Sobinaries, drets i autodeterminació y el debate mediato sobre los objetivos del internacionalismo, sus estrategias y sus tácticas.
2. Nacimiento, esplendor y decadencia histórica
La segunda ofensiva cristiana contra al-Ándalus comenzó alrededor de 1227 y concluyó en 1262 con la destrucción de casi la totalidad de la muy superior cultura musulmana, el expolio de sus riquezas, la esclavización directa o indirecta de sus habitantes. Las mezquitas fueron derruidas o convertidas en iglesias, las lenguas árabes y judías marginadas o prohibidas. Ingentes latifundios fueron entregados como premio por los reyes a una reducidísima clase de incultos y sucios guerreros ennoblecidos. Como veremos, ya desde entonces las coronas de Castilla y Portugal eran «Estados depredadores».
De todos los reinos existentes en la península entre los siglos XIII y comienzos del XV, el mejor posicionado geoestratégicamente a medio plazo era el de Castilla y León formado en 1230, siguiéndole Portugal. Entre ambos se libra una áspera pugna inter imperialista por el control de Granada y la zona noroccidental de África, incluidas las islas Canarias, Azores y otras. Les seguía la Corona de Aragón, que se había formado en 1137, pero de manera tan descentralizada entre las tres cortes, Aragón, València y Catalunya, que llegado el momento decisivo a comienzos del siglo XVIII no podría responder con la misma centralidad de mando que la lograda por Felipe V.
Desde mediados del siglo XIV, sobre todo en el norte de Italia, en Florencia, etc., se extendían los choques entre nuevas fuerzas sociales y viejas estructuras de dominación que constreñían el crecimiento de las fuerzas productivas. También desde mediados del siglo XIV Catalunya va entrando en una crisis múltiple: demográfica, pestes, producción agraria, gran debilidad de la lucha campesina comparada con su fuerza en el siglo XIII y fortalecimiento del poder señorial, retroceso del comercio, caída de precios y deflación, y, por no extendernos, agudización de todas las contradicciones de manera que para la mitad del siglo XV se había recuperado la lucha campesina –las remensas– y estalla la guerra civil en 1462 y 1472 entre los bandos partidario del rey de Aragón en defensa de la nobleza y grandes comerciantes, o Biga, y el bando de Busca, los intereses populares, campesinos, burguesía urbana de Barcelona para mantener sus derechos municipales en un momento de expectativas de crecimiento económico.
La guerra civil catalana fue parte del choque que se inicia de manera irreversible a finales del siglo XV entras las fuerzas expansivas del joven capitalismo, a las que les faltaba aún el poder político-estatal, y los cada vez más estrechos márgenes de tolerancia del Medievo, como quedó claro en la rebelión de los Irmandiños de 1467-1469 en Galiza, una de las más fuertes de la península, que no consiguió derrotar del todo el nacionalismo medieval de los Irmandiños, de manera que pocos años después los reyes llamados Católicos consiguió el terrible sometimiento del pueblo galego conocido con el nombre de Doma y castración de Galiza, que lo dice todo. Castilla no podía dejar que existiera una facción de la nobleza con apoyo popular y burgués dispuesta a unirse con Portugal, así que la decapitó. Y anuló la oficialidad de la lengua galega, que además era la lengua culta en buena parte de la península, lo que aceleró la victoria del castellano sobre todas las demás.
Por esos mismos años, los límites del feudalismo ante la ascendente burguesía urbana causaron la Guerra de Bando en Vascongadas, que fue una especie de «pequeña revolución burguesa» sin la cual no se entienden los Fueros Vascos. En este contexto la pujante industria del hierro, armas, barcos, pesca y comercio rechazó en 1481 la propuesta de Castilla para que participara en la guerra contra el turco. Los informes negativos de los dos enviados castellanos sobre los vascos decía que «los moradores de aquella tierra son gente sospechosa» porque defienden sus libertades colectivas. Las negociaciones fueron arduas y al final se llegó a un acuerdo: Castilla obtuvo barcos de guerra y la industria vasca siguió creciendo potente sin merma para los derechos del país.
La expansión castellana necesitaba armas, barcos, técnicos en navegación, etc., también para apoderarse de las islas Canarias, antes de que lo hiciera Portugal, y para asfixiar por mar al reino de Granada. La conquista de las islas fue dura y salvaje entre 1478 y 1496, exterminando a su población. A la vez, en lo que quedaba de al-Ándalus el pequeño reino independiente de Granada debía pagar exorbitantes tributos a Castilla dedicando casi la totalidad del resto de sus recursos al ejército para retrasar en lo posible la segura invasión castellana que se produciría entre 1482 y 1492. Pero casi de inmediato continuó la resistencia con formas de «bandolerismo social», de prácticas religiosas y culturales clandestinas, etc.
En estos siglos: «Portugal y Castilla eran, predominantemente, Estados depredadores que vivían de los recursos de la España musulmana»: para fines del siglo XV el 2 o el 3% de la población poseía el 97% de la tierra. Fue en 1492 cuando Nebrija explicó que lengua castellana e Imperio católico iban unidos. La persecución contra los moriscos, muchos de los cuales fueron esclavizados, y contra judíos e indios, se legitimaba mediante el racismo de la «pureza de sangre».
Muy probablemente la burguesía armera vasca estuviera al tanto de las necesidades que tenía Castilla de barcos, las aprovechó para subirle los precios y mantener las libertades de los territorios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, que habían mantenido un estatus fluctuante entre el reino de León y el de Nafarroa, creado en 824. Castilla y Aragón tenían pactado desde el siglo XI el reparto de Nafarroa. En 1200 lograron arrancarle grandes territorios mediante la guerra y la negociación con las noblezas, aprovechando una situación de debilidad navarra. La nobleza conservó sus derechos incluido el de pernada, que dos siglos más tarde sería una de las causas de una fuerte rebelión popular. No fue hasta 1512 cuando comenzó la invasión definitiva realizada con una superioridad aplastante de medios y con una política cercana a la liquidación. A pesar de ellos, con altibajos e intentos fallidos de reconquista, la guerra se prolongó hasta la derrota última en Amaiur en 1521. La conquista fue facilitada por la traición interna de un sector de la nobleza de Nafarroa vendida al invasor porque así aumentaba mucho sus propiedades, también fue facilitada por el apoyo prácticos de tropas de las clases dominantes sobre todo de Gipuzkoa, que actuaban aliadas con el imperialismo porque este le suponía un inacabable mercado en el que vender sus productos, mientras que el Estado vasco de Nafarroa era pequeño y pobre. Ignacio de Loiola, fundador de la Compañía de Jesús, a la que volveremos por su papel en el mantenimiento del Imperio, fue uno de los invasores.
Comuneros, villanos, forajidos, homicianos, bandoleros, perayles, boneteros, freneros, celemineros… estos son algunos de los calificativos que daban los cronistas oficiales a las masas urbanas y campesinas que impulsaban la revolución de las Comunidades en Castilla y algunas otras zonas del reino en 1520-1521. Sus reivindicaciones e ideas difusas, pero moldeadas y llenas de contenido por los valores de una burguesía enfurecida, dieron a las acciones del pueblo comunero un contenido «radicalmente amenazador» para el orden establecido, y de aquí la extrema dureza de su exterminio porque, por ejemplo, la alta nobleza, la Iglesia y la Inquisición, el mismo Carlos I, no podían aceptar las tesis sobre el bien común, la libertad, el derecho a la rebelión, el principio del consentimiento popular, etcétera.
Desde hacía algunos años se oían quejas contra la corrupción y desidia del Consejo Real, contra el subdesarrollo económico como efecto del enriquecimiento de unos pocos y de las empresas extranjeras, contra la prepotencia de los consejeros flamencos del rey Carlos I, que al principio no sabía castellano, contra las trabas para crear negocios… Este movimiento aunaba al pueblo, despreciado por los cronistas, con la mediana nobleza y con la nueva burguesía comercial. La alta nobleza, la burocracia eclesial y la Inquisición se pasaron al bando de Carlos I, decidiendo la suerte de la revolución que fue aplastada en Villalar en 1521.
La depredación social fue una característica de todos los imperialismos desde Sumeria, pero con el tránsito del feudalismo al capitalismo adquirió características nuevas que se expresaban en la acumulación por desposesión, componente básico de la acumulación originaria de capital. Los reinos de Castilla y Portugal estaban esquilmando al-Ándalus, zonas de África, las Indias y zonas de Europa: una de ellas fue Roma, la supuesta Ciudad Santa o también llamada por los albigenses «la puta de Babilonia», saqueada por el imperial ejército de los católicos Habsburgo en 1527.
Desde la década de 1480 la burguesía de Castilla mantenía un esfuerzo expansivo, chocando frecuentemente con los reaccionarios poderes medievales. La derrota comunera de 1521 fue un golpe demoledor que envalentonó a la reacción medieval y arrasó las ideas progresistas para las condiciones de los siglos XVI y XVII que había crecido al amparo de la movilización general, todo lo cual precipitó el agotamiento burgués para la mitad de ese siglo XVI. A partir de ahí y conforme se suceden las bancarrotas, la burguesía va quedando arrinconada por el poder de la alta nobleza y de la Iglesia y la creciente influencia de la Inquisición que obturan cualquier intento de avance socioeconómico y cultural. Hay que tener en cuenta que, como ha dicho Pierre Vilar: «El imperialismo es también un hecho político […] en Castilla, hacia 1600, el feudalismo entra en agonía sin que exista nada a punto para reemplazarle».
En esta cita aparece la razón de la decadencia histórica del Imperio y luego de la Monarquía borbónica hasta el presente, con los muy cortos tiempos de las dos repúblicas. No incluimos a una hipotética «constitución democrática» desde 1978 como fase específica desde los siglos XIII y XV porque allí donde hay democracia no hay monarquía y, ahora, desde hace más de ocho centurias las clases y pueblos explotados seguimos bajo una monarquía. Los débiles intentos de crear un capitalismo estatal libre de las ataduras feudales, que son mucho más que interesadas supervivencias monárquicas, han fracasado una y otra vez por la simple razón de que los sucesivos bloques de clase dominante han comprendido siempre que su supervivencia depende de esa santa alianza entre primitivismo feudal y cobardía burguesa protegida por el Estado y su nacionalismo.
3. Escuela de Salamanca y controversia de Valladolid
Antes de que la agonía fuera irreversible, se hicieron notar los efectos ideológicos de tanta efervescencia socioeconómica y política, tanto contraste cultural y filosófico entre tres grandes corrientes religiosas y la arrolladora entrada de la filosofía aristotélica, tantas innovaciones cotidianas provocadas por las noticias del resto del mundo y por los efectos sísmicos del dinero y del valor de cambio en sociedades en las que todavía el valor de uso y formas de intercambio simple regían muchas áreas de la cotidianeidad: acordémonos de Quevedo y su crítica del «poderoso caballero don dinero».
Recordemos que en 1499 el Cardenal Cisneros, arriba citado, creó la universidad de Alcalá de Henares y que el igualmente citado Nebrija, ideólogo del imperialismo cultural, era y es tenido como filósofo humanista. Estos dos ejemplos son suficientes para mostrar cómo la formación de la cultura oficial era inseparable de los intereses del poder, de la centralización estatal. La fundación de la Compañía de Jesús –«La araña negra» según Blasco Ibáñez– fue creada en 1534 como el instrumento por excelencia de la Contrarreforma tridentina: de este modo la Inquisición y los jesuitas se complementaban en la aplicación del terror material y moral.
La Escuela de Salamanca irrumpe en esta situación, lo que explica tanto su mérito como su límite y pronta caducidad. Sus logros iniciales fueron tremendos dadas las barreras insalvables de la época: elaboró los rudimentos de la ideología burguesa del derecho natural, de origen del poder del rey y de sus relaciones con el poder del pueblo, de la soberanía de los Estados y de su capacidad para declarar la guerra justa o injusta, de los primeros impactos de la economía mercantil y de la necesidad del «arbitrio» para controlar sus efectos negativos y para guiarla en la medida de lo posible, etc. La Escuela de Salamanca escribía acerca de la soberanía y el derecho sentada sobre los cadáveres de las luchas, masacres y torturas arriba vistas.
La Escuela de Salamanca, que se atrevió a decir que el poder del rey no venía directamente de dios sino que de alguna forma dependía de la voluntad del pueblo, había llegado al límite de la crítica posible en la época del tomismo anterior a la revolución científica del siglo XVII, adaptándolo a las necesidades de una elite culta y humanista que debía justificar su privilegiada forma de vida sin retroceder al feroz derecho medieval que, por ejemplo, fue combatido por motines populares y protoburgueses en tierras vascas, gallegas, andaluzas, etc., en el siglo XV si no antes, pero sin mancharse con las atrocidades españolas en Nuestra América y en otros lugares. Lo mismo sucedió en el intento de suavizar la explotación de las Indias en la famosa Controversia de Valladolid de 1550-1551 en la que chocaron dos visiones opuestas: la utópica que pedía el respeto de las naciones indias porque eran capaces de gobernarse a sí mismas y la imperialista que sostenía que debían ser gobernadas desde España porque eran incapaces de hacerlo por ellas mismas.
La figura del «protector de Indias» y algunas decisiones imperiales para detener el genocidio que estaba en marcha, así como las tesis de la Escuela de Salamanca, pueden utilizarse propagandísticamente para intentar avalar la idea del origen católico-español de los «derechos humanos». Pero una vez conquistado México, los invasores se lanzaron por toda Mesoamérica «como los godos tras el saqueo de Roma». La cristianización obligatoria bajo pena de tortura y muerte empezó de forma sistemática en 1525. Mientras que las religiones de Mesoamérica eran muy tolerantes, admitiendo que cada colectivo y persona adorase las diosas y dioses que quisiera, el cristianismo era autoritariamente monoteísta, bajo pena de excomunión con lo que esa condena acarreaba. Muchas de las expediciones llevaban por delante piaras de cerdos para que avisaran de posibles emboscadas y para que se comieran hasta las raíces de los sembrados para someter por hambre a los pueblos. En 1550 Carlos I obligó a los habitantes de las Indias a que se hispanizaran y aprendiesen castellano, y en la década de 1570 la Inquisición prohibió obras en lenguas nativas.
Dejando de lado los delirios fantasiosos sobre el milagroso origen hispano de los «derechos humanos», lo que sí es cierto es que no pudieron frenar el endurecimiento de la explotación, la tendencia imparable a la centralización administrativa en contra de los derechos de los pueblos, el fortalecimiento del poder del terror material y simbólico de la Inquisición, y sobre todo el deslizamiento de la economía imperial hacia las crisis.
Las buenas intenciones de la Escuela y de la Controversia de Valladolid también fueron barridas por el creciente poder de la Inquisición, mimada por Felipe II que la consideraba como un instrumento decisivo para el fortalecimiento del Imperio católico en el mundo: desde 1558 se agudizaron las tensiones entre Aragón y Castilla porque la primera se oponía al poder inquisitorial, tensiones que pasaron a ser conflictos graves en Catalunya. Los intereses centralizadores de Castilla iban unidos al poder de la Inquisición, no solo para luchar contra las herejías y el librepensamiento, sino también para imponer la lengua española. Hubo violentos ataques contra la Inquisición en Valencia en 1567, en Murcia y Mallorca en 1568 y en Catalunya en 1569. Este mismo año, Felipe II afirmó que sin la labor de la Inquisición en el imperio abundarían los herejes y el Estado español se encontraría más «damnificado».
La represión del librepensamiento, la censura editorial y los controles en la importación de libros, endurecida desde 1558-1559, afectaban a las lenguas catalana, aragonesa y vasca por su continuidad fronteriza con el reino de Francia. Cuando Felipe II supo en 1565 que había estudiantes navarros, aragoneses y catalanes en la ciudad francesa de Toulouse, mandó que los expatriaran al imperio, y en 1568 prohibió formalmente a los aragoneses que salieran a estudiar fuera. Pero la Inquisición se siguió quejando de que libros impresos en castellano y euskara cruzaban las porosas fronteras vascas provenientes de la calvinista Ginebra y los inquisidores en Catalunya también advertían de la facilidad del contrabando de libros prohibidos. La represión del pensamiento, que contradecía la esencia de la Escuela de Salamanca, empobrecía la producción cultural y reducía la cantidad y calidad de las imprentas. Felipe II sufrió este creciente atraso cuando en 1575 quiso montar la biblioteca de El Escorial teniendo que recurrir, paradójicamente, al extranjero.
4. Felipe II y el nacionalismo español «prudente»
Las aportaciones económicas de la Escuela de Salamanca no evitaron las bancarrotas de 1557 y 1575 que solo fueron el anuncio de la crisis económica que estalló en 1580 cuando el imperio parecía más fuerte que nunca. La derrota de la invasión de Inglaterra en 1588 aceleró el declive y la bancarrota de 1596, y este retroceso explica el tratado de paz de Vervins de 1598 por el cual Felipe II reconoce tanto su incapacidad para dominar al reino de Francia, como la realidad del independentismo de los Países Bajos y de la superioridad naval inglesa.
Conforme se hundía la economía, Felipe II centralizaba más el poder imperial: en 1552 y 1567 ordenó ubicar en Simancas los archivos nacionales de Aragón e Italia junto a los de Castilla. Otra medida de Felipe II fue crear un servicio de inteligencia unificado que le permitía conocer los planes de sus enemigos para adelantarse y abortarlos. Las tablillas mesopotámicas ya hablan de los servicios de inteligencia. Felipe II tenía a su disposición el extenso sistema informativo de la Iglesia católica que se perfeccionaría aún más en el Concilio de Trento, pero le era insuficiente. Por la lógica misma del poder basado en la propiedad privada, información y planificación actúan de la mano. Los masivos y efectivos sistemas de información de la Iglesia y del Estado actuando conjuntamente en lo ideológico y con mucha frecuencia en lo práctico han sido y son una pieza clave en la formación del nacionalismo imperialista español y en el debilitamiento de las identidades de los pueblos oprimidos, excepción hecha de reducidas minorías de cristianos.
Felipe II estaba al tanto del insufrible malestar del pueblo morisco provocado por las represiones crecientes que sufría, como la ley de 1567 que fue un verdadero hachazo que generó la sublevación de las Alpujarras de 1568 como justa violencia defensiva. El llamado «rey prudente» persiguió sin piedad a cada uno de los moriscos sublevados. Tras expulsar de sus tierras a miles de ellos, las repobló con alrededor de 50.000 campesinos del antiguo reino de León con lo que lograba dos cosas: desnacionalizar esas zonas rebeldes de al-Ándalus, suprimiendo todo resto de cultura musulmana, y acabar con toda posibilidad de tensiones campesinas en la zona noroeste de la península al dar trabajo como colonos ocupantes a miles de campesinos potencialmente peligrosos en su país de origen.
En 1580 entró a cañonazos en Portugal para asegurar el dominio español, aplastó con extrema brutalidad la resistencia calle a calle y casa a casa del pueblo lisboeta durante días, y desde el Portugal ocupado Felipe II redactó un decreto en el que por primera vez se utilizaba el término «Hespaña» en singular, cosa que nadie había hecho antes. En realidad desde ese siglo XVI muchos autores castellanos empezaron a identificar Castilla con «España». De hecho, entre 1430 a 1580 Castilla dominaba «por la fuerza expansiva del número», porque su población era dos veces y media superior a la de Andalucía oriental o Catalunya. Con respecto a la Corona de Aragón, a mediados del siglo XVI la superioridad de Castilla era enorme: le cuadruplicaba en extensión y le quintuplicaba en población, más concentrada además; tenía una única ley y un único gobierno, mientras que la Corona de Aragón tenía tres Cortes y era mucho más descentralizada; y Castilla controlaba la totalidad del saqueo de las Indias, del comercio y de la representación internacional.
El contraste entre la apariencia de poder imperial y la realidad de empobrecimiento y retroceso estalló a partir de 1589 cuando se sucedieron graves motines en los ejércitos imperiales por impago de sueldos. En Catalunya varias de las contradicciones sociales adquirían la forma del llamado «bandolerismo social», grupos de supervivencia fuera de la ley, perseguidos como «criminales», pero que contaban con redes de apoyo popular. Ante la extensión de esta resistencia popular, además de otros problemas, un conocido fraile pidió en 1589 a Felipe II que anulara los fueros e impusiera las leyes castellanas. Se debate sobre hasta qué punto aquella persona representaba a un sector significativo de la clase dominante, dispuesta a ceder en su soberanía catalana para asegurar sus propiedades bajo la protección del ejército castellano. El rey no respondió a la petición porque todavía era fuerte el «austracismo», es decir la forma de gobierno central que respetaba aun a regañadientes un mínimo suficiente de derechos nacionales de los pueblos para así administrar mejor el imperio que, según se creía, estaba llamado a catolizar el mundo.
Desde 1590 estallaron una serie de revueltas y represiones que golpearon con mayor fuerza a la Corona de Aragón con torturas y ejecuciones públicas en Zaragoza y recortes en sus libertades. Hay que decir que en ese año Felipe II había provocado deliberadamente a los aragoneses al nombrar un castellano como virrey, en contra del fuero que decía que el virrey debía ser aragonés. Las protestas más conocidas se dieron en Sicilia entre 1590-1591, en Messina y Nápoles en 1592 y hasta en Quito, capital de Perú, en ese mismo año. La situación portuguesa empeoró hasta llegar a un grado en el que para 1596 los choques violentos entre los ocupantes castellanos y el pueblo portugués se producían casi a diario, según un testigo de la época.
Dos años más tarde, en 1598, moría Felipe II que no era un «hombre de grandes ideas», siendo coronado Felipe III, primero los «Austrias menores». Felipe III, Felipe IV y Carlos II han sido definidos como «pobres hombres» que delegaban sus decisiones en nobles, siendo la mayoría de ellos «mediocres intrigantes». El cambio de corona no supuso mejora alguna en el trato de los pueblos explotados. La riqueza increíble acumulada en al-Ándalus durante varios siglos de esplendor, prácticamente había sido transferida en su totalidad a la clase dominante castellana y a la Iglesia, pero ni la represión brutal de las Alpujarras, ni el repoblamiento, garantizaban la paz del opresor. Temiendo que los moriscos estrechasen lazos con los turcos para reforzar su derecho incuestionable a la autodefensa frente a la opresión, la Corona expulsó de la península entre 1609 y 1614 a un millón de musulmanes. Las ganancias para la alta nobleza y la Iglesia fueron grandes en un primer momento, pero al poco tiempo empezaron las consecuencias quienes contrataban la muy formada mano de obra campesina y artesana morisca al caer la calidad de la producción.
El pusilánime Felipe III dejaba pudrirse la corrupta política imperial y su declinante economía cediendo el poder a validos como el Duque de Lerma que intentó evitar guerras ruinosas, limitar algunos derechos de la nobleza, reducir el empobrecimiento social creciente, etc., pero que no dudó en utilizar sus cargos para enriquecerse al máximo en un contexto de traición e intriga, corrupción, nepotismo y simonía institucionalizadas, destacando especialmente sus desfalcos inmobiliarios durante el traslado de la capital del reino de Madrid a Valladolid en 1601 y que le convirtieron en el hombre más rico del imperio español. El imperio estaba oficialmente regido por un rey que delegaba su gobierno en un duque que, para enriquecerse ilegalmente, delegaba gran parte de su poder en un valido de confianza.
La situación económica a comienzos del siglo XVII era relativamente buena pero dependía de la regular llegada de la plata expoliada en Nuestra América. Si las remesas se retrasaban y se multiplicaban los gastos, podía sobrevenir una crisis además, según estudios del clima, entre 1600 y 1715 hubo una mini glaciación por la disminución de las manchas solares con efectos devastadores sobre la producción agropecuaria provocando sucesivas hambrunas con las tensiones sociales correspondientes. Luis XIV se ganó la confianza de París al ser coronado en 1638 porque mandó repartir pan para combatir el hambre. Se discute también si la proto industrialización en esta época fue un intento de superar la dependencia agropecuaria de los caprichos del clima.
En el caso español, la depredación de al-Ándalus y de los judíos fueron dos métodos muy rentables de enriquecimiento hasta finales del siglo XV, luego asegurada a lo largo del siglo XVI por el vaciamiento de los recursos de las Indias. Y desde inicios del siglo XVII se continuó presionando a los judíos para que pagasen sumas inmensas, como fue el caso de los 410 judíos portugueses que entre 1602-1604 negociaron el perdón mediante el pago de 1.860.000 ducados más el gran valor de los regalos hechos a los ministros. La expulsión de los moriscos en 1609 también fue rentable en un primer momento para las arcas del reino. Todos los métodos eran válidos con tal de sacar ducados.
Pero la política económica de Felipe III era ruinosa a medio plazo porque ni las remesas de Indias, ni el expolio de los judíos, ni los impuestos y otras medidas como la deflación y la manipulación de la plata, etc., rendían lo suficiente para mantener un sobregasto creciente y dilapidador. Al morir en 1621 el imperio necesitaría alrededor de cuatro años, hasta 1625, para pagar su deuda, y la guerra iniciada contra Holanda en ese año exigía más y más sacrificios e impuestos, tarea a la que se lanzó el Conde Duque de Olivares quien en una carta al nuevo rey Felipe IV en 1624 le explicó que su objetivo era convertirle en el rey de «España». El valido, empleaba ya el singular de «España» según había empezado a hacer cuarenta y cuatro años antes Felipe II desde la bombardeada Lisboa, como hemos visto.
Además de otras medidas, Olivares ideó tres grandes vías para salir de la crisis y unificar «España» según el criterio austracista todavía vigente aunque cada vez más recortado: uno era forzar a los reinos y territorios a que pagasen más a la Hacienda real, otro era que pagasen y dedicasen más tropas autóctonas al fortalecimiento militar y, el tercero, tomado en 1628 era reforzar el método de la «venta de gracia», que permitía que fueran las elites dominantes de cada zona las que se quedaran con parte de los impuestos recaudados por ellas en nombre de la Corona. Era un método que facilitaba la corrupción y el despilfarro, pero que así mismo facilitaba que al menos una parte de la recaudación llegase a la Corona; era un método común, también aplicado por Richelieu, incluso en sus ejércitos, y expresaba la fase de tránsito de la descentralización de la nobleza a la centralización del absolutismo. Pero un efecto directo de este método era que facilitaba la aparición del bandolerismo social, forma de autodefensa de sectores populares sobreexplotados.
Pese a las limitaciones de las leyes de Olivares, ya para entonces era claro que Hacienda, Ejército, Cultura y Estado formaban una unidad, y en los noventa años siguientes quedaría definitivamente demostrada su efectividad con la conquista de Barcelona en 1714, la destrucción de los derechos catalanes y el salto cualitativo en la incipiente unificación nacional-burguesa de «España» como posible espacio material y simbólico de acumulación de capital. Que la posibilidad no fracasase y se convirtiera en probabilidad, y luego ésta en realidad presente, este proceso inseguro dependía de la dialéctica de las luchas de clases y nacionales, también internacionales.
5. Los Austrias menores y la ruptura en la clase dominante
Cuando la unificación militar-estatal se intentó aplicar en 1625 surgieron resistencias en casi todas partes, pero sobre todo en Catalunya, Valencia, las Illes y Aragón, dentro de la península. La oposición se siguió expresando en 1626 y 1632. Fue en este proceso de tensionamiento creciente que estalló la guerra con Francia en 1635 que, en lo que ahora nos atañe, tendría al menos tres grandes consecuencias: la primera fue condicionar negativamente a medio plazo la capacidad económica y militar el imperio al perderse el derecho de tránsito por Valtelina, derrota aceptada en el tratado de Milán de 1637 que rompía el vital corredor que comunicaba la rica y productiva Flandes con la península cruzando los Alpes, el denominado «Camino español». Recordemos que el puerto de Amberes todavía seguía siendo el principal nudo comercial de Europa noroccidental en el que confluían redes desde las Américas, Europa del nordeste y sureste, África y el Índico.
La segunda fue la expansión del nacionalismo católico castellano que, tras la liquidación del ideal comunero, tuvo espacio para crecer ya sin obstáculos. Era un nacionalismo viejo que se plasmaría en la trinidad de: «evangelizar, civilizar, españolizar». Su base social era, en primer lugar, la nobleza guerrera que durante la «reconquista» se apropiaba de inmensos terrenos.
No nos alargaremos en citas sobre la identificación entre lengua castellana y dios, que de algún modo también se argumentó en otras lenguas y culturas. Nos centraremos en el siglo XVII: en 1619 se sostuvo que era el pueblo elegido por dios, e incluso en 1625 el Conde Duque de Olivares declaró que «Dios es español» agradeciéndole victorias militares, etcétera. Con una visión mucho menos fanática en lo religioso, Quevedo decía en base al materialismo geográfico de la época que el clima hacía a los españoles tener buenos usos y costumbres, y ser leales y obedientes hacia el rey, mientras que negros e indios eran perezosos por el calor y flemáticos por el frío los alemanes.
Pero una de las razones de la obediencia hacia el rey español hay que buscarla en «el alto grado de militarización de la población desde la reconquista». Otro historiador no ha dudado en afirmar que: «Los extranjeros son así fundamentalmente los enemigos, que con sus taras y defectos permiten ensalzar, por oposición, las virtudes y superiores cualidades de los españoles». Militarización social con las leyes de leva militar de 1496 en Castilla, inquisición cultural y trasfondo estatal depredador… eran las bases del nacionalismo preburgués del Imperio. Hay que admirar, viendo este panorama, a quienes pese a todo defendieron valores y culturas progresistas en esta Castilla en la que nunca se apagó el rescoldo comunero.
Es cierto que todos los poderes cristianos, en mayor o menor medida se apropiaban de dios, enfrentándolo a los demás gobiernos. Pero desde 1635 esto se plasmó abiertamente contra la población francesa en la península no solo en la xenofobia cultural, sino también con persecuciones físicas. Felipe IV azuzó la xenofobia práctica antifrancesa apelando a la identidad católica, defensora de la justicia, contraria a los pactos de los franceses ateos, criminales e impíos con cualquier enemigo de España. Desde finales del siglo XV Francia había buscado expandirse por Italia chocando con las posesiones e intereses de Castilla, estableciéndose desde entonces una pugna abierta o soterrada por la hegemonía europea, pero estas tensiones históricas así como el rechazo a lo francés en el pueblo provocado por la Corona no debilitaban las relaciones de toda índole entre las élites de ambos Estados, de manera que debe hablarse de una manipulación descarada para movilizar al pueblo para que muriera en la guerra ocultándole las buenas relaciones entre las clases dominantes.
Una muestra de que dios empezaba a dudar sobre si era español y en qué grado, fue que permitió que Olivares fuera depuesto en 1643 por las intrigas de la nobleza no tanto por la marcha de la guerra sino porque las tibias reformas de Olivares querían regular sus privilegios. Aunque la derrota final en la guerra y el humillante Tratado de Wetsfalia de 1648 demostraron que dios no era español, o que lo era muy poco porque una de las escasas victorias que concedió al Imperio fue la derrota de la sublevación catalana de 1640, sí es cierto que el nacional-catolicismo español insiste en su origen divino. Sin duda, la Inquisición tuvo mucho que ver en el arraigo de tanta irracionalidad en el nacionalismo imperialista español.
Y la tercera fue el conjunto de revueltas y sublevaciones que estallaron o se endurecieron más a raíz del empeoramiento de la explotación imperial necesaria para sufragar una guerra masivamente rechazada. Frente a un poder putrefacto, estallaron movimientos secesionistas y batallas sociales en casi todo el imperio en las décadas centrales del siglo XVII: Portugal –ya en 1638 se sublevó la ciudad de Évora siendo masacrada–, y los Países Bajos lograron la independencia después de duras guerras de liberación que no podemos detallar aquí, en las que las mujeres arcabuceras tuvieron un papel decisivo en algunos momentos. Pero fracasaron la Revuelta de la sal en Bizkaia en 1634, Catalunya en 1640, Andalucía en 1641, Nápoles y Sicilia en 1647, Nafarroa y Aragón en 1648, por citar las más conocidas. De todas ellas, la catalana es la que ahora nos interesa.
La guerra dels segadors de 1640 es el nombre que se da a la sublevación que resistió en Barcelona hasta 1652. Como hemos visto, desde 1625 Catalunya retrasó todo lo que pudo sus obligaciones militares con Castilla: en 1638 se negó a enviar tropas autóctonas a Gipuzkoa contra los franceses. Sin embargo, el ejército catalán sí tuvo que defenderse cuando los franceses invadieron el Principat, sufriendo la derrota de Salses en 1639 con un costo de 7.000 muertos y la liquidación del 25% de la nobleza del país. Fue una entrada obligada en la guerra defensiva, pero con un fuerte rechazo a los abusos, atropellos y destrucciones que cometía el ejército imperial oficialmente «aliado» sobre la población catalana que, además, pagaba los costos de su mantenimiento y ponía muchos de los muertos.
La sublevación estalló en abril de 1640 en un inicio contra el ejército imperial pero se extendió pronto contra las clases ricas catalanas a las que acusaban de traidoras. El pueblo ejecutó al virrey español y asaltó edificios relacionados con la administración del poder y de la propiedad. Hay que destacar la participación de las mujeres en estas luchas. Para el verano de 1640 la sublevación se había convertido en revolución social. Madrid preparó otro ejército para entrar el Catalunya. Cogido entre dos fuegos: el ataque del Imperio y la revolución interna, la Diputació pidió ayuda a Francia en enero de 1641, deponiendo a Felipe IV como Conde de Barcelona para darle el título a Luis XIII. Las tropas catalanas y francesas, ahora aliadas, derrotaron el ataque del Imperio,
La suerte del conflicto cambió bruscamente al sumergirse Francia en la guerra interna de la Fronda, desde 1648, entre grandes familias nobles y la Casa de Borbón que tuvo que dejar de ayudar a Barcelona en un momento en el que surgían tensiones cotidianas entre franceses y catalanes, debilitando mucho la defensa. En 1650 la peor epidemia de peste del siglo causó 36.000 muertos solo en Barcelona. En 1651 Felipe IV, al tanto de esa triple debilidad, sitia Barcelona y la conquista después de un año de resistencia, en 1652. Sabedor del poder económico de Catalunya, de la conciencia social y nacional de su pueblo trabajador y de la conciencia nacional burguesa de su clase dominante, decidió respetar en 1653 sus fueros aunque ligeramente reducidos.
Pero el incremento de las arcas reales gracias a la mayor explotación de los Països Catalans y Aragón no logró detener la crisis del imperio español: en lo económico las bancarrotas de 1647, 1652 y 1666; en lo militar, la derrota de Rocroi de 1643 y la derrota ante Portugal en 1656 que son la parte externa del «desmoronamiento interno»; y en lo político la derrota total en el Tratado de Wetsfalia de 1648 y en el Tratado de los Pirineos de 1659 mediante el cual la Corona española cedió al reino de Francia una quinta parte del territorio y de la población de los Països Catalans. La crisis latente del sistema aparecía como crisis real, manifiesta, cuando estallaban motines populares que entre 1647 y 1652 se sucedieron en Andalucía, especialmente en Córdoba y Granada.
La incapacidad económica, militar y política era tal que el imperio español no pudo romper el bloqueo marítimo inglés entre 1656 y 1659, año en el que por fin arribó la flota de América con gran cantidad de plata que, empero, se dilapidó improductivamente como siempre. La bancarrota de 1666 mostró la gravedad del «cáncer monetario» que asfixiaba al Imperio. La alta nobleza y la Iglesia –un poder terrateniente enorme– hacían y deshacían a su gusto: no debe extrañarnos, por tanto, que en 1677 se propusiera en las Cortes de Aragón la supresión de la «potestad absoluta de la nobleza», una propuesta revolucionaria por las perspectivas que podría abrir, que también mostraba el antagonismo creciente entre los derechos parlamentarios aun sobrevivientes en algunas naciones y el poder fáctico español que necesitaba intensificar su centralismo.
La vida política del Conde de Oropesa es un ejemplo de la estulticia y corrupción política: sus reformas desde 1680 podrían haber insuflado nueva vida a la Corona, pero las envidias y egoísmo de la nobleza las hicieron fracasar y le obligaron a dimitir de sus cargos teniendo que ir al destierro, muriendo en 1708, cuando la Guerra de Sucesión iniciada en 1701 asolaba Europa, siendo una verdadera guerra mundial por la hegemonía en Europa y, sobre todo, por el control de los inmensos recursos de América mediante el control de la Corona española.
6. La casa de Borbón y la guerra contra los pueblos
La muerte de Carlos II en 1700 sin dejar descendencia dio paso al reinado de Felipe V, que fue el detonante de una crisis total del bloque de clases dominante en el Estado que venía agravándose desde la catástrofe de Wetsfalia de 1648; crisis que a su vez reflejaba un choque frontal en Europa entre dos modelos imperiales opuestos: el de Casa de Borbón y el de la Casa de los Habsburgo. Durante este medio siglo, la clase burguesa había incrementado su poder en Europa. Para entonces la Escuela de Salamanca era ya un legajo de papales olvidados en un armario. La cultura española, castrada por la Inquisición y el atraso, no podía dar a luz mentes como las de Hobbes, Spinoza, Locke y otros que sobre la base de Bodin fueron capaces de desarrollar la filosofía de la resistencia y la ideología del derecho y la soberanía, del límite del poder del Estado, de la propiedad burguesa, etc., en sus interpretaciones particulares porque vivían la lucha entre burguesías en ascenso, dispuestas a muchos sacrificios, y el feudalismo en retroceso dispuesto a todos los crímenes para mantener su poder.
La Casa de Borbón terminó imponiendo un Estado con un único ejército, una única lengua, un único sistema fiscal, una única política económica, un único sistema represivo, etc., tal como se desarrollaban en Francia obteniendo el esplendor y poder del absolutismo versallesco. A grandes rasgos, Castilla se hizo borbónica no sin dudas al principio porque, además de otros factores como la represión del ideal comunero desde 1521 por ejemplo, también se había desarrollado el nacionalismo imperial que deseaba reaparecer como gran potencia tras el hundimiento de 1648; además, la ideología de obediencia al Rey y la influencia autoritaria de la Inquisición facilitaron el apoyo a la Casa de Borbón; por otra parte, el desprestigio de los «Austrias menores» por su corrupción e inutilidad, responsables de las continuas bancarrotas y caos económico no podía contrarrestar la fama de eficacia borbónica.
Se ha dicho con cierta base que la Casa de Borbón consiguió el apoyo de las llamadas clases medias y de la pequeña nobleza en el centro peninsular para frenar el poder de la Iglesia, de la alta nobleza y de la Inquisición. El atraso tecnocientífico «difícil de superar» del Imperio era innegable y las clases medias pagaban sus consecuencias cuando querían abrir nuevos negocios. El ejemplo de la decisiva producción de armas es aplastante: muchas y las mejores debían comprarse en el extranjero y aunque el famoso «secreto sueco» de la fundición de calidad fue utilizado en Cantabria, el atraso seguía sin superarse. La industria armamentista vasca sufría el estrangulamiento de tener que adquirir las llaves de percusión y otras piezas de calidad en Francia. El apoyo de la burguesía vasca a la Casa de Borbón tenía algo o bastante que ver con sus negocios industrial-armamentísticos, el papel de los puertos de mar, en la necesidad de adquirir tecnología francesa. Los borbones respetaron las leyes vascas durante unos años porque también dependían de su industria. Sea como fuere, París obtuvo enormes concesiones de Madrid.
Por su historia y estructura económica, los Països Catalans resultaron relativamente beneficiados en la segunda mitad del siglo XVII, a pesar del centralismo en ascenso de Carlos II que reinó en 1665-1700. Más que en Aragón, en los Països Catalans se había desarrollado una burguesía comercial muy activa gracias, entre otras cosas, a los avances en la técnica textil. Las relaciones mercantiles con el Mediterráneo y con las antiguas posesiones del Reino de Aragón facilitaron el crecimiento. Esta burguesía iba rompiendo sus lazos ideológicos con el imperio español en la medida en que este le seguía negando el acceso al comercio de las Indias. Además, el nacionalismo español no olvidaba que el pueblo catalán se había sublevado en 1640, por lo que vigilaba atentamente el auge del ideario catalanista en su burguesía y en su pueblo trabajador. Bajo estas presiones los Països Catalans desarrollaron efectivas formas casi paralelas de autogobierno fáctico.
Por ejemplo, en los 35 años de su reinado Carlos II nunca convocó las Cortes catalanas, torpedeando su accionar con el «derecho real» de prohibir a determinadas personas que no eran de su agrado a que participaran en los listados de insaculación de cargos catalanes, limitando así mucho la efectividad del Parlament. Fue esta política la que aceleró en València el estallido de la Segona Germania en 1693 contra el empobrecimiento y la explotación, y contra los abusos del centralismo de Madrid, y que en 1702 en las Cortes de Aragón debatieran de nuevo contra los privilegios de la nobleza. Por su parte, la respuesta catalana fue crear la Conferència del Comuns de 1703 para administrar ágilmente los intereses de las clases y capas propietarias –los «ciudadanos honrados»–, y de otras instituciones muy efectivas. La reacción del nuevo rey Felipe V desde Madrid fue aplicada por el virrey Velasco en 1704-1705 enseñando lo que ya empezaba a ser el centralismo borbónico, entre otros objetivos para reprimir la precipitada rebelión de 1704.
Por fin, en 1705 la mayoría de aragoneses y catalanes se posicionaron contra el Borbón y a favor de la Casa de Austria porque esta no atacaba tanto sus derechos nacionales. La propaganda nacionalista española falsea y ridiculiza la eficacia administrativa y las garantías civiles de los sistemas forales que, en líneas generales, limitaban el poder real, los privilegios de la nobleza y el terror moral y físico de la Inquisición; también reducían los impuestos, regulaban las tasas de salida y entrada de mercancías, y garantizaban al pueblo una influencia más cercana y casi directa al poder foral sobre todo en las hambrunas y crisis de abastecimientos por acaparación privada del grano y otros alimentos y productos necesarios, obligando al poder bajo presión de masas a prohibir el acaparamiento e imponer precios baratos; además las «constituciones», los fueros, las «leyes viejas», etc., controlaban sus propias unidades militares y podían negarse y se negaban a participar en guerras extranjeras.
Estas características explican por qué las naciones periféricas del Estado español defendieran tan desesperadamente sus leyes propias: porque sabían por experiencia que eran mejores, más justas y más democráticas –en el sentido preburgués de la época de entre las dos oleadas revolucionarias burguesas triunfantes– que las que imponía la Casa de Borbón por derecho de conquista. También explican el importante papel desempeñado por las mujeres en esa defensa, tanto que solo muy tarde, en verano de 1715, Felipe V empezó a perdonar a las mujeres austracistas por su «desafección o disidencia».
Tras la victoria del borbón en la batalla de Almansa de 1707 el centralismo destrozó los derechos de Valencia. Aragón todavía resistió hasta la derrota de Villaviciosa en 1710. El arzobispo de Zaragoza pidió a Felipe V que impusiera directamente la ley castellana, liquidando la aragonesa. Los pueblos conquistados sufrieron una política que tenía «un fuerte contenido punitivo». La guerra fue inclinándose a favor del centralismo borbónico, en buena medida gracias al ejército francés, y a pesar de los intentos catalanes de reconquistar Valencia con un desembarco coordinado con una sublevación campesina. Hubo un flujo de refugiados valencianos y aragoneses hacia el Principat para seguir luchando por sus derechos nacionales, sociales, culturales.
Felipe V dejo claro en el artículo XIII del Tratado de Utrecht de 1713 que una cosa era la amnistía que pensaba conceder presionado por las potencias extranjeras, pero que Barcelona y los territorios aún libres de los Països Catalans estarían bajo la ley castellana, como ya lo estaba el resto. Los defensores de Barcelona se enteraron por algún vericueto de este artículo XIII y decidieron resistir hasta el final.
7. La casa de Borbón y la represión de los pueblos
En la Barcelona resistente de 1713-1714 se publicaron textos en los que se pedía al pueblo castellano que recordara los derechos que le habían arrancado brutalmente al perder la guerra de los Comuneros en Villalar en 1521, hundiéndole en la explotación, mientras que Catalunya aún conservaba esos mismos derechos que se habían practicado en 1701 y 1705 en las Cortes, la Diputació y los municipios «que daban voz al “hombre común”». Las y los barceloneses eran conscientes de esa especie de continuidad histórica porque, en las condiciones de 1713-1714, revivían en su contexto los mismos problemas esenciales del pueblo comunero castellano de dos siglos antes: derechos, autodeterminación desde la base y soberanía colectiva dentro del contexto sociohistórico objetivo, es decir, en el caso castellano la sociedad estamental minada por una incipiente burguesía y en el caso catalán la decadente sociedad estamental desbordada por una burguesía fuerte.
El andamiaje administrativo-institucional construido en los Països Catalans y en Aragón, demostró su solidez democrática en los muy duros momentos de decidir con votaciones sucesivas si se resistía al invasor o se claudicaba ante él. No fue una dirección política vertical, impuesta desde arriba a un pueblo obediente, sino un proceso muy horizontal para las condiciones de su época, desde luego cualitativamente mejor que el autoritarismo absolutista dominante entre las dos oleadas de revoluciones burguesas triunfantes, la de mediados del siglo XVII y la de finales del siglo XVIII. Del mismo modo, la dirección de la guerra defensiva y la excelente preparación de la oficialidad del ejército de Catalunya eran inseparables de esos métodos de autogobierno soberano que el pueblo catalán se había dado a sí mismo en base a su derecho a la libre determinación en la fase histórica anterior a la segunda oleada de las revoluciones burguesas. Sin esta base de participación es incomprensible entender la existencia de entre 20.000 y 30.000 soldados profesionales en 1705-1713, es decir, el 6% de la población catalana, una proporción comparable a la militarizada Suecia de Gustavo Adolfo.
Los invasores quedaron sorprendidos por la decisión de lucha del pueblo catalán. Creían que la apabullante demostración de fuerza realizada el 25 de julio de 1713 frente a las murallas de Barcelona por un ejército borbón de 20.000 soldados sería suficiente para que, aterrado, se rindiera. Pero Barcelona resistió más de un año. La dura fiscalidad y las atrocidades y crímenes del ocupante borbón contra la población que vivía fuera de Barcelona, fueron tales que desde finales de ese año y enero de 1714 estallaron motines y aparecieron guerrillas que para primavera de 1714 formaban una especie de ejército de extramuros de 4.000 soldados. La eficiencia de la soberanía preburguesa catalana se demostró en estos momentos críticos no solamente armando un ejército, sino también una flota que garantizaba los suministros desde Mallorca y otros puertos.
Pero las llamadas «Dos Coronas» de la Casa de Borbón, sumaban demasiados recursos frente a la heroicidad catalana, sobre todo en artillería, poliorcética e ingeniería militar lo que permitió a los invasores acercarse mucho a las murallas sufriendo muy pocas bajas. La suerte estaba echada. Una muestra de la raigambre del sentimiento nacional preburgués del pueblo lo encontramos en la mitad de la batalla desesperada del 11 de septiembre de 1714: en una brecha crítica abierta por la artillería franco-española los defensores se reorganizaron alrededor de la bandera de Santa Eulalia, patrona de Barcelona, contuvieron el ataque y contraatacaron hasta taponar la brecha. Las enseñas y banderas que simbolizaban el sentimiento nacional preburgués estuvieron al frente de los desesperados contraataques de una masa de guerra formada por soldados y por civiles armados de cualquier modo.
Ese último día el monasterio de San Pedro fue reconquistado once veces por los catalanes que al mediodía volaron una parte y se atrincheraron en ella por última vez. Los defensores sabían que Lleida y Xàtiva habían sido masacradas por el borbón, con escenas espantosas, y aprovecharon la oferta de rendición sin saqueos ni muertes hecha por el mando atacante, para salvar las vidas y las casas de la población civil, o de lo contrario la población sería pasada a cuchillo. La negociación fue realizada por Berwick que contravino las órdenes del rey no se sabe si para evitar una posible desbandada de su ejército agotado por la resistencia popular, o para facilitar la entrada de la caballería invasora por las estrechas calles de la ciudad.
Pero la caída de Barcelona y de la fortaleza de Cardona una semana más tarde no supuso el fin automático de la guerra porque Palma de Mallorca resistió hasta julio de 1715 y, a otra escala, se organizaron guerrillas catalanistas en los Pirineos durante al menos una década. Durante la guerra, decenas de miles de personas tuvieron que escaparse de los Països Catalansy de Aragón para no ser encarceladas o asesinadas. El rey borbón acabó con sus derechos aplicando el más fuerte derecho de conquista del Imperio, empezando en el acto un proceso de desnacionalización gradual. Catalunya fue sobrecargada de impuestos en comparación a los que pagaba Castilla, pero en realidad fue la Corona de Aragón –Valencia, las Illes, Aragón y Catalunya– la que, desde su derrota y ocupación militar desde 1707-1714, llenó el agujero fiscal español con la sobreexplotación económica. El Imperio necesitaba urgentemente cualquier aporte de fondos para taponar dos brechas mortales: el orden interno y la seguridad marítima. Ambas necesitaban dinero, mucho dinero, que fue sacado de la derrotada Corona de Aragón, además de otras formas y métodos. El preámbulo del decreto de Nueva Planta de enero de 1716 dejaba claro que la ley española impuesta se basaba en el derecho de conquista, lo mismo que dejó bien claro el ejército fascista español cuando logró conquistar Bilbao en 1937.
En orden interno se aseguró aumentando la movilidad del ejército para que pudiera trasladarse rápidamente por el Estado reprimiendo cualquier protesta: nada menos que 14.000 hombres a caballo y 59.000 a pie, una proporción de caballería muy alta para la época. En cuanto a la marina, la crisis era tal que tras la Guerra de Secesión dependía de la flota francesa para garantizar la llegada de la plata de Nuestra América. Debía, por tanto, construir una armada nueva o todo se hundiría. La experiencia burocrática del Borbón, su centralización extrema, fue aplicada en el Estado desde 1717 para crear la Marina de Guerra. Sin la sangría económica del aplastado Reino de Aragón, semejante recuperación imperialista hubiera sido mucho más difícil.
Para concluir, hemos dicho anteriormente que Hacienda, Ejército, Cultura y Estado formaban ya una unidad en el siglo XVII que se reforzaría en el XVIII. Hemos hablado del expolio fiscal de los Països Catalans y de Aragón para fortalecer el Estado y el Ejército español. Nos falta la Cultura: de la misma forma en que la aristocracia y la joven burguesía valenciana empezó a abandonar el uso del catalán al ser derrotada la rebelión de la Germania en 1520-1522 contra la nobleza, rebelión popular que se extendió a Mallorca, después de 1714 la burguesía catalana también giró hacia la lengua española. En ambos casos se trata de la necesidad de las clases dominantes de distanciarse del pueblo trabajador, de su cultura y lengua, para acercarse a las del ocupante. Decidido a extender no solo la lengua y la cultura española, Felipe V fundó en 1738 la Real Academia de la Historia para fijar la visión políticamente correcta de la historia española pero «con bastante ineficacia, por cierto». Y el rey Carlos III prohibió imprimir libros en euskera en 1766 y en 1768 ordenó que en Aragón se actuase y se enseñase en castellano.
8. La dinámica de las contradicciones y sus formas
Los escasos intentos habidos en el Estado para impulsar un capitalismo con alta productividad del trabajo, con una política clara de subsunción real de las clases trabajadoras mediante una permanente modernización tecnocientífica, de modo que la inevitable resistencia obrera nunca diera el salto a la lucha política por la toma del poder, y con una deliberada integración de las burguesías de los pueblos oprimidos en un sistema democrático-burgués flexible e integrador, dentro de lo relativo de estos términos, tales intentos, además de haber sido muy pocos siempre han sido rápidamente cortocircuitados por la fiereza reaccionaria y la estulticia conservadora que vertebra el espinazo del bloque de clases dominante en el Estado.
Desde ese siglo XVIII en el que la crisis del feudalismo no encontró como salida el desarrollo de una forma «moderna» del modo de producción capitalista, sino a un engendro corrupto, violento y orgulloso de su ignorancia, desde entonces se han repetido una y mil veces determinadas crisis que apenas varían en su esencia aunque sí en sus formas. Pese a los puntuales y fugaces esfuerzos de acelerar y racionalizar el sistema productivo, social, cultural y político español para recortar distancias y reintegrarlo en la cada vez más distante cabeza hegemónica del capitalismo, ahora mismo nos golpea el torbellino de contradicciones que estallaron desde la mitad del siglo XVII hasta su definitivo triunfo reaccionario a comienzos del siglo XVIII.
Unos intelectuales que flotaban en las nebulosas de sus abstracciones, creyeron que la crisis de finales del siglo XIX era la definitiva porque, de rebote, insuflaría vida en el «alma española». El reaccionario Maeztu lloriqueó diciendo: «Me duele España», y ese sufrimiento derechista desencadenó una cadena de brutalidades fascistas que siguen atormentando la conciencia de los vivos y pudriendo el interior del sistema capitalista. Tal vez desesperado, Ortega y Gasset dijo aquello de que «España es el problema, Europa es la solución». Pero Europa no ha sido la solución pese a las promesas de ayuda, sino uno de los verdugos.
El atraso histórico en la productividad del trabajo y la indiferencia ensoberbecida hacia la ciencia y la técnica; la corrupción estructural, el amiguismo y el orgullo medieval por el corporativismo clientelar; el desprecio racista del nacionalismo gran-español y católico hacia las lenguas y culturas de los pueblos que oprime y el incumplimiento sistemático de los acuerdos pactados con las burguesías «regionales»; y la tendencia congénita, casi inquisitorial, hacia el recurso fácil a las soluciones represivas y violentas cuando las clases y naciones explotadas desbordan la flaca tolerancia del poder.
Las cuatro características descritas, que interactúan entre sus múltiples matices hasta formar una totalidad concreta vigente en cada crisis histórica, nos remiten en sus diversos inicios y con sus velocidades y autonomías relativas a finales del siglo XV. Esa totalidad concreta descrita nos conduce definitiva e irreversiblemente a la mitad del siglo XVI en adelante. En ese devenir, provocaban sucesivos estallidos de violencias varias, siendo las decisivas las que se expresaban en forma de guerras convencionales. Eran violencias decisivas porque, según sus resultados, fortalecían tendencias evolutivas reaccionarias o progresistas, especialmente las primeras.
A nivel estatal vencieron las reaccionarias y por eso el capitalismo resultante se caracteriza por las contradicciones arriba resumidas que, por ser estructurales, o mejor decir genético-estructurales, impiden ya definitivamente la «modernización» del capitalismo español. Las fuerzas reaccionarias dominantes en el bloque de clases en el poder sienten no solo como un ataque a su propiedad ese intento de «modernización», que también lo es, sino que encima se sienten ofendidas e insultadas en su cínica moral nacional-católica y de esta mezcla de orgullo herido y bolsa amenazada resurge siempre su añorante necesidad infantil de un padre protector, sea un rey o un dictador, o ambas cosas.
Pero el reformismo, sea blando o duro, no puede imaginar otra alternativa que no sea la de mantener lo esencial de la nación española, aunque sea recurriendo al imposible metafísico de la «nación de naciones» dentro del sistema capitalista. Y no puede hacerlo porque su sistema cognitivo está cimentado en el nacionalismo español.
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