La paradoja de Rajoy y Puigdemont; Estado de Conveniencia, Identidad y Economía

La paradoja de Rajoy y Puigdemont; Estado de Conveniencia, Identidad y Economía

El 1 de Octubre promete convertirse en una fecha interesante tanto para los que quieren una Cataluña independiente, como para aquellos que quieren una España soberana. Identidad y territorio se baten sin gran originalidad en un duelo imaginario de típica tradición hispánica. Las opiniones se dividen entre el fervor al imperio de la Ley y el fervor a una identidad autónoma; sometimiento contra insumisión.

Resulta conmovedor apreciar que Españoles y Británicos seguimos manteniendo nuestras diferencias ancestrales. Así mientras que el referéndum de Escocia en 2014 se desarrolló bajo una lógica racional, el referéndum del 1 de Octubre es principalmente emocional que enfrenta una ligera emoción patriótica de la derecha española –encabezada por un Rajoy napoleónico que manda la fiscalía, como tropa de ocupación–, contra la emoción contraria de un conglomerado ciudadano que ve el día después como el día de la epifanía del Señor made in Cataluña con festival de mambo incluido.

Por el lado catalán el día 1 de Octubre trae curiosas originalidades. La primera es que se plantea como un conflicto romántico de esencias democráticas y trasfondos soberanos. En principio podríamos estar entre un planteamiento independentista propio de los siglos XVIII o XIX, si no es por la segunda originalidad de desvincular la economía de la pretensión independentista. Resulta curioso que la argumentación independentista se centra en la desconexión de España, como una reivindicación exclusiva de identidad como si economía y soberanía fueran estamentos inconexos. Sorprende que el independentismo no sea noticia de cabecera en la prensa económica nacional, mientras que en la prensa ordinaria abre portadas continuamente.

La desconexión española

Por la parte soberana nacional la apatía es la tónica general. Pocos creen en la independencia de Cataluña, y menos aún se sienten motivados por la gesta, pues nadie la vive como su problema preferente en la España actual más allá de la cuota de pantalla en los informativos. En realidad, si apagamos televisores y no miramos la prensa el español medio se encuentra tan desconectado del independentismo catalán como de las doctrinas soberanistas nacionales. Lo cierto es que para la inmensa mayoría de Españoles –catalanes incluidos–, sus problemas tienen relación con la volatilidad de las instituciones del Estado –Justicia incluida–, y con la inestabilidad de la economía.

El poder judicial al servicio del nuevo Napoleón español

Pero la justicia se ha convertido en la herramienta de guerra del soberanismo españolista, y el ejecutivo la usa en un problema político confundiendo gravemente el imperio del status quo soberano del régimen del 78 con el imperio absolutista de la Ley. Es decir, Rajoy instrumentaliza el poder judicial contra la voz legítima de, cuanto menos, más de un millón de ciudadanos que la manifestaron claramente en la calle durante la pasada festividad de Sant Jordi.  En este contexto la ya ampliamente desprestigiada Fiscalía General del Estado asume su más genuina inmolación –junto al Tribunal Constitucional–, en la hoguera de un poder ejecutivo mediocre que sacrifica el diálogo como una demostración de fuerza.

Sin embargo la amplia desconfianza de los Españoles en la justicia tiene profundas raíces en la dilatada  experiencia jurisprudencial de esta institución distópica. Definir, pues, al Estado Español como un Estado Democrático de Derecho es un eufemismo ingenuo en el empeño de extender sobre la Constitución del 78 el velo de la ignorancia de Rawls. El profundo error de Rajoy consiste justo en la inmolación definitiva de esta institución tan fuertemente saturada de trabajo y tan ampliamente desprestigiada entre la ciudadanía española.

Un velo de Rawls que el independentismo catalán está desgarrando en mil pedazos ante la indiferencia acomodada del Gobierno de Rajoy. Indiferencia que revela también que el poder judicial en España no es un poder independiente del ejecutivo, toda vez que Rajoy usa hoy la Justicia al igual que Napoleón sus tropas de ocupación mandando a la fiscalía a una confrontación lowcost contra la insumisión soft catalana. Aunque ya nadie se sorprende de la actuación beligerante del primer Fiscal General del Estado recusado por el parlamento Español en su “particular” encomienda de judicializar un problema fundamentalmente político.

Es en este sentido que John Rawls, uno de los filósofos del derecho y la política más relevantes del siglo pasado, actualiza el problema de la imparcialidad en el constructo de la justicia española a través de su provocadora idea de “el velo de la ignorancia” (1). Un concepto por el que Rawls fija el ideal de una sociedad justa en el hecho de que cada persona debe tener en cuenta la situación de cualquier otra estando obligado a considerar todas las posibles situaciones como potencialmente propias. Consecuentemente la equidad emana de la imparcialidad que deriva de la ignorancia de los intereses propios. ¿Por qué un Fiscal y un Tribunal Constitucional tienen más derecho que más de un millón de ciudadanos? ¿Es que todos los ciudadanos han de ser tutelados por los señores de la toga? ¿Si el poder emana del pueblo qué razón tiene el poder judicial?

La Constitución del 78 y la lógica de la conveniencia

Una cosa es el Imperio de la Ley y otra, muy diferente, la dictadura de los togados, algo que Rajoy está visualizando en el caso del referendum independentista. Es evidente, pues, que tras la dictadura, la Constitución del 78 es un documento que carece de la más mínima voluntad de imparcialidad, ya que emana de una situación política a la que trata de dar una transición de consenso entre el status quo de la dictadura y un futuro expresado en términos de «mayor» democracia política.

Nuestra constitución no nace, pues, bajo la vocación de equidad, sino bajo el pragmatismo de un consenso de conveniencia. Una lógica que con el paso del tiempo se manifiesta tan cancerígena para la vida social que nuestras instituciones políticas, económicas y jurídicas muestran signos evidentes de volatilidad y resquebrajamiento. La crisis económica ha mostrado con suficiencia que ninguna de las instituciones del Estado Español está diseñada en función de criterios de equidad y eficacia al margen de las diferentes motivaciones e intereses de los grupos de poder que conforman el actual status quo de la sociedad española. En la configuración del Estado Español las apariencias forman su fachada, toda vez que en su arquitectura ni existe separación de poderes en España, ni se encuentra un solo poder separado de los demás. Seguimos en la España del “tanto monta, monta tanto el Estado como su Banca.”

Salir indemne de los cruces de intereses en la justicia robagallinas

Nadie espera de la democracia española que la acción política se corresponda con la búsqueda del bienestar colectivo de la sociedad. La ciudadanía tan solo espera salir indemne del cruce de intereses de los distintos estamentos de poder político y económico ya que la institución de la justicia se entiende muy adaptada al conveniente apuntalamiento de esa fachada del status quo.

Son muchas y clamorosas las manifestaciones del Estado de Conveniencia que se ven continuamente en España; desde el rescate público a la banca, –el calvario de las preferentes, las cláusulas suelo, nuestro ordenamiento hipotecario, etc. etc.–, hasta la propia aplicación del ordenamiento sobre la violencia de género. La institución de la Justicia española se encuentra entre las más desacreditadas en las encuestas de opinión pública en España, hasta el punto que el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, llegó a definirla en 2014 como una justicia de robagallinas.

6.010.185 litigios en 2016 en el paraíso de la justicia de conveniencia

Las propias estadísticas oficiales del consejo general del poder judicial señalan las razones del descrédito ya que de un total de 6.010.185 asuntos resueltos en todas las jurisdicciones españolas en 2016 (2). Sólo en la jurisdicción civil el número de sentencias por magistrado/juez alcanzó la cifra media de 193.9, lo que arroja la media de 4.3 sentencias por semana laboral. Productividad que contrasta con el dato de la duración media de los asuntos civiles en los juzgados de primera instancia de 6,5 meses. Dato que alcanza los 44,8 meses en los concursos que se resuelven en los juzgados de lo mercantil.

Sobre estas cifras contrasta también el dato de que en un volumen de 6 millones de sentencias tan sólo se registren 7.878 incidentes de nulidad y se presenten ante el Tribunal Constitucional un total de 6.685 recursos de amparo por violación de derechos fundamentales. Dato que la propia memoria 2016 del Tribunal Constitucional matiza con la inadmisión de 4.230 de esos recursos, confirmando únicamente la cifra de 67 admitidos, sin reflejar la suerte del resto (3).

Estos datos ofrecen la lectura de que los derechos fundamentales no se vulneran en España ya que apenas tienen reflejo en una maquinaria jurídica claramente saturada que resuelve 6 millones de litigios en 2016. Toda una proeza profesional de unos magistrados que resuelven a razón de una media de un litigio por día, café incluido. Está claro que si España no es un paraíso de la justicia es porque fallan sus justiciables ya que sus magistrados rozan claramente la perfección. Todas las cifras apuntan a ello. Y sin embargo la sociedad desconfía de la justicia; ¿Son los españoles incrédulos e ingratos?

El catalanismo inestable en un Estado de Conveniencia

Quizás la pregunta no sea de gratitud. Quizás la cuestión sea más técnica, toda vez que se extiende cierta penumbra sobre la propia naturaleza jurídica del derecho fundamental porque ¿qué representan, en definitiva, los derechos fundamentales en un Estado de Conveniencia? La respuesta es evidente toda vez que la conveniencia es una lógica del pragmatismo político que a su vez es una adaptación subjetiva a la lógica del poder. Consecuentemente los derechos fundamentales en un Estado de Conveniencia no obedecen a los criterios objetivos e imparciales de los racionalistas de la ilustración, sino que son valoraciones subjetivas orientadas a los intereses de los grupos de poder que puedan verse afectados por el derecho invocado. En el Estado de Conveniencia los derechos fundamentales son, pues, herramientas para fortalecer los poderes del status quo; nunca instrumentos universales de carácter objetivo al servicio de la equidad y la armonía social.

Curiosamente la narrativa independentista defiende el voto como un derecho fundamental del Estado Democrático, mientras que los soberanistas defienden la soberanía como un bien superior al régimen democrático. Es decir que mientras los independentistas invocan un principio universal, los soberanistas invocan el poder del status quo español. La singularidad es la perspectiva porque ambos trenes circulan por vías distintas.

Sin embargo estos dos trenes apenas tienen interés a estas alturas del siglo XXI tras el fracaso de Le Pen en Francia. Incluso resulta incongruente el nacionalismo catalán visto desde la perspectiva de, cuanto menos, Trump, Erdogan, Orbán, Kaczynsky y Putin que fundamentan su nacionalismo como una herramienta para fortalecer el poder estatal frente al poder de la libertad de los mercados. Incluso el vecino Macron se aparta del soberanismo popular evolucionando hacia posiciones abiertas multilaterales donde la economía y el conocimiento sustituye a los viejos valores territoriales (4).

Resulta, pues, relevante el profundo descontexto internacional de este anhelo identitario catalán, aunque lo inquietante aparece en su interior; ¿Es posible un futuro consenso de criterios económicos entre la Candidatura d’Unitat Popular,  Convergencia Democrática de Cataluña y Esquerra Republicana? ¿Es suficiente un mismo anhelo identitario antiespañol para constituir un nuevo estado independiente? Se trata de cuestiones que no solo definen la inmadurez del impulso independentista, sino que también indican su alto grado de inestabilidad.

Una erupción volcánica en el corazón del régimen del 78

En este contexto distópico de la Constitución del 78 la afrenta del independentismo catalán es una erupción volcánica que saca al exterior la profunda ruptura del status quo del régimen del 78. Esta ruptura se manifestó por primera vez como resultado del austericidio en el movimiento del 15M y tuvo su momento más expresivo en el proceso de dimisión y reelección de Pedro Sánchez en el PSOE. Pero es la propia debilidad parlamentaria de Rajoy la que también delata la existencia de movimientos tectónicos en el subsuelo social de España. Movimientos que todavía no encuentran su cauce en espera del seísmo que les facilite emerger.

Sin embargo la paradoja de la situación española se manifiesta, por otro lado, en la respuesta de Rajoy claramente nacionalista, a la par que el conglomerado catalán conjuga derecha e izquierda en un romanticismo decimonónico claramente inarmónico. Sorprende también la seguridad y prepotencia del Gobierno que usa, con un desparpajo ingenuo, la justicia como sus tropas de ocupación dinamitando –de paso–, la poca separación de poderes que todavía queda en el imaginario popular. La Fiscalía ya está actuado abiertamente como el Estado Mayor del Gobierno comandado por Rajoy, y reserva el pelotón de los magistrados para los ajusticiamientos del día después. Es toda una originalidad histórica de un gobierno, a todas luces, mediocre de los herederos del antiguo régimen.

La oportunidad de la grieta abierta en la calabaza del 78

Sin embargo la caótica insumisión de los catalanes tiene su impacto relevante en el “machetazo” que le pega a la calabaza de la Constitución del 78 abriéndola entre una derecha canónicamente nacionalista y un catalanismo disperso dependiente de la fuerza popular que diluye los intereses de clase en un independentismo identitario asexuado. ¿Estamos ante una revolución popular “lowcost” o ante una implosión “soft” de la clase dominante?...

Difícil cuestión antes del 1 de Octubre que se diluye el mismo día 2 de Octubre ya que todos sabemos que la votación será claramente abortada en el teatro mediático de buenos y malos retransmitido en directo para gloria de los actores. ¡Comienza el mambo!

La reforma de la Constitución Española

Sin embargo a partir del día 2 de Octubre la cuestión fundamental será previsiblemente la reforma de la Constitución del 78. Una reforma que deberá responder a un nuevo status quo dando cauce a la nueva realidad de la sociedad española actual. Reforma que la derecha pretenderá limitar a una reorganización del Estado de Conveniencia sin afectar a las bases económicas y jurídicas de la sociedad española.

Sin embargo, la economía es derecho –una vinculación que no tiene muy clara la izquierda española–, por lo que a partir del 2 de Octubre se abre también la oportunidad de plantear una reforma de la Constitución más amplia que acometa también la reforma definitiva de la Justicia en sus parámetros más relevantes para la ciudadanía española de su ordenamiento procesal, civil y penal. Reforma técnica de aspectos tan centrales como la quimera de la “sana crítica”, los deberes jurisdiccionales de los magistrados, la prevaricación judicial, la objetividad y racionalidad de las resoluciones judiciales, los derechos fundamentales, etc., etc. Estableciendo también un control estadístico eficiente y relevante de las resoluciones de los jueces al objeto de poder evidenciar los actuales sesgos de parcialidad de los tribunales.

Está claro que una reforma de la Constitución del 78 en dirección a un Estado Federal requiere en consecuencia de, cuanto menos, una reforma del derecho administrativo que, tarde o temprano, arrastraría una reforma de todo el ordenamiento actual.

Siendo positivo este efecto del independentismo catalanista sobre la necesaria reforma de la Constitución del 78, el problema emerge, no obstante, con la identificación de cuales serían las fuerzas actuantes en el impulso de esta posible reforma jurídica en la España actual, y si éstas tendrían suficiente visión de futuro para cumplir con eficiencia el requisito de imparcialidad y equidad de John Rawls.

©170914 PACO MUÑOZ