UPyD derrotada: los parlamentarios vascos podrán decir “presos políticos”
Los parlamentarios vascos podrán utilizar el término "presos políticos" para referirse a los reclusos de ETA, ya que, según los letrados de la Cámara, ninguna resolución, en referencia a la aprobada el pasado día 16 que rechaza considerar a los militantes de ETA que se encuentran en prisión presos políticos, puede limitar la libertad de expresión a la hora de utilizar dicha denominación.
La Mesa del Legislativo autonómico ha conocido este martes el informe que la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria (PNV), solicitó a los servicios jurídicos del Parlamento después de que el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, exigiese la prohibición de esa expresión, apoyado en el acuerdo que la Cámara adoptó en pleno el pasado día 16, cuando mayoritariamente se rechazó que los etarras sean presos políticos.
No obstante, el informe jurídico sostiene que la expresión "no obedece a ninguna categoría jurídica" sino que "denota en su uso una convicción y, como tal,está sujeta a opinión", por lo que el debate no es semántico, sino de "juicios, opiniones y valores" que trascienden a las propias palabras concretas y llegan a un ámbito "protegido por la libertad de expresión".
Así, los letrados hacen hincapié en que el Parlamento "es foro de debate y expresión en el que se confrontan ideas y juicios en la búsqueda de acuerdos", por lo que "cuando la mayoría somete a restricciones la libertad de expresión de las minorías, podría deslegitimar sus propias decisiones". "Aún en el supuesto de ser aprobada (la resolución) por una amplia mayoría, no puede limitar los derechos de participación política de las minorías, ni limitar su libertad de expresión", sostienen.
Con este informe, los servicios jurídicos de la Cámara respaldan la actuación de Tejeria en el pleno del pasado día 10, cuando no impidió que un parlamentario de EH Bildu utilizase el término y retiró la palabra a Maneiro al protestar, porque su función es la de dirigir y moderar el desarrollo de los debates, evitar "excesos" y no "rebajar" la libertad de expresión.
"Un exceso de celo en la dirección de los debates, que pudiera llegar a vulnerar el contenido social del derecho a la participación política, puede activar los mecanismos de defensa del derecho ante el propio Tribunal Constitucional", advierte el informe, que añade que la aplicación del régimen disciplinario "se refiere principalmente a la forma y no a la sustancia de las opiniones y a evitar los excesos verbales y la falta de respeto hacia las decisiones de la Presidencia".
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