La plataforma organiza un acto contra la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana con una quincena de colectivos
La Coordinadora Paremos la
Criminalización de la Protesta Social organizó en la tarde de ayer un
acto en el que participaron una quincena de personas entre activistas,
representantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas,
magistrados y trabajadores del sector público.
La primera en hablar, en turnos de unos tres minutos por ponente y en una extensa mesa en la que se colocó una pancarta con el lema ’Dignidad contra la criminalización de la protesta social”, fue la magistrada jubilada Manuela Carmena. “Estamos en un momento en el que el Estado de derecho, lo que significa la democracia, esta siendo cuestionado por el Gobierno”, indicó. Para la ex juez la Coordinadora, de la que forma parte, es quien está defendiendo dicho Estado de derecho”, algo que en su opinión es “necesario” en el contexto actual.
El siguiente turno de palabra recayó en Boti García, presidenta de la Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (FELTGB), quien comenzó su exposición recordando uno de los lemas de las movilizaciones estudiantiles en Valencia del año 2012, la llamada ’Primavera Valenciana’, ’Somos el pueblo, no somos el enemigo’. Para García, “con esta reforma del Código Penal, que criminaliza la protesta, el Gobierno ha decidido que la mejor estrategia para callar a la ciudadanía es el miedo y la represión”. Sin embargo, apuntó: “Rajoy y sus ministros no quieren enterarse de que no hay mordaza que pueda acallar la desesperación de tantas personas que han perdido tanto”. Además, la activista recordó que la reivindicación, la protesta y la movilización ciudadana son, en su opinión, “el germen de las transformaciones políticas y sociales que han hecho progresas a la ciudadanía en todas las sociedades y desde siempre”. Por último, apuntó que la Ley de Seguridad Ciudadana es, “injusta, desproporcionada y represora” y que la calidad de la democracia “se comprueba cuando las leyes y las fuerzas de seguridad sirven para proteger a la ciudadanía, mientras que esta ley va en la dirección contraria”.
Por su parte, Chelo Luque sustituyó en la mesa a su compañero en la Coordinadora 25S, Alberto Torres. Al mencionar el nombre del activista, quien tiene una orden de entrada en prisión por su participación en los movimientos vecinales contra la extensión de los parquímetros en los barrios de Madrid, el público asistente irrumpió en aplausos. Luque puso a Torres como ejemplo de represión y criminalización de la protesta: “La orden está en suspenso durante un período de dos años por los problemas graves de salud que tiene, problemas relacionados con la represión. Tuvo un ictus que sufrió cuando estuvo en esta lucha de los barrios y un tromboembolismo popular cuando recibió la orden de entrada en prisión”.
Luque abogó por “crear una cultura política basada en el respeto y la inclusión de todos los sujetos sociales y políticos que demandan un auténtico cambio”, y apuntó que la movilización del 22M y el acto de ayer van “en la buena dirección”.
La velada prosiguió con las palabras de la periodista y reportera gráfica Heidi Sánchez. “Las personas que trabajamos en las movilizaciones sociales para trasladar a la ciudadanía lo que en ellas pasa tenemos cada vez mas difícil realizar nuestro trabajo, no sólo por la precarización sino por que nos encontramos en el punto de mira del Ministerio del Interior, de del Gobierno y de los antidisturbios, que quieren impedir que nuestro pueblo conozca las movilizaciones”, aseguró. Asimismo, informó a los presentes: “Las Unidades de Intervención Policial (UIP) nos pegan, nos rompen los equipos y nos detienen, y ahora con la Ley de Seguridad Ciudadana que preparan el PP pretenden multarnos cuando las imágenes no sean de su agrado”.
En representación de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez defendió la salud y los servicios públicos como “una pieza clave para la existencua de una sociedad justa y democrática”, considerando un “deber ético revelarse contra estas injusticias”, en referencia a los recortes sociales. En nombre de la Federación Sánchez rechazó “que se intente silenciar las protestas represivas”. “No estaría de más que se preocuparan menos por el mobiliario urbano y más por las personas”, continuó, apuntando además que “quienes matan personas son los recortes y no las movilizaciones”. Su intevención finalizó con una frase que hizo estallar al público en un sonoro aplauso: “Si los abuelos de estos que gobiernan no pudieron doblegarnos estos tampoco nos van a doblegar”.
El colectivo Salvemos Telemadrid, formado por trabajadores y ex empleados del ente público, también estuvo representado en el acto mediante Ángel García. Éste relató al público el inicio de las protestas por manipulación informativa en el interior de la radiotelevisión, mediante la emisión de un primer comunicado denunciando la manipulación informativa en la cobertura de los atentados del 11 de marzo de 2004. “Si vosotros sois el pueblo, nosotros tenemos que ser la televisión del pueblo, queremos ser la garantía de la democracia en forma de una televisión pública y democrática y dejar de ser el altavoz de una burda manipulación”, afirmó.
La jornada continuó con las intervenciones de José Manuel Izquierdo, de Bomberos de Madrid, e Iñaki Guevara, de la Unión de Actores. El primero relató al público las diferentes detenciones que ha sufrido el colectivo desde que comenzó las protestas contra el Gobierno regional, remarcando que todos los afectados han sido absueltos. Además, defendió que el interés de los gobernantes es criminalizar a toda persona que proteste contra sus políticas: “Este desprestigio llega a convencer a a la gente de que el que está en un sindicato, en un partido político o en una oranización social es un antisistema, es el primer paso para desorganizarnos, pero la única forma de arreglar esto es organizándonos”, aseguró. Para finalizar, indicó que su colectivo está convencido que los hechos y la intervención policial del pasado 22 de marzo en Madrid “estaba medida al milímetro”. Por su parte, Guevara continuó en la misma línea, explicando que “la actual reforma de la Código Penal aumenta la represión y se dirige a todos aquellos que intenten cualquier actividad de contenido de movilización y política”, haciendo un repaso además de las diferentes leyes y ordenanzas que se han ido introduciendo en los últimos años, ordenamientos “represores” en su opinión.
La Plataforma por la Comisión de la Verdad sobre los Crímenes del Franquismo también quiso estar presente en el acto organizado por la Coordinadora. Jordi Gordon, integrante de la Plataforma, comenzó de forma contundente: “La democracia está en peligro”, y prosiguió “esto es una amenaza que nos unamos todos para combatir este sistema”, en reforma a la reforma del Código Penal y la ’Ley Fernández’. Para Gordon, tras estos nuevos ordenamientos jurídicos “asoma la cara del franquismo” y animó a los presentes a unirse “alrededor de las grandes causas que nos unen a todos” para así “exigir que este Gobierno se vaya porque es un Gobierno ilegítimo”.
Por su parte, el poeta e integrante de Izquierda Abierta, Luis García Montero, habló de la existencia de la “cultura de la represión que intenta siempre criminalizar a las víctimas” y que intenta convertir la protesta política en un asunto de orden público. Además defendió que esa cultura de la represión “en el fondo está unida a la criminalización de la pobreza”. Así, para el político estas formas son también “una cultura de desigualdad y de élites que criminaliza a los de abajo para convertir a las víctimas en responsables de su propia explotación”.
En la jornada también participaron Begoña San José, presidenta de la Coordinadora Mujeres por la Igualdad, quien comparó las próximas reformas en materia de seguridad con la Ley de Orden Público franquista remarcando que con la Ley de Seguridad Ciudadana el Estado volverá a tener “una policía política y unos presos políticos”; Gabriel Cuesta, de la Coordinadora de Inmigrantes COIN, quien llamó “a la desobediencia y a la insumisión social contra este Gobierno ilegítimo y carente de toda autoridad” y abogó por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, el fin de las redadas racistas en el Estado español y la retirada de las cuchillas de las vallas de Ceuta y Melilla; Teresa Esteban, de la rama en defensa de la educación pública del sindicato STEM, quien apuntó que las decisiones de los poderes públicos se dirigen a la construcción de un estado totalitario; Juan Carlos Asenjo, del Comité de Empresa de la planta de Coca-Cola en Fuenlabrada, que relató la represión sufrida por el colectivo, en lucha contra un ERE y el cierre de las instalaciones, y, por último, Patricia Higueras, del colectivo de estudiantes CEM, muy crítica con la decisión del rector de la Universidad Complutense de Madrid, José Carrillo, por permitir el acceso de las UIP al vicerrectorado ocupado por alumnos de la universidad en protesta por el aumento de las tasas y la reducción de becas, recordando que la intervención se saldó con 54 detenidos.
El acto finalizó con la intervención de uno de los integrantes de la plataforma No Somos Delito, formada por colectivos como Legal Sol, Greenpeace o SOS Racismo, que se encontraba entre el público. Éste, sugirió a la Coordinadora Paremos la Criminalización de la Protesta Social trabajar conjuntamente con la plataforma, debido a que ambas buscan un mismo fin.
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