La ONU denuncia que EEUU no respete los derechos de los reos retenidos en el exterior
Agencias
El Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas denunció ayer que Estados Unidos no aplique
el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos a los
individuos bajo su custodia retenidos fuera de su territorio. El
comité analizó los pasados 13 y 14 de marzo la aplicación por parte de
Washington del pacto al que está sujeto, y el jueves hizo públicas sus
conclusiones.
“El comité lamenta que Estados Unidos continúe manteniendo su posición de que el pacto no se aplica con respecto a los individuos bajo su custodia pero fuera de su territorio, a pesar de la interpretación contraria del comité”, reza el primer punto de la evaluación.
Ante esta realidad, los miembros del comité solicitan a Washington que interprete la convención “con buena fe” y “reconozca la extraterritorialidad del pacto”.
En este punto el comité no hace referencia específica al centro de detención de Guantánamo ni a las bases militares de Afganistán, que albergan a detenidos cuyos derechos no están siendo respetados conforme al pacto, sino que estos dos casos se tratan en un apartado específico.
Y si bien el comité se alegra de que el presidente estadounidense, Barack Obama, se haya comprometido con el cierre de la base de Guantánamo, “lamenta que no se haya establecido una fecha para la clausura definitiva”.
Asimismo, los miembros del comité solicitan que “se acelere” el proceso de transferencia de detenidos elegidos para ello, y que se juzgue o se libere a los reos cuyo caso aún no ha sido tratado, con el objetivo final de cerrar lo antes posible el centro.
“Estados Unidos debería acabar con el sistema de detención administrativa sin cargos o juicio, y asegurarse de que cualquier caso criminal contra detenidos retenidos en Guantánamo o los centros militares de Afganistán se traten en el sistema criminal de justicia en lugar de en comisiones militares, y que estos detenidos cuentan con las justas garantías establecidas en el pacto”.
Por otra parte, el comité está preocupado por el “limitado número” de investigaciones, acusaciones y condenas de miembros de las Fuerzas Armadas y otros agentes gubernamentales, incluyendo aquellos que trabajaban para compañías privadas contratadas y que presumiblemente cometieron asesinatos ilegales o usaron métodos de tortura durante operaciones internacionales.
“El comité está preocupado porque todas las investigaciones sobre desapariciones forzadas, torturas u otros tratos inhumanos o crueles en el contexto de las operaciones de la CIA concluyeron en 2012 con escasas condenas a agentes de bajo rango”.
“Estados Unidos debería considerar la aplicación de la doctrina de la ‘responsabilidad de los mandos’”, sugiere el comité.
Otro de los aspectos negativos destacados por el comité es la vigilancia llevada a cabo en todo el mundo por la Agencia de Seguridad Nacional ( NSA , en sus siglas en inglés).
“El sistema actual de vigilancia de la NSA no protege los derechos de los vigilados” señala, y lamenta que aquellos que han sido espiados no tengan acceso a contraprestaciones en caso de que haya habido abusos.
“Estados Unidos debería asegurarse de que todas las actividades de vigilancia tanto en el interior como en el exterior del país son acordes a los establecido en el pacto, y de que cualquier interferencia con el derecho a la privacidad cumple con los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad sin tener en cuenta la nacionalidad o localización de los individuos cuyas comunicaciones están bajo vigilancia”.
El texto también hace referencia al uso de drones (aeronaves no pilotadas) al “lamentar” la falta de transparencia en relación al criterio para lanzar ataques y para justificarlos, y la no asunción de responsabilidades respecto a las muertes causadas por dichas agresiones.
“El comité lamenta que Estados Unidos continúe manteniendo su posición de que el pacto no se aplica con respecto a los individuos bajo su custodia pero fuera de su territorio, a pesar de la interpretación contraria del comité”, reza el primer punto de la evaluación.
Ante esta realidad, los miembros del comité solicitan a Washington que interprete la convención “con buena fe” y “reconozca la extraterritorialidad del pacto”.
En este punto el comité no hace referencia específica al centro de detención de Guantánamo ni a las bases militares de Afganistán, que albergan a detenidos cuyos derechos no están siendo respetados conforme al pacto, sino que estos dos casos se tratan en un apartado específico.
Y si bien el comité se alegra de que el presidente estadounidense, Barack Obama, se haya comprometido con el cierre de la base de Guantánamo, “lamenta que no se haya establecido una fecha para la clausura definitiva”.
Asimismo, los miembros del comité solicitan que “se acelere” el proceso de transferencia de detenidos elegidos para ello, y que se juzgue o se libere a los reos cuyo caso aún no ha sido tratado, con el objetivo final de cerrar lo antes posible el centro.
“Estados Unidos debería acabar con el sistema de detención administrativa sin cargos o juicio, y asegurarse de que cualquier caso criminal contra detenidos retenidos en Guantánamo o los centros militares de Afganistán se traten en el sistema criminal de justicia en lugar de en comisiones militares, y que estos detenidos cuentan con las justas garantías establecidas en el pacto”.
Por otra parte, el comité está preocupado por el “limitado número” de investigaciones, acusaciones y condenas de miembros de las Fuerzas Armadas y otros agentes gubernamentales, incluyendo aquellos que trabajaban para compañías privadas contratadas y que presumiblemente cometieron asesinatos ilegales o usaron métodos de tortura durante operaciones internacionales.
“El comité está preocupado porque todas las investigaciones sobre desapariciones forzadas, torturas u otros tratos inhumanos o crueles en el contexto de las operaciones de la CIA concluyeron en 2012 con escasas condenas a agentes de bajo rango”.
“Estados Unidos debería considerar la aplicación de la doctrina de la ‘responsabilidad de los mandos’”, sugiere el comité.
Otro de los aspectos negativos destacados por el comité es la vigilancia llevada a cabo en todo el mundo por la Agencia de Seguridad Nacional ( NSA , en sus siglas en inglés).
“El sistema actual de vigilancia de la NSA no protege los derechos de los vigilados” señala, y lamenta que aquellos que han sido espiados no tengan acceso a contraprestaciones en caso de que haya habido abusos.
“Estados Unidos debería asegurarse de que todas las actividades de vigilancia tanto en el interior como en el exterior del país son acordes a los establecido en el pacto, y de que cualquier interferencia con el derecho a la privacidad cumple con los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad sin tener en cuenta la nacionalidad o localización de los individuos cuyas comunicaciones están bajo vigilancia”.
El texto también hace referencia al uso de drones (aeronaves no pilotadas) al “lamentar” la falta de transparencia en relación al criterio para lanzar ataques y para justificarlos, y la no asunción de responsabilidades respecto a las muertes causadas por dichas agresiones.
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