Irán va a La Haya por fondos confiscados, ¿qué hará EEUU? Por Iroel Sánchez
El
gobierno iraní ha presentado una demanda contra Estados Unidos ante la
Corte Internacional de Justicia de La Haya por la confiscación de 2 mil
millones de dólares de sus fondos congelados en EEUU. Una decisión de la
Corte Suprema estadounidense estableció que Irán debe pagar esos 2000
millones a las víctimas y familiares de marines estadounidenses muertos
en un atentado contra una instalación militar norteamericana en el
Líbano del que Washington culpa a la República Islámica pero hasta el
Juez John Roberts, que se opuso en la Corte Suprema al veredicto, ha denunciado la arbitrariedad de esa decisión:
“No
menos que si se hubiera aprobado una ley afirmando ‘los demandantes
ganan’, el Congreso decidió este caso adoptando un estatuto
especialmente diseñado para este caso, que resuelve las disputas legales
específicas de las partes garantizando la victoria de los demandantes”
Por su parte, el presidente de Irán, Hasan Rohani, ha planteado que
la muerte de esos estadounidenses en el Líbano no tiene nada que ver
con Irán y que la decisión judicial adoptada en Washington es un “robo
descarado”.
El hecho del
que Washington acusa a Irán ocurrió hace 33 años, el 23 de octubre de
1983, en Beirut, y en él murieron 241 marines estadounidenses, parte de
una fuerza de intervención liderada por EEUU junto a otros países
miembros de la OTAN (Francia, Italia y Gran Bretaña). En esa ocasión dos
camiones repletos de explosivos conducidos por suicidas fueron
estrellados a la vez contra el cuartel de los marines estadounidenses y
el puesto de mando del ejército francés en Líbano en el que también
murieron 59 paracaidistas.
Pero qué
hacían esos militares en el Líbano y por qué estaban allí. Un cable de
la agencia UPI fechado el 20 de septiembre de 1983 reportaba que
“los
cañoneros que bombardean posiciones antigubernamentales durante las
mayores operaciones navales norteamericanas desde el conflicto de
Vietnam son parte de una creciente fuerza de combate asignada al Líbano
que incluye 15 barcos de guerra y 16,238 soldados y marinos
norteamericanos”.
Un año
antes, Israel había aprovechado una precipitada y sospechosa retirada de
las fuerzas multinacionales e invadió Beirut y masacró a los refugiados
de los campamentos palestinos de Sabra y Chatila en una acción que la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
calificó de genocidio. Durante 40 horas murieron miles de civiles
desarmados, incluyendo mujeres, ancianos y recién nacidos. A partir de
entonces, se agravaron los enfrentamientos y las fuerzas multinacionales
integradas por Francia, Italia, EEUU y Gran Bretaña retornaron al
Líbano, mientras Washington impuso un acuerdo entre las autoridades
israelíes y libanesas, rechazado por Siria y la Organización para la
Liberación de Palestina, que legalizó la presencia de las tropas de
Israel en el Líbano.
El atentado
del 23 de octubre fue reivindicado por una organización llamada Yihad
Islámica y un ex agente del Mossad, Víctor Ostrovsky, ha sostenido que
el servicio israelí de inteligencia (Mossad) sabía de los planes para
atentar contra el cuartel estadounidense y no hizo nada para impedirlo.
Tiene lógica porque tras el atentado el Presidente estadounidense Ronald
Reagan se dijo
“más decidido que nunca” a que sus marines permanecieran en Líbano
“para hacer frente a los que quisieran hacernos abandonar la región” y
las fuerzas de EEUU se implicaron más en el conflicto, aunque las
repercusiones internas obligaron a Washington y sus aliados a retirarse
en el primer semestre de 1984.
La prensa
occidental no llama terrorismo a lo ocurrido en Sabra y Chatila, donde
murieron miles de civiles pero al cubrir la decisión de la Corte Suprema
contra los fondos iraníes habla de los marines, miembros de una fuerza
de combate en territorio extranjero que apoyaba a quienes cometieron esa
masacre, como “víctimas del terrorismo”.
La
implicación de Estados Unidos en acciones terroristas es notoria. Sobre
todo en el caso de América Latina, donde solo en Cuba 3 478 personas
han muerto víctimas del terrorismo practicado, financiado y alentado por
Washington. Los autores materiales e intelectuales de esos hechos viven
tranquilamente en Estados Unidos y lejos de comparecer ante la
justicia, fondos del gobierno cubano congelados en EEUU en virtud del
bloqueo de más de cinco décadas que sostiene Washington contra la Isla,
se han convertido –gracias a jueces venales- en un negocio para ellos y
sus patrocinadores pertenecientes a sectores extremistas que
históricamente han vivido del enfrentamiento entre los dos países.
La Corte
Internacional de Justicia de La Haya es un órgano de la ONU que ya una
vez falló contra Estados Unidos, indicándole “cesar y abstenerse” del
“uso ilegal de la fuerza” contra el gobierno nicaraguense durante la
década de 1980. La Corte afirmó entonces
que los Estados Unidos cometieron “una infracción de su obligación bajo
el Derecho internacional consuetudinario de abstención del uso de la
fuerza contra otro Estado” pero Washington nunca acató esa decisión ni
pagó las compensaciones que establecía, a pesar de que había aceptado la
jurisdicción obligatoria de la Corte desde su creación en 1946.
El hecho de
que el gobierno iraní acuda a La Haya habla a favor de su convicción de
inocencia y su respeto por la legalidad internacional, ¿aceptará esta
vez Estados Unidos la sentencia, o nuevamente se considerará por encima
de las Naciones Unidas y actuará como el guapetón del barrio que aplica
su ley a todos pero nunca acepta la ley de todos para sí?
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