La moción de censura presentada por Pedro Sánchez fue exitosa y, contra todo pronóstico, el secretario general del PSOE tumbó a Mariano Rajoy y a su ejecutivo, convirtiéndose en el séptimo presidente español desde el retorno a la democracia. Una buena noticia que abre una nueva e incierta etapa política, donde recuperar el diálogo con Cataluña tiene que ser una de las prioridades del nuevo presidente. Una investidura de Sánchez que ha coincidido en el tiempo con la toma de posesión de los y las consejeras del nuevo ejecutivo de Quim Torra, configurando –así– un gobierno efectivo y levantándose, de facto, la intervención del 155.
Pedro Sánchez presidente
La moción de censura parecía una iniciativa que no prosperaría pero que, a la vez, era necesaria presentar por higiene democrática. No obstante, tuvo éxito con 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención, convirtiéndose en una moción histórica, la primera que triunfa en democracia. El cambio a Rajoy y al PP no ha llegado de Iglesias ni de Rivera, sino, de un Sánchez que supo sumar a los votos de su partido los de Podemos y las confluencias, y los de los soberanistas catalanes y vascos. En este sentido, la sentencia de la Gürtel ha sido el catalizador de la alternativa al PP, articulando una mayoría parlamentaria en base al “No” a Rajoy y a la no convocatoria de elecciones inmediatas.
El otro gran derrotado de la moción fue Albert Rivera. El líder de Ciudadanos, cegado por las encuestas, maniobró mal argumentando que la legislatura había acabado, para después no avenirse a apoyar a Sánchez y, por lo tanto, cerrando la opción posterior de pactar elecciones. El voto de Ciudadanos, favorable a la continuidad del PP, deja en papel mojado su discurso de regeneración democrática y de tolerancia cero con la corrupción. La pugna entre los populares y Ciudadanos por liderar la oposición, haciendo bandera del discurso nacional-español, se prevé encarnizada. No obstante, si el PP no se afana en refundarse y en cerrar pronto las pugnas internas por la sucesión a Rajoy, Ciudadanos continuará teniendo los apoyos necesarios –económicos, financieros y mediáticos– para convertirse en la nueva derecha hegemónica.
Minoría absoluta
Los 84 escaños de los socialistas en el Congreso conformarán un gobierno débil que tendrá en contra, no sólo al PP y a Ciudadanos –que no dudarán en hacer un llamamiento a la movilización para desgastar al gobierno–; sino, también a los medios de comunicación de la caverna mediática que acusarán a Sánchez de una supuesta agenda oculta y, por si fuera poco, también tendrá la animadversión de parte de su propio partido, representado por algunas baronías y la vieja guardia socialista. Esta debilidad de Sánchez no tiene por qué implicar que Unidos Podemos (UP) tenga que entrar a gobernar con un PSOE que hay que recordar es un partido de orden, pieza fundamental del régimen del 78 –de un bipartidismo moribundo– y que tiene pendiente la sentencia del caso de los ERE de Andalucía. No obstante, actualmente, el PSOE de Sánchez llega al gobierno de un Estado español que afronta una triple crisis: institucional, socio-económica y nacional-territorial, y tendrá que buscar alianzas para sobrevivir; situación que hará que se encuentre en continúa tensión y con contradicciones internas. Una oportunidad para que UP, por un lado, arranque conquistas sociales condicionando –desde fuera del gobierno– su apoyo al nuevo ejecutivo (vía portuguesa); los movimientos sociales, por otra, consigan –mediante la movilización– medidas favorables a la mayoría social y, finalmente, los partidos soberanistas avancen en la autodeterminación supeditando su apoyo a esta cuestión.
Una situación compleja para Sánchez que tendrá un escaso margen de maniobra, no sólo en cuanto a la fractura nacional-territorial sino, también, en el ámbito socio-económico –marcado por el plan de Estabilidad europeo y por la deriva neoliberal de la socialdemocracia–; lo que no augura una derogación de las últimas reformas laborales que tanta precariedad han creado, salvo que se le condicione fuertemente. En consecuencia, el gobierno de Sánchez sólo podrá articular medidas “estrella” –para buscar su relanzamiento electoral– en el ámbito de las libertades y el asistencialismo social, que tendrían que empezar por la urgente derogación de la Ley Mordaza y la recuperación de la universalidad de la sanidad.
Gobierno efectivo
Siete meses después de la aplicación del 155, la constitución de un nuevo Govern de la Generalitat pone fin a la suspensión del autogobierno catalán. El nuevo ejecutivo, sin presos políticos ni exiliados por la negativa del Estado, tomó posesión en un acto lleno de simbolismo donde el presidente, Quim Torra, aseguraba que su gobierno se mantendrá fiel al mandato del referéndum del 1 de octubre, y donde hacía un llamamiento al diálogo bilateral con el nuevo presidente Sánchez. Un nuevo gobierno efectivo que tendrá que trabajar mucho para revertir la hipoteca del 155.
Ante la intolerancia, la represión y la judicialización de la política en la etapa del PP, una condición necesaria para cualquier avance era que desapareciera Rajoy. Así, el cambio de inquilino en la Moncloa abre una ventana de oportunidad para resolver el bloqueo de las relaciones entre Cataluña y el Estado español a través de una negociación política. Un diálogo que necesita gestos de un Sánchez que, hasta hace poco, competía con Ciudadanos y el PP en el discurso beligerante contra Cataluña y que, incluso, propuso cambiar el código penal para adaptar el delito de rebelión al caso catalán. Un verdadero gesto sincero, de buena voluntad, de querer comenzar una nueva etapa de diálogo y negociación para resolver políticamente la situación, sería el de la liberación de los presos. En este sentido, el jurista y catedrático de derecho constitucional, Javier Pérez Royo, argumenta que Sánchez tendría que dar instrucciones a la fiscalía para que pidiera la salida en libertad de los presos políticos catalanes. En la misma línea, el levantamiento completo del control de las finanzas sería otro paso en la buena dirección, no obstante, el PSOE ya ha avisado que este se mantendrá hasta que se avance en el “proceso de normalización”. Los socialistas harían bien de decidirse entre sí quieren continuar siendo partícipes del bloque del 155 o si, por el contrario, quieren abrir la puerta a buscar soluciones negociadas.
Correlación de fuerzas desigual con el Estado
Todo apuntaba a un gobierno provisional de Torra, coordinado –en mayor o menor medida– con un Espacio Libre de Bruselas –que todavía no existe–; pero, la elección de Sánchez abre un nuevo escenario político donde las incertidumbres y la confusión continuarán en el tablero político, a la vez que también surgen oportunidades y nuevos caminos por donde avanzar. Un tablero donde las fuerzas soberanistas, a pesar de estar ahora en mejor condiciones, tienen que reorientar estratégicamente el Procés hacia la República Catalana. En este sentido, el debate sobre “Puigdemont o Puigdemont” ha coartado la cuestión de fondo sobre qué estrategia seguir después de la derrota del 27-S, con la proclamación “simbólica” de la República y la aplicación del 155.
Un análisis crítico de la anterior hoja de ruta pero constructivo, que hay que abordar para avanzar en un proyecto constituyente que amplíe la base –interpelando a las clases populares y trabajadoras desde la defensa de los derechos sociales, políticos y económicos–, y que recupere el espíritu del 1 y el 3 de octubre.
Jesús Gellida, politólogo y escritor
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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