Se agradece que la
ministra Batet se exprese como las personas normales, llame a las cosas por su
nombre (pues habla de "conflicto catalán") y se muestre presta a
dialogar con la Generalitat. Se agradece. Siempre es mejor que contemplar los
gestos adustos, altaneros de quienes creen que la respuesta al "reto"
catalán es enviar a la Guardia Civil.
Otra cosa es la
viabilidad de lo vagarosamente anunciado como si fuera una concreción: una
reforma federalista de la CE para que Catalunya sea más feliz dentro de España. Es una linda
esperanza, pero también desesperada. Pretende disfrazar la negativa a reconocer
a Catalunya el derecho a decidir si quiere seguir dentro de España o no. Porque
el problema está ahí, en el presupuesto que legitima la hipotética reforma de
la CE. Si los catalanes tienen o no derecho a la autodeterminación, esto es a
decidir si quieren ser "más felices" dentro de España y su
Constitución o "más infelices" fuera de ellas. Los alambicados
castillos conceptuales armados para dilucidar tan compleja cuestión se vienen
abajo con el soplo escocés.
No obstante, aun
no estamos en esa casilla sino en el puro comienzo. Hablar de reforma de la CE
con 85 diputados es poco realista. Y aunque fueran muchos más. Esta
Constitución está redactada de tal modo que su reforma necesita complicados
trámites y mayorías parlamentarias cualificadas que hoy por hoy está muy lejos
de reunir. El frente antirreformista vendrá además reforzado por la reacción de
las CCAA que objetarán a las relacioness bilaterales Estado-Catalunya. No se
olvide que esta es la Constitución del "café para todos".
La encomiable
disposición del gobierno al diálogo viene ensombrecida por la existencia de
presos y exiliados políticos. Y eso que todavía no ha entrado en acción el
aparato Borrell. La inercia y la anterior complicidad con la política represiva
del gobierno del PP, incluido el apoyo al 155, hacen que ahora el PSOE
considere adecuado hablar de "normalizar" la situación pero sin poner
fin a la persecución judicial del independentismo, sin liberar a los presos
políticos ni permitir el regreso de los exiliados.
Pero tal cosa no
es realista. En un Estado de derecho no puede haber presos políticos.
En esos términos
encara la Generalitat la negociación con el gobierno. Al saber de la propuesta
de reforma constitucional de Batet, Torra ha contestado que da la bienvenida a
todas las propuestas, pero el govern "parte del 1-O". Qué quiera decir
esto se verá en poco tiempo pero, en principio, supone una referencia al
mandato de independencia resultado del referéndum del 1-O que el gobierno
central no pudo ni supo impedir sino solo reprimir con tan insólita brutalidad
que deslegitimó la causa que decía defender. Y, para dejar clara la idea, la
CUP emplaza al govern y a los partidos independentistas a recuperar la vía
unilateral.
Como en las
historias de venganzas heredadas de familias que trasmiten enfrentamientos cuyo
origen se ha olvidado, aquí unos gobiernos heredan conflictos que arrancan de
situaciones también olvidadas. Y sin embargo, se trata de un asunto simple,
como aquí: admítase un referéndum de autodeterminación en Cataluña como los que
se celebraron en Quebec y Escocia. Nada más.
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