Para presentar 50 años de operaciones encubiertas en EE.UU.
Elier Ramírez Cañedo
El
libro que hoy presentamos de la editorial Pathfinder, bajo el
título: 50 años de operaciones encubiertas en EE.UU, fue
publicado por primera vez en inglés en la revista marxista New International, y al año siguiente en español en
una especie de breve folleto. Esta nueva edición mantiene como principal
trabajo el escrito por Larry Seigle, con el mismo título del volumen, pero
incorpora un prefacio de Steve Clark, uno de los principales líderes actuales
del Partido Socialista de los Trabajadores en los EE.UU. y el artículo
“La guerra imperialista y la clase trabajadora”, que no es más que las palabras
introductorias que Farell Dobbs escribió en 1949 a la tercera edición de
otra importante obra: El socialismo en el banquillo de los acusados, de
James P. Cannon. De esta manera, el libro termina incitando a la lectura
imprescindible de otro.
Cannon y Dobbs,
fueron dos dirigentes del Partido Socialista de los Trabajadores que, junto a
otros 16 compañeros de lucha, resultaron acusados, condenados y llevados a
prisión en 1941, bajo cargos federales de “conspiración”, en lo que se conoció
como “caso fabricado de Minneapolis”. Fue la primera vez que se aplicó la Ley Smith, conocida
popularmente como “Ley Mordaza”, promulgada por el presidente Franklin D.
Roosevelt en 1940, con el objetivo de silenciar a la vanguardia sindical y el
movimiento obrero que se oponía a la entrada de los EE.UU. en la Segunda Guerra
Mundial. El socialismo en el banquillo de los acusados es
el testimonio completo que James P. Cannon —en ese momento como secretario
nacional del Partido Socialista de los Trabajadores— dio desde el estrado de un
tribunal federal en Minneapolis en el transcurso de tres días de noviembre de
1941. Testimonio que se convirtió en una denuncia política y en programa
comunista para la vanguardia combativa de la clase trabajadora.
Como bien señala
Clark en su introducción a 50 años de operaciones
encubiertas en EE.UU, los hechos que se describen y analizan en
este libro constituyen un hito histórico: “Una organización comunista estaba
entablando una demanda contra el gobierno capitalista, en vez de verse obligada
a defenderse y a defender a sus miembros contra un caso fabricado por policías
y fiscales. Los trabajadores comunistas —junto con otros sindicalistas,
agricultores y partidarios de los derechos civiles— eran los demandantes, y las
agencias y funcionarios del gobierno eran los acusados. Y no al revés”.[1]
Asimismo, en el artículo de Larry Seigle se reconstruye todo el
proceso que condujo a que en 1973, el Partido Socialista de los Trabajadores
(PST) y la Alianza
de la Juventud
Socialista (AJS), dos organizaciones comunistas en los EE.UU.
llevaran a corte al Buró Federal de Investigaciones (FBI), al Servicio de
Inmigración y Naturalización (SIN) y a otras agencias policiacas, por los años
de espionaje, hostigamiento, y las campañas guiadas a desorganizar e
interrumpir sus actividades. Después de muchos años de lucha legal y, sobre
todo, de lucha política, el 25 de agosto de 1986, el juez federal Thomas Griesa
emitió su fallo contra el FBI y a favor del PST. El fallo incluyó la decisión
de prohibir el acceso a las agencias gubernamentales a usar cualquier información
en los 10 millones de páginas que el FBI acumuló ilegalmente para hostigar a
los miembros del PST y de la AJS.
Si bien constituyó algo muy inusual en la historia de los
EE.UU., el hecho de que estas organizaciones comunistas hubiesen logrado sentar
en el banquillo de los acusados al gobierno, más aun lo fue que resultaran
vencedoras después de muchos años de intenso bregar. Los que piensen que la
razón de esta victoria estuvo en la lucha legal, se equivocan, pues el triunfo
fue el resultado de una aguda lucha política entre las clases en conflicto.
Una mayor
comprensión de este desenlace, lo brinda el trabajo de Seigle, al remontarse a
los orígenes de la guerra del FBI y otras agencias gubernamentales contra los
derechos democráticos de los ciudadanos estadounidenses, en los años del
gobierno de Franklin D. Roosevelt. Nos explica cómo ese tipo de prácticas
comenzaron en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y no como
sostienen algunos autores durante el auge del macarthismo en los años 50 o
cuando la lucha por los derechos civiles alcanzó su mayor madurez en los 60.
Se describe cómo la administración Roosvelt aprovechó el marco
de la segunda guerra mundial y la lucha contra el fascismo para darle rienda
suelta al FBI —encarnado en la figura de Edgar Hoover— y arremeter contra los
derechos democráticos y constitucionales de sus propios ciudadanos. Los grupos
sindicalistas, los afronorteamericanos, los activistas que luchaban contra la
guerra y por la emancipación de la mujer y las organizaciones comunistas como
el PST y la AJS,
fueron los primeros y principales objetivos.
Bajo el precepto de “seguridad nacional”, todo era permisible,
el mismo recurso lingüístico que empleaban en política exterior para agredir,
invadir y subvertir procesos revolucionarios en otros países. Al discurso de la
necesaria unidad nacional para enfrentar el avance del fascismo, se sumó el
Partido Comunista de los Estados Unidos. El mismo que luego, cuando
la URSS firmó con Alemania el conocido pacto de no agresión, rompería
su alianza con la administración Roosevelt. La única explicación para entender
esta posición es que su brújula estaba orientada hacia y por la URSS, mal del que padecieron
también otros de los partidos comunistas en América Latina después de la muerte
de Lenin y el ascenso de Stalin al poder en la Unión Soviética.
Las organizaciones e individuos que entendían que EE.UU. tenía
que luchar contra el fascismo exterior, pero también contra el interior que segregaba,
discriminaba y vejaba a los negros, chicanos y japoneses, eran acusados de
divisionistas, encarcelados y reprimidos, pues según el gobierno todos los
esfuerzos debían concentrarse en ese momento en ganar la guerra y en mantener
la unidad nacional. Los independentistas puertorriqueños, como también nos
muestra el libro que presentamos, sufrieron una intensa persecución del
FBI en esos años.
El artículo de Seigle se detiene en el período macarthista, en
los años 50, cuando los miembros y simpatizantes del partido comunista se
convirtieron en las principales víctimas de la cacería de brujas del gobierno
estadounidense.
Queda enjuiciado
el programa secreto de contrainteligencia y contrainsurgencia del FBI conocido
comoCointelpro, abreviatura de Counterrintelligence Program,
aprobado en 1956 por el presidente Eisenhower en una reunión del Consejo de
Seguridad Nacional. Este programa estuvo dirigido a socavar y destruir
cualquier tipo de disenso a lo interno de la sociedad estadounidense,
utilizando métodos sucios y anticonstitucionales, como falsas pruebas, trampas
y la infiltración de agentes y provocadores. No solo se trató de espiar y
obtener información sobre los grupos pro derechos civiles y antibelicistas y
sus principales líderes, sino de desacreditarlos, desmoralizarlos, ponerlos a
enfrentarse entre sí, e incluso, en algunos casos, eliminarlos físicamente. Los
principales objetivos de este programa fueron nuevamente los miembros del
Partido Comunista, del Partido Socialista de los Trabajadores, del
Partido Panteras Negras, otros grupos y partidos defensores de los derechos
civiles, antibelicistas y religiosos, así como líderes de la talla de Angela
Davis, Marthin Luther King, Malcom X, Mumia Abu Jamal, entre otros. Este
programa estuvo aplicándose durante toda la década del 60 e inicios de los 70.
Hoy se conoce sobre este programa secreto gracias a los que
podemos llamar los antecesores de Edward Snowden en los años 70: un grupo de
ocho jóvenes pacifistas que penetraron las oficinas del FBI en Media,
Pensilvania, el 8 de marzo de 1971, sustrajeron de manera clandestina cientos
de documentos y comenzaron a enviarlos a varios periódicos estadounidenses
identificándose como “Comisión Ciudadana para Investigar al FBI”. Entre la
lista de documentos revelados había una carta con la que los agentes del FBI
habían querido chantajear al reverendo Martin Luther King Jr, al que amenazaban
con denunciar sus aventuras extramatrimoniales si no se suicidaba. [2]
Aunque por medios
oficiales se afirma que el programa Cointelpro fue
descontinuado después de todos los escándalos salidos a raíz de Watergate y las
audiencias del Church Committe en 1975,[3] según el investigador cubano Eliades
Acosta: “existen numerosas evidencias y documentadas denuncias que indican
su permanencia y expansión bajo otra cobertura, otras denominaciones, y quizás,
con técnicas y procedimientos mucho más sofisticados”.[4]
Luego, los atentados del 11 de septiembre del 2001, brindaron un
pretexto ideal a la administración Busch para un nuevo impulso y expansión de
este tipo de técnicas y procedimientos, a través del Acta Patriótica, la
legalización de la tortura, los golpes preventivos y asesinatos selectivos.
Muchas personas
hoy en el mundo se muestran totalmente sorprendidas con la revelaciones hechas
por el ex contratista de la
Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden sobre el sistema de vigilancia y
espionaje mundial practicado por el gobierno de los EE.UU. no solo contra
lo que consideran sus enemigos, sino también contra algunos de sus aliados y
sus propios ciudadanos, violando tanto las leyes internacionales, como la
constitución del país. Sin embargo, el Comandante en Jefe, Fidel Castro, había estado denunciando durante 20 años
este proceder[5] y libros tan necesarios como el que hoy presentamos,
demuestran que la vigilancia ilegal y sistemática para obtener información
—aunque no tan sofisticada como la de hoy— en función de propósitos oscuros, no
constituye un fenómeno nuevo, sino que ha sido una práctica constante de los
gobiernos norteamericanos.
50 años de operaciones
encubiertas en EE.UU.,
aporta también —especialmente a los lectores cubanos— una importante
experiencia a tener en cuenta en la lucha de nuestro pueblo por la liberación
de los antiterroristas cubanos que aún cumplen injustas condenas en los EE.UU.
La disputa del PSP y de la AJS
contra el gobierno estadounidense y sus fuerzas policíacas solo fue posible
ganarla a través de una intensa movilización política. Los Cinco son
presos políticos, por lo tanto, si bien la batalla legal es indispensable, lo
que sacará definitivamente a nuestros héroes de prisión será la campaña
política que sepamos llevar adelante, y conquistar, en ese caso, el
sentimiento, la solidaridad y el acompañamiento del pueblo norteamericano. El
próximo 27 de febrero, saldrá Fernando González de prisión, pero aún
permanecerán en las mazmorras: Antonio Guerrero, Ramón Labañino y Gerardo
Hernández. Este último corre incluso peligro de morir en cautiverio si no
logramos vencer en esta causa.
El caso de Los Cinco, al igual que el de Minneapolis en 1941,
fue un caso fabricado por el gobierno norteamericano, con participación
sobresaliente del FBI. Fueron acusados de espionaje y además, en el caso de
Gerardo Hernández, de conspiración para cometer asesinato. Sin embargo, en mayo
del 2001 la propia Fiscalía solicitó que se retirara la acusación formulada
contra Gerardo, reconociendo que no podía sustentarla y en el 2009 la Corte de Apelaciones decidió
revocar las sentencias impuestas por el cargo de “conspiración para cometer
espionaje”, porque 14 jueces habían determinado por unanimidad que, en este
caso, no había nada que afectase la seguridad nacional de los EE.UU., ni prueba
alguna de espionaje.[6] Pero el gobierno estadounidense evitó nuevamente que se
hiciera justicia y que estos acontecimientos se convirtieran en noticia.
Lo más perverso de toda esta historia es el hecho de que el
gobierno norteamericano trató de vender una imagen de los Cinco como la de unos
criminales que querían destruir esa nación, y al mismo tiempo, protegió a los
verdaderos terroristas que actuaban en su territorio, de cuyos movimientos y
planes tenían toda la información, buena parte de ella ofrecida por el propio
gobierno cubano, poniendo en riesgo así no solo la vida de los cubanos, sino la
de los propios ciudadanos estadounidenses.
El único “delito” de los Cinco consistió en haber penetrado las
organizaciones que desde los EE.UU. practicaban el terrorismo contra Cuba.
Terrorismo que ha costado al pueblo cubano 3478 fallecidos y 2099
incapacitados.
Algo que se
divulga insuficientemente es que ese terrorismo contra la mayor de las Antillas
también ha provocado dolor y daños materiales más allá de nuestras fronteras.
No pocas son las vidas que se han perdido de ciudadanos de otros países, como
los seis marinos franceses que murieron cuando el brutal sabotaje al vapor La Coubre en marzo de 1960,
los 11 guyaneses y cinco norcoreanos fallecidos cuando la voladura en pleno
vuelo del avión de Cubana en Barbados, en octubre de 1976, o Fabio Di Celmo, el
joven turista italiano víctima de un acto terrorista contra Cuba, al explotar
una bomba que ordenó poner Luis Posada Carriles en el Hotel Copacabana, en La Habana. La lista es
mucho más amplia y las secuelas de dolor y sufrimiento de los seres queridos,
incalculables. También por investigaciones realizadas se
conoce que el territorio estadounidense fue el más afectado por el terrorismo
de origen cubano en los años 70, como parte de lo que se denominó la “guerra
por los caminos del mundo”.
Por estas razones sostengo que los cinco cubanos no solo son
héroes de Cuba, son héroes del mundo, pues no solo hicieron grandes sacrificios
por proteger la vida de los ciudadanos cubanos, sino de personas de cualquier
nacionalidad, incluyendo a los estadounidenses. Mientras más personas conozcan
esta verdad irrebatible, los barrotes de esas prisiones serán definitivamente
destrozados. Como ha dicho Gerardo Hernández: solo “un jurado de “millones” les
hará justicia.
Los Cinco, fueron acusados de “conspiración”, cuando la
verdadera conspiración vino del gobierno estadounidense para someterlos a los
más crueles e inhumanos castigos. La corte de Apelaciones de Atlanta en agosto
de 2005, había decidido anular el juicio amañado que tuvo lugar en Miami,
considerando el realizado como una crasa violación a los principios
constitucionales de los EE.UU., pero las presiones del gobierno lograron a la
larga una retractación. Ahora además sabemos, aunque los consorcios mediáticos
que dominan la información se han encargado de silenciarlo, que parte de esta
conspiración gubernamental consistió en el pago a la prensa local miamense y a
otros periodistas reclutados, utilizando ilegalmente fondos del presupuesto
federal, para desatar contra los cubanos toda una campaña sensacionalista, que
influyera en la decisión del jurado.
Quisiera terminar
mis palabras agradeciendo a la editorial Pathfinder, por toda la labor que han
hecho de divulgación de la causa de los Cinco, rompiendo poco a poco los muros
de silencio que se han levantado en torno al caso y abriéndole paso a la verdad
en todo el mundo, pero en especial en el seno de la sociedad
estadounidense. (Tomado de Dialogar,
dialogar)
[1] Larry Seigle, Farrell Dobbs y Steve Clark, 50 años de
operaciones encubiertas en los Estados Unidos, Editorial Pathfinder, Canadá,
2014, p.8
[2] Mark
Mazzetti, “Emergen de las sombras los Snowden de los años 70 que denunciaron al
FBI”, 8 de enero de 2014, Cubadebate.
(Internet)
[3] El Comité
Church es el término común en referencia a Comité Selecto del Senado de los
Estados Unidos para el Estudio de las Operaciones Gubernamentales Respecto a
las Actividades de Inteligencia, un comité de Senado de EE.UU. presidido por
el senador Frank Church en 1975.
[4] Eliades
Acosta Matos, Imperialismo del siglo XXI: Las Guerras Culturales,
Casa Editora
Abril, Ciudad de La Habana, 2009,
p.261.
[5] Iroel Sánchez, “Fidel Castro denunció
espionaje de EE.UU.
mucho antes que Snowden”, 4 de noviembre de 2013, blog La pupila Insomne. (Internet)
[6] Ricardo Alarcón de Quesada, “La disciplina mediática y
el caso de los Cinco”, La
Jiribilla, no 630, 1ro al 7 de junio de 2013.
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