Viñeta: Malagón
Los principales datos del Informe EAPN muestran una situación realmente vergonzante para España. La mitad (50,1%) de las familias monoparentales españolas están en riesgo de pobreza o exclusión. Más de 13 millones de personas (concretamente 13.334.573) viven en riesgo de pobreza y exclusión. Más de un millón de personas (1.025.736) se encuentran en la peor situación económica y social posible, esto es, sin empleo, con pobreza y con privación material severa. La pobreza afecta a un 22,1% de la población: 10.383.238 personas. Un total de 3.543.453 ciudadanos viven en pobreza severa. Unos 4.673.000 pensionistas, la mitad del total, están bajo el umbral de la pobreza. La tasa de privación material severa ha ascendido del 4,5% en 2009 al 6,4% en 2015, afectando a 2.993.365 personas y 5.473.846 viven en hogares con muy poco empleo, en lo que se refiere no sólo al número de personas que lo tienen, sino también a la intensidad del mismo. Todos estos datos y muchos más pueden consultarse, entre otros documentos, en el Informe "Estado de la Pobreza en España 2015", correspondiente al V Informe Anual sobre el riesgo de pobreza y exclusión de EAPN basado en el análisis de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (SILC, Eurostat), que puede descargarse desde este enlace.
Bien, con esta lamentable situación, es evidente que tenemos que actuar en varios frentes: la sanidad pública, gratuita y universal como una de las garantías fundamentales para evitar el empobrecimiento personal y familiar; una política de vivienda (que no de construcción de casas) que facilite el acceso de las personas a un espacio vital digno y accesible; establecer unos derechos sociales contemplados como derechos de ciudadanía que lleguen hasta las personas dependientes; un sistema de garantía de rentas que contemple los ingresos procedentes del trabajo, las pensiones y el sistema de rentas mínimas. En la actualidad no existe garantía de rentas mínimas (sólo un deficiente sistema de subsidios para pobres), el mercado laboral es extremadamente precario, y las pensiones están siendo atacadas bajo una serie de falaces argumentos para favorecer los sistemas privados de pensiones, dejando el sistema público como un conjunto de prestaciones residuales. Mientras gran cantidad de pensionistas cobran pensiones mínimas que rondan los 300 euros mensuales, los grandes directivos de la banca y de las grandes empresas blindan sus contratos con pensiones e indemnizaciones millonarias. Por último, son necesarias también unas políticas fiscales justas y redistributivas, tanto en impuestos como en gastos. Éstas serían a vuelapluma las principales medidas que habría que ir adoptando para reducir las aberrantes desigualdades sociales en nuestro país, pero iremos profundizando sobre ellas durante esta serie de artículos.
En cualquier caso, la desigualdad es un fenómeno social tan extenso e intenso que incluso los propios indicadores estadísticos se quedan cortos para medir el alcance real del fenómeno. Porque la desigualdad tiene que ver con políticas de renta y patrimonio, de empleo, de salud, de educación, de vivienda, de protección social, de seguridad y justicia, de medio ambiente, de participación ciudadana, de igualdad de género, y de múltiples facetas más. La desigualdad es un concepto amplísimo, que se manifiesta en multitud de aspectos, que a su vez inciden directa o indirectamente en el crecimiento o reducción de las desigualdades. Por todo ello, vamos a basarnos en algunos datos e informes del sitio web del Barómetro Social de España (BSE), patrocinado por el Colectivo Ioé, y definido como el sistema de evaluación continua de la realidad social española. Esta iniciativa fue patrocinada hasta 2009 por FUHEM-Ecosocial. La edición de 2010 se financió mediante un procedimiento de crowfunding. A partir de entonces se depende por completo del apoyo social que se recauda con las donaciones de las personas interesadas. Entre otras organizaciones y colectivos, han colaborado el Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Lleida, el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid, el Periódico Diagonal, la Revista Éxodo, la editorial Traficantes de Sueños, y así hasta un total de 120 mecenas. Como hemos dicho, el Barómetro Social trabaja con un conjunto muy amplio de indicadores, mediante los cuales se busca ofrecer herramientas de trabajo para la reflexión y el debate acerca de la auténtica realidad social de nuestro país.
El Barómetro Social propone un sistema de 185 indicadores sociales (todos procedentes de fuentes oficiales) y diversos índices elaborados por los diferentes autores de forma transparente y abierta a la intervención activa de los usuarios, correspondientes a 11 ámbitos distintos de lo social que intentan ofrecer una visión de conjunto lo más amplia posible sobre importantes cuestiones relacionadas con el bienestar en nuestro país. Cada ámbito incluye una serie de indicadores y su evolución desde 1994, fecha en la que comienza el estudio comparativo. El informe, los datos y las conclusiones del BSE se actualizan anualmente, modificando los de años anteriores, puesto que la evolución aislada de cada indicador resulta insuficiente para captar tendencias más complejas, y poder así sacar conclusiones más perfectas, veraces y elaboradas. Se elaboran también índices sintéticos, uno por cada ámbito estudiado (11 en total) y otros por subámbitos y dimensiones más acotadas de la vida social. En el enlace http://barometrosocial.es/dimensiones-e-indicadores, puede consultarse al completo la ingente cantidad de ámbitos, índices, mediciones e indicadores que dan vida al conjunto de la información analizada para construir los informes anuales. La lista, como puede comprobarse, es extensísima. Vamos a basarnos a continuación, en uno de los más recientes informes de uno de los investigadores del Colectivo Ioé, como es Carlos Pereda, para retomar algunas reflexiones interesantes a tenor de la información generada por el Barómetro Social.
La desigualdad podría ser entendida (frente a la característica de normalización que la ideología neoliberal nos impone) como el grado de reparto de los recursos económicos y el grado de distribución del poder. Las sociedades pueden y deben actuar sobre estas variables, y las medidas políticas, laborales y sociales implementadas dirigen estas distribuciones en un sentido o en otro. La desigualdad por tanto no es ninguna plaga caída del cielo, sino la consecuencia y el efecto palpable y notorio de la aplicación de ciertas políticas sociales. La derecha capitalista y neoliberal intenta conducirnos al terreno de la inevitabilidad de tales decisiones, y por tanto, la asunción sumisa y resignada de las desigualdades, como algo natural, ante lo cual no tenemos alternativa posible. Hemos de rebelarnos contra estas proclamas, que lo único que pretenden es continuar fomentando un mundo cada vez más injusto y desigual. Las desigualdes son la proyección al terreno social del conjunto de medidas políticas tomadas a diferentes ámbitos, y como tales, pueden ser perfectamente revertidas ejecutando otras políticas, medidas y decisiones diferentes. Durante los últimos años, las políticas privatizadoras y desreguladoras del mercado a diferentes niveles, así como las medidas para volatilizar el empleo, aumentar el endeudamiento y despojar a la ciudadanía de los más elementales derechos (vivienda, sanidad, educación, etc.) han conducido a nuestra sociedad a los niveles más altos de desigualdad en décadas. Continuaremos en siguientes entregas.
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