Política Estado Español
JUICIO PRESOS POLÍTICOS
Todo lo que debes saber sobre el juicio a los líderes soberanistas
Ante la inminencia del juicio a los
dirigentes soberanistas te explicamos lo más relevante de un proceso judicial
que atenta al conjunto de las aspiraciones democráticas por el derecho a
decidir de millones de catalanes.
Sábado
9 de febrero | 16:55
Ante
la inminencia del inicio del juicio, te explicamos lo más relevante de un
proceso judicial que no es otra cosa que el seguimiento del curso reaccionario
del Régimen del Estado español en vías de aplastar el movimiento democrático
catalán. Un juicio que no solo atenta contra la dirección soberanista, sino al
conjunto de las aspiraciones por el derecho a decidir de millones de catalanes.
-¿Cuándo
empieza el juicio?
Definitivamente
el juicio contra los líderes independentistas empezará el próximo martes 12 de
febrero. Tras la filtración como posibles fechas para el 5 o 6 de febrero, el
Tribunal Supremo hacía pública la interlocutoria y confirmaba esta fecha como
inicio el mismo día en que los presos políticos eran trasladados a Madrid.
Según
fuentes próximas al Supremo, el tribunal que debe juzgar a los presos y que
encabeza Manuel Marchena estuvo hasta ese día estudiando que pruebas aceptar o
desestimar y de ahí ultimar el escrito final de los magistrados.
Además,
el tribunal ha denegado un nuevo aplazamiento ante la solicitud de las defensas
de Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull
mediante sendos escritos en los que pedían que se garantice el derecho a la
defensa dejando un espacio de tres semanas entre la interlocutoria y el inicio
del juicio.
Esta
previsto que el juicio en su totalidad para esta macro causa se alargue en
torno a unos tres meses con sesiones de mañana y tarde los martes, miércoles y
jueves. Hay que tener en cuenta que los escritos de las defensas sobrepasan los
1.800 folios.
Lo
que si ya se ha producido es el traslado de los nueve líderes políticos que
están en prisión por orden del propio Marchena y el ministro del Interior,
Fernando Grande-Marlaska. El pasado 1 de febrero, Oriol Junqueras, Jordi
Sánchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Joaquim Forn
-presos en la cárcel de Lledoners-, Carme Forcadell -en Mas d’Enric- y Dolors
Bassa –en la prisión de Puig de les Basses- eran trasladados en un operativo
que consistió en dos fases. Los Mossos d’Esquadra fueron los encargados de
llevarlos hasta la prisión de Brians II y una vez allí la Guardia Civil inició
el resto de trayecto hasta Soto del Real y Alcalá Meco en un autobús y de forma
individualizada entre los propios presos.
Cabe
resaltar que durante el transcurso del traslado se produjeron episodios de
burla e insultos hacia los presos políticos por parte de agentes de la Guardia
Civil, como es el caso de uno de los miembros que iban en los furgones de los
GRS de la Guardia Civil, el cual en un tuit de su cuenta personal los acusa de
"golpistas ultranaZionalistas".
-¿Quién va a
juicio y de que se los acusa?
En
total son 18 los dirigentes independentistas que se sentarán en el banquillo de
los acusados. A parte de los líderes soberanistas que están en prisión, deberán
presentarse ante el Tribunal Supremo los ex consellers Carles Mundó, Meritxell
Borràs y Santi Vila.
La
Fiscalía acusa a Junqueras, Sánchez, Cuixart, Forcadell, Turull, Rull, Romeva,
Bassa y Forn de delitos de rebelión y malversación y pide para ellos penas que
van de los 16 hasta los 25 años de prisión. Cabe recordar que todos ellos
llevan más de un año en prisión provisional, a excepción de la presidenta del
Parlament que ingresó definitivamente en marzo de 2018. Por su parte, Mundó,
Borràs y Vila están acusados de malversación y desobediencia grave, todos con
peticiones de 7 años de prisión.
Además,
los miembros de la Mesa del Parlament, Anna Simó, Joan Josep Nuet, Ramona
Barrufet, Lluís Guinó, Lluís María Coromines y la ex diputada de la CUP, Mireia
Boia, están citados ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya,
acusados de desobediencia grave.
Además
de la Fiscalía, se presentan también como acusaciones particulares la abogacía
del Estado y Vox. Esta última mantiene una elevada petición de penas de prisión
que van desde los 74 años para Junqueras y la mayoría de los ex consellers por
rebelión, organización criminal y malversación, a los 12 que demanda para los
miembros de la Mesa del Parlament por organización criminal y desobediencia;
pasando por los 52 años para Forcadell, Cuixart y Sànchez por rebelión y
organización criminal. Todas las defensas han señalado ya que ninguno de sus
representados contestará a las preguntas del partido de extrema derecha durante
el juicio.
Por
último, al finalizar el juicio contra los 18 acusados, se abrirá la vista oral
contra la cúpula de los Mossos d’Esquadra. El mayor Josep Lluís Trapero, el ex
director Pere Soler, la intendente Teresa Laplana y el ex secretario general de
Interior César Puig están llamados ante la Audiencia Nacional.
Los
que no están llamados a sentarse ante el tribunal son los dirigentes
soberanistas exiliados como el president Carles Puidemont o los ex consellers,
Antoni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig, así como Marta
Rovira de ERC y Anna Gabriel de la CUP, pese a que todos fueron procesados por
el juez Pablo Llarena durante la fase de instrucción.
Los
escritos de acusación vinculan al ex vice president Junqueras y los demás ex
consellers a la realización y difusión previa del referéndum independentista
celebrado el 1 de octubre de 2017. En cuanto a los miembros de la Mesa del
Parlament, la Fiscalía y la abogacía del Estado los sitúa como responsables de
la aprobación de las leyes de Referéndum y de transitoriedad los días 6 y 7 de
septiembre de 2017. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de la ANC y
Òmnium respectivamente, son a ojos de las acusaciones los responsables civiles
de llamar a las masas a movilizarse e impedir que las fuerzas de seguridad
acataran las ordenes judiciales tanto el 20 de septiembre como el mismo día del
referéndum.
-¿Quienes
conforman el tribunal y que garantías democráticas hay?
El
tribunal que juzgará a los presos políticos y a los demás acusados está
conformado por siete magistrados del Tribunal Supremo, de los cuales a la
cabeza se encuentra Manuel Marchena. Casi todos cuentan con una dilatada
trayectoria conservadora y con algunas sombras que hacen más que dudosa las
garantías democráticas que reclaman las defensas de los acusados.
Manuel
Marchena es el presidente y juez ponente en esta mega causa. Preside la sala
segunda desde 2014 gracias a la mayoría conservadora del Consejo General del
Estado. Es un juez muy próximo a José María Aznar y durante sus legislaturas
estuvo muy bien situado como fiscal. Como "hazañas judiciales" cabe
resaltar que fue el responsable de archivar las denuncias contra el ex ministro
del Interior y el ex director de la Oficina Antifraude de Catalunya por
revelación de secretos, prevaricación y malversación de fondos.
Andrés
Martínez Arrieta y Juan Ramón Berdugo tienen en su "historial" haber
absuelto a los agentes de la Guardia Civil acusados de torturar a Igor Portu y
Mattin Sarasola por el atentado perpetrado en el aeropuerto de Barajas. En 2019
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español por no
haber investigado las torturas.
Antonio
del Moral es otro de los jueces vinculado al sector más conservador y con
fuertes lazos con el Opus Dei. Es conocido también por haber rebajado la
sentencia de la Audiencia Nacional a Iñaki Urdangarin.
Luciano
Varela tiene en su honor el hecho de ser fundador de Jueces para la Democracia
y a la vez participar activamente en el juicio contra Baltasar Garzón por la
investigación de los crímenes del franquismo. Ana María García Ferrer y Andrés
Palomo, son los otros dos magistrados que componen el tribunal.
Sin
duda, vistos los antecedentes de los magistrados, de los cuales más de la mitad
han dirigido o participado en causas de carácter nacionalista, se hace difícil
buscar que el juicio a los dirigentes independentistas pueda contar las mínimas
garantías democráticas.
De
hecho, la interlocutoria del tribunal no acepta la petición de las defensas de
que puedan entrar en la sala diferentes observadores internacionales. A parte
de International Trial Watch- Catalan Referendum Case, son decenas las
organizaciones internacionales de derechos humanos que tenían intención de
asistir. El Gobierno y la fiscalía ya se habían pronunciado anteriormente en el
mismo sentido que lo hace el tribunal.
En
la misma línea, el tribunal ha denegado la citación como testimonios de
numerosas figuras intelectuales como Noam Chomsky o Paul Preston propuestos por
la defensa de los acusados. De igual forma, el tribunal que dirige Marchena ha
desestimado la citación del Rey Felipe VI, amparado por la ley de
enjuiciamiento criminal, así como la presencia del president Carles Puigdemont.
Todo
ello, teniendo en cuenta que el juicio por el 1-O es un paso más en la ofensiva
reaccionaria que desde el Régimen del Estado español se viene levantando para
descabezar definitivamente a la dirección soberanista y aplastar al movimiento
democrático catalán de raíz. Es importante remarcar que para cerrar la crisis
catalana en clave reaccionaria, el gobierno del PP, con el apoyo de la Corona,
Cs y el PSOE, decidieron poner al frente al Poder Judicial desatando una suerte
de "supremocracia" que atenta a día de hoy contra el conjunto de las
libertades democráticas.
Un
Poder Judicial que, por otro lado, ha mantenido hasta la actualidad sus hilos
de continuidad con la judicatura franquista. Hay que recordar que todos los
jueces de la dictadura mantuvieron su cargo en la democracia y la mayor parte
fueron promocionados o traspasados a un tribunal de nueva creación como es la
Audiencia Nacional, sucesor del franquista Tribunal de Orden Público.
-Huelga
general y movilizaciones ante el inminente juicio a los presos políticos
Ante
el inminente inicio de este proceso judicial que atenta no solo contra los
líderes políticos, sino al conjunto de las aspiraciones democráticas al derecho
de autodeterminación de millones de catalanes, las diferentes organizaciones
independentistas están impulsando una campaña de protesta y manifestaciones en
vías a una movilización permanente mientras se prolongue el juicio.
En
una rueda de prensa celebrada esta mañana, las entidades civiles como la ANC y
Òmnium, junto a los partidos soberanistas y la CUP, así como sindicatos y otros
colectivos sociales y vecinales hacían publicas dos grandes manifestaciones
unitarias en protesta por el juicio a los dirigentes independentistas. La
primera tendrá lugar en Barcelona el próximo 16 de febrero, tres días después
del inicio del juicio. La otra gran manifestación está previsto que se celebre
en Madrid el 16 de marzo, un mes después.
Ya
el mismo viernes pasado, día en que se efectuaba el traslado de los presos a
Madrid, la Assemblea Nacional Catalana convoca concentraciones en las
principales capitales catalanas bajo el lema #fakejustice y #makeamove. Además,
desde primera hora del traslado hubo un acompañamiento masivo con banderas
‘estelades’ durante el primer tramo del traslado en zonas y puentes del
territorio catalán. Cabe destacar que, por su parte, los Mossos d’Esquadra se
emplearon con represión hacia numerosos manifestantes en diferentes puntos, en
especial en los primeros metros después de salidas desde las prisiones
catalanas.
Por
otra parte, la ANC presentaba hace ya unas semanas su campaña internacional de
denuncia y movilizaciones contra el juicio con manifestaciones previstas para
el día que que empiece el proceso judicial en Barcelona, Girona, Tarragona,
Lleida, Manresa y Vic, entre otros municipios de Catalunya.
Además,
está previsto que en otras ciudades europeas como París, Londres, Berlín, Roma,
Ginebra o Bruselas se celebren también diferentes movilizaciones durante el
transcurso del juicio, aunque aun sin fechas confirmadas.
Y
por parte de la Intersindical-CSC se convoca a una huelga general para el
próximo día 21 de febrero con el lema “Sin derechos no hay libertad” y
coincidiendo con el séptimo aniversario de la aprobación de la reforma laboral
del PP y la exigencia de la derogación de la misma. A la espera de que otras
centrales sindicales se adhieran, la ANC y Òmnium, así como ERC, JxCat y
Demòcrates y la izquierda independentista, entre ellos la CUP y los CDR, han
hecho publico el apoyo a la convocatoria de huelga.
Desde
la CUP también llaman a la movilización desde el mismo día en que empiece el
juicio. En palabras del diputado cupaire Vidal Aragonès, desde la formación
independentista "se están planteando concentraciones en centros de trabajo
y de estudios para preparar con más fuerza la jornada de huelga del 21".
Y
por parte de los Comités de Defensa de la República (CDR) hacen también un
llamamiento de #CamíALaVagaGeneral (Camino a la huelga general), además de
preparar numerosas acciones de protesta durante el transcurso del juicio y
llaman a estar atentos a las diferentes convocatorias a través de las redes
sociales.
Las
jornadas de huelga general convocadas y las distintas manifestaciones pueden
convertirse en la primera gran acción de protesta masiva, no solo contra el
juicio a los presos políticos independentistas y la represión del Régimen del
Estado español, sino también para retomar con más fuerza la lucha y la
movilización en las calles por la defensa del mandato del 1-O.
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