El PP destruye los discos duros de Bárcenas e impide el contraste con sus papeles
Lo hizo cuando ya sabía que existía una investigación porque la Policía había acudido a la sede de la calle Génova. Alega que el ordenador es del partido y que iba a ser usado por otro empleado.
El PP destruyó en abril de 2013 el contenido de los discos duros de
los dos ordenadores que su extesorero Luis Bárcenas utilizó en la sede
de la calle Génova de Madrid. Lo hizo con la excusa de asignárselos a
otro trabajador, una vez que se archivó la denuncia por robo que el
exsenador presentó contra la formación. Pero lo más significativo es que
la destrucción de datos se produjo un mes después de que la Policía
acudiera a Génova.
En un escrito que entró en la Audiencia Nacional el 20 de agosto pero que trascendió ayer -el día en que se iba a proceder al volcado del material ante el juez-, el PP reconoce que los discos duros que utilizaba Bárcenas (uno de un PC de la marca Toshiba y otro de un Apple) «fueron destruidos, una vez que adquirió firmeza la resolución judicial que denegaba su devolución», a raíz del archivo de la denuncia que el extesorero presentó ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid.
Al abrir el ordenador Toshiba, los expertos informáticos de la Policía se encontraron con que ni siquiera tenía disco duro en su interior, cosa que no ocurre con el otro dispositivo, que contenía 465 gigas de información que se descargaron ayer. Pero la información hallada ya no era la de Bárcenas, sino la de la persona que usó el ordenador desde octubre del año 2012.
Al parecer, la destrucción se hizo por las bravas en uno de los casos. Uno de los discos presentaba «signos evidentes en los tornillos de sujeción de que podía haber sido extraído o cambiado con anterioridad», según el acta del secretario judicial.
El objetivo del volcado de los ordenadores era comprobar que la información contenida en los ordenadores de Bárcenas se corresponde con la de su contabilidad manual, los famosos «papeles». Ello no será posible ya, si bien hay otros modos de contrastar las revelaciones que ha ido haciendo el extesorero del PP sobre la presunta financiación ilegal del partido.
De hecho, según se ha publicado estas últimas semanas, el juez Pablo Ruiz dispone ya de hasta 55 evidencias de operaciones reales sospechosas, como entregas de sobres, que coinciden exactamente con las anotaciones del extesorero.
Ante ello, el PP no encuentra otra opción que alegar que Bárcenas pudo inventarse el conjunto de la contabilidad ilegal pero introducir algunos datos reales para dar verosimilitud al total de los papeles. Una explicación que suena a demasiado rocambolesca como para ser tenida en cuenta.
Ocurriera como ocurriera, lo cierto y seguro es que la información ha desaparecido por completo. La Policía lo asume, si bien matiza que tampoco está sorprendida y ya contemplaba esa posibilidad.
Fuentes de la investigación indicaron a Efe que trabajaban con la hipótesis de que los discos duros de los ordenadores hubieran sido destruidos.
Admiten que la constatación de que ha ocurrido era el peor de los escenarios de los que barajaba la Policía española, ya que en este caso no se puede recuperar ninguna información de los ordenadores.
Los investigadores no descartaban tampoco que los discos duros hubieran sido «tocados» e incluso formateados, pero esto sí les hubiera permitido recuperar su contenido. Incluso en el caso de que este borrado hubiera sido realizado por profesionales informáticos, los expertos policiales también podrían haber intentado recuperar los datos, según apuntan.
En un escrito que entró en la Audiencia Nacional el 20 de agosto pero que trascendió ayer -el día en que se iba a proceder al volcado del material ante el juez-, el PP reconoce que los discos duros que utilizaba Bárcenas (uno de un PC de la marca Toshiba y otro de un Apple) «fueron destruidos, una vez que adquirió firmeza la resolución judicial que denegaba su devolución», a raíz del archivo de la denuncia que el extesorero presentó ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid.
Al abrir el ordenador Toshiba, los expertos informáticos de la Policía se encontraron con que ni siquiera tenía disco duro en su interior, cosa que no ocurre con el otro dispositivo, que contenía 465 gigas de información que se descargaron ayer. Pero la información hallada ya no era la de Bárcenas, sino la de la persona que usó el ordenador desde octubre del año 2012.
Al parecer, la destrucción se hizo por las bravas en uno de los casos. Uno de los discos presentaba «signos evidentes en los tornillos de sujeción de que podía haber sido extraído o cambiado con anterioridad», según el acta del secretario judicial.
El objetivo del volcado de los ordenadores era comprobar que la información contenida en los ordenadores de Bárcenas se corresponde con la de su contabilidad manual, los famosos «papeles». Ello no será posible ya, si bien hay otros modos de contrastar las revelaciones que ha ido haciendo el extesorero del PP sobre la presunta financiación ilegal del partido.
De hecho, según se ha publicado estas últimas semanas, el juez Pablo Ruiz dispone ya de hasta 55 evidencias de operaciones reales sospechosas, como entregas de sobres, que coinciden exactamente con las anotaciones del extesorero.
Ante ello, el PP no encuentra otra opción que alegar que Bárcenas pudo inventarse el conjunto de la contabilidad ilegal pero introducir algunos datos reales para dar verosimilitud al total de los papeles. Una explicación que suena a demasiado rocambolesca como para ser tenida en cuenta.
Destruidos, no reformateados
El PP justifica la destrucción de los dos discos duros en que
Bárcenas dejó de utilizar este equipo y fue «asignado» a otro
trabajador. «Esta práctica se aplica también a medios de almacenamiento
masivo de información, cualquiera que sea su formato, tales con pen
drives, CD, DVD, discos duros externos, etcétera -sostiene el escrito-.
En caso de equipos que hayan sido utilizados por personas que hubieran
podido manejar información sensible, se procede a la destrucción de los
sistemas de almacenamiento, de acuerdo al protocolo que se aporta».Ocurriera como ocurriera, lo cierto y seguro es que la información ha desaparecido por completo. La Policía lo asume, si bien matiza que tampoco está sorprendida y ya contemplaba esa posibilidad.
Fuentes de la investigación indicaron a Efe que trabajaban con la hipótesis de que los discos duros de los ordenadores hubieran sido destruidos.
Admiten que la constatación de que ha ocurrido era el peor de los escenarios de los que barajaba la Policía española, ya que en este caso no se puede recuperar ninguna información de los ordenadores.
Los investigadores no descartaban tampoco que los discos duros hubieran sido «tocados» e incluso formateados, pero esto sí les hubiera permitido recuperar su contenido. Incluso en el caso de que este borrado hubiera sido realizado por profesionales informáticos, los expertos policiales también podrían haber intentado recuperar los datos, según apuntan.
Génova completa el esperpento al argumentar que la ley les obligaba
Las explicaciones del PP echan aún más sal a la herida que puede
provocar la destrucción de datos, porque la nota presentada en la
Audiencia Nacional viene a sostener que era la ley la que les obligaba a
actuar así.
El PP esgrime que la Ley Orgánica de Protección de Datos obliga a las empresas a la destrucción de datos, formatear o borrar los ordenadores de los empleados cuando estos abandonan el puesto de trabajo.
Refiere que, en su artículo 92.4, señala que cuando un trabajador deja su puesto de trabajo los documentos o datos de carácter personal deberán destruirse o borrarse mediante la adopción de medidas dirigidas a evitar el acceso a información contenida en el mismo.
En realidad, la Ley de Protección de Datos no solo no obliga a formatear un ordenador cada vez que un empleado se va de una empresa, sino que «impide expresamente borrar cualquier información que pueda ser necesaria para una investigación policial en curso», según señaló Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas (AI) y experta en protección de datos.
«En la Ley de Protección de Datos viene que ante una investigación criminal esa información tiene que quedar guardada en la empresa a disposición de las autoridades. La empresa está obligada a guardar por ley la información que pueda tener en ese ordenador, no se puede entregar a otro empleado», explicó.
Dar la cara en relación con este caso correspondió de nuevo a Carlos Floriano, vicesecretario de Organización y Electoral del PP, que en una comparecencia rutinaria en Cádiz aseguró que el partido «ha actuado con los ordenadores del partido como con el resto del material».
Floriano hizo hincapié en que los dos ordenadores son «propiedad» del partido, dando a entender que eso les exculpa. «Se nos planteó incluso una acción judicial contra el partido en el que se discutió la propiedad de los mismos y ya un tribunal dijo que lo dos ordenadores son propiedad del PP y no de nadie en particular», añadió Floriano, para quien «a partir de ese momento se actuó como se actúa con todo».
En cualquier caso, Carlos Floriano no negó que para entonces la Policía española ya estaba sobre el caso e incluso había acudido a la sede central de la calle Génova.
Más confusa aún fue la intervención de otro habitual en estos casos, el diputado valenciano Vicente Martínez Pujalte, portavoz económico del PP. Según sostuvo en declaraciones a La Sexta, «no hay ninguna ley que diga que los ordenadores de un señor tienen que permanecer intactos aunque se vaya de la empresa». Luego matizó que «yo no sé quien lo ha borrado, ni cuándo, ni cuál es el protocolo». Más tarde pasó a insinuar que sí conocía su contenido porque «creo que no había nada en esos ordenadores». Y remató todo ello señalando que en realidad «no he hablado con nadie, no sé nada».
El PP esgrime que la Ley Orgánica de Protección de Datos obliga a las empresas a la destrucción de datos, formatear o borrar los ordenadores de los empleados cuando estos abandonan el puesto de trabajo.
Refiere que, en su artículo 92.4, señala que cuando un trabajador deja su puesto de trabajo los documentos o datos de carácter personal deberán destruirse o borrarse mediante la adopción de medidas dirigidas a evitar el acceso a información contenida en el mismo.
En realidad, la Ley de Protección de Datos no solo no obliga a formatear un ordenador cada vez que un empleado se va de una empresa, sino que «impide expresamente borrar cualquier información que pueda ser necesaria para una investigación policial en curso», según señaló Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas (AI) y experta en protección de datos.
«En la Ley de Protección de Datos viene que ante una investigación criminal esa información tiene que quedar guardada en la empresa a disposición de las autoridades. La empresa está obligada a guardar por ley la información que pueda tener en ese ordenador, no se puede entregar a otro empleado», explicó.
Dar la cara en relación con este caso correspondió de nuevo a Carlos Floriano, vicesecretario de Organización y Electoral del PP, que en una comparecencia rutinaria en Cádiz aseguró que el partido «ha actuado con los ordenadores del partido como con el resto del material».
Floriano hizo hincapié en que los dos ordenadores son «propiedad» del partido, dando a entender que eso les exculpa. «Se nos planteó incluso una acción judicial contra el partido en el que se discutió la propiedad de los mismos y ya un tribunal dijo que lo dos ordenadores son propiedad del PP y no de nadie en particular», añadió Floriano, para quien «a partir de ese momento se actuó como se actúa con todo».
En cualquier caso, Carlos Floriano no negó que para entonces la Policía española ya estaba sobre el caso e incluso había acudido a la sede central de la calle Génova.
Más confusa aún fue la intervención de otro habitual en estos casos, el diputado valenciano Vicente Martínez Pujalte, portavoz económico del PP. Según sostuvo en declaraciones a La Sexta, «no hay ninguna ley que diga que los ordenadores de un señor tienen que permanecer intactos aunque se vaya de la empresa». Luego matizó que «yo no sé quien lo ha borrado, ni cuándo, ni cuál es el protocolo». Más tarde pasó a insinuar que sí conocía su contenido porque «creo que no había nada en esos ordenadores». Y remató todo ello señalando que en realidad «no he hablado con nadie, no sé nada».
¿Negligencia judicial?
El abogado de la acusación particular, Gonzalo Boyé, denuncia que «se
debió tomar el control» sobre los ordenadores «hace muchos meses», con
lo que apunta a una negligencia o pasividad judicial.
«A mí ya, a estas alturas, hay pocas cosas que me sorprenden en la vida y, evidentemente, esto era algo que se esperaba, porque se debió tomar control sobre esto hace muchos meses y no ahora como se ha hecho», dijo Boyé a La Sexta.
Preguntado sobre si se puede acusar al PP de obstrucción a la justicia, el letrado de la acusación particular respondió que «eso son palabras mayores», pero agregó que «hay que investigar qué ha sucedido con estos equipos», aunque eso «ya no es competencia de la Audiencia Nacional».
Para Boyé, por un lado el PP tiene que explicar «por qué no han aportado los ordenadores antes» y el juez Ruz también debería concretar «por qué no se han requerido antes».
Incidió en que las alegaciones aportadas por el PP en su escrito no tienen sentido. «Si lo que dice el PP es cierto, lo suyo hubiese sido aportarlos en su momento».
«En febrero, nosotros pedimos el registro del domicilio de Bárcenas y el juez dijo que era innecesario», añadió Boyé, para después apuntar que «el tiempo está dando la razón a las acusaciones» en el sentido de que hay que actuar deprisa.
«Si alguien piensa que los ordenadores eran la clave, se confunde porque no entiende de Derecho -matizó no obstante- Los papeles de Bárcenas están perfectamente acreditados por otras vías».
«A mí ya, a estas alturas, hay pocas cosas que me sorprenden en la vida y, evidentemente, esto era algo que se esperaba, porque se debió tomar control sobre esto hace muchos meses y no ahora como se ha hecho», dijo Boyé a La Sexta.
Preguntado sobre si se puede acusar al PP de obstrucción a la justicia, el letrado de la acusación particular respondió que «eso son palabras mayores», pero agregó que «hay que investigar qué ha sucedido con estos equipos», aunque eso «ya no es competencia de la Audiencia Nacional».
Para Boyé, por un lado el PP tiene que explicar «por qué no han aportado los ordenadores antes» y el juez Ruz también debería concretar «por qué no se han requerido antes».
Incidió en que las alegaciones aportadas por el PP en su escrito no tienen sentido. «Si lo que dice el PP es cierto, lo suyo hubiese sido aportarlos en su momento».
«En febrero, nosotros pedimos el registro del domicilio de Bárcenas y el juez dijo que era innecesario», añadió Boyé, para después apuntar que «el tiempo está dando la razón a las acusaciones» en el sentido de que hay que actuar deprisa.
«Si alguien piensa que los ordenadores eran la clave, se confunde porque no entiende de Derecho -matizó no obstante- Los papeles de Bárcenas están perfectamente acreditados por otras vías».
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