Frentes abiertos y futuros pasos judiciales para Rajoy, el experto en resistir.
por Alberto Pradilla
Lunes, 19 de Agosto de 2013
Al incremento de los indicios sobre la contabilidad paralela del PP
se suman las desconfianzas internas en Génova, que tendrán que
resolverse antes de la convención de otoño...
Cuando el juez Pablo Ruz, que investiga la
contabilidad paralela del PP, se marchó de vacaciones el pasado viernes,
dejó un último recado a Génova: un plazo de cinco días para entregar a
la Audiencia Nacional los dos ordenadores de Luis Bárcenas que todavía
se guardan en la sede de la formación. El objetivo es determinar si la
información que contienen coincide con el pen drive entregado por el
extesorero el 15 de julio, cuando decidió «tirar de la manta».
A partir de ese momento habrá tregua judicial hasta
el 10 de setiembre, cuando están citadas, entre otras, las secretarias
de Bárcenas y de Álvaro Lapuerta. A la espera de un inicio de curso que
estará capitalizado por la trama de corrupción, el presidente español,
Mariano Rajoy, se enfrenta ahora a las consecuencias internas: hay
tensión en el partido, con intrigas, reposicionamientos y suspicacias
ante cada declaración judicial. Por eso, se da por hecho que habrá
cambios internos antes de la convención de otoño.
Un contexto que Génova afronta sometido al estrés de
sentirse permanentemente amenazado por la espada de Damocles de que
nuevas revelaciones confirmen esa íntima (y delictiva) relación entre
los grandes empresarios y la cúpula de la derecha española. Claro, que
también es cierto que, pese a los escándalos, ningún alto cargo del PP
ha dado muestras de estar dispuesto a marcharse. De este modo, la
sensación de impunidad se resume en la frase «por menos, en cualquier
lugar de Europa hubiesen dimitido».
A ello se le suma la percepción de que la respuesta
ciudadana no ha llegado a los niveles que exigía una trama que pone en
cuestión todo el modelo político y económico de los últimos 35 años.
Socialmente se da validez a las tesis de las donaciones ilegales y los
sobresueldos. El número de confirmaciones de la validez de los
manuscritos del extesorero se multiplica. Sin embargo, las protestas
apenas congregan a centenares de personas. «¿Qué más tiene que pasar?»
es una pregunta que se escucha en muchas de las movilizaciones. En este
contexto, Rajoy, acostumbrado a resistir ante las adversidades, se
aferra a la mayoría absoluta como garantía de acabar la legislatura. La
dimisión es, en estos momentos, una idea que solo cabe en la política
ficción.
Y eso que los indicios contra el PP se multiplican y podrían ir a
más. En el ámbito judicial, una de las grandes incógnitas a corto plazo
está en saber hasta dónde llegará el juez con las citaciones de
testigos. Por ahora se ha limitado a llamar a los responsables del
departamento de auditoría interna del PP y las secretarias de Bárcenas y
Lapuerta, que acudirán el 10 de setiembre. Pero quedan pendientes
muchos altos cargos cuyos testimonios son reclamados por las
acusaciones. Por ejemplo, el expresidente español, José María Aznar,
señalado por Jaime Ignacio del Burgo como responsable directo de los
sobresueldos de Calixto Ayesa y que ha eludido testificar después de que
el magistrado no lo considerase necesario. Otros antiguos miembros de
la cúpula del PP que los letrados intentan sentar ante el magistrado son
Federico Trillo o Ángel Acebes. El caso de este último es sorprendente.
Todavía no ha sido citado pese a que ocupó la secretaría general entre
2004 y 2008, un período en el que Bárcenas y Lapuerta ostentaban más
responsabilidades que durante el mandato de su sucesora, María Dolores
de Cospedal, que sí pasó ante el juez.Obviamente, habrá que ver si Ruz llega a plantearse citar a Rajoy, tal y como ha solicitado la Asociación de Abogados Demócratas por Europa. Por el momento, el juez le ha preguntado su opinión al fiscal, que suele defender las posiciones gubernamentales ya que su superior jerárquico es nombrado por el Ejecutivo. De este modo, parece difícil que la propia administración permita que el presidente sea señalado y termine declarando, aunque sea desde su despacho. Especialmente, cuando el instructor no ha dado un paso sin contar con el aval de Fiscalía.
Reaparece Lapuerta
En previsión a futuros paseíllos de altos cargos del PP, las
declaraciones de Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y María Dolores
de Cospedal han dejado clara la estrategia de la formación derechista:
negar todo y culpar a los tesoreros. Claro, que resulta difícil defender
que no existían finanzas paralelas cuando varios de tus excompañeros ya
han reconocido los pagos en «b». El último, Cristóbal Páez, sucesor de
Bárcenas, cuya declaración de la semana pasada fue, según fuentes
presentes en el interrogatorio, una de las más productivas. Asumió los
12.000 euros que aparecen en el manuscrito del extesorero (una
«compensación», a su juicio «insuficiente», por no cobrar lo estipulado
en un primer momento), dejó claro que era dinero negro y su certeza de
que otros altos cargos del PP también se llenaron los bolsillos.
Utilizando un poco de lógica, ya sería extraño que cargos intermedios
recibiesen «complementos» y los primeros espadas se quedasen sin nada.En este contexto, la reaparición de Lapuerta, recuperado tras el accidente que le dejó en coma, podría incrementar la presión sobre Génova. Su abogado, que había guardado silencio en todos los interrogatorios previos, intervino en las últimas sesiones para poner énfasis sobre la labor de control sobre las cuentas. Por una vez, la omertá en un caso de corrupción parece que se quiebra. A ello se le sumaría las pruebas que, supuestamente, todavía guarda Bárcenas. Entre ellas podría encontrarse una grabación de la reunión que mantuvo con Javier Arenas en 2012 y en la que habrían hablado sobre las cuentas en Suiza del extesorero.
Convención de otoño
Las declaraciones judiciales también han agitado las aguas internas
del PP, resquebrajadas tras dos años de desgaste en el Gobierno español.
No hay un «sálvese quien pueda» porque los principales dirigentes han
mantenido una línea similar. Pero sí que hay suspicacias. Ocurrió, por
ejemplo, el miércoles, cuando Cospedal señaló directamente a Rajoy como
responsable de de pactar el finiquito con Bárcenas. Entre los
reposicionamientos ya se habla incluso de Soraya Sáenz de Santamaría
como futura sucesora del presidente. Habrá que ver qué movimientos se
producen en la convención del PP de otoño, donde todos esperan que Rajoy
de un golpe en el tablero.Hasta entonces, Génova reacciona al contraataque. Solo así puede entenderse el anuncio el efectuado ayer por Carlos Floriano, quien aseguró que se querellaría contra Óscar López (PSOE) por hacer referencia a los pagos en negro. Lo cierto es que las disputas internas pueden hacer más daño al PP que una respuesta social que, hasta el momento, se mantiene con limitaciones. En el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba todavía amaga con una moción de censura que Rajoy eludió tras comparecer ante la Cámara. En la calle, IU prepara una gran movilización para otoño. Desde Moncloa insisten en que ninguna revelación judicial moverá a Rajoy y apelan a futuras bondades económicas cuya credibilidad está al mismo nivel que las negativas ante la corrupción.
¿Quién participó en la comisión de infrastructuras?
La comisión de infraestructuras del PP es, a estas alturas de
investigación judicial, uno de los puntos negros del «caso Bárcenas» y
clave para la investigación. Por ahora han admitido su existencia el
extesorero, el exsecretario general, Francisco Álvarez Cascos y Antonio
Vilella, empresario de la constructora Rugau. Este último es el único
que ha reconocido haber formado parte de este grupo de trabajo de forma
regular. Según su testimonio, empresarios (que pagaban comisiones
ilegales al PP) y altos cargos de Génova se reunían para determinar la
política de obras públicas que se incluiría en el futuro programa
electoral.Una tesis corroborada por Álvarez Cascos, quien afirmó «no recordar» si estuvo en aquella comisión pese a que él fue el encargado de redactar planes de Fomento e Infraestructuras. Lo que todavía queda por aclarar es el número y la identidad exacta de todos los que participaron y qué infraestructuras se aprobaron, ya que ahí podría estar la clave del delito de cohecho, puesto que los empresarios habrían pagado por determinar los planes de obras públicas de un Gobierno. La única que ha negado la existencia de esta comisión es María Dolores de Cospedal, que incurriría en un delito de haber mentido.
http://www.naiz.info/eu/actualidad/noticia/20130819/frentes-abiertos-y-futuros-pasos-judiciales-para-rajoy-el-experto-en-resistir
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