Desobediencia institucional: Un municipalismo de izquierda
Agencias
El modelo de municipalismo es un debate que está de actualidad gracias a la Ley de Bases de Régimen Local impulsada por el Gobierno central. La estrategia del PP, bajo el auspicio de la troika, es clara: por un lado facilitar la privatización de lo público. Por otro lado constreñir la ya debilitada democracia y continuar profundizando la brecha y el secuestro de la soberanía popular a través de la modificación encubierta del modelo de estado, el reparto de competencias y la representación política.
Nos hayamos en punto de inflexión, cierta transición que redefine día a día el marco político con un objetivo estratégico: la acumulación de capital y poder, y la Restauración del sistema tras una zozobra momentáne a, mientras la mayoría de personas trabajadoras sufrimos un expolio sistemático. Una gran estafa que visibiliza el fin de una etapa, la del supuesto consenso político surgido tras la dictadura.
Esta ruptura se traduce, entre otras cosas, en una recomposición de las instituciones de acuerdo a las necesidades que imponen los mercados.
El modelo de la derecha queda, pues, definido con la ley de bases y obliga a la izquierda social y política a dar un paso más allá, desde la calle y la institución, que supere el viejo esquema emanado de la transición. Las preguntas son sencillas: ¿Para qué sirve que la izquierda gobierne un ayuntamiento? ¿Es viable bajo los parámetros actuales que la institución genere algún contrapoder? ¿Cuál es nuestro modelo municipal? ¿Lo hemos revisado adecuadamente? ¿Cómo hacemos que los municipios sean espacios en los que el poder se use como un elemento de transformación social y no como un elemento de control? ¿Cómo conseguir que sean laboratorios de experiencias para las nuevas formas de participación política?
Las respuestas a estas preguntas no son tan sencillas como lo es formularlas. No es nuestra intención juzgar ahora la validez de algunos de los ejes vertebrales de la política municipal de la izquierda en los últimos treinta años, sino iniciar una reflexión, necesaria e impostergable, sobre la posibilidad de abordar con audacia nuevas propuestas acordes a los tiempos que corren.
En nuestra experiencia, como concejales de municipio, observamos día a día la estrategia de asfixia del gobierno central y autonómico a los ayuntamientos. Planes de saneamiento, de pago a proveedores, créditos bancarios con intereses abusivos, leyes de contención del déficit y un largo etcétera, encubren bajo la fachada de la “austeridad” un proceso de recentralización y de concentración de poder que ata de pies y manos a los ayuntamientos para aplicar, desde dentro, políticas subversivas contra el poder.
Si asumimos que en este momento asistimos a un cambio de paradigma, a un nuevo esquema en las relaciones de poder y si asumimos que las instituciones, ahora más que nunca, no son útiles para plantear proyectos verdaderamente transformadores, deberemos orientar nuestro trabajo en la institución para contribuir al proceso de acumulación de fuerzas y creación de poder popular, es decir, buscar con cada iniciativa y con cada proyecto, abrir ámbitos para la autoorganización de las personas trabajadoras y las capas populares. El poder y la propiedad no deben ser cuestión de los partidos sino del pueblo.
Es por eso que debemos trabajar hacia una descentralización radical, que tienda hacia un modelo de funcionamiento mixto capaz de generar economía social en sus diferentes ámbitos bajo un apriorismo básico: si promovemos iniciativas que permitan el reparto de la propiedad de los recursos entre la ciudadanía, la privatización y reversión de esa realidad será mucho más costosa, o al menos contará con la oposición de un pueblo consciente de sus recursos y de la propiedad colectiva.
La izquierda en la institución, pues, tiene la tarea de impulsar experiencias de transición de propiedad que ayuden a retirar el control a la casta política que entrega los recursos a las élites económicas para restituirla al pueblo.
La construcción de otro modelo pasa, pues, por una participación democrática en la toma de decisiones que se construya, al menos en la primera fase de su implantación, en torno a la “desobediencia”. A la no aceptación de la nueva correlación de fuerzas, a la organización en todas las ciudades de polos de contrapoder popular.
La prioridad de los ayuntamientos de la izquierda debe ser generar, también desde la institución, un nuevo modelo de economía mixta, vertebrada de abajo a arriba y hermanada con el cooperativismo, la ecología social, el desarrollo endógeno y la soberanía alimentaria.
En este empeño, encontraremos la resistencia del poder y su política de austericidio. Vencer esa resistencia sólo será posible si cambiamos la docilidad por la rebelión y la pasividad por un planteamiento a la ofensiva, prácticamente de combate, ante los ataques que recibimos. O dicho de otro modo: sólo podremos ser útiles si no aceptamos la actual arquitectura jurídica y política y nos enfrentamos a ella cueste lo que cueste. Hombro con hombro con los vecinos y vecinas y con el tejido organizado, creando un poder que supere y deslegitime el actual orden.
La construcción de un nuevo proyecto de país encontrará en el nuevo municipalismo y la economía social dos pilares básicos para su desarrollo. Descentralizar es democratizar. Y desobedecer, cuando el poder te condena al hambre, la miseria y la exclusión, es algo más que un derecho: es el último refugio de la dignidad y la primera piedra para levantar un futuro más justo y mejor.
Álvaro Aguilera (Concejal de IU Brunete). Sira Rego (Concejala de IU Rivas)
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