LOS ESCLAVOS DEL FRANQUISMO.

LOS ESCLAVOS DEL FRANQUISMO
Jordi García Soler - EL SIGLO
“... medio millón de muertos, un cuarto de millón de exiliados dispersos en Francia, Rusia y varios países hispanoamericanos, 280.000 presos en cárceles y campos de concentración por los delitos más inverosímiles, miles de españoles heridos o mutilados por efectos de la guerra, produjeron un colapso en el mercado laboral
de un país que necesitaba reconstruir sus infraestructuras y poner en funcionamiento empresas destrozadas o aralizadas por la guerra”. 


Así explica el periodista Isaías Lafuente, en el inicio de su libro “Esclavos por la patria. La explotación de los presos bajo el franquismo” (Temas de hoy), el contexto histórico, político, económico y social en el que la tadura franquista puso en marcha uno de sus más bárbaros y lucrativos métodos de represión y, al mismo tiempo, uno de sus secretos mejor guardados hasta ahora. Otros libros, jornadas de debate y hasta programas
de televisión intentan sacar a la luz esta página negra de nuestra Historia.
Se trata de la explotación laboral sistemática de centenares de miles de prisioneros políticos republicanos por parte de la dictadura, que les utilizó de hecho como auténticos esclavos prácticamente hasta las mismas postrimerías del franquismo, en concreto hasta el año 1970, cuando todavía algunas empresas privadas españolas tenían a su servicio a presos políticos obligados a realizar trabajos forzados para ver reducidas sus fuertes condenas de cárcel.
Con prácticamente dos centenares de pueblos e incluso ciudades destruidos en más del 60% de sus construcciones y edificios, un cuarto de millón de viviendas particulares reducidas completamente a escombros
y otras tantas convertidas también en inhabitables, más del 40% del muy reducido parque automovilístico y ferroviario nacional absolutamente destrozado e inservible, con un quebranto gravísimo en las redes ferroviarias y de carreteras, así como en todo tipo de construcciones e infraestructuras públicas afectadas por los bombardeos sufridos durante los tres últimos años, la España resultante de la guerra civil requería una ingente y económicamente muy cuantiosa labor de reconstrucción material.
Una deuda de casi 2.000 millones de pesetas oro con Alemania e Italia Las inversiones públicas necesarias para hacer frente a esta reconstrucción eran realmente inasumibles por
parte de un Estado cuya moneda oficial, la peseta, tenía en 1940 el 50% del valor que poseía antes del inicio de la guerra civil, apenas cuatro años antes, con una renta nacional que se había situado de repente al nivel existente en 1914 y con una renta per cápita inferior en un 14% a la de 1936, con tasas anuales de inflación que durante los años 40 oscilaron entre el 13 y el 23%, y con una población activa que se había visto reducida en más de medio millón de personas.
Con un país destrozado, empobrecido, apenas sin ningún tipo de producción industrial, con muy poco o nada que exportar, prácticamente sin otras relaciones comerciales que las entonces existentes con la Alemania de
Hitler y la Italia de Mussolini, y con ambos países aliados de la dictadura franquista exigiendo la devolución inmediata de la cuantiosa deuda contraída por Franco con ellos –1.200 millones y 600 millones de pesetas oro,
respectivamente– a causa de sus importantes ayudas militares y financieras al bando franquista durante la guerra civil, de nada iban a servir las drásticas medidas de control económico impuestas por la dictadura. Unas
medidas que, por otra parte, empobrecieron aún mucho más al conjunto de la población y enriquecieron de forma espectacular y repentina a un muy reducido número de estraperlistas y especuladores, todos ellos
directa o indirectamente ligados a las estructuras del propio poder franquista.
En este contexto, como señala Isaías Lafuente en su ya citado libro, “Franco se inventó, con décadas de antelación, la primera Empresa de Trabajo Temporal que se implantó en España”. La constitución de aquella primera ETT se realizó mediante la creación del denominado Fichero Fisiotécnico en el que se recopilaron todo tipo de datos sobre centenares de miles de prisioneros políticos republicanos de toda España, para utilizarles como auténticos esclavos al servicio del Estado franquista en la reconstrucción del país.
Antes del término del mismo año 1939, en el Fichero Fisiotécnico del Patronato para la Redención de Penas figuraban ya formal y oficialmente censados 67.711 presos, reunidos en un total de 24 industrias y llegando a
abarcar hasta 602 oficios distintos. De ellos, en la misma fecha, casi 13.000 estaban ya laboralmente colocados, esto es trabajando teóricamente al servicio del Estado, casi siempre en unas condiciones laborales
y de vida infrahumanas, constantemente sometidos a todo tipo de vejaciones y malos tratos, y apenas sin recibir ningún tipo de salario o contraprestación económica, sólo con la esperanza de poder redimir parte de
sus casi siempre muy largas condenas de prisión, impuestas mediante el uso y abuso sistemático de la Ley de Responsabilidades Políticas, a través de los trabajos forzados.
Como señalaba orgullosa y, sin duda, cínicamente el denominado Patronato para la Redención de Penas al referirse en uno de sus numerosos documentos oficiales de la época al mencionado Fichero Fisiotécnico,“pocas Bolsas de Trabajo contarán con una tal variedad de profesiones y aptitudes personales”.
A principios de 1941, esto es un par de años después de finalizada la guerra civil, constaban en el Fichero Fisiotécnico 103.369 penados, de ellos cerca de 10.000 mujeres, una cifra casi coincidente con la de los presos que entonces ya habían sido juzgados y condenados por los numerosos tribunales civiles y militares puestos en marcha en toda España durante aquellos años. Los más de 280.000 prisioneros políticos entonces
encarcelados en toda España representaban el 10% del conjunto de la población activa del país y eran, en su gran mayoría, hombres de entre 20 y 40 años de edad. No obstante, los presos políticos seguían aumentando sin cesar durante aquellos años. Según ha podido documentar recientemente el historiador Antonio Miguel Bernal, sólo entre los años 1939 y 1943 el número de presos políticos del franquismo llegó a ser de más de 550.000, también con una muy clara mayoría de jóvenes entre ellos.
Aunque fue personalmente el propio Francisco Franco quien puso marcha este formidable negocio a costa de sus prisioneros políticos, iniciado ya de hecho en mayo de 1937, al parecer fue el jesuita José Antonio Pérez
del Pulgar quien lo inventó e institucionalizó de forma oficial, mediante la constitución del llamado Sistema de Redención de Penas. En su texto de enero de 1939 titulado La solución que da España al problema de sus presos políticos –para mayor inri, editado por Publicaciones Redención–, dicho sacerdote no defendía ningún tipo de piedad ni clemencia para con los presos políticos del franquismo –“no puede exigirse a la justicia social
que haga tabla rasa de cuanto ha ocurrido”–, sino que preconizaba para todos ellos poco menos que la
aplicación de la Ley del Talión: “Es muy justo que los presos contribuyan con su trabajo a la reparación de los daños a los que contribuyeron con su cooperación a la rebelión marxista”.
Los campos de concentración franquistas
Así, de forma masiva, sistemática y organizada, la dictadura franquista utilizó, entre 1937 y 1970, a centenares
de miles de prisioneros políticos como fuerza laboral barata, absolutamente dócil y completamente segura, casi
siempre recluida en alguno de los numerosos campos de concentración creados al efecto por toda España –en el libro de Javier Rodrigo Sánchez La represión bajo el franquismo figuran documentados 72 campos de
concentración, casi la mitad de ellos funcionando ya desde la misma guerra civil, con un total de aproximadamente unos 180.000 internados debidamente contabilizados–, con lo que además de conseguir pingües beneficios económicos consiguió descongestionar las numerosas cárceles existentes en todo el
territorio nacional, todas ellas abarrotadas durante los años de la más inmediata posguerra a causa de las sucesivas oleadas de detenciones masivas que se produjeron en España entera al término de la guerra civil.
El Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas, eufemismo con el que se intentaba ocultar el nombre de los campos de concentración, fue en realidad el encargado de centralizar el uso y abuso que el franquismo hizo de sus prisioneros políticos como trabajadores forzados o esclavos, dando origen incluso, con la creación de sus campos de concentración y la instalación en las cercanías de las familias de algunos de los prisioneros en ellos internados, a la creación espontánea de nuevos núcleos de población surgidos entonces, como El Palmar de Troya, Dos Hermanas, Los Palacios o los barrios sevillanos de Torreblanca y Bellavista, aún en la actualidad en su gran mayoría por familiares de antiguos presos políticos esclavizados por el franquismo.
Empleados fundamentalmente en obras públicas de todo tipo –por ejemplo, en la construcción de carreteras, puentes, túneles vías férreas, canales y marismas–, centenares de miles de prisioneros políticos del
franquismo se vieron obligados al trabajo forzado, a modo de nuevos esclavos, tanto en obras tan impresionantes como las de la construcción del Valle de los Caídos –donde trabajaron hasta 1950 un total de
cerca de 20.000 presos políticos, hasta la definitiva culminación de las obras de construcción tanto de los accesos por carretera como del monasterio y la cripta de aquella obra faraónica– o del pazo de Aday, como en muchas otras obras al servicio de la Iglesia católica –entre otras, los 15.000 crucifijos para escuelas y otros
centros oficiales, que fueron facturados inmediatamente después de la guerra civil desde los Talleres Penitenciarios, cuya sede central era la cárcel de Alcalá de Henares– y, cada vez en mayor medida, al servicio
de gran número de empresas privadas, casi todas ellas adjudicatarias y concesionarias del propio Estado.
Según recoge Isaías Lafuente en su documentado libro, fueron prisioneros políticos quienes construyeron obras hidráulicas como los embalses del Ebro, Benagéver, Entrepeñas, Pálmaces, Mediano, Riosequillo,
Revenga, Barasona, Mansilla de la Sierra, González Lacasa, El Cenajo, Torre del Águila, Barrios de Luna, Yesa, San Esteban y Linares, la Real Acequia del Jarama, canales como el Bajo del Guadalquivir, Bajo del Alberche, Montijo, Jarama, Bárdenas, Monegros, Toro-Zamora, Bierzo, Badarán y Linares del Arroyo, amén de saltos como los del Nansa y el Sil. Fueron, igualmente, prisioneros políticos del franquismo quienes reconstruyeron pueblos y ciudades como Belchite, Brunete, Oviedo, Teruel, Toledo, Huesca, Lleida, Gernika,
Amorebieta, Éibar, Potes, Quinto de Ebro, Mediana de Aragón, Puebla de Albortón, Boadilla del Monte,
Villamanín, Vilanova de la Barca, Sabiñánigo o Figueres, entre muchas otras poblaciones. Trabajaron también
en las minas de mercurio de Almadén, en los pozos Maria Luisa, Fondón y San Mamés de Duro Felguera, en
las minas de antracita de Fabero y en muchas otras empresas mineras, en Asturias, Leñón, Pontevedra, Lleida,
Ourense, Teruel, Albacete, Murcia y Cartagena, por ejemplo, y lo hicieron asimismo en gran cantidad de obras
públicas, como en la construcción del ferrocarril Madrid-Burgos, Zamora-A Coruña, Tudela de Veguin a Lugo de
Llanera, Pedernales-Bermeo o la inconclusa Santander-Mediterráneo, así como en la primera estación
ferroviaria de Chamartín, en Madrid, y en carreteras como las de Canfranc, de la carretera de A Coruña a El
Escorial, variantes de carreteras como las de Madrid-Valencia Puerto Contreras, Honrubia, Oropesa, los
puertos del Escudo y del Arzobispo, el túnel de Vielha...
Además de la construcción tanto de los accesos como del monasterio y la cripta del Valle de los Caídos, fueron
también prisioneros políticos del franquismo quienes construyeron desde aeropuertos como los de Sondica o Labacolla hasta estadios municipales como los de Valladolid y Palencia, pasando por cárceles como la de
Carabanchel.
Entre las empresas privadas españolas que más frecuentemente tuvieron a su servicio como trabajadores
forzados a prisioneros políticos del franquismo figuraron en lugar muy destacado y constante Dragados y
Construcciones, Banús, A. Marroquín, San Román, Hermanos Nicolás Gómez y Construcciones ABC.
Algunas de estas empresas privadas se lucraron con el trabajo forzado y apenas pagado de gran número de
prisioneros políticos del franquismo por espacio de más de dos décadas, como lo hizo en concreto la empresa
Dragados y Construcciones fundamentalmente en la construcción de gran número de pantanos, mientras que
en el caso de Banús lo hicieron todavía hasta el año 1969 en todo tipo de obras y construcciones.
Otras empresas que tuvieron a presos políticos trabajando a su servicio fueron, por ejemplo, Babcock-Wilcox,
Carbones Asturianos, Constructora Naval, Industrias Egaña, Talleres La Trefilera, Plasencia de las Armas,
Esperanza y Compañía SA, Talleres Murga, Cementos Portland-Iberia, Cementos Asland, Metro de Madrid,
Riegos Asfálticos, Sacristán, Portolés y Compañía, Sicot, José M. Padró, Carbonífera Palomar, Montes de
Galicia, A.Villalón, E.Osis, Elizarrán, Hidro Nitro Española, Minas del Bierzo, Experiencias Industriales,
Gutiérrez Oliva, A.Carretero, Sanz Bueno, Salvador Cuota, Maquinista y Fundición del Ebro, Regino Criado,
Ferrocarriles y Minas, Antracitas Gaiztarro, Múgica-Arellano y Cía, Minero Siderúrgica de Orallo, ECIA, Vías y
Riegos, Duro-Felguera, C.Peña, Julián A. Expósito, Cimentaciones y Obras, E.Medrano, C.Mardellano,
D.L.Pastora, M.Llagostera, I.Arribalaga, J.Dobarco, Sociedad Marcor, Ramón Echave, SAFA, Burés, Industrias
Artísticas Agrupadas ...
La Iglesia católica española, convertida prácticamente desde el mismo inicio de la guerra civil en uno de los
más importantes e influyentes apoyos de Franco tras haber declarado formal y oficialmente que la insurrección
militar era una “Cruzada”, se benefició asimismo del trabajo esclavo de gran número de prisioneros políticos del
franquismo. Entre otras construcciones para la Iglesia católica en las que fueron obligados a trabajar como
esclavos numerosos presos políticos de distintas regiones españoles, figuran las de la reconstrucción de la
catedral y el seminario de Vic, el colegio de los escolapios de San Antón en Madrid, el seminario orensano de
Ervedelos, la vallisoletana iglesia del Carmen y los conventos de las madres adoratrices de Cartagena,
Valladolid y Alcalá de Henares.
780 millones de euros de beneficios
El ya mencionado libro de Isaías Lafuente no es propiamente el primero en denunciar esta infamia criminal
perpetrada por el franquismo, puesto que ya en 1969 Aroca Sardagna se refería a ello en su libro Los
republicanos que no se exiliaron, y en 2000 Rafael Torres publicó otro importante volumen sobre esta cuestión,
Los esclavos de Franco, el primero en documentar ya el trabajo forzado de gran número de prisioneros
políticos del franquismo.
No obstante, Lafuente ha profundizado mucho más y da en su libro todo tipo de datos y documentación,
llegando incluso a las cuantificación económica precisa de los beneficios obtenidos por el franquismo a costa
de la práctica esclavitud de sus prisioneros políticos: más de 130.000 millones de pesetas, unos 780 millones
de euros. Ello se deduce del estudio de las muy detalladas memorias anuales remitidas a Franco por el
Patronato para la Redención de Penas entre 1939 y 1970, conservadas aún en los archivos de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias. Sólo entre los años 1939 y 1945, Franco dispuso mensualmente de
una media de unos 10.000 presos políticos republicanos convertidos por él en sus esclavos, siendo en total
durante aquellos años unos 110.000 los presos políticos laboralmente explotados en colonias, talleres,
destacamentos penales y empresas privadas.
Carrero Blanco recibía el 75% del salario de los “esclavos”
El profesor Francisco Moreno Gómez ha cifrado el jornal medio de un preso político esclavizado por el
franquismo en 4,75 pesetas, en el caso de ser un hombre con esposa y un hijo a su cargo y que estuviese al
servicio de algún organismo público del Estado, y de 14 pesetas si trabajaba al servicio de una empresa
privada, de las que sólo 50 céntimos iban a parar al propio preso, 3 pesetas eran destinadas a su familia, 1,40
eran retenidas en teoría para su alimentación y las 9,10 pesetas restantes iban a parar a Hacienda, aunque se
ignora bajo qué concepto se les sometía oficialmente a tan cuantiosa exacción fiscal.
Este dinero era periódicamente ingresado por el Patronato para la Redención de Penas en una cuenta cifrada
del Banco de España, a nombre del entonces subsecretario de Presidencia del Gobierno, Luis Carrero Blanco,
conforme ha podido documentar y probar recientemente el ya citado profesor Antonio Miguel Bernal.
Catedrático de Historia del Pensamiento de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Antonio Miguel Bernal ha
coordinado recientemente el interesante ciclo de conferencias que se ha celebrado en dicho centro universitario
bajo el título Los presos del Canal. 1940-1962. Estas jornadas han sido organizadas por la universidad
hispalense en colaboración con la fundación El Monte y el sindicato CGT, y se han dedicado al estudio de la
utilización sistemática de prisioneros políticos andaluces como trabajadores forzados en las obras de
construcción del canal Bajo del Guadalquivir, entre Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, de 150 kilómetros de
longitud, 90 de los cuales fueron íntegramente realizados por unos 10.000 prisioneros políticos del franquismo,
desde muy poco después del final de la guerra civil, y hasta más de dos décadas después, hasta el año 1962. Tras el fuerte impacto causado por la reciente publicación del libro de Isaías Lafuente, estas jornadas sevillanas
han contribuido a dar a conocer muchos otros aspectos sobre la feroz e implacable represión que el franquismo
ejerció contra sus opositores, especialmente en la más inmediata posguerra, pero en realidad hasta más allá
incluso de la muerte del propio dictador. El próximo mes de octubre, un importante congreso organizado
conjuntamente en Barcelona por el Museu d’Història de Catalunya y el Grup de Recerca de l’Època Franquista
del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, seguirá
profundizando en estos temas, muy poco estudiados hasta ahora por los historiadores y, por tanto, todavía
absolutamente desconocidos por la opinión pública.
Los campos de exterminio
Aunque se tenían algunas referencias merced a la publicación de las memorias de algunos antiguos presos
políticos del franquismo, ha sido ahora cuando se ha documentado ya con rigor histórico la existencia en la
España de la guerra y la posguerra civil de auténticos campos de exterminio. A diferencia de los campos de
concentración, en los que los prisioneros políticos eran utilizados sistemáticamente como “esclavos” y donde en
no pocos casos los internados fallecían también a causa de las pésimas condiciones de vida y trabajo a las que
se encontraban sometidos, los campos de exterminio franquistas eran, al igual que sus homólogos nazis de tan
triste recuerdo, centros destinados fundamental y casi exclusivamente a la pura y simple ejecución de sus
internados.
El ya citado Antonio Miguel Bernal señalaba en las mentadas jornadas sevillanas que está perfectamente
documentada la existencia en la población extremeña de Castuera de un campo de exterminio creado a
principios de la guerra civil, inmediatamente después de la toma de Badajoz por las tropas franquistas, a
mediados de agosto de 1936, en el que a diario se produjeron fusilamientos y donde existe un gran número de
fosas llenas de cadáveres de presos políticos republicanos que allí fueron exterminados.
El propio profesor Bernal coordina un grupo de trabajo que estudia el papel desarrollado por determinados
oficiales y médicos alemanes en algunos campos de concentración de la España franquista, durante la guerra
civil y de forma muy en especial entre los años 1937 y 1938, ya que existen evidencias claras de que realizaron
experimentos y prácticas de exterminio similares a las que poco después fueron llevadas a cabo de modo
sistemático y masivo en los campos de exterminio nazis.
Otro de los historiadores asistentes a las mencionadas jornadas celebradas en Sevilla, el catalán Borja de
Riquer, señalaba que en la España franquista se superaron los 140.000 fusilamientos, casi triplicando los
50.000 que se produjeron en las zonas de España controladas por la República. Más aun, el mismo historiador
hacía notar que en el caso concreto de Andalucía esta relación se más que cuadruplicó, con 40.000
fusilamientos franquistas por 9.000 a cargo de los republicanos. De Riquer hizo notar que una vez terminada ya
la guerra civil, entre 1939 y 1947, el franquismo ejecutó diariamente a una media de diez personas, con diez
fusilamientos diarios, lo que representa cerca de 30.000 fusilamientos durante los ocho años después del fin de
la guerra civil, a los que habría que añadir todavía los que se produjeron con posterioridad y hasta el mismo
final de la dictadura.
Borja de Riquer destacó asimismo que la juventud republicana fue la principal víctima de la criminal represión
franquista desatada al término de la guerra civil. En base a un estudio realizado sobre las quintas de la
barcelonesa ciudad de Badalona entre los años 1936 y 1940, De Riquer subrayó que de los 2.256 jóvenes de
entre 19 y 25 años de edad existentes en el censo de dicha ciudad en 1936, en 1940, 295 habían muerto, 234
habían sido considerados prófugos y 204 estaban encarcelados, con lo que un tercio de los jóvenes
badaloneses, al finalizar la guerra civil, habían fallecido, estaban exiliados o habían sido encarcelados.
‘Los esclavos españoles de Hitler’
Éste es el título del último libro del historiador José Luis Rodríguez Jiménez, en el que se detalla otro oscuro y
hasta ahora muy poco conocido aspecto de la represión franquista: el de la utilización de miles de ciudadanos
españoles que Franco convirtió en víctimas propiciatorias del nazismo, después de haberles enviado para
Alemania a trabajar en minas y fábricas, fundamentalmente con el objetivo de saldar la importante deuda
económica contraída por el propio Franco con Hitler por su decidida ayuda militar y financiera al bando rebelde
durante la guerra civil española, estimada en unos 400 millones de marcos, unos 1.200 millones de pesetas
oro.
Según el profesor José Luis Rodríguez Jiménez, el contenido del convenio firmado el 21 de agosto de 1941
entre los gobiernos de España y Alemania, por el que al cabo de muy poco tiempo como mínimo 10.500
trabajadores españoles fueron enviados a la Alemania nazi, demuestra claramente que la voluntariedad de los
allí enviados no es más que una burda patraña de la propaganda franquista.
Además de aquellos 10.500 obreros salidos desde España, el régimen nazi hizo que otros 40.000 ciudadanos
españoles, todos ellos republicanos exiliados desde el final de la guerra civil en Francia, una vez este país fue
ocupado por Alemania, se incorporasen voluntaria o forzosamente, a sus batallones de trabajo, mientras otros
12.000 republicanos españoles fueron a parar asimismo a diversos campos de concentración o de exterminio,
evidentemente todos ellos de forma obligada.
La reciente reedición del documentado y voluminoso trabajo que escribiera la ya fallecida escritora barcelonesa
Montserrat Roig bajo el título Els catalans als camps nazis (Edicions 62) es un testimonio desgarrador sobre las penalidades sufridas por gran número de republicanos españoles de ambos sexos en los campos de
concentración o de exterminio creados por el nazismo.
Aunque se ciñe en exclusiva a los deportados de origen catalán o con residencia en Cataluña, el riguroso libro
de Montserrat Roig, así como la excelente novela del escritor catalán Joaquim Amat-Piniella “K.L.Reich”
(Edicions 62), en la que rememora sus propias vivencias personales como deportado en el tristemente célebre
campo nazi de exterminio de Mathausen, constituyen dos grandes testimonios de otra de las infamias
perpetradas por el franquismo con sus opositores, ya que fue el cuñado de Franco y por aquel entonces
ministro de Asuntos Exteriores de España, Ramón Serrano Suñer, quien se negó a reconocer la nacionalidad
española a los exiliados republicanos que fueron exterminados en gran número en los campos nazis,
padeciendo el total de ellos todo tipo de torturas, malos tratos y vejaciones mientras duró su cautiverio, en el
que destacaron muchos de ellos como esforzados y heroicos resistentes.
En Los esclavos españoles de Hitler el profesor José Luis Rodríguez Jiménez constata el engaño al que el
franquismo sometió a los 10.500 “productores españoles” enviados a Alemania, en teoría de forma “voluntaria”,
al igual que muchos de los españoles integrados en la célebre División Azul que combatió junto a las tropas
nazis a las órdenes del general Muñoz Grandes. El propio régimen franquista, en sus estimaciones iniciales,
calculó en aproximadamente 100.000 los “productores españoles” que debería enviar a trabajar a Alemania
para cumplir completamente el acuerdo suscrito con las autoridades nazis para saldar definitivamente su deuda
económica.
No obstante, tanto por el elevado coste económico que para el franquismo representaba aquella operación en
gastos de organización, ropa, calzado y traslado, como porque ya a partir de 1942 comenzó a ser evidente
incluso para los sectores falangistas más abiertamente partidarios del régimen hitleriano que la Alemania nazi
sería derrotada por los aliados y el franquismo optó por empezar a alejarse de ella, lo cierto es que finalmente
parece que fueron sólo 10.500 los trabajadores españoles que Franco convirtió realmente en “esclavos de
Hitler”.
Con pésimas condiciones tanto de vida como de trabajo, aparentemente desconocedores tanto de su teórico y
muy a menudo incumplido derecho a 20 días de vacaciones anuales como de que una importante parte de sus
salarios quedaba retenida en los bancos alemanes como abono a cuenta de la deuda que la España de Franco
tenía pendiente todavía con la Alemania nazi, los 105.000 “esclavos españoles de Hitler” padecieron también
todo tipo de malos tratos y vejaciones, soportando penalidades sin cuento y sin que en ningún caso dispusieran
del apoyo de las autoridades franquistas en defensa de sus legítimos derechos laborales.
Luis Rodríguez Jiménez ha documentado que al menos 25 de aquellos “productores españoles” fueron
fusilados por los nazis para castigar sus protestas o rebeldías, así como que a pesar de que el grueso de ellos
fueron repatriados a España ya a partir de 1943, cuando parecía definitivamente clara la derrota del nazismo,
algunos de ellos optaron por quedarse en Alemania, donde al parecer algunos de ellos siguen viviendo. Muy
pocos de aquellos miles de “productores españoles” convertidos por Franco en “esclavos de Hitler” parecen
dispuestos ahora a recordar aquella tan lamentable experiencia. Sólo uno de ellos ha facilitado todo tipo de
datos e informaciones a José Luis Rodríguez Jiménez.
“Los niños perdidos del franquismo”
TV3, la televisión autonómica catalana, sobrecogió recientemente a su audiencia con la emisión, en su
prestigioso programa dominical de documentales 30 minuts, de dos excelentes trabajos realizados por Montse
Armengou y Ricard Belis con asesoría del historiador Ricard Vinyes. Els nens perduts del franquisme (“Los
niños perdidos del franquismo”) puso en evidencia la represión a la que se sometió a niños y mujeres en las
cárceles durante la dictadura franquista, y muy especialmente durante la más inmediata posguerra, incluso con
la “desaparición” de algunos de los hijos de las prisioneras políticas.
En un testimonio de un valor documental excepcional, algunas de aquellas mujeres narraron ante las cámaras
su represión política, las torturas a que fueron sometidas y la separación de sus hijos, que en muchos casos
murieron de inanición o enfermedad en las propias cárceles franquistas, mientras que en otros casos fueron
dados en adopción, evidentemente sin autorización familiar ninguna y en un claro abuso del poder de la
dictadura para con las víctimas de su represión.
Testimonios casi siempre desgarradores pero en todos los casos con una gran entereza de ánimo se
acompañaron en ambos documentales de TV3 con referencias a textos oficiales, documentos e incluso el
testimonio personal de la entonces máxima responsable del Auxilio Social, la viuda de Onésimo Redondo, que
se manifestó al menos en apariencia absolutamente desconocedora de las denuncias que le fueron
presentadas.
De hecho aquellas constituyeron las primeras denuncias que se han dado a conocer públicamente en España
acerca de la existencia de nuestros propios “desaparecidos”, en concreto hijos e hijas de madres republicanas
a las que el franquismo, además de encarcelarlas como prisioneras políticas, les robó a sus hijos e hijas, muy a
menudo con la ayuda de las monjas encargadas de la vigilancia de las prisiones de mujeres en aquellos años.
El fuerte impacto social causado por estos dos excelentes documentales, cuyos derechos de emisión han sido
adquiridos ya por las televisiones autonómicas vasca y andaluza y al parecer en breve serán comprados
también por Telemadrid, así como los altos niveles de audiencia conseguidos con ambas emisiones –fueron vistos por más de 800.000 telespectadores catalanes–, ha hecho que TV3 se decidiese a programar, durante
este mes de marzo, otros importantes documentos televisivos sobre la represión franquista y las penalidades
sufridas por los opositores a la dictadura, en el exilio o en el interior del país.
El primero de estos programas es Veus ofegades. Cartes d’un exili a França (“Voces ahogadas. Cartas de un
exilio en Francia”), que descubre textos inéditos de cartas escritas por refugiados republicanos catalanes que
vivieron entre 1939 y 1945 en Francia, que nunca llegaron a sus destinatarios ni fueron abiertas, y que tras
haber sido archivadas salen ahora a la luz pública y constituyen un elocuente testimonio del exilio republicano.
Otras emisiones serán las de varios episodios de Els maquis, la guerra silenciada (“Los maquis, la guerra
silenciada”), en los que a partir de unos 60 testimonios se tratará sobre las actividades desarrolladas durante
un cuarto de siglo en Cataluña por las guerrillas antifranquistas. Por último, el ciclo de programas históricos de
la televisión autonómica catalana se cerrará con la reemisión de los dos capítulos de Els nens perduts del
franquisme, así como con un debate moderado por Carles Francino sobre Franquisme: oblidar o recordar
(“Franquismo: olvidar o recordar”).
Muy reciente es también la publicación de El TOP. La represión de la libertad (1963-1977) (Planeta), libro del
que es autor el magistrado Juan José del Águila. El TOP, el siniestro Tribunal de Orden Público creado por la
dictadura franquista como jurisdicción especial para la represión sistemática de toda la oposición, queda
crudamente retratado en esta rigurosa y muy documentada tesis doctoral, en la que se demuestra con gran
acopio de datos que no hubo en modo alguno una evolución ordenada, pacífica y conscientemente planificada
de la dictadura hacia la democracia.
De la atenta lectura del interesante libro del magistrado Juan José del Águila se deduce, sin ningún genero de
dudas, que la transición no ya del franquismo sino del posfranquismo a la democracia, a diferencia de lo que a
menudo pretenden hacernos creer ahora algunos comentaristas partidarios del revisionismo histórico, sólo fue
posible gracias a la lucha constante de la oposición democrática, ya que hasta más allá de la muerte del propio
Franco, y en concreto hasta el 5 de enero de 1977 –esto es, menos de medio año antes de la celebración de
las primeras elecciones democráticas después del final de la guerra civil–, el TOP siguió actuando como la
permanente e implacable Inquisición.
Juan José del Águila aporta en su interesante libro gran número de datos e informaciones sobre los
numerosísimos procesos, procesados y afectados por las causas instruidas por el TOP a lo largo de sus
prácticamente 14 años de existencia, desde su misma creación, en 1963, en sustitución de los anteriores
tribunales especiales constituidos al final de la guerra civil, hasta su definitiva desaparición, a principios de
1977, más de un año después de la muerte del dictador.
A estas alturas de la Historia resulta interesante, y sobre todo muy revelador, observar, por ejemplo, que sólo
en sus tres últimos años de existencia, de 1974 a 1976, el TOP instruyó el 60% de sus procedimientos judiciales contra todo tipo de opositores a la dictadura, así como que el 25% de dichas causas fueron instruidas
ya una vez muerto el dictador. Es evidente que todo ello desmiente con absoluta rotundidad la teórica voluntad aperturista, reformista y democratizadora de quienes en aquellos años detentaban el poder y estaban en el
Gobierno, puesto que fueron precisamente ellos quienes siguieron permitiendo, cuando no ya auspiciando o impulsando, la continuidad de la represión policial y judicial contra todos aquellos que verdaderamente
luchaban por la recuperación de la democracia y la libertad en nuestro país, en contra de quienes sólo deseaban hacerle la cirugía estética a la dictadura para poder mantenerse aún en el poder.
Resulta asimismo interesante destacar que del libro de Juan José del Águila se deduce que en la estadística de los numerosísimos procesados por el TOP a lo largo de sus poco menos que 14 años de existencia ininterrumpida, Cataluña, con el 20% del total de los procesados por aquella juridisción especial, aparece como la comunidad más cuantiosamente reprimida durante toda su historia.
También es interesante comprobar que la gran mayoría de los procesados por el siniestro tribunal fueron fundamentalmente trabajadores y estudiantes menores de 35 años de edad.