Asesinato brutal de estudiantes contradice discurso gubernamental
Jóvenes en la mira en Honduras
Giorgio Trucchi. LINyM
Esta semana, con bombos y platillos, la Secretaría de Seguridad de Honduras, esta vez con el aval del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH), fijó en casi 13% la reducción en los homicidios en comparación con el 2013. La percepción de la ciudadanía y los datos de varias organizaciones de derechos humanos contradicen con fuerza el discurso gubernamental
Diana Yarely Mendoza Palao, de 21 años, falleció esta mañana después de haber luchado por dos días contra la muerte. Su cuerpo recibió 21 impactos de bala disparados por desconocidos encapuchados en un barrio de Tegucigalpa. Su nombre se suma a los de sus compañeros de colegio Elvin Antonio López y Darwin Josué Martínez, de 19 y 21 años respectivamente, y al de la pequeña Soad Nicole Ham Bustillo, de solamente 13 años.
Además de la edad, los cuatro jóvenes tenían en común el haber participado activamente a las protestas estudiantiles que, desde hace varios días, protagonizan en Honduras las y los estudiantes de educación media y universitaria.
Entre otros puntos, piden que no se aplique la extensión del horario de clases ya que, según ellos, entrar más temprano en la mañana y salir más tarde en la noche representa un peligro para su integridad.
Hasta el momento, el ministro de Educación, Marlon Escoto, no ha querido dialogar: La respuesta ha sido la represión y detención de estudiantes, así como la militarización de los centros escolares.
Es en este contexto, donde prevalece el rechazo al diálogo y la militarización como “herramienta educativa”, que se da el brutal ataque contra los jóvenes estudiantes, cuyos cuerpos fueron acribillados sin piedad o encostalado y abandonado, con señales evidentes de tortura, como el de Soad Nicole.
Esa pequeña de solo 13 años salió hace unos días por un canal de televisión, reclamándole abiertamente al ministro y exigiéndole que, por lo menos, dotara a su colegio de pupitres y otro material escolar, en lugar de enviar la policía a reprimir.
Ayer, mientras sus seres queridos lloraban su muerte frente al pequeño ataúd, el ministro Escoto aprovechaba las cámaras de uno de los programas de opinión de mayor audiencia en el país, para desprestigiar la imagen de la pequeña, tachándola de poco responsable y de tener problemas de conducta.
Ataque frontal contra la protesta social
Para las organizaciones de derechos humanos, lo que está pasando no es más que la profundización del ataque violento e irracional contra el movimiento estudiantil y la protesta social en general, donde actúan varios actores e intereses, manifiestos y ocultos, en medio de una creciente militarización del país y un manejo despótico del poder.
José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza Honduras, asegura que existe una clara relación entre estos asesinatos brutales, la protesta estudiantil y la violencia generalizada contra los jóvenes.
-Cuatro jóvenes estudiantes asesinados, varios detenidos, muchos golpeados… ¿Qué está pasando en Honduras?
-Lo que ha ocurrido en las últimas horas en Honduras es parte de un escenario mucho más amplio, donde, mensualmente, se ejecutan a 83 niños, niñas y jóvenes menores de 23 años. Durante las últimas dos semanas, en medio de este contexto de terror, las y los estudiantes han salido a las calles a protestar pacíficamente. Denuncian que en las aulas no hay pupitres, ni material didáctico, y rechazan la extensión de la jornada del horario de clases impuesta por la autoridad educativa.
En lugar de buscar el diálogo, lo que hizo el gobierno fue amenazar públicamente a los estudiantes, para después reprimirlos violentamente y capturarlos. Hasta el día de ayer había algunos estudiantes desaparecidos y, lo más doloroso, cuatro jóvenes aparecieron asesinados en las calles, entre ellos una niña de solo 13 años con señales de tortura.
Si bien el gobierno intenta relacionar estos asesinatos con el crimen organizado que opera en el país, nosotros creemos que existe una relación directa tanto con la protesta estudiantil como con la coyuntura de violencia que están sufriendo los jóvenes.
Esta situación ha generado mucha indignación entre la población y varias organizaciones, tanto nacionales como internacionales, como Unicef, han salido públicamente denunciando lo que está ocurriendo.
-Una vez más los estudiantes deben lidiar con la mentalidad cerrada del ministerio…
-Y no es solo eso. Hasta escuchamos declaraciones bastante desafortunadas del ministro de Educación, tratando de desprestigiar a la pequeña Soad Nicole, que estaba tendida en su ataúd, diciendo que era una niña con problemas de conducta.
La falta de respeto hacia la dignidad de los niños, la falta de apertura para el diálogo y el uso de la fuerza han sido evidentes en este conflicto.
-¿Quién cree que está detrás del asesinato de estudiantes?
-Hay dos elementos que hay que rescatar. El primero es que todos estos jóvenes estaban involucrados en la protesta estudiantil, y el otro tiene que ver con la actitud ambigua del gobierno que, por un lado trata de denigrar a los estudiantes asesinados y por el otro afirma, insistentemente y sospechosamente, que él no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido.
Además, en lugar de comprometerse con la investigación y la búsqueda de los culpables, se ha volcado con fuerza en atacar y criminalizar a otros sectores, tanto políticos como sociales. Todo esto genera un manto de dudas y sospechas.
-El ataque contra las organizaciones de derechos humanos y las que trabajan con la niñez y la adolescencia ha sido muy fuerte, acusándolas de estar fomentando la protesta estudiantil.
-Es más que evidente que el gobierno de Honduras pretende criminalizar y desprestigiar el trabajo de defensa de los derechos humanos. Está convencido que ese trabajo está en contra de la agenda gubernamental, la cual no persigue el desarrollo pleno e integral del ser humano.
-Pese a la represión, las y los estudiantes afirman que van a continuar con sus protestas…
-Es por eso que estamos pidiendo y exigiendo un alto inmediato a la represión y al asesinato de jóvenes. No más asesinatos de niños, niñas y jóvenes en Honduras.
Además, el Estado debe escuchar a los jóvenes en cuanto sujetos de derechos, con derechos, que tienen reclamos justos. Las autoridades deben satisfacer estas demandas de manera responsable, dialogada y participativa.
También pedimos que se investigue a fondo y se esclarezca la muerte de los estudiantes y de los demás niños, niñas y jóvenes, llevando ante las autoridades a los responsables de dichos crímenes e interrumpiendo la trágica cadena de la impunidad.
-Los datos que presentan chocan con las cifras, mucho más bajas, de homicidios que brindan tanto la Secretaría de Seguridad como el Observatorio de la Violencia de la UNAH.
-A partir de 2014, el Observatorio depende de la información que le pasa el Estado, en particular la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, es evidente la discrepancia que existe entre los datos del gobierno y la percepción que las personas tienen del país. Quienes trabajamos estos temas de manera independiente, nos damos cuenta que los porcentajes de homicidios son mucho mayores.
Esto demuestra el fracaso de la política de militarización de la seguridad pública impuesta por el gobierno, que no solo no resuelve el problema de la criminalidad organizada en Honduras, si no que genera más migración, sobre todo de niños, niñas y jóvenes, y mayor criminalización de la protesta social.
Fuente: LINyM (español)
Diana Yarely Mendoza Palao, de 21 años, falleció esta mañana después de haber luchado por dos días contra la muerte. Su cuerpo recibió 21 impactos de bala disparados por desconocidos encapuchados en un barrio de Tegucigalpa. Su nombre se suma a los de sus compañeros de colegio Elvin Antonio López y Darwin Josué Martínez, de 19 y 21 años respectivamente, y al de la pequeña Soad Nicole Ham Bustillo, de solamente 13 años.
Además de la edad, los cuatro jóvenes tenían en común el haber participado activamente a las protestas estudiantiles que, desde hace varios días, protagonizan en Honduras las y los estudiantes de educación media y universitaria.
Entre otros puntos, piden que no se aplique la extensión del horario de clases ya que, según ellos, entrar más temprano en la mañana y salir más tarde en la noche representa un peligro para su integridad.
Hasta el momento, el ministro de Educación, Marlon Escoto, no ha querido dialogar: La respuesta ha sido la represión y detención de estudiantes, así como la militarización de los centros escolares.
Es en este contexto, donde prevalece el rechazo al diálogo y la militarización como “herramienta educativa”, que se da el brutal ataque contra los jóvenes estudiantes, cuyos cuerpos fueron acribillados sin piedad o encostalado y abandonado, con señales evidentes de tortura, como el de Soad Nicole.
Esa pequeña de solo 13 años salió hace unos días por un canal de televisión, reclamándole abiertamente al ministro y exigiéndole que, por lo menos, dotara a su colegio de pupitres y otro material escolar, en lugar de enviar la policía a reprimir.
Ayer, mientras sus seres queridos lloraban su muerte frente al pequeño ataúd, el ministro Escoto aprovechaba las cámaras de uno de los programas de opinión de mayor audiencia en el país, para desprestigiar la imagen de la pequeña, tachándola de poco responsable y de tener problemas de conducta.
Ataque frontal contra la protesta social
Para las organizaciones de derechos humanos, lo que está pasando no es más que la profundización del ataque violento e irracional contra el movimiento estudiantil y la protesta social en general, donde actúan varios actores e intereses, manifiestos y ocultos, en medio de una creciente militarización del país y un manejo despótico del poder.
José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza Honduras, asegura que existe una clara relación entre estos asesinatos brutales, la protesta estudiantil y la violencia generalizada contra los jóvenes.
-Cuatro jóvenes estudiantes asesinados, varios detenidos, muchos golpeados… ¿Qué está pasando en Honduras?
-Lo que ha ocurrido en las últimas horas en Honduras es parte de un escenario mucho más amplio, donde, mensualmente, se ejecutan a 83 niños, niñas y jóvenes menores de 23 años. Durante las últimas dos semanas, en medio de este contexto de terror, las y los estudiantes han salido a las calles a protestar pacíficamente. Denuncian que en las aulas no hay pupitres, ni material didáctico, y rechazan la extensión de la jornada del horario de clases impuesta por la autoridad educativa.
En lugar de buscar el diálogo, lo que hizo el gobierno fue amenazar públicamente a los estudiantes, para después reprimirlos violentamente y capturarlos. Hasta el día de ayer había algunos estudiantes desaparecidos y, lo más doloroso, cuatro jóvenes aparecieron asesinados en las calles, entre ellos una niña de solo 13 años con señales de tortura.
Si bien el gobierno intenta relacionar estos asesinatos con el crimen organizado que opera en el país, nosotros creemos que existe una relación directa tanto con la protesta estudiantil como con la coyuntura de violencia que están sufriendo los jóvenes.
Esta situación ha generado mucha indignación entre la población y varias organizaciones, tanto nacionales como internacionales, como Unicef, han salido públicamente denunciando lo que está ocurriendo.
-Una vez más los estudiantes deben lidiar con la mentalidad cerrada del ministerio…
-Y no es solo eso. Hasta escuchamos declaraciones bastante desafortunadas del ministro de Educación, tratando de desprestigiar a la pequeña Soad Nicole, que estaba tendida en su ataúd, diciendo que era una niña con problemas de conducta.
La falta de respeto hacia la dignidad de los niños, la falta de apertura para el diálogo y el uso de la fuerza han sido evidentes en este conflicto.
-¿Quién cree que está detrás del asesinato de estudiantes?
-Hay dos elementos que hay que rescatar. El primero es que todos estos jóvenes estaban involucrados en la protesta estudiantil, y el otro tiene que ver con la actitud ambigua del gobierno que, por un lado trata de denigrar a los estudiantes asesinados y por el otro afirma, insistentemente y sospechosamente, que él no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido.
Además, en lugar de comprometerse con la investigación y la búsqueda de los culpables, se ha volcado con fuerza en atacar y criminalizar a otros sectores, tanto políticos como sociales. Todo esto genera un manto de dudas y sospechas.
-El ataque contra las organizaciones de derechos humanos y las que trabajan con la niñez y la adolescencia ha sido muy fuerte, acusándolas de estar fomentando la protesta estudiantil.
-Es más que evidente que el gobierno de Honduras pretende criminalizar y desprestigiar el trabajo de defensa de los derechos humanos. Está convencido que ese trabajo está en contra de la agenda gubernamental, la cual no persigue el desarrollo pleno e integral del ser humano.
-Pese a la represión, las y los estudiantes afirman que van a continuar con sus protestas…
-Es por eso que estamos pidiendo y exigiendo un alto inmediato a la represión y al asesinato de jóvenes. No más asesinatos de niños, niñas y jóvenes en Honduras.
Además, el Estado debe escuchar a los jóvenes en cuanto sujetos de derechos, con derechos, que tienen reclamos justos. Las autoridades deben satisfacer estas demandas de manera responsable, dialogada y participativa.
También pedimos que se investigue a fondo y se esclarezca la muerte de los estudiantes y de los demás niños, niñas y jóvenes, llevando ante las autoridades a los responsables de dichos crímenes e interrumpiendo la trágica cadena de la impunidad.
-Los datos que presentan chocan con las cifras, mucho más bajas, de homicidios que brindan tanto la Secretaría de Seguridad como el Observatorio de la Violencia de la UNAH.
-A partir de 2014, el Observatorio depende de la información que le pasa el Estado, en particular la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, es evidente la discrepancia que existe entre los datos del gobierno y la percepción que las personas tienen del país. Quienes trabajamos estos temas de manera independiente, nos damos cuenta que los porcentajes de homicidios son mucho mayores.
Esto demuestra el fracaso de la política de militarización de la seguridad pública impuesta por el gobierno, que no solo no resuelve el problema de la criminalidad organizada en Honduras, si no que genera más migración, sobre todo de niños, niñas y jóvenes, y mayor criminalización de la protesta social.
Fuente: LINyM (español)
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