50 candidatos del PP contratan a la “mafia púnica” para borrar su corrupción en internet y mejorar su reputación
Varios periodistas que han investigado a la denominada “mafia púnica” han desvelado que entre sus acciones figura la de “borrar” las noticias de corrupción del PP en internet y uno de ellos, Segundo Sanz, ha visto como “más de medio centenar” de dirigentes “populares” han contratado los servicios de esta organización delictiva. Carlos Segovia desvela que además del actual alcalde de Majadahonda, Narciso Foxá (PP) [los 2 anteriores, Ricardo Romero de Tejada y Guillermo Ortega alias “Willy”, también están acusados de corrupción], otros dirigentes del PP requirieron los servicios de este grupo delictivo para “eliminar o reposicionar hacia atrás en buscadores de internet toda noticia negativa para personalidades”. Un ejemplo sería retrasar en las búsquedas de Google Noticiasque afecten negativamente al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Según el auto del juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Eloy Velasco, se ha usado una empresa pública para generar dinero negro con el que pagar “trabajos de reputación de altos cargos de la Comunidad de Madrid”. No son los únicos.
Alejandro de Pedro Llorca era el empresario que utilizaba internet en favor de dirigentes del PP de las Comunidades valenciana y madrileña. Según el periodista Segundo Sanz, como director general de Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO), “asesoró a más de medio centenar de candidatos en las elecciones municipales de 2011”. Foxá le pagó con dinero público de Majadahonda 27.915 euros y la mayoría eran un engaño: “posicionamiento (SEO) del portal corporativo”, “trabajos de asesoría en comunicación online”, “trabajos sobre el plan de acción para la estrategia de comunicación online del Ayuntamiento”, “Ganando las elecciones 2.0”, “Bienvenida en Twitter”. También fueron cómplices los ayuntamientos de Gandía, Denia, Villajoyosa o San Vicente del Raspeig (todos del PP), a los que prestó “asesoramiento de gestión de redes sociales y reputación e identidad digital”. A una media de 28.000 euros por político, el medio centenar de “clientes” del PP habría facturado 1,4 millones de euros en fondos públicos.
La página web del expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, es una de ellas. Pero hay más: “De Pedro Llorca gestiona además una red de diarios digitales, que eran ofertados como lugares de propaganda para políticos del PP. Dos de sus web más destacadas son Ahora Valenciay Ahora Economía. Precisamente, el grupo deCompromís en el Ayuntamiento de Valencia (PP) ha denunciado que el Consistorio de Rita Barberáfacturó a EICO un importe de 1.875 euros en concepto de publicidad institucional para el periódico digital “Ahora Valencia”, denuncia Segundo Sanz. Y añade: “De Pedro Llorca ha trabajado en empresas como Tissat, Web to Web y Libertas Consultores S.A., todas ellas relacionadas con la consultoría de servicios y soluciones informáticas. En la última fue responsable la delegación en Valencia y de las cuentas de la Administración Pública en Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Teruel y Región de Murcia. Posteriormente, y previo paso por otras empresas, en el año 2010 fundó EICO, firma que centra ahora las pesquisas de la Benemérita”.
El destacado miembro de la trama, jefe del área informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, es el nexo que une al anterior gobierno de la Comunidad de Madrid deEsperanza Aguirre con el nuevo equipo deIgnacio González, según los periodistas J. Ruiz y Oscar López-Fonseca. Y los tentáculos se extienden hasta el PP de Castilla-León, pues el juez Eloy Velasco ha enviado a prisión al presidente de la Diputación de León, Martín Marcos Martínez, y al empresario que le apoyaba, Alejandro de Pedro.
Otra aportación la realiza el periodista José L. Lobo cuando describe como “el comisario Pedro Díaz-Pintado, subdirector general operativo de la Policía el día de los atentados del 11-M, colaboró con la trama corrupta presuntamente urdida porFrancisco Granados, ex número dos del PP madrileño y mano derecha de Esperanza Aguirre. Tras su cese como subdirector general de la Policía, Díaz-Pintado fue fichado como jefe de Seguridad del Grupo Dico, una de las constructoras que presuntamente pagó mordidas a cambio de adjudicaciones de obras, propiedad de dos empresarios muy cercanos a Granados: Julián Jiménez de los Canales, alias “el Tachuela”, y Francisco Colado. Todos ellos mantenían estrechos vínculos con otro de los presuntos cerebros de la red corrupta, el empresario David Marjaliza, alias “Mortimer”, también detenido en la macrorredada policial del pasado lunes. David Merino, ex director general del Grupo Dico, ha confesado que, en 2007, él mismo acompañó a Díaz-Pintado y a otro directivo de la constructora, Jesús Reyes, a retirar 2,5 millones de euros en efectivo en la sede de laConfederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) para el pago de comisiones como contraprestación por un proyecto para levantar 120 chalets en la localidad madrileña de Valdemoro, de la que Granados fue alcalde entre 1999 y 2003. Esa mordida, según Merino, se la repartieron, entre otros, el sucesor de Granados en el Ayuntamiento de Valdemoro, José Miguel Moreno, y los “responsables técnicos municipales con facultad de visar el proyecto”.
El periodista Manuel Marraco también informa que el juez también dictó prisión incondicional para el alcalde de Valdemoro, el popular José Carlos Boza y para la empleada y «mano derecha» de Marjaliza María Ramírez-que habría participado en entregas de comisiones-. También para el jefe de centro operacional de Cofely -la empresa que obtuvo la mayor parte adjudicaciones sospechosas- Pedro García Pérez. Él era, dice el auto, el principal interlocutor y articulador de la red de tráfico de influencias y de pago de cohechos de la que se sirve la empresa para lograr adjudicaciones.
Por último, el ex alcalde de Cartagena, elsocialista José Antonio Alonso Conesa, quedó libre sin medidas cautelares. Eso sí, sigue con cargos, y graves según el juez, que lo describe como «cabeza de un entramado de tráfico de influencias, habiéndose acreditado que se ha concertado con diversas autoridades de Murcia,León y Madrid para la adjudicación de contratos».
Es la misma situación que el alcalde socialista de Parla,José María Fraile. El Partido Socialista de Madrid (PSM) anunció la expulsión del partido así como su renuncia inmediata de su cargo. El PSM, que asegura ser firme defensor del principio de “tolerancia cero”, ha comunicado la renuncia al acta como concejal y el cese como alcalde. Además, tras una reunión de la dirección con los socialistas de Parla, la secretaria de Organización del PSM, Maru Menéndez, ha anunciado que el Ayuntamiento de esta localidad se personará como acusación particular en la causa. El PSM ha acordado, tras reunirse con los socialistas de Parla, la creación de una comisión gestora para dirigir la agrupación parleña y la suspensión del contrato municipal con la empresaCofely, según ha anunciado en rueda de prensa Maru Menéndez. El concejal de Hacienda,Fernando Jiménez, es el alcalde en funciones desde que así lo designara un decreto.
El periodista M. R. Domingo ha informado queManuel Salguero ha asumido las funciones de alcalde de Valdemoro, tras la detención del primer edil José Carlos Boza (PP) y del primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Javier Hernández. Salguero es el «número 4» pero tendrá que ejercer de regidor porque ello el edilGermán Alarcón, aunque tenía ese derecho por ley, renunció debido a su vinculación familiar conFrancisco Granados. Alarcón, el segundo teniente de alcalde y concejal de Cultura, Desarrollo Local de Empleo y Comercio, es el hermano de la esposa de Francisco Granados, el exsecretario general del PP de Madrid, también detenido. En la información “El misterio del área 124” del diario “Público” se recogía el comentario de un dirigente nacional del PP, sin revelar su identidad: “Y mientras Paco Granados se construye una mansión del tamaño de un centro de salud, el pobre Paco Camps está pillado por una chaqueta fantasía”.
El alcalde de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez (UDMA), permanece bajo arresto domiciliario por un «problema de salud» que le obliga a medicarse desde el pasado fin de semana. Esta Unión Demócrata Madrileña se define como “laica” y “de centro”. En Torrejón de Velasco su alcalde, Gonzalo Cubas Navarro (PP), también fue detenido. Por ello, es Esteban Fernández (PP) quien, por el momento, le sustituye, ya que le corresponde legalmente por ser el primer Teniente de Alcalde. El alcalde de Casarrubuelos, David Rodríguez Sanz (PP)gobierna en coalición con la Agrupación Vecinal de Casarrubuelos (AVC). Con una moción de censura echaron al edil de Izquierda Unida y ahora es María Soledad Lavín (AVC) quien lidera el Ayuntamiento.
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