Rechazo mundial de la agresión de Estados Unidos a Venezuela (Parte I). 22 marzo, 2015
La comunidad internacional ha rechazado de modo unánime la declaración de la Casa Blanca de decretar un estado de emergencia nacional cuyo objetivo es romper el orden constitucional en Venezuela.
El 9 de marzo de 2015 Barack Obama firmó una orden ejecutiva y decretó “estado de emergencia” en Estados Unidos por “la amenaza inusitada y extraordinaria” que representaría Venezuela para la seguridad nacional del país.Esta decisión, hostil hacia otra nación soberana, es sumamente grave y se acompañó de nuevas sanciones contra varios funcionarios del gobierno de la república latinoamericana.[1]
Para justificar semejante medida, la Casa Blanca evoca “la intimidación de los opositores políticos” en Venezuela, exige “el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales” y pide “la liberación de todos los presos políticos, incluso de decenas de estudiantes, del líder de la oposición Leopoldo López, así como de los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma”… pero no evoca ninguna amenaza concreta a Estados Unidos.[2]
En efecto, Washington no alude a ninguna amenaza precisa contra su seguridad ni a eventuales armas estratégicos de un país –que no tiene ninguna– que se encuentra a miles de kilómetros de sus costas y que jamás en su historia estuvo en guerra contra Estados Unidos ni agredió a otra nación. El Gobierno estadounidense tampoco menciona potenciales amenazas. Al contrario, el presidente venezolano Nicolás Maduro, democráticamente elegido en 2013 en un escrutinio reconocido por su transparencia por todos los organismos internacionales, desde la Organización de Estados Americanos hasta la Unión Europea, siempre ha declarado su voluntad de establecer relaciones pacíficas y de igual a igual con el vecino del norte. Para justificar su decisión Obama sólo hizo referencia a hechos que conciernen a la situación interna de Venezuela y que son de la competencia única y exclusiva del pueblo bolivariano, dando prueba de un acto de injerencia –es decir contrario al derecho internacional– en los asuntos internos de una nación soberana[3].
Esta nueva medida marca un recrudecimiento de la hostilidad de Estados Unidos hacia la democracia venezolana. En efecto, desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 y el advenimiento de la Revolución Bolivariana, Washington no ha dejado de desestabilizar a Venezuela. El 11 de abril de 2002 la administración Bush orquestó un golpe de Estado contra el presidente Chávez y rompió el orden constitucional. La intervención masiva del pueblo logró poner término a la dictadura militar más corta de la historia de América Latina (48 horas). En diciembre de 2002 Washington apoyó el sabotaje petrolero que costó más de 10.000 millones de dólares a la economía venezolana. Desde entonces Estados Unidos no ha dejado de apoyar a la oposición antidemocrática y golpista que no ha vacilado en usar la violencia, como lo demostró la ola mortífera que golpeó el país en febrero de 2014, para conseguir por la fuerza lo que ha sido incapaz de obtener por las urnas. En efecto, desde 1998, la derecha venezolana perdió 19 de los 20 procesos electorales –reconocidos como transparentes por todas las instancias internacionales– que se llevaron a cabo bajo la Revolución Bolivariana.
Caracas denunció inmediatamente un intento de golpe de Estado en su contra. El anuncio de Washington ocurrió unas semanas después de que Venezuela revelara la existencia de una conspiración que planificó la oposición para derrocar el orden constitucional, lo que llevó a la cárcel al alcalde de Caracas Antonio Ledezma y a varios miembros de las fuerzas armadas entre otros.[4] Nicolás Maduro declaró que Barack Obama había “decidido pasar personalmente a cumplir la tarea de derrocar a [su] Gobierno, intervenir Venezuela, a controlarla desde el poder estadounidense”.[5] Se trata de “la más grande amenaza que se ha cernido contra la nación”, agregó, recordando que “nadie puede creer que Venezuela sea una amenaza contra EE.UU.”.[6] El objetivo es evidente, según Maduro: con las primeras reservas en hidrocarburos del mundo, Venezuela es una prioridad estratégica para Estados Unidos, que quiere controlar esos recursos.
La medida que tomó Estados Unidos contra Venezuela suscitó el rechazo unánime de la comunidad internacional, incluso de sus más fieles aliados. La Unión Europea declaró que estaba fuera cuestión alinearse a la política de Washington y que “no est[aba] considerando” imponer “medidas restrictivas” contra Caracas. “La UE no tiene nada que decidir” sobre Venezuela, enfatizó José Manuel García Margallo, canciller español.[7]
*Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de la Universidad de La Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Cuba, the Media, and the Challenge of Impartiality, New York, Monthly Review Press, 2014, con un prólogo de Eduardo Galeano.http://monthlyreview.org/books/pb4710/ Contacto:lamranisalim@yahoo.fr ; Salim.Lamrani@univ-reunion.fr Página Facebook:https://www.facebook.com/SalimLamraniOfficiel
[1] Antonio María Delgado, «Obama aplica sanciones y declara emergencia nacional por amenaza de Venezuela», El Nuevo Herald, 10 de marzo de 2015.
[2] The White House, “Statement by the Press Secretary on Venezuela”, 9 de marzo de 2015. https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/03/09/statement-press-secretary-venezuela (sitio consultado el 13 de marzo de 2015).
[3] Ultimas Noticias, «Maduro: Le tiendo la mano al gobierno de EEUU”, 13 de marzo de 2015.
[4] Ignacio Ramonet, “La tentative du coup d’Etat contre le Venezuela”, Medelu, 10 de marzo de 2015.
[5] Fabiola Sánchez, “Maduro: EEUU asumió la tarea de derrocar a mi gobierno”, The Associated Press, 10 de marzo de 2015
[6] Agencia Venezolana de Noticias, “Presidente llama a la unidad para vencer la amenaza más grave en la historia de Venezuela”, 11 de marzo de 2015.
[7] Agence France Presse, «La Unión Europea ‘no está considerando’ sanciones contra Venezuela», 10 de marzo de 2015.
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