Una justicia Nacional
Llarena lo ha
conseguido. La justicia española no gozaba de gran prestigio en el continente.
Su última decisión la deja
literalmente por los suelos. Es ya patente a ojos de todo el
mundo que se trata de un proceso político disfrazado de judicial. Para los
magistrados del Supremo, como para su presidente, Lesmes, como para muchos
jueces españoles, aquí está en juego "el orden constitucional
español", entendido a su manera, claro está. Un bien de naturaleza
claramente política ante cuya urgencia y primacía debe hacerse la vista gorda
frente a las minucias jurídicas de si las euroórdenes están motivadas, si los
delitos invocados están debidamente justificados, si se tienen pruebas, si se
cumplen los requisitos, etc. El juez Llarena, además de retirar las
euroórdenes, lee la cartilla a los jueces belgas y alemanes y se queja
amargamente de que falten a los deberes de colaboración judicial y mutua
confianza. Como si la justicia española inspirara alguna confianza y menos que
lo hará admitiendo abiertamente que no se guía por criterios jurídicos sino
políticos, de razón de Estado.
El desbarajuste
organizado por el juez es monumental. Jurídica y procesalmente, la situación
creada será muy lógica. Desde el punto de vista del sentido común es un
perfecto disparate, casi como de Groucho Marx. Resulta que en las cárceles de
Catalunya hay nueve presas y presos políticos, algunos de los cuales acusados
de un delito de rebelión que, al parecer, cometieron bajo la dirección de otro
al que, sin embargo, no se le puede acusar de lo mismo. Eso sin contar con que
hay otros presos acusados de un delito de malversación
del que el propio Llarena confiesa no tener pruebas.
Es
esperpéntico.
Parece ya irrefutable
que es una farsa para perseguir el independentismo. A los intelectuales (a unos
pocos), habitualmente críticos les ha costado ocho meses de denso silencio
enterarse. Muchos otros siguen hablando de "políticos presos" y
justificando su encarcelamiento. Pero por fin comienzan a oírse tímidas voces
pidiendo su liberación. Incluso se ha firmado un manifiesto abogando por ella,
aunque aceptando como legal y justo su procesamiento, lo cual es una vergüenza.
El amigo Wyoming salía ayer en su programa en TV con una corbata amarilla en
solidaridad. A lo mejor así se consigue ir por la calle en Barcelona o Madrid
con un lazo amarillo sin que te parta la cara algún policía nacional o guardia
civil.
En tuiter se decía
que, en el futuro, el "yo pedí desde el principio la libertad de los
presos políticos" será el equivalente al "yo corrí delante de
los grises cuando Franco". Más o menos. Ahora todos creen que la
judicialización de la cuestión independentista fue un error. Évole aconseja paternalista
a Llarena que "lo deje". Sánchez también parecía pensar así
hace meses y, según ha llegado, ha proseguido la vía judicial y ya ha hecho su
parte de ridículo tratando de intervenir en el proceso judicial belga por medio
de sus ministros.
Cómo estará la
cosa que en España se ha puesto en marcha una campaña en
favor del referéndum (todo se pega) entre Monarquía y República que
Palinuro ya ha firmado. Pero manteniendo las distancias. Es genial que los españoles
espabilen; pero la República Catalana no depende de la española.
La pólvora mojada
de Llarena es la de toda la causa "judicial". Ahora ya no hay excusa
alguna para no entender que la liberación de los presos políticos es un
requisito de cualquier negociación. Mientras los presos y presas no estén
en libertad, el independentismo no puede prestar colaboración parlamentaria al
gobierno de Sánchez, cuyo fiscal se niega en redondo a dejar en libertad a
estas personas inocentes. Cuanto antes se vuelva al terreno político, mejor
para todos. ¿Que cómo se hace? Igual que se inició en un primer momento: una
decisión política activó un proceso judicial literalmente plagado de
anomalías, abuso de poder, atropellos a los derechos de los acusados, etc. Una
decisión política tiene que poner fin a este dislate teniendo en cuenta que el
ordenamiento jurídico y el Estado de derecho no padecerán más de lo que lo
vienen haciendo.
No hay otra salida
si Sánchez quiere que alguien se tome en serio su oferta de un nuevo estatuto.
Y en el entendimiento de que el tiempo apremia. No se puede contar en años. Ha
de ser en semanas; todo lo más, meses. El nuevo estatuto que tendría que
estar redactado en un plazo brevísimo, habrá de incluir el derecho de
autodeterminación de los catalanes y ser propuesto a refrendo de estos en un
referéndum en el que la otra opción sea la independencia. Referéndum
vinculante.
En este momento y
los que se avecinan es esencial que el independentismo siga siendo una piña.
Publicado por Ramón Cotarelo en 12:40
a. m. 
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