domingo, 22 de julio de 2018

La justicia nacional fascista persisiste en el Estado español


Una justicia Nacional

 

Llarena lo ha conseguido. La justicia española no gozaba de gran prestigio en el continente. Su última decisión la deja literalmente por los suelos. Es ya patente a ojos de todo el mundo que se trata de un proceso político disfrazado de judicial. Para los magistrados del Supremo, como para su presidente, Lesmes, como para muchos jueces españoles, aquí está en juego "el orden constitucional español", entendido a su manera, claro está. Un bien de naturaleza claramente política ante cuya urgencia y primacía debe hacerse la vista gorda frente a las minucias jurídicas de si las euroórdenes están motivadas, si los delitos invocados están debidamente justificados, si se tienen pruebas, si se cumplen los requisitos, etc. El juez Llarena, además de retirar las euroórdenes, lee la cartilla a los jueces belgas y alemanes y se queja amargamente de que falten a los deberes de colaboración judicial y mutua confianza. Como si la justicia española inspirara alguna confianza y menos que lo hará admitiendo abiertamente que no se guía por criterios jurídicos sino políticos, de razón de Estado.

El desbarajuste organizado por el juez es monumental. Jurídica y procesalmente, la situación creada será muy lógica. Desde el punto de vista del sentido común es un perfecto disparate, casi como de Groucho Marx. Resulta que en las cárceles de Catalunya hay nueve presas y presos políticos, algunos de los cuales acusados de un delito de rebelión que, al parecer, cometieron bajo la dirección de otro al que, sin embargo, no se le puede acusar de lo mismo. Eso sin contar con que hay otros presos acusados de un delito de malversación del que el propio Llarena confiesa no tener pruebas.

Es esperpéntico. 

Parece ya irrefutable que es una farsa para perseguir el independentismo. A los intelectuales (a unos pocos), habitualmente críticos les ha costado ocho meses de denso silencio enterarse. Muchos otros siguen hablando de "políticos presos" y justificando su encarcelamiento. Pero por fin comienzan a oírse tímidas voces pidiendo su liberación. Incluso se ha firmado un manifiesto abogando por ella, aunque aceptando como legal y justo su procesamiento, lo cual es una vergüenza. El amigo Wyoming salía ayer en su programa en TV con una corbata amarilla en solidaridad. A lo mejor así se consigue ir por la calle en Barcelona o Madrid con un lazo amarillo sin que te parta la cara algún policía nacional o guardia civil. 

En tuiter se decía que, en el futuro, el "yo pedí desde el principio la libertad de los presos políticos"  será el equivalente al "yo corrí delante de los grises cuando Franco". Más o menos. Ahora todos creen que la judicialización de la cuestión independentista fue un error. Évole aconseja paternalista a Llarena que "lo deje".  Sánchez también parecía pensar así hace meses y, según ha llegado, ha proseguido la vía judicial y ya ha hecho su parte de ridículo tratando de intervenir en el proceso judicial belga por medio de sus ministros.

Cómo estará la cosa que en España se ha puesto en marcha una campaña en favor del referéndum (todo se pega) entre Monarquía y República que Palinuro ya ha firmado. Pero manteniendo las distancias. Es genial que los españoles espabilen; pero la República Catalana no depende de la española.

La pólvora mojada de Llarena es la de toda la causa "judicial". Ahora ya no hay excusa alguna para no entender que la liberación de los presos políticos es un requisito de cualquier negociación. Mientras los presos y presas no estén en libertad, el independentismo no puede prestar colaboración parlamentaria al gobierno de Sánchez, cuyo fiscal se niega en redondo a dejar en libertad a estas personas inocentes. Cuanto antes se vuelva al terreno político, mejor para todos. ¿Que cómo se hace? Igual que se inició en un primer momento: una decisión política  activó un proceso judicial literalmente plagado de anomalías, abuso de poder, atropellos a los derechos de los acusados, etc. Una decisión política tiene que poner fin a este dislate teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico y el Estado de derecho no padecerán más de lo que lo vienen haciendo.

No hay otra salida si Sánchez quiere que alguien se tome en serio su oferta de un nuevo estatuto. Y en el entendimiento de que el tiempo apremia. No se puede contar en años. Ha de ser en semanas; todo lo más, meses.  El nuevo estatuto que tendría que estar redactado en un plazo brevísimo, habrá de incluir el derecho de autodeterminación de los catalanes y ser propuesto a refrendo de estos en un referéndum en el que la otra opción sea la independencia. Referéndum vinculante. 

En este momento y los que se avecinan es esencial que el independentismo siga siendo una piña.
Publicado por Ramón Cotarelo en   

No hay comentarios:

Publicar un comentario