El Ayuntamiento de Alzira expropiará viviendas a los bancos para ponerlas a disposición por un alquiler simbólico de 50 euros a familias deshauciadas. Eso es lo que tendrían que hacer todas las administraciones públicas desde la Estatal hasta la municipal pasando por las autonómicas, y no darles cientos de millones de euros a los banqueros que ya nos han robado muchos millones.

El proyecto para requisar y rehabilitar casas en mal estado cuyos titulares desatienden arrancará con 48 inmuebles de l'Alquerieta

Alzira expropiará casas a los bancos para alquilarlas por 50 € a familias desahuciadas

Levante-EMV

El Ayuntamiento de Alzira expropiará viviendas a los bancos para, cual Robin Hood, ponerlas a disposición de familias desahuciadas por un alquiler simbólico después del oportuno proceso de rehabilitación, que también servirá para dar trabajo a personas necesitadas.

El proyecto que ayer presentó la alcaldesa, Elena Bastidas, comenzará con 48 casas del barrio de l'Alquerieta que los técnicos consideran inhabitables o en ruina y arrancará precisamente con los 400.000 euros de recargo cobrados a la filial inmobiliaria de Bankia por la demora en pagar las cuotas de Vilella. Estas primeras viviendas tendrán como beneficiarios a menores de 35 años "y con arraigo" en la ciudad, ya que se pretende aprovechar esta iniciativa para revitalizar esta barriada en la que se han tapiado decenas de casas para evitar ocupaciones ilegales.

La presentación del proyecto "Alzira Social" fue toda una declaración de guerra a las entidades financieras por parte de Bastidas, que pretende pagar con la misma moneda a aquellos que han actuado "sin piedad, dejando sin casa a muchas familias que temporalmente no podían hacer frente a sus pagos", por lo que defendió que no sería justo "que se tengan la más mínima consideración" con los bancos cuando incumplen sus obligaciones de conservar en las debidas condiciones los inmuebles de su propiedad.

El proyecto se cimenta en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar, una herramienta prevista en la ley para garantizar el cumplimiento del deber de edificación y conservación que tiene el propietario de un inmueble, que el ayuntamiento activó el año pasado y en el que en noviembre ya incluyó una primera vivienda en ruinas.

La inscripción de una vivienda en este registro priva al propietario del derecho a intervenir sobre ella y abre la puerta a que cualquier interesado presente un Programa de Actuación Asilada (PAA) con un proyecto y una oferta económica para adquirir el inmueble. Si no se produce ninguna oferta en dos años el ayuntamiento tiene la obligación de expropiar aunque, en este caso, será la propia Administración la que presente sin agotar el plazo la propuesta para asumir la rehabilitación de los inmuebles a través de un plan de empleo para ofrecerlos en alquiler a familias desahuciadas o que tengan problemas para acceder a una vivienda por un alquiler medio de 50 euros.