El juez Castro investigará la venta de las fincas que Hacienda atribuye a la infanta
por Kaos. Corrupción en el reino del Borbón
Martes, 18 de Junio de 2013
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, investigará la venta
de las trece fincas que, según la Agencia Tributaria, realizó la Infanta
Cristina por un valor total de 1.435.603 euros entre los años 2005 y
2006.
Agencias
El reciente informe de Hacienda señala que de la información aportada por notarios y registradores no se deduce la existencia de transmisiones el periodo 2002 a 2004 y tampoco desde 2007 a 2012. Las ventas se concentran entre 2005 y 2006, poco después de que adquiriera junto con su marido, Iñaki Urdangarin, el denominado Palacio de Pedralbes en Barcelona, en octubre de 2004.
Así, en febrero de 2005 constan dos ventas en la zona de la Playa de San Juan de Alicante. Una por valor de 162.283 euros y otra por 6.000 euros. A finales de ese año, en el mes de noviembre, se registraron hasta cinco ventas de diferentes fincas ubicadas en Valenzuela de Calatrava (Ciudad Real). Concretamente vendió propiedades por 910 euros (finca denominada Lavaderos), 5.725 euros (Los Pocillos), 2.636 euros (Lomillas), 46.500 euros (finca en la Calle Los Carros) y 843 euros (Cerro de la Cruz).
El año siguiente, en 2006, el informe refleja que Doña Cristina vendió en marzo de 2006 una propiedad en Calella (Barcelona) por 450.000 euros y otras cinco en Pilar de la Horadada (Alicante) ese mismo mes, unos días más tarde.
Estas últimas son las que más ingresos le reportaron. Vendió concretamente por valor de 296.966 euros la finca denominada La Almazara y por 253.340 otra que aparece registrada con el nombre Los Villenas.
Las tres restantes fueron más baratas, aparecen reseñadas con un precio de transmisión de 10.570 euros la finca Los Veras o Almazarica; por 50.830 euros otra también en la zona La Almazara y una Ültima por 149.000 euros una última reseñada igualmente en Los Villenas.
Cabe señalar que, también este lunes, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha señalado que la Fiscalía Anticorrupción va a examinar el informe de la Agencia Tributaria según el cual la Infanta vendió los anteriores terrenos. Según ha apuntado, esperará a que la Fiscalía Anticorrupción examine dicho informe antes de pronunciarse sobre el mismo.
Más información:
El juez instructor del caso Nóos, José Castro,
investigará la venta de las trece fincas que, según la Agencia
Tributaria, realizó la Infanta Cristina por un valor total de 1.435.603
euros entre los años 2005 y 2006, poco después de sustanciarse la compra
por 5,8 millones de euros de su domicilio en el barrio de Pedralbes de
Barcelona. Un extremo que la hija del Rey Don Juan Carlos ha negado a
través de un portavoz autorizado.
Y es que, mediante una providencia de cuatro páginas dictada este
lunes, el magistrado ha reclamado a los registradores de la propiedad de
Alicante, Almagro (Ciudad Real), Arenys de Mar (Barcelona) y Pilar de
la Horadada (Alicante) las hojas registrales correspondientes a cada uno
de los inmuebles, lo que le permitirá averiguar el historial jurídico
de las distintas fincas y los cambios que se han producido en su
propiedad desde su creación.El reciente informe de Hacienda señala que de la información aportada por notarios y registradores no se deduce la existencia de transmisiones el periodo 2002 a 2004 y tampoco desde 2007 a 2012. Las ventas se concentran entre 2005 y 2006, poco después de que adquiriera junto con su marido, Iñaki Urdangarin, el denominado Palacio de Pedralbes en Barcelona, en octubre de 2004.
Así, en febrero de 2005 constan dos ventas en la zona de la Playa de San Juan de Alicante. Una por valor de 162.283 euros y otra por 6.000 euros. A finales de ese año, en el mes de noviembre, se registraron hasta cinco ventas de diferentes fincas ubicadas en Valenzuela de Calatrava (Ciudad Real). Concretamente vendió propiedades por 910 euros (finca denominada Lavaderos), 5.725 euros (Los Pocillos), 2.636 euros (Lomillas), 46.500 euros (finca en la Calle Los Carros) y 843 euros (Cerro de la Cruz).
El año siguiente, en 2006, el informe refleja que Doña Cristina vendió en marzo de 2006 una propiedad en Calella (Barcelona) por 450.000 euros y otras cinco en Pilar de la Horadada (Alicante) ese mismo mes, unos días más tarde.
Estas últimas son las que más ingresos le reportaron. Vendió concretamente por valor de 296.966 euros la finca denominada La Almazara y por 253.340 otra que aparece registrada con el nombre Los Villenas.
Las tres restantes fueron más baratas, aparecen reseñadas con un precio de transmisión de 10.570 euros la finca Los Veras o Almazarica; por 50.830 euros otra también en la zona La Almazara y una Ültima por 149.000 euros una última reseñada igualmente en Los Villenas.
Cabe señalar que, también este lunes, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha señalado que la Fiscalía Anticorrupción va a examinar el informe de la Agencia Tributaria según el cual la Infanta vendió los anteriores terrenos. Según ha apuntado, esperará a que la Fiscalía Anticorrupción examine dicho informe antes de pronunciarse sobre el mismo.
Más información:
La venta de terrenos atribuida a la Infanta puede sacar a la luz una trama de blanqueo de capitales
Hacienda no ha sido diligente en su investigación sobre los datos de
la Infanta Cristina. Lo admite la propia Agencia Tributaria después de
haber remitido al juez 13 operaciones inmobiliarias con las que el fisco
vinculaba a la hija del Rey y en las que Zarzuela niega su
participación. Los peritos consultados afirman que lo sucedido presenta
los rasgos habituales de una trama de blanqueo.
Javier Ruiz
Hacienda no ha sido diligente en su investigación sobre los datos de
la Infanta Cristina. Lo admite la propia Agencia Tributaria después de
haber atribuido a la hija del Rey 13 operaciones inmobiliarias que el
fisco no revisó y de las que la ha desvinculado después de que Zarzuela
negara su participación. El ministerio habla de un “error” al dar por
buenos los datos de registradores y notarios sin ninguna comprobación.
Pero los peritos consultados consideran que Hacienda sólo ha transmitido
datos registrales y notariales que sugieren indicios de una trama de
blanqueo en la que podría haberse utilizado el DNI de la Infanta, el 14,
un número especial al que Hacienda no somete a las inspecciones
ordinarias.
El “error de Hacienda es un imposible” –afirman esas fuentes—“porque la Agencia Tributaria no se habría equivocado una vez sino 13”. Según los expertos a los que deberá consultar la Fiscalía Anticorrupción y que piden no ser identificados, hay “indicios de una trama de blanqueo”: 13 operaciones sugieren el uso de operaciones inmobiliarias “poco visibles” para blanquear capitales, quizás mediante el falseamiento de DNIs. Según esas fuentes, hay “indicios de actuación fraudulenta” en las escrituras notariales y registrales, sin que los verdaderos dueños de las propiedades sean conscientes.
Todos los protocolos (resúmenes de actuaciones) de los notarios son incorporados a las bases de datos del conocido como IUN (Índice Unificado Notarial). En esos protocolos se recogen el nombre del notario o registrador, la fecha de la operación, las partes que intervienen y su valor económico y a ellos tienen acceso en formato Excel los inspectores que lo solicitan. Sólo algunos DNIs quedan a salvo de lo que los expertos consultados describen como “trámites ordinarios”. El uso de operaciones en Alicante, Almagro, Arenys de Mar y Pilar de la Horadada bajo un mismo DNI especial como el de la Infanta deja “indicios de actuaciones fraudulentas”, afirman esos peritos.
La Fiscalía Anticorrupción ha asegurado ya que investigará los hechos recogidos en ese informe y todavía no ha contactado con esos peritos tributarios aunque el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, sí avanzó ayer que prevé “analizar ese informe y estar a las consecuencias". Para ello, la fiscalía deberá revisar los protocolos registrales y notariales contenidos en ese Índice Unificado Notarial.
El error es “imposible”
La explicación del “error” argumentada por Hacienda es de corte político. La Agencia Tributaria no verificó la veracidad de los datos y ha mostrado, por cuarta vez en este proceso, su falta de diligencia. Los grupos de la oposición como PSOE e IU han pedido ya la comparecencia del ministro Cristóbal Montoro para que dé explicaciones parlamentarias.
Pero desde el punto de vista técnico, para que las 13 inscripciones fueran un error sería necesario que se hayan equivocado en 13 ocasiones cuatro notarios y registradores distintos” concluyen. El ministerio debe ahora revisar esas operaciones y determinar si da traslado de las evidencias que encuentre a la Justicia. Sin embargo, el ministro Montoro sugirió ayer que “es probable que haya alguna explicación de la Agencia Tributaria, en la medida en que se hubiera producido algún tipo de error" y recalcó que no tenía información suficiente como para hacer una valoración de lo ocurrido.
El “error de Hacienda es un imposible” –afirman esas fuentes—“porque la Agencia Tributaria no se habría equivocado una vez sino 13”. Según los expertos a los que deberá consultar la Fiscalía Anticorrupción y que piden no ser identificados, hay “indicios de una trama de blanqueo”: 13 operaciones sugieren el uso de operaciones inmobiliarias “poco visibles” para blanquear capitales, quizás mediante el falseamiento de DNIs. Según esas fuentes, hay “indicios de actuación fraudulenta” en las escrituras notariales y registrales, sin que los verdaderos dueños de las propiedades sean conscientes.
Todos los protocolos (resúmenes de actuaciones) de los notarios son incorporados a las bases de datos del conocido como IUN (Índice Unificado Notarial). En esos protocolos se recogen el nombre del notario o registrador, la fecha de la operación, las partes que intervienen y su valor económico y a ellos tienen acceso en formato Excel los inspectores que lo solicitan. Sólo algunos DNIs quedan a salvo de lo que los expertos consultados describen como “trámites ordinarios”. El uso de operaciones en Alicante, Almagro, Arenys de Mar y Pilar de la Horadada bajo un mismo DNI especial como el de la Infanta deja “indicios de actuaciones fraudulentas”, afirman esos peritos.
La Fiscalía Anticorrupción ha asegurado ya que investigará los hechos recogidos en ese informe y todavía no ha contactado con esos peritos tributarios aunque el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, sí avanzó ayer que prevé “analizar ese informe y estar a las consecuencias". Para ello, la fiscalía deberá revisar los protocolos registrales y notariales contenidos en ese Índice Unificado Notarial.
El error es “imposible”
La explicación del “error” argumentada por Hacienda es de corte político. La Agencia Tributaria no verificó la veracidad de los datos y ha mostrado, por cuarta vez en este proceso, su falta de diligencia. Los grupos de la oposición como PSOE e IU han pedido ya la comparecencia del ministro Cristóbal Montoro para que dé explicaciones parlamentarias.
Pero desde el punto de vista técnico, para que las 13 inscripciones fueran un error sería necesario que se hayan equivocado en 13 ocasiones cuatro notarios y registradores distintos” concluyen. El ministerio debe ahora revisar esas operaciones y determinar si da traslado de las evidencias que encuentre a la Justicia. Sin embargo, el ministro Montoro sugirió ayer que “es probable que haya alguna explicación de la Agencia Tributaria, en la medida en que se hubiera producido algún tipo de error" y recalcó que no tenía información suficiente como para hacer una valoración de lo ocurrido.
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