Los errores y falacias del llamado comité de expertos sobre las pensiones públicas

Los errores y falacias del llamado comité de expertos sobre las pensiones públicas. 

Vicenç Navarro

Público.es

La postura central del Informe del Comité de Expertos sobre las Pensiones (a partir de ahora ICE) es que el crecimiento de la esperanza de vida y del porcentaje de la población anciana en España hace insostenible el sistema de pensiones públicas, a no ser que se hagan una serie de cambios que, en la práctica, significarían una notable reducción de las pensiones públicas, tanto de los futuros pensionistas como de los actuales. Tras una narrativa que intenta transmitir un mensaje de objetividad y neutralidad tecnocrática, las propuestas que realiza el Comité significarían la reducción más drástica de las pensiones públicas que haya ocurrido en la mayoría de países de la Unión Europea de los Quince (UE-15). Veamos los datos.
El ICE comienza señalando que el mayor problema que tiene el sistema de pensiones públicas es el envejecimiento de la población. Enuncia, con gran alarma, que en el año 1900 (inicio del siglo pasado, el siglo XX), “la esperanza de vida de los españoles con 65 años era de unos 10 años; hoy esperan vivir veinte años más (y hacia el 2050 se prevé que vivirán 25 años más)”. El ICE señala que este crecimiento de la esperanza de vida es un problema enorme para la sostenibilidad de las pensiones.
El otro “gran problema” que cree identificar el ICE es el crecimiento del porcentaje de población anciana. El ICE señala que, mientras el porcentaje de la población anciana (es decir, por encima de los 65 años) ha “crecido en las últimas décadas hasta el 17% de toda la población, y está previsto que alcance el 37% en 2052. En esta última fecha, por tanto, se espera que uno de cada tres individuos tenga más de 65 años. En cifras absolutas, el número de pensiones que prevé la Seguridad Social pasaría -dentro de cuarenta años a partir de ahora- de los 9 millones actuales a los 15 millones en 2052”. El ICE concluye que no habrá suficientes trabajadores cotizantes para sostener a tanto pensionista y todavía menos para sostenerlos durante tantos años de vida y goce de las pensiones. De ahí la necesidad de reducir las pensiones ya ahora, en este momento, sin esperar más. Hay que hacerlo inmediatamente, tomando medidas que el ICE reconoce que serán impopulares, pero que hay que hacer aprovechando que ahora, en este momento de enorme crisis económica, la gente está receptiva para hacerlas. En un borrador anterior, el Comité de Expertos escribía explícitamente que hay que aprovechar este momento de crisis para poder hacer estos cambios, de la gran importancia de los cuales son conscientes. Esta observación desapareció de su informe final.
Los errores del determinismo demográfico
Uno de los ejemplos más claros de la inoperancia y falta de credibilidad de las tesis de la insostenibilidad del Sistema Público de Pensiones es el fracaso de sus predicciones. Juan Torres y yo tenemos todo un capítulo en nuestro reciente libro Lo que debes saber para que no te roben la pensión (Editorial Espasa. 2013) mostrando la falta de credibilidad de las proyecciones de los catastrofistas. Una por una, estas proyecciones y previsiones (incluyendo las que han hecho varios miembros del citado Comité de Expertos) han resultado falsas.
Veamos ahora la predicción de que a mitad de siglo XXI el porcentaje de la población anciana habrá pasado del 17% actual al 37% (en 2052) de toda la población. Estas cifras han sido ampliamente utilizadas y citadas (ver mi crítica al Profesor Josep Oliver sobre la utilización de estos datos en “Los recortes de las pensiones no son inevitables” (Público 13.06.13). El ICE, para llegar a estas cifras, hace toda una serie de supuestos altamente cuestionables (que no se explicitan en el informe), siendo el mayor de ellos el que asume que la población española pasará de ser 46 millones a 41 millones en los próximos cuarenta años, con lo cual el porcentaje de los ancianos sobre el total de la población aumentará espectacularmente. Para que esto ocurra se tiene que asumir que, durante ese periodo, la población de España, en lugar de crecer, como ha ocurrido durante los últimos cuarenta años, decrecerá. Esta observación profundamente pesimista se basa en toda una serie de supuestos, también altamente cuestionables, escogiendo siempre los peores escenarios posibles, tales como que la natalidad continuará bajando y bajando; que la inmigración se reducirá y no compensará la bajada de la natalidad; y que la economía crecerá muy poco.
La natalidad, sin embargo, es una variable en la que se puede influir a través de políticas públicas que sean favorables a aumentarla, políticas, todas ellas, poco desarrolladas en España, el país europeo con menor desarrollo de las políticas profamiliares. Varios países en la UE-15 han mostrado que la reducción de la natalidad puede revertirse si hay voluntad política para desarrollar políticas que la favorezcan. Algo semejante ocurre en cuanto a la inmigración. La diferencia entre el nivel de vida de España y sus vecinos del sur probablemente continuará e incluso aumentará, y con ella la inmigración. Y es más que improbable que el aumento de la productividad no repercuta en un aumento del crecimiento económico (tema del cual hablaré más tarde en el artículo). No es, pues, probable que el escenario de crecimiento negativo tanto económico como poblacional sea el más acertado.
El problema de las pensiones no es demográfico sino económico
En realidad, lo que importa en cuanto a la sostenibilidad de las pensiones no es el factor demográfico, sino el económico. El tema que debería discutirse no es si habrá demasiados ancianos o no, sino si habrá suficiente riqueza en el país para sostener a los ancianos y a todos los demás. Y ahí está el punto clave que el ICE ni siquiera considera y por el que paga un coste: está profundamente equivocado y ello es fácil de demostrar. Analicemos, primero, su alarmismo acerca de que la esperanza de vida de las personas de 65 años se haya doblado desde 1900, lo cual considera muy preocupante para la sostenibilidad de las pensiones. Esta alarma es la que abre el informe cuando indica que en 1900, la esperanza de vida de las personas de 65 años era 10 años y ahora es 20 años. El que se haya doblado en más de un siglo le parece al ICE un enorme problema.
Pero el ICE no nos explica por qué es un problema. Le parece obvio que es un problema. Pues bien, ignora que no hay ningún problema. El Comité de Expertos parece desconocer que, desde 1900 hasta ahora, el PIB (es decir, la riqueza del país) ha crecido 24 veces (si, 24 veces). Es cierto que la esperanza de vida de las personas de 65 años se ha doblado en más de un siglo. Pero, ¿cuál es el problema si la riqueza del país ha crecido 24 veces durante el mismo periodo, es decir que el país es 24 veces más rico ahora que en 1900? Repito ¿Dónde está el problema? ¿No cree el Comité de Expertos que una sociedad veinticuatro veces más rica que en 1900 tiene recursos más que suficientes para pagar las pensiones a aquellos trabajadores que han creado esa riqueza? Una sociedad veinticuatro veces más rica tiene veinticuatro veces más recursos para los pensionistas y veinticuatro veces más recursos para los no pensionistas. Repito una vez más ¿dónde está el problema?
Hoy la sociedad española tiene recursos más que suficientes para poder pagar las pensiones de los ancianos. Y los tendrá también para pagarlas en la segunda mitad del siglo XXI. Unos cálculos sencillísimos del impacto del aumento de la productividad en la riqueza del país así lo muestran. Si la productividad aumentara un 1,5% por año (cifra muy conservadora, pues el crecimiento anual promedio en el periodo 1971-2011 ha sido de 2,4%), el PIB de España sería 2,25 veces más grande en la segunda mitad del siglo XXI (hacia 2060) de lo que lo fue al principio de la crisis en 2007. Es decir, si el PIB fuera 100 puntos en 2007, este aumentaría a 225 en 2060. Pues bien, España se gastó 8 puntos del PIB (el 8%) en pensionistas y 92 en no pensionistas en 2007. Los alarmistas indican que para sostener a los pensionistas habrá que gastarse en España en 2060 el 15%, lo cual indican que es inasumible, sin clarificar por qué es inasumible. En realidad, sería muy asumible. Un 15% del PIB en el 2060 (es decir, de 225) serían 33 puntos (15% de 225) para pensionistas, cantidad mayor que los 8 de 2007, y 192 para los no pensionistas (225-33=192), lo cual es superior a los 92 del 2007. ¿De nuevo, dónde está pues el problema? (nota a los principiantes en econometría: estoy hablando de valor de moneda constante, con la misma capacidad adquisitiva en 2007 y en 2060).
La referencia al número de cotizantes por pensionista, indicando que el número de trabajadores por pensionista está bajando, olvida (diría yo deliberadamente) que la variable determinante de la sostenibilidad de los sistemas de reparto es la productividad (que no aparece por ninguna parte en el ICE) y su impacto en la creación de riqueza. Hace cuarenta años, España tenía el 18% de la población trabajadora en el campo, produciendo alimentos para todos los españoles. Hoy es solo el 2%. Este dos por ciento produce más alimento que el 18% de hace 40 años. Imagínese el ridículo de un “Comité de Expertos” que hubiera alarmado a la población española, cuarenta años atrás, escribiendo que el hecho de que el número de trabajadores en el campo estuviese disminuyendo en España, determinaría que la población española se moriría de hambre por falta de trabajadores en el campo. Pues, no solo no morimos de hambre, sino que este 2% produce mucho más alimento que el 18% de hace cuarenta años. En realidad, el estado está subsidiando a los agricultores para que no produzcan tanto. Pues bien, saquen “alimento” y pongan “pensiones” y verán lo ridículas que son las tesis catastrofitas del ICE y de los deterministas demográficos.
El factor demográfico no es el problema. ¿Cuál es? De lo que no se habla en nuestro país: la distribución de las rentas
El punto clave para analizar la viabilidad de las pensiones no es la transición demográfica, sino la distribución de las rentas, tema que tampoco aparece por ninguna parte en el ICE. Centrándose en el “desequilibrio” etario, se olvidan, ignoran u ocultan el “desequilibrio de rentas” que es la raíz del problema. Veamos los datos.
La Seguridad Social se financia a partir de fondos derivados del trabajo. Y en los últimos treinta años, a partir de las políticas públicas de corte liberal (lo que se llama neoliberal) iniciadas por el Presidente Reagan y por la Sra. Thatcher, hemos visto a los dos lados del Atlántico Norte que las intervenciones públicas han beneficiado sistemáticamente a las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo. Las rentas derivadas del trabajo han ido descendiendo más y más, y las del capital han ido aumentando más y más. En España esto ha sido muy marcado en los últimos años.
Esta redistribución de las rentas a favor del capital ha creado enormes problemas. Varias son las consecuencias. Una de ellas es el enorme problema de falta de demanda, una de las causas del escaso crecimiento en España. Y la otra es la escasa rentabilidad de la economía productiva –que se basa en la demanda- e hipertrofia de las actividades especulativas de mayor rentabilidad (y riesgo). De ahí la enorme inestabilidad financiera y falta de crédito que contribuyen al escaso crecimiento.
La otra consecuencia de esta redistribución de las rentas a favor de las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo ha sido precisamente la bajada de ingresos a la Seguridad Social pues, al disminuir las rentas del trabajo, también disminuyen los ingresos a la Seguridad Social. Ahí está el problema que el ICE ignora. Las políticas neoliberales que se han estado aplicando en la Unión Europea (y en la Eurozona a partir del establecimiento del euro), con el énfasis puesto en la reducción de los salarios y del gasto público, junto con el desarrollo de políticas fiscales favorables a las rentas del capital, han sido los mayores ataques (y no hay otra manera de decirlo) que se han hecho a la Seguridad Social. Estas políticas de reducción salarial y de gasto público son resultado, en parte, de la enorme influencia del capital financiero (bancos y compañías de seguros) en la gobernanza de la eurozona y de los estados. Y ahora es el mismo capital financiero el que está culpabilizando al envejecimiento de la población de la crisis de la Seguridad Social. Y el Comité de Expertos, cuya composición condiciona sus conclusiones (9 de los 12 miembros son personas próximas a la banca y a las compañías de seguros), también enfatiza esta tesis, promoviendo como solución un enorme recorte de los beneficios sociales. La gran mayoría de los miembros del llamado Comité de Expertos son conocidos ideólogos del neoliberalismo que han mostrado su catastrofismo en sus escritos anteriores al ICE. En realidad, de expertos tienen poco. De portavoces del capital financiero, sin embargo, tienen mucho.
El abusivo recorte de las pensiones de sus propuestas
La dureza de sus recomendaciones se plasma en su claro intento de reducir el tamaño de las pensiones, mediante sus propuestas. Pero, antes de describir estas propuestas, permítanme que aclare que para mantener el nivel de vida que el pensionista tuvo como cotizante (es decir durante su vida laboral), la pensión debería aumentarse según aumenta el nivel de los salarios. No hacerlo así implica que el pensionista irá retrocediendo en su nivel de vida con la edad, pues los salarios –y por lo tanto el nivel de vida de su país- iría aumentando más rápidamente que su pensión. El hecho de que reformas previas hayan cambiado el criterio de aumentar las pensiones adaptándolas, no al crecimiento de los salarios, sino al nivel de la inflación ha significado un retroceso muy notable del nivel de vida de los pensionistas en relación al resto de la sociedad. Pero por si ello no fuera poco, el ICE quiere ir más allá en este retroceso y quiere adaptarlo a la esperanza de vida del pensionista y al supuesto coste de mantener esa pensión. Esta recomendación me hace recordar la reciente observación del Ministro de Economía y Hacienda del gobierno japonés que, en un momento de crispación, dijo lo que muchos neoliberales suelen pensar pero no se atreven a decir: “el deber patriótico de los ancianos es morirse cuando les corresponde”, insinuando además que les correspondería morirse lo más pronto posible. Naturalmente que el ICE no dice tal barbaridad. Pero la lógica de lo que propone no excluye este tipo de conclusión. Para la sostenibilidad de las pensiones es bueno que los ancianos no vivan muchos años o que, si viven, vayan recibiendo cada vez menos pensiones.
El otro intento de reducir las pensiones es supeditar las pensiones a los ingresos a la Seguridad Social en cada periodo, con lo cual, el nivel de las pensiones dependerá del ciclo económico, aunque el ICE niega que esto sea su intención. Como consecuencia, las pensiones bajarán en momentos de recesión en contra de lo que la eficiencia económica exige, que consiste en que en momentos de recesión es fundamental que crezca el consumo a fin de estimular la economía. Por cierto, el ICE indica falsamente que estas medidas ya se están aplicando en otros países de la UE-15. Esto no es cierto. Ningún país ha hecho o está promoviendo unas medidas tan radicales para los pensionistas como las que el ICE está proponiendo. Suecia, bajo la influencia de los liberales, hizo un cambio que capitalizó parte de las pensiones, es decir, modificó parte de las pensiones para complementar las pensiones básicas con fondos procedentes de la rentabilidad de las inversiones hechas a partir de un componente de la cotización individual. El enorme impacto negativo que la crisis económica creó en este fondo de capitalización y su consiguiente impopularidad ha hecho que los partidos de izquierda hoy en la oposición piensen cambiarlo.
En realidad, la mayor crisis de estos sistemas de capitalización ha ocurrido en Chile donde, bajo la dirección del general Pinochet, se privatizaron y capitalizaron las pensiones (excepto para las fuerzas armadas), habiendo sido un desastre. El ICE no propone esta excesiva privatización, pero el recorte de las pensiones que propone llevaría a una expansión de las pensiones privadas, que se rigen por el sistema de capitalización y que benefician al capital financiero, es decir, a la banca y a las compañías de seguros (ver el libro Lo que debes saber para que no te roben la pensión de Vicenç Navarro y Juan Torres, y también, de los mismos autores, Los Amos del Mundo. Las armas del terrorismo financiero
Soluciones alternativas
Las soluciones para el futuro de las pensiones pasan por centrarse no tanto en la transición demográfica, sino en aumentar la riqueza del país y su redistribución, mediante medidas macroeconómicas, laborales y sociales (encaminadas a facilitar una sociedad de alta productividad) y medidas fiscales (orientadas a una redistribución muy marcada de la riqueza que se habrá creado con este aumento de la productividad y que vaya en sentido opuesto al que ha estado yendo en estos últimos treinta años, es decir, redistribuyendo desde el mundo del capital (y muy en especial del capital financiero) hacia el mundo del trabajo.
En aquellos países que se quiera mantener el sistema de reparto para financiar las pensiones, es fundamental que aumente el número de trabajadores (en España hay una enorme cantera de mujeres y jóvenes que quieren trabajar), impedir los salarios bajos y la precariedad, aumentar la progresividad en la financiación de la Seguridad Social y del Estado (España tiene uno de los Estados de la UE-15 con menores ingresos, con menor gasto público social y menos redistributivos) y aumentar la fuerza de los sindicatos, puesto que la distribución de la riqueza creada, resultado del incremento de la productividad, depende no solo del nivel de la productividad, sino también del poder del mundo del trabajo. Hoy el capital es el grupo de presión más poderoso que se ha beneficiado más de este aumento de la productividad. Debería revertirse esta situación y que fuera el mundo del trabajo el que forzara la redistribución de la renta nacional a su favor y, en consecuencia, de la Seguridad y de la protección social.
Hoy el capital y su ideología, el neoliberalismo, es hegemónico en el pensamiento económico del país, hegemonía que explica que incluso amplios sectores de las izquierdas gobernantes la hayan aceptado. Esta hegemonía es reproducida en los mayores medios de información y persuasión (ver mi artículo “¿Es España una democracia? El caso de las pensiones”, Público 12.06.13). Hoy, los sindicatos son el último baluarte que resiste a esta enorme avalancha neoliberal. Aplaudo al único miembro del Comité que votó en contra del ICE, denunciando una farsa de la que no quiso ser parte. Y lamento y denuncio al economista sindicalista de CCOO que dio legitimidad a dicho informe. Su aplicación significa un ataque frontal al sistema de pensiones público. Y sus autores son plenamente conscientes de ello, pues así lo plasman, aunque intenten disimularlo, en su informe.
Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University