Murcia. Hola dictadura.
La denuncia fue admitida y dos policías imputados. Se realizaron las diligencias oportunas por parte del juez encargándose la defensa de los policías el sindicato policial CEP.
A continuación mostramos las imágenes de las agresiones:
Una vez realizadas las diligencias, el juez manda al fiscal la
documentación y es aquí cuando recibimos la primera sorpresa. Como uno
de los argumentos para rebajar la pena al policía y pasar de delito a
falta, argumenta el fiscal lo siguiente:
El fiscal de por sí, y sin que medie informe policial o denuncia al
respecto, imputa a los denunciantes el delito de estar procediendo a
cortar la calle, cuando se presentó un video como prueba que los allí
congregados fueron lanzados a la calle desde la acera por los propios
agentes.
No obstante las sopresas en el proceso judicial continua con la
criminalización de los denunciantes, así en una información enviada por
el abogado de la defensa del sindicato policial CEP se manifiesta lo
siguiente:
Para justificar esto, el sindicato en cuestión, entrega al juzgado algunas denuncias que la policía ha realizado contra los denunciantes, pese a que algunas han sido sobreseídas por el juzgado y el resto están pendientes de sentencia. Lo más llamativo de todo esto, es que los policías denunciados se sirven de los registros informatizados de la policía para recopilar información con las que beneficiarse en un proceso en el que están imputados.
Y para finalizar una prueba más de la existencia de listas negras por parte de la policía. Según se desprende de otro atestado policial aportado por el sindicato CEP, el agente que redacta el atestado, adjetiva a una de las personas allí congregadas el calificativo de antisistema. ¿Cual es el proceso para asignar a alguien ese apelativo?, ¿qué condiciones deben darse para obtenerlo?, ¿qué conlleva la obtención del mismo?.
Aprovechamos para solidarizarnos con otras personas agredidas en Murcia y
en espera de sentencia que condene a los miembros de la UPR: Carlos,
Alan, Carmen, Jesús, Jorge, Pablo y víctimas de la huelga general del
14N, así como al resto de víctimas por abusos policiales en el resto del
Estado.
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