Tribuna de VIENTO SUR
La “caja negra” de la Transición
Raúl Camargo FernándezArtículo 117 de la Constitución Española:
1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
Los escándalos de corrupción política y
económica sazonan las portadas de los medios informativos día sí y día
también. Las nuevas revelaciones de Bárcenas
y los documentos que ha aportado al juzgado demuestran la
financiación irregular del partido del Gobierno durante dos décadas y la
existencia de una trama
de cohecho continuada en la que empresarios del ladrillo pagaban dinero negro al PP para conseguir concesiones de obras públicas, dinero que era
luego enviado a Suiza o repartido en sobres entre los altos dirigentes populares. Esta trama, que no desmerece al “Tangentópoli”
que hizo saltar
por los aires el sistema de partidos en Italia a principios de los
90, tiene contra las cuerdas al PP, pero confían en salir de allí
magullados pero
enteros porque cuentan con uno de sus aliados más fieles: los
jueces.
Someramente, veamos otros casos que afectan a poderes fácticos del
Estado. El caso Urdangarín ha tenido una peligrosa deriva para la
monarquía, ya que los
correos filtrados por el socio del duque de Palma, Diego Torres,
implican directamente a la infanta Cristina y cubren de sospechas al
propio rey Juan
Carlos. A pesar de la valiente instrucción del juez Castro, este
cruzó la frontera de lo jurídicamente admisible para las fuerzas del
régimen cuando imputó
a la Infanta. La rápida anulación de este procesamiento por parte de
la Audiencia de Palma y el olvido interesado sobre la responsabilidad
del Rey en el
enriquecimiento ilícito de su yerno demuestran que no todos somos
iguales ante la ley. Y, para completar el mapa del oprobio, en los
últimos días, el
Tribunal Supremo ha decidido no juzgar al anterior vicesecretario
general del PSOE y exministro de Fomento, José Blanco, por
prevaricación, ha rebajado de
6 años a 9 meses la condena al expresidente de Baleares, Jaume
Matas, con lo que evita su ingreso en prisión y ha archivado también las
investigaciones
contra la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, por el cobro de
dietas injustificadas de la Caja Navarra.
La intensa actividad judicial de este verano y estas decisiones
parecen estar abonando la tesis que pregona Jesús Cacho, periodista
conservador pero bien
informado, sobre la existencia de una “Operación tijera”/1,
que
consistiría en un pacto entre PP, PSOE y la Casa Real, tres de los
pilares fundamentales del régimen, para, con sus respectivas influencias
en sede
judicial, taparse las vergüenzas y dejar en nada los procesos que
les acechan (Bárcenas, ERE y Urdangarin). No parece fácil, pero sin duda
no sorprende en
absoluto que este pacto inconfesable pueda tener lugar, ya que lo
que aquí está en juego es la propia supervivencia del sistema
bipartidista y de los
“pactos de Estado” que desangran al país desde la Transición.
Pero el caso que más pruebas está dando del tremendo control
político de la judicatura es el caso Bárcenas. Las revelaciones
recogidas en el libro de
Ernesto Ekaizer /2 ponen negro sobre blanco el manejo que tuvo el PP
de la primera
instrucción del caso Gürtel. Bajo la dirección del maquiavélico
Trillo, los abogados del PP llegaron a personarse como acusación
particular en un caso que
juzgaba su financiación ilegal. El anterior juez instructor,
Pedreira, cedió a las enormes presiones del equipo de Trillo y retiró la
imputación a
Bárcenas, al que solo el TS, ante las evidencias de su
enriquecimiento, volvió a procesar. Las maniobras de Trillo también
sirvieron para apartar del caso
y hasta de la carrera judicial al juez Garzón, al que no
defenderemos aquí por su connivencia con el cierre de periódicos y con
las torturas a presos
abertzales, pero que en este caso tuvo una actitud decidida; según
informaciones recientes estaba preparando poco tiempo antes de ser
apartado del caso un
registro judicial en la sede de Génova que podría haber aportado
documentación definitiva para el caso y para la suerte del propio PP.
El nuevo juez instructor del caso, Ruz, al que fuentes bien
informadas sitúan en la órbita de los Legionarios de Cristo, descubre
dos cuentas en Suiza de
Bárcenas y , a partir de ahí, el caso se precipita y el PP pierde el
control que había mantenido sobre él hasta entonces. Los papeles de
Bárcenas
publicados por El País en enero de este año y la
subsiguiente querella de IU, ALA, Ecologistas en Acción y otros
desataron el pánico en Génova, y
las decisiones judiciales forzando la ley hasta el extremo se
impusieron entonces. La querella de IU le tocó, por el sistema de
reparto ordinario y legal,
al juez Gómez Bermúdez, que es conservador pero tiene un
enfrentamiento muy fuerte con el PP desde que le tocó juzgar el caso del
11-M. Este dictó
rápidamente diligencias para tomar declaración al propio Bárcenas y a
los empresarios que aparecían en sus papeles. De haber continuado esta
instrucción,
en el PP se temían que Bárcenas hubiera ido a prisión ya en marzo,
que hubiera tirado de la manta antes y que Bermúdez hubiera hecho una
instrucción
agresiva, con registros y tomas de declaración de figuras públicas
del PP. Por eso, la Sección 2º de la Audiencia Nacional, a la que
pertenecía el juez más
fiel del PP, Enrique López, anuló la declaración de Bárcenas ante
Bermúdez en una decisión imposible jurídicamente, pero muy necesaria
desde el punto de
vista político. La instrucción posterior de Ruz ha sido muy
cautelosa, siempre pegada al criterio de la Fiscalía y solo ha enviado a
la cárcel a Bárcenas
cuando era ya insostenible tenerlo en la calle por las mentiras a
cuenta del origen de su fortuna.
Hay ya otra operación en marcha para declarar la nulidad del caso
/3: Ruz es un
juez interino y el titular de su juzgado, Miguel Carmona, debe
reincorporarse en otoño y hacerse cargo del caso. El CGPJ acaba de
decidir que mantiene a
Ruz hasta otoño al frente del juzgado y que cuando se reincorpore
Carmona, este decidirá que hace con Ruz. Pero por el camino, se le está
buscando un
puesto relevante en el extranjero a Carmona para que, si Ruz sigue
incluso después del otoño, las defensas puedan alegar defecto de forma y
forzar la
nulidad /4. Las maniobras de todo tipo para que el caso Bárcenas, o
el “caso PP”
que es de lo que realmente se trata, se anule, van a continuar hasta
el final y, lamentablemente, no podemos descartar que acaben
triunfando.
La politización de la justicia, o el propio carácter reaccionario de
una judicatura cuya matriz franquista nunca se depuró, son el último
refugio de unas
instituciones corrompidas de arriba abajo y su garantía de
impunidad. La justicia, como dice el art. 117 de la CE, se administra en
nombre del Rey, y ya
sabemos que su majestad no es un modelo de virtudes, sino todo lo
contrario. La Transición está dando sus últimos coletazos pero aún
conserva su “caja
negra”: una justicia a medida de los poderosos.
Raúl Camargo Fernández es militante de Izquierda Anticapitalista
Notas1/ http://www.vozpopuli.com/blogs/2835...
2/ http://www.eldiario.es/politica/des...
3/ http://www.eldiario.es/zonacritica/...
4/ http://www.eldiario.es/escolar/PP-p...
30/7/2013
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