Trabajo garantizado y renta básica, las dos únicas vías contra la exclusión y el desarrollo de los derechos humanos fundamentales, sin demagogias ni cinismos criminales. Pues la castra dominante nos rabán con toda la cara dura, mientras ellos, ricos banqueros, ricos empresarios, amos de las comunicacioes, de las eléctricas, de las petroleras etc., etc., y sus gestores, los políticos del capitalismo se forran, mientras los trabajdores y ciudadanos nos lo niegan todo.

El Área Económica de EUPV-IU debate propuestas contra la precariedad de cara a las próximas elecciones autonómicas

Trabajo garantizado y renta básica, dos vías contra la exclusión

Enric Llopis. Rebelión

El Informe “Precariedad y Cohesión Social” (2014) de la Fundación Foessa señala que cinco millones de personas se encuentran ya afectadas por una situación de “exclusión severa” en el estado español, un 82,6% más que en 2007 (año del inicio de la crisis). A partir de estas cifras, agrega el estudio, un millón de hogares requerirían atención de urgencia por parte de los poderes públicos. Pero esta evolución en los números requiere matices, ya que una de las conclusiones del informe es que antes de la crisis, la sociedad española ya estaba muy marcada por la precariedad (“la pobreza y la exclusión social no son cosa de la crisis”). Además, la relación entre la renta que acumula el 20% de la población más rica y el mismo porcentaje de los más pobres, ha crecido desde 2007 en más de un 30%. El tercer informe de Cáritas-Europa sobre el impacto de la crisis, hecho público el 19 de febrero, añade más cifras a la dramática realidad. Con un indicador del 27,5%, España se sitúa como cuarto país de la UE en riesgo de pobreza infantil en 2013, por detrás de Rumanía, Grecia y Bulgaria.

En la presente coyuntura de austeridad y recortes, cuando las cifras de desempleo y exclusión se disparan, una de las alternativas que se plantean (en la misma trabaja actualmente el área económica de EUPV-IU) es el Programa de Trabajo Garantizado. El punto de partida es muy sencillo: “Que no haya empleo no quiere decir que no haya trabajo”. En otros términos, “si bien es cierto que en nuestras sociedades hay muchísimas personas que no están ocupando ningún puesto de trabajo, también es cierto que hay mucho trabajo por hacer en nuestras comunidades”. En un artículo publicado en 2013 Mitchell apuntó que con el Trabajo Garantizado el estado ofrece un empleo a cualquier persona dispuesta a trabajar, sin que importen criterios de cualificación, género, renta o edad. H. Minsky señala que el objetivo es crear un empleo que se ajuste a las características del desempleado y proporcionarle formación. En todo caso, compete al estado remunerar el trabajo, directamente y sin intermediarios, con las debidas cotizaciones a la seguridad social.

En una Jornada Programática organizada por EUPV-IU sobre el Trabajo Garantizado y la Renta Básica, el coordinador del Área Económica de EUPV José Vicente Soler ha destacado alguna de las potencialidades del Programa de Trabajo Garantizado. En primer lugar el “efecto multiplicador keynesiano” (la renta en manos de los trabajadores generaría más renta en el conjunto de la economía) aumentaría la recaudación estatal. Además, el coste neto de aplicación anual de la iniciativa, en caso de que se destinara a todos los parados de la economía española, no superaría el 3,14% del PIB (el estado español destina anualmente al pago de intereses de la deuda pública un 3,77% del PIB). El programa de Trabajo Garantizado, en la propuesta en la que trabaja EUPV-IU, se aplicaría por fases. Si en el primer año se beneficiaran de la iniciativa un millón de parados (los más necesitados), el coste se limitaría ese año al 1,07% del PIB. En cuanto a la financiación, podría recurrirse a préstamos del BCE utilizando el ICO, la colocación de deuda pública entre los inversores privados y una reforma fiscal de calado (o una combinación de las tres fórmulas).

¿Cuál es la esencia del Programa de Trabajo Garantizado? “La intervención directa del estado en la creación de empleos públicos orientados a satisfacer necesidades económicas y sociales, al tiempo que se alivian situaciones de pobreza y desempleo”, explica José Vicente Soler. Las iniciativas de estas características se han desarrollado históricamente en contextos de crisis. La más conocida fue el New Dealt de Roosevelt en el periodo 1933-1936, que impulsó programas que dieron empleo a 13 millones de personas. El Proyecto Administración del Progreso de Trabajos (WPA) significó la construcción de carreteras, puentes, construcciones militares y civiles, pero también 900 millones de almuerzos para menores, la habilitación de 1.500 guarderías y 475.000 empleos en el campo del arte. Ahora bien, “los programas recientes de trabajo garantizado se han orientado más a servicios personales y empresariales que a la construcción directa de servicios e infraestructuras”, apunta Soler. Por ejemplo, el Programa Nacional Rural de Garantía de Empleo en India, o el Plan Jefes y Jefas que comenzó en 2005 en Argentina, para la provisión de bienes básicos a los ciudadanos empobrecidos.

Aunque corresponda al estado establecer las directrices obligatorias, en el documento en el que trabaja EUPV-IU se señala que corresponde a los ayuntamientos, en colaboración con la sociedad civil, decidir las áreas más necesarias en términos económicos, sociales y ambientales. En el capítulo de Servicios Sociales se citan posibles empleos como el cuidado de adultos dependientes, niños, enfermos, apoyo académico a estudiantes o cobijo a personas sin hogar. Respecto al “Cuidado del Medio Ambiente”, se detallan las tareas de protección y reforestación de bosques, retirada de residuos o el cuidado de playas; en el área de servicios culturales, deportivos y recreativos, destacan los trabajos relacionados con la información y excusiones para visitantes, el mantenimiento de complejos deportivos o las representaciones teatrales y musicales. El cuarto capítulo se centra en la construcción y mantenimiento de infraestructuras, donde se incluye la limpieza de edificios, parques, plazas y zonas históricas o los pequeños proyectos de construcción de infraestructuras públicas. Además, el salario quedaría establecido por el Congreso de los Diputados, y los trabajadores no tendrían que abandonar sus comunidades para trabajar.

La segunda propuesta debatida en la jornada del Área Económica de EUPV-IU es la renta básica. Una primera aproximación, sin apenas entrar en honduras, apuntaría a un ingreso periódico y vitalicio pagado por el estado a cada persona, de manera individual, universal e incondicionada. Sin embargo, en muchos casos se utiliza el concepto de una manera más o menos alejada de su sentido primigenio. El caso paradigmático, indica Javier Aguado, del colectivo Ca Revolta, son las Rentas Mínimas de Inserción, “de larga tradición en Europa y existentes en las autonomías del estado español”. La adición de adjetivos introduce una mayor complejidad al concepto, cuando se habla de renta básica universal, de ciudadanía o garantizada. La malgama se hace aún más confusa si se introduce el impuesto negativo sobre la renta, de Milton Friedman y James Tobin; la renta de participación de Anthony Atkinson, o los planes de empleo que procuran una renta a cambio de una prestación. Javier Aguado prefiere hablar, por tanto, de “rentas básicas”, y José Iglesias Fernández, de Baladre y el Seminario Taifa de Economía Crítica, reconoce esta diversidad de propuestas con la expresión “cultura de las rentas básicas”.

Cada propuesta concreta de renta básica aparece vinculada a determinados principios políticos e ideológicos. “La renta básica no es por sí misma, o de manera inmediata, una propuesta anticapitalista, ya que aspira a rectificar, corregir o paliar, determinadas injusticias que una buena sociedad no produciría”, explica Javier Aguado. Ahora bien, “esto no convierte a la renta básica en una propuesta inocua desde el punto de vista político y social”. En la idea del miembro de Ca Revolta, la renta básica parte de una concepción “antagonista” de los derechos sociales, en la que estos se consideran “instrumentales” para la ciudadanía o, formulado en otros términos, “herramientas para la transformación”. Es decir, “no sólo no integran el conflicto social sino que lo promueven”, y, por tanto, “facilitan la superación de las estructuras sociales de explotación y dominio”. “Derechos, en fin, antagonistas, incapaces de legitimar el capitalismo y de integrar el conflicto social”, resume Aguado. La renta básica de las iguales, en sentido “fuerte”, se inscribe por tanto en el campo de las “reformas radicales” (no en el de las “reformas reformistas”).

En coherencia con este modelo, define Javier Aguado, la renta básica será “aquella que venga exigida y conquistada por quienes habitan las periferias de su sociedad: los precariados de Standing; las lumpen proletarias de Marx; las vidas desperdiciadas de Bauman; o quienes habitan los más abajo, en el decir de Zapata, según recuerda Zibechi”. En síntesis, “quienes no cuentan”. La renta básica ha de ser al menos suficiente para satisfacer las necesidades elementales (con arreglo a una vida digna), igual en su cuantía para todas las personas y sin que pueda modularse por criterios como la edad o la forma de convivencia. Pero, sobre todo, la renta básica “ha de conquistarse de abajo arriba como derecho”, defiende Javier Aguado. “Al igual que su garantía, una vez establecida”. Ha de encuadrarse la renta básica, asimismo, en un amplio conjunto de reformas “radicales” que garanticen la dignidad bajo el capitalismo, pero que no integren el conflicto y lo legitimen. Vivienda, salud, educación y servicios sociales son, junto a la renta básica, los derechos que, “de forma fuerte y, por tanto, de manera incondicionada y no contributiva, de manera universal y suficiente, han de arrancarse al capitalismo”, concluye Javier Aguado.