Leer en México la prensa cotidiana o los semanarios de investigación periodística es un ejercicio que puede llevar de la decepción, a la crisis depresiva o a la indignación encendida. Lo mismo cuando escuchábamos el noticiero de Carmen Aristegui, hoy acallado por consigna, que daba cuenta de varios de los grandes problemas del país como la corrupción, el auge del crimen y la impunidad.
No se trata de la sola denuncia de las miserias de la sociedad y el régimen como vicios superables por algún método de autocorrección del propio sistema frente a la presión de la opinión pública. Tales mecanismos se encuentran bloqueados o agarrotados hasta su anulación por efecto de la fuerza y las inercias que emanan de ese sistema.
Se dirá que el problema está en una sociedad como la mexicana que no se moviliza o no lo hace en medida suficiente para combatir la inmoralidad y las perversiones. Es una visión falsa o, al menos parcial. Hay muchos grupos, organizaciones no gubernamentales y aun movimientos sociales elevando constantemente la voz frente a los hechos más evidentemente oprobiosos u ofensivos para la sociedad, como las violaciones a los derechos humanos, la corrupción y sus complicidades y la ineficacia del sistema de justicia supuestamente encargado de penalizarlos; y a ellos se suma en la etapa reciente la acción de organizaciones y la opinión pública internacionales que han puesto a México en la mira como uno de los países donde los derechos humanos y sociales y la justicia han registrado retrocesos graves y dramáticos. En un verdadero régimen de democracia político-representativa (la única asequible en el sistema capitalista), la denuncia o la movilización, aun de sectores minoritarios, bastarían para echar a andar dichos procedimientos de corrección por medio del aparato judicial o de las instituciones en general.
En nuestro país, sabemos, eso no es así. Frente a la denuncia, el régimen responde con el menosprecio y el ninguneo, el disimulo o, en el peor de los casos, la represión velada o abierta, y sobre todo con la persistencia y radicalización en sus propios horrores e inmoralidades. Un régimen autoritario que se siente amenazado reacciona negando la crítica o enfrentándola con la fuerza, pero no apelando a procesos democráticos como la transparencia y esclarecimiento de los hechos y la aplicación recta de la ley.
La corrupción no es en modo alguno parte de la naturaleza humana ni de la de los mexicanos; pero sí es consustancial a un sistema que la ha usado copiosamente para conservarse casi inalterado y que incluso ha recurrido a las regresiones frente a los insuficientes avances de la democracia. El ingrediente que la complementa es el cinismo (“desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables”. “Actitud de la persona que miente con descaro y defiende o practica de forma descarada, impúdica y deshonesta algo que merece general desaprobación”, según definiciones de los diccionarios).
Pero hay momentos en que ese cinismo se destila y concentra como en un jarabe amargo que nos quieren prescribir y hacer tragar a pesar de nuestros deseos. Los días que corren parecen mostrar ese proceso de condensación, en el que el régimen mismo exhibe su carencia de recursos políticos y acude a enconcharse y a ensimismarse en sus meandros y sinuosidades, usando la propaganda como exorcismo contra la respuesta social. Tres aspectos al menos, dan cuenta de esa actitud refractaria frente a las demandas y el activismo sociales.
Por un lado está la asunción del veterano Manlio Fabio Beltrones a la dirigencia nacional del PRI como una confesión del descalabro del intento del grupo Atlacomulco de copar las posiciones estratégicas del gabinete presidencial y del partido. El retroceso del priismo en las pasadas elecciones —pese a que su alianza estratégica, ya virtualmente estructural, con el Partido Verde, la eliminación del PT en la Cámara de Diputados y la dispersión de los reales o potenciales contrapesos legislativos en ésta le aseguran una precaria mayoría legislativa— y su derrota total en el Distrito Federal, Nuevo León, Guadalajara y otras plazas decisivas seguramente encendieron focos rojos en el equipo peñista. El riesgo de enfrentar en 2018 a un López Obrador fortalecido y con registro propio que por ahora se ha ubicado como primera fuerza electoral en la capital del país y se posicionó en el mismísimo Estado de México, Veracruz y otras entidades, han obligado al relevo del mexiquense César Camacho por el veterano Beltrones, de filiación cabalmente salinista. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, dice el refrán; pero en este caso representa un retroceso más en el arribo del siempre anunciado y nunca conocido nuevo priismo, y un distanciamiento de éste y de la sociedad en aras del interés muy particular del actual gobierno y su partido por conservar el poder. Sn pudor, declara el nuevo líder partidario en reciente entrevista conProceso que él tiene la piel gruesa para aguantar el diluvio de críticas que ya anticipa. Gruesa, acaso como la de un saurio antediluviano.
Pero también está el caso de la negativa del Consejo General del INE a retirar el registro al Partido Verde, la organización política que más ha violado la ley y más ha sido sancionada con multas. El cinismo de los verdes, a quienes muy poco les importa apegarse a la norma constitucional y a la legislación electoral, se vio exaltado y coronado por el de los consejeros electorales, para quienes tales violaciones no son causal “suficiente” para retirarle la franquicia. El mensaje que se emite a la sociedad y a la comunidad política es que se puede infringir impunemente la ley, a pesar de sanciones menores, sobre todo de tipo pecuniario, si así conviene en un análisis de costo-beneficio, porque no habrá sanciones mayores. El PVEM será en la inminente legislatura de la Cámara de Diputados indispensable al priismo para conformar una mayoría estable que le permita sacar adelante sus iniciativas. Por eso el Consejo General, controlado por el PRI, ha dejado pasar la ilegalidad sin límite de la agrupación del tucán.
¿Y qué decir de la exoneración de Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera por el secretario de la llamada Función Pública en el caso de presunta corrupción y tráfico de influencias de la llamada Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec? El investigador designado por el propio Peña Nieto y su amigo personal, Virgilio Andrade, resolvió después de seis meses de sesudas y meticulosas indagaciones, que no ha lugar a perseguir ningún delito en la adquisición del inmueble a la empresa Higa del también amigo de Peña Juan Ignacio Hinojosa Cantú, propietario de diversas empresas que han sido titulares de múltiples contratos de obra en los gobiernos del Estado de México y de la República mientras los ha ocupado el de Atlacomulco, pues la transacción se realizó antes de que éste llegara a la presidencia. Además, explica el sagaz fiscal, la compra la realizó la consorte, como en su momento ella misma nos lo expuso, con los ingresos obtenidos por su actividad artística, particularmente como actriz de Televisa.
Se ha cumplido once meses de la matanza y desaparición forzada de normalistas en Iguala; dos años en prisión para Nestora Salgado; más de un año para José Manuel Mireles. También ha pasado más un mes del asesinato de Hildibrando Reyes García y las lesiones a otras seis personas en Ostula por la fuerza pública. Casi ocho meses van de la matanza de Apatzingán y ya tres de la del rancho El Sol en Ecuandureo. La investigación del asesinato múltiple del 31 de julio en la colonia Narvarte de la capital no arroja resultados convincentes y deja de lado elementos fundamentales. En todos estos casos el encubrimiento, las complicidades, la distorsión interesada de las investigaciones, entorpecen la justicia y el acceso a la verdad.
Pero no se trata de acciones casuales o inconexas, sino de un régimen político que, frente a una sociedad que despierta a la crítica, ha adoptado cada vez más como base de sustentación la mentira, la opacidad y el impudor. Pero tiempos mejores vendrán y ya se anuncian en ese despertar social, y es seguro que se actualizarán antes de que el cáncer alcance a invadir el cuerpo de la nación.
Eduardo Nava Hernández es Politólogo – UMSNH
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