Agencias
FACUA-Consumidores en Acción ha calificado de “xenófoba” la propuesta anunciada por el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, de crear un registro para inmigrantes irregulares como requisito para tener una atención primaria sanitaria en España porque crea “nuevos impedimentos” para el acceso a un “derecho fundamental” como es el de la sanidad.Según recuerda la organización en un comunicado, el documento presentado a las comunidades autónomas en el que se establecen las pautas para atender a los inmigrantes irregulares, además de llevar más de un año empadronados, recoge otros requisitos, como son ser mayor de edad, no tener condición de asegurado o beneficiario, no estar exportando el derecho de su país de origen ni existan terceros obligados al pago de la prestación de la asistencia sanitaria y no tener más de 100.000 euros de renta. A las personas que cumplan este requisito se les dará un documento, que es válido solamente en la comunidad autónoma que lo expida y con validez de un año, renovable.
“Estas condiciones no son más que nuevos impedimentos para el acceso a un derecho fundamental de todo ser humano, que debe permitirse sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”, señala FACUA.
Asimismo, la asociación considera “cínico” e “irresponsable” que el ministro hable de “turismo sanitario” para referirse a las personas que llegan a España de manera irregular, ya que, a juicio de FACUA, vienen al país “jugándose la vida y dejando atrás conflictos armados y situaciones de extrema pobreza”, y en general,
La asociación también lamenta la “falta de sensibilidad” del Ejecutivo con un “colectivo especialmente vulnerable y afectado por la situación de crisis que vive España en los últimos años” y además critica la “crueldad” del Gobierno con este colectivo, para FACUA, “ciudadanos que generalmente atraviesan graves penurias económicas y no logran regularizar su situación en España al no lograr un empleo”.
“Cualquier persona que se encuentre en territorio español debería tener derecho a la atención sanitaria en idénticas condiciones, tal y como se establece en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública”, recuerda la organización, que tacha de “excluyente e injusto” el principio de un modelo sanitario que niega la sanidad a los inmigrantes sin permiso de residencia.
Por tales motivos, FACUA pide al Gobierno que derogue el Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, porque “niega el acceso a un derecho básico”, como es el de la sanidad, a los inmigrantes y, por tanto, se trataría de un Real Decreto “inconstitucional”.
“Estas condiciones no son más que nuevos impedimentos para el acceso a un derecho fundamental de todo ser humano, que debe permitirse sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”, señala FACUA.
Asimismo, la asociación considera “cínico” e “irresponsable” que el ministro hable de “turismo sanitario” para referirse a las personas que llegan a España de manera irregular, ya que, a juicio de FACUA, vienen al país “jugándose la vida y dejando atrás conflictos armados y situaciones de extrema pobreza”, y en general,
La asociación también lamenta la “falta de sensibilidad” del Ejecutivo con un “colectivo especialmente vulnerable y afectado por la situación de crisis que vive España en los últimos años” y además critica la “crueldad” del Gobierno con este colectivo, para FACUA, “ciudadanos que generalmente atraviesan graves penurias económicas y no logran regularizar su situación en España al no lograr un empleo”.
“Cualquier persona que se encuentre en territorio español debería tener derecho a la atención sanitaria en idénticas condiciones, tal y como se establece en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública”, recuerda la organización, que tacha de “excluyente e injusto” el principio de un modelo sanitario que niega la sanidad a los inmigrantes sin permiso de residencia.
Por tales motivos, FACUA pide al Gobierno que derogue el Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, porque “niega el acceso a un derecho básico”, como es el de la sanidad, a los inmigrantes y, por tanto, se trataría de un Real Decreto “inconstitucional”.
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