Cuando en agosto de 1990 el Irak de Sadam Hussein invadió Kuwait, alegando robos de combustible e idemnizaciones no pagadas en su guerra contra Irán en la que había contado con el apoyo de Estados Unidos y los Emiratos Árabes. La respuesta fue una conflagración llamada Guerra del golfo en que las principales potencias occidentales formaron una coalición de 34 países para defender al emirato Kuwaití, rico en petróleo. Cuba fue el único país que entonces votó en el Consejo de Seguridad de la ONU en contra de imponer a Irak un bloqueo económico y una zona de exclusión aérea que constituían el antecedente de una acción militar encabezada por Estados Unidos desde su principal aliado en el mundo árabe: Arabia Saudita.  
Era el inicio del fin del mundo bipolar, con la decadencia y desmembramiento de la Unión Soviética junto al despliegue del poderío estadounidense para el control de las fuentes de energía en el Oriente Medio. Comenzaba un proceso en que los estados más secularizados de la región (Siria e Irak) terminarían fragmentados y estremecidos por guerras fratricidas, las organizaciones que recibieron apoyo de Occidente y sus aliados evolucionarían hacia un terrorismo que golpea también a Europa y EEUU y el rechazo a las olas de emigrantes que generan esos conflictos pondrían al desnudo el discurso humanitario en base al cual se justificaron intervenciones militares y se financiaron disidencias. 
Un cuarto de siglo después, Arabia Saudita invade a Yemen que no es rico, no tiene petróleo ni le debe nada. Pero la monarquía saudí ve en quienes se han hecho con el poder en la capital yemenita a servidores de Irán solo porque pertenecen a la rama chií del islam, y eso le basta para en alianza con los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahréin, Jordania, Sudán, Egipto y Marruecos, comenzar una intervención militar en la que los bombardeos han hecho blanco frecuente en viviendas, hospitales y escuelas y no se han detenido ni ante instalaciones sanitarias operadas por organizaciones humanitarias internacionales como la Cruz Roja que tuvieron que abandonar el país.
Un informe de la organización Amnistía Internacional señalaba en marzo de este año que había documentado 30 ataques aéreos que  “parecen haber tenido deliberadamente como objetivo instalaciones civiles como hospitales, escuelas, mercados y mezquitas, por lo que podrían constituir crímenes de guerra.”
El más reciente de esos ataques acaba de matar en Saná, la capital yemení, a 140 persones y herir a otras 525 que participaban en un funeral y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad Al Hussein, calificó el bombardeo de “ultraje”. 
Estados Unidos y Gran Bretaña han sido los suministradores de armamentos y municiones para la coalición interventora y en estos momentos se evalúa un contrato de mil millones de dólares en armas estadounidenses con destino a Arabia Saudita. El portavoz del Consejo Nacional de Seguridad (NSC) norteamericano, Ned Price, aseguró a raiz de esta nueva masacre que la cooperación de seguridad con Arabia Saudita no es un cheque en blanco, y prometió que se iniciará una inmediata revisión de los acuerdos entre Washington y Riad pero el negocio del petróleo, la compra de armas y los bonos de la reserva federal estadounidense en manos sauditas pesan mucho más que las vidas inocentes segadas con armas norteamericanas en Yemen. 
A pesar de esas declaraciones, es obvio que no será EEUU el que llevará la ONU una propuesta de sanciones a Riad por sus crímenes en Yemen ni exigirá el cese de los bombardeos contra instalaciones civiles que ya van costando miles de vidas.