La Monarquía al desnudo

Miguel Salas 

29/07/2018

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A veces los cuentos pueden hacerse realidad. Explica Hans Christian Andersen en su cuento El traje nuevo del emperador, también conocido como El Rey desnudo, que los cortesanos e incluso el pueblo no querían reconocer la evidencia hasta que un niño gritó: “¡Pero si va desnudo!” y, de pronto, todo el mundo aceptó la realidad: efectivamente, el rey iba desnudo. Las nuevas grabaciones recientemente publicadas que implican al rey emérito Juan Carlos I en numerosas operaciones fraudulentas añaden una guinda más a ese fraude monárquico con el que llevamos viviendo desde la muerte de Franco. Poco a poco, pero de manera inexorable, la Monarquía está quedando al desnudo y, lo que es más importante, cada vez más gente es consciente de ello.

Las grabaciones dejan bien claro que el anterior Rey cobró sus buenas comisiones del contrato para construir el AVE de Medina a La Meca, que dispone de cuentas en paraísos fiscales, que utiliza testaferros para ocultar sus propiedades, que se aprovecha de todo lo que puede para acrecentar su ya importante fortuna. La evidencia es tan clara que ya nadie se ocupa de desmentir las grabaciones. En el 2012, el periódico The New York Times publicó que se le calculaba una fortuna personal de 1.800 millones de euros. Para alguien que cuando accedió al poder se decía que apenas tenía dinero ni propiedades tardó demasiado poco en acumularlas. Este escándalo es uno más de los muchos que han ido apareciendo, a pesar de la más que efectiva censura mediática que le protegió durante años. Por ejemplo, no se ha desmentido que a finales de los años 70 el petróleo que importaba el Reino de España tenía un sobrecoste de entre uno y dos dólares que iba a parar a los bolsillos del entonces Rey. Para hacerse una idea: un petrolero puede trasladar unas 200.000 toneladas, alrededor de 1,5 millones de barriles. Un viaje podía representar alrededor de 2 millones de dólares de la época en comisiones, que, evidentemente, pagaban los españoles al comprar gasolina. (Del libro Juan Carlos I. La biografía sin silencios. Rebeca Quintans)

Recordemos hechos recientes: la cacería en Botswana; Urdangarín en la cárcel; el enfrentamiento familiar; el aparentar una virtuosa vida familiar cuando iba de lecho en lecho, etc. etc. Esta familia no tiene solución. A nadie importaría si fuera una cosa de ellos, pero se trata de una familia coronada, que representa al Estado y, supuestamente, a la nación y a la que sostienen los impuestos de toda la ciudadanía.

No es solo la suma de escándalos, de los que no conocemos todos, sino que se trata de un modus vivendi, de un sistema de funcionamiento establecido para quien considera que está por encima del bien y del mal, por encima de la ley y a quien nadie le va a pedir responsabilidades. De hecho, esa es una característica de la Monarquía española.

Ahora que muchos utilizan la Constitución para evitar que algo cambie, recordemos una de esas decisiones antidemocráticas de la Carta Magna. En su artículo 56 establece que “La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, y en el 64 que los únicos responsables de sus actos serán “las personas que los refrenden” (el gobierno y sus ministros, ya se trate de actos públicos o privados).

Y, sin embargo, la suma de escándalos debería significar que la investigación judicial acabara en un proceso. Juan Carlos I dejó de ser rey en 2014 y algunos de los hechos que se citan en las grabaciones de su amiga Corina parecen ser de 2015 y posteriores. Hay testigos, como la misma Corina o el antiguo presidente de Telefónica, Juan Villalonga, colocado en esa tarea por su amigo Aznar. O sea, se reunirían las condiciones judiciales para llegar a conclusiones sobre los manejos ilegales y/o fraudulentos del anterior Rey.

El meollo de esta situación es el carácter antidemocrático sobre el que se sostiene la Monarquía, de hecho, sobre el que se sostiene todo el entramado pactado en la Transición. A los monarcas no se les puede juzgar, puesto que son impunes; no están sujetos a ningún control político ya que no se presentan a las elecciones y nadie los ha elegido, en realidad fue Franco quien nombró a Juan Carlos I, y, menos aún, están sujetos al control parlamentario, que no puede intervenir sobre sus actos. En fin, en este terreno no parece que hayamos avanzado mucho desde la Edad Media.

Además, el régimen antidemocrático se extiende a un tema tan importante como la libertad de expresión. Recordemos que el artículo 490 del Código Penal dice en su párrafo tercero: “El que calumniare o injuriare al Rey o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al príncipe heredero de la Corona, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son”. Lo saben bien los raperos condenados y muchos otros periodistas o escritores que lo han sufrido y otros que han tenido que callarse para evitar condenas. En el artículo 491 el Código Penal establece una “multa de seis a veinticuatro meses al que utilizare la imagen del Rey o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la Reina consorte o del consorte de la Reina, o del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del príncipe heredero, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona”. A veces, los cuentos se hacen realidad y, por mucho que se quiera proteger a la Monarquía, el pueblo empieza a descubrir la realidad y mostrar su hartazgo y descubrir la desnudez de un régimen político.

Una encuesta

Los escándalos representan lo peor y más venal de la Monarquía, pero la reacción del pueblo representa el agotamiento de un régimen que ya no es capaz de representar las ilusiones y deseos de una parte importante, sino de la mayoría de la población. Y cuando un régimen llega a esa situación hay que pensar en el recambio. 

Una encuesta publicada en la revista Contexto puede ser muy representativa de lo que estamos comentando. Realizada entre el 16 y 20 de julio mediante 2.850 respuestas en todo el territorio del Reino de España, más de seis sobre diez encuestados serían partidarios de un referéndum sobre monarquía o república. Por tramos de edad: hasta 35 años, el 53% sería partidario de una república, por un 46% partidario de la monarquía; entre 36 y 55 años habría un empate y de 56 años en adelante, solo el 41% sería partidario de una república, por un 55% en contra. Por territorios, es evidente que el proceso de autodeterminación en Catalunya ha decantado mayoritariamente a la población partidaria de la república, sea en su expresión catalana o española. En Catalunya, un 80% se declaran republicanos, un 77% de los vascos, un 63% en Baleares y Navarra, un 60% en la Comunidad Valenciana, un 55% en Galicia y un 51% en Asturias. Las dos Castillas y Murcia son los territorios en los que la monarquía tendría más partidarios y, es importante recalcar por su peso demográfico, que en Madrid un 53% votaría monarquía por un 43% república.

Esta encuesta, como todas, expresan tendencias, pero, probablemente, una tendencia republicana como esta no haya existido en todos estos años del Régimen del 78. Habría que aprovecharla para la acción política, para ponerse de acuerdo las fuerzas de la izquierda del Estado y las nacionalistas y conquistar mayorías republicanas en la calle y en las instituciones, para dar un vuelco democrático favorable a los derechos sociales y nacionales, para volver a dar la voz al pueblo para que ejerza su soberanía y decida el régimen político que desea.

Del cuento de Andersen se puede extraer una moraleja: lo que todo el mundo piensa no necesariamente es la verdad. El rey iba desnudo y solo un niño se atrevió a decir la verdad. Durante demasiados años se taparon las vergüenzas de la Monarquía y parecía que era lo normal, ahora que reconocemos su desnudez podemos preguntarnos si no ha llegado el momento de exigir y luchar por un cambio republicano.