Carlos Fonseca: “El Gobierno español impide que se depuren las responsabilidades del franquismo”
- El próximo 27 de septiembre se cumplen cuatro décadas desde que
el régimen franquista asestara sus últimos tiros de gracia: eran
ejecutados tres militantes del FRAP y dos de la rama político-militar de
ETA
- “Es el hecho más grave del final del franquismo”, afirma rotundo el periodista y escritor Carlos Fonseca, que publica Mañana cuando me maten, donde reconstruye uno de los casos más sangrantes de los estertores del régimen
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El próximo 27 de septiembre se cumplen cuatro décadas desde que
el régimen franquista asestara sus últimos tiros de gracia. Al alba, como les cantó Luis Eduardo Aute, eran asesinados tres militantes del FRAP, Ramón García Sanz (27 años), José Luis Sánchez-Bravo (21 años) y Xosé Humberto Baena (24 años); y dos de la rama político-militar de ETA, Juan Paredes, alias Txiki (22 años) y Ángel Otaegui (33
años). “Es el hecho más grave del final del franquismo”, afirma rotundo
el periodista y escritor Carlos Fonseca, “tanto por la situación
política como por la gravedad de las penas impuestas”. Fonseca (Madrid, 1959), autor del libro Trece rosas rojas, llevado al cine por Emilio Martínez Lázaro en 2007, publica ahora Mañana cuando me maten
(La esfera de los libros), donde reconstruye valiéndose de las
herramientas del periodismo narrativo uno de los casos más sangrantes de
los estertores del régimen.
Durante año y medio, Fonseca revisó los más de 2.000 folios del proceso,
habló con los familiares y amigos de los fusilados, e investigó en todo
el material historiográfico de la época. No sin obstáculos. En primer
lugar, las trabas para acceder a documentación de la historia española
más reciente. En concreto, el escritor se queja de la legislación
relativa a Patrimonio Histórico, donde se establece que los documentos
sobre cuestiones judiciales no pueden ser consultados sin consentimiento
previo de la persona aludida en los mismos o hasta que hayan pasado 25
años de su muerte (en caso de que no se tenga una prueba fehaciente de
su fallecimiento, el plazo se amplía a 50 años). De este modo, y a pesar
de tener autorización expresa de las familias de los fusilados, Fonseca
no pudo acceder a los sumarios íntegros, sino que el archivo histórico-militar le proporcionó una copia censurada en la que se ocultaban datos como la identidad de los abogados defensores.
Once condenas de muerte
Durante el verano de 1975 se llevaron a cabo varios consejos de guerra a
miembros de ETA y del FRAP acusados de delitos de terrorismo. Once de
ellos fueron condenados a muerte, pero debido a la intercesión de
numerosos países y organismos como la ONU, además del candente clima
social (con varias huelgas generales y un Estado de excepción decretado
en Bizkaia y Gipuzkoa), el régimen optó por indultar a seis de ellos y
se dio por “enterado” (sic) de que las otras cinco serían ajusticiadas.
“No hay una explicación de por qué a unos se les indultó y a otros no.
Había el presentimiento de que con toda la presión internacional, al
igual que en el Proceso de Burgos, Franco iba a recular”, explica
Fonseca, quien concluye que la decisión fue absolutamente arbitraria.
Incluso, preguntado por la prensa, el ministro de Información y
Turismo, León Herrera Esteban, desmintió que hubiesen tenido en
consideración que dos de las chicas condenadas estaban embarazadas en el
momento de otorgarles el indulto.
El FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) había surgido
como el brazo armado del PCE marxista-leninista, una escisión del PCE
que, bajo la batuta de Santiago Carrillo, defendía en ese momento “un
pacto con las estructuras del régimen para una transición tranquila”.
“Lo que pretendía el PCE (m-l) era crear un instrumento armado para
hacer frente a la dictadura. Su objetivo era que no hubiese un
franquismo sin Franco y pensaban que sólo se podía conseguir a través de
la violencia”, explica el escritor para justificar que el FRAP
comenzase a atentar en 1975, cuando ya se veía inminente el final del
dictador.
Una farsa de juicio
Los consejos de guerra se celebraron entre los meses de agosto y
septiembre de 1975 en Burgos, Barcelona y en las dependencias militares
de El Goloso, en Madrid. Los acusados se enfrentaron a unos juicios
plagados de irregularidades, como en el caso de Juan Paredes, Txiki,
vinculado a ETA y condenado por un atraco en la sucursal del Banco
Santander en la calle Caspe de Barcelona en unas fechas en las que
aseguraba haber estado en Perpignan. Todas las pruebas del abogado
defensor fueron rechazadas por el juez. "El sumario es una caricatura",
afirma Fonseca, que considera que todo el despliegue pretendía dotar las
condenas de muerte de un marchamo de legalidad cuando las sentencias
"ya estaban decididas de antemano".
Los encausados estuvieron defendidos por abogados independientes y otros
vinculados a la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y la Organización
Revolucionaria de los Trabajadores (ORT), letrados jóvenes y con poca
experiencia en juicios sumarísimos, según cuenta Fonseca. Ni PCE ni PSOE
quisieron involucrarse en su defensa, ya que rechazaban la lucha
armada, pero sí hubo quien a título personal se implicó de una manera u
otra en el proceso. Es el caso de Gregorio Peces-Barba
quien escribió una carta a uno de los abogados defensores donde
"argumenta por qué no está dispuesto a defender a los acusados", a pesar
de lo cuál, le ofrece varias recomendaciones. Un documento inédito que
llamó especialmente la atención de Fonseca.
Justicia a través de la querella argentina
No faltan en el libro los nombres de dos miembors ya emblemáticos de la
Brigada Político Social, Juan Antonio González Pacheco, más conocido
como Billy el Niño, y Roberto Conesa (cuya vida fue parcialmente novelada en Las tres bodas de Manolita
de Almudena Grandes). "Hay testimonios de algunos de los detenidos que
declararon haber sido torturados para hacer declaraciones
inculpatorias", relata Fonseca.
La extradición de Billy el Niño fue solicitada por la jueza María
Servini que instruye la querella argentina contra los crímenes del
franquismo y rechazada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional,
que arguyó que los crímenes de torturas supuestamente cometidos por el
exinspector de policía ya habían prescrito y que, en todo caso, tendrían
que ser juzgados por un tribunal español. En dicha querella también se
incluyen varios de los casos de los cinco últimos fusilados por el
franquismo, en concreto, el de José Luis Sánchez-Bravo, Pablo Mayoral y
Xosé Humberto Baena, cuya familia ha agotado todos los recursos, desde
el Tribunal Constitucional hasta la ONU, para que el caso se reabra. Sin
embargo, Carlos Fonseca es bastante pesimista respecto a la evolución
de la querella: "Está muerta por la negativa del Gobierno español a
colaborar".
No hubo clemencia
Apenas media hora antes de ser fusilado, Baena escribió una carta a su
familia en la que les pedía que cuando sus sobrinos fuesen mayores, les
contasen la verdad para que nunca se avergonzasen de él. Un mes después,
su padre, Fernando Baena, escribía una especie de diario en la que
relataba con profusión de detalles la vida de Xosé Humberto. La primera
vez que le habían detenido, por una protesta estudiantil en la
Universidad de Santiago de Compostela, Fernando consiguió reunir,
gracias a amigos y familiares, las 15.000 pesetas que le pedían como
fianza. Tras el juicio, Xosé Humberto quedó absuelto y libre de toda
culpa. "Hice gestiones para que me devolvieran la fianza -cuenta el
padre en la carta a sus nietos que recoge Fonseca en su libro- y me
contestaron que ese dinero fue aportado por el comunismo y no tenía derecho a él".
Tras el indulto de seis de los condenados, la prensa abrió con grandes
titulares sobre la indulgencia del Gobierno. "Hubo clemencia", decían.
Pero no para sus otros cinco compañeros, los últimos fusilados por el
régimen. La condena fue un golpe en la mesa de una dictadura decrépita y sola
tras el cierre de embajadas y el profundo rechazo internacional a las
penas de muerte dictadas. El 1 de octubre un agonizante Franco se asomó
al balcón del Palacio Real para gritar ante una manifestación (que se
intentó colar como espontánea) un discurso que sonaba ya añejo: "Todo lo
que en España y Europa se ha armado obedece a una conspiración
masónico-izquierdista, en contubernio con la subversión
comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos
les envilece". Mes y medio después de aquel bizarro intento de demostrar
su fuerza, Franco moría.
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